Sentencia Penal Nº 483/2016, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3, Rec 21/2016 de 14 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

MURCIA

SENTENCIA: 00483/2016

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

1- SCOP AUDIENCIA, TLF: 968 229157, FAX: 968 229278

2- SCEJ PENAL,TLF: 968 271373 FAX: 968 834250

Teléfono: a

1430L0

N.I.G.: 30029 41 2 2016 0000311

APELACION JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000021 /2016

Delito/falta: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)

Denunciante/querellante: Augusto

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª JUAN JOSE HERMOSILLA ABENZA

Contra:

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

Rollo nº 21/2016

Juicio de delito leve nº 3/2016

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los Mula, Murcia

Delito leve de amenazas,

Apelante.

Augusto

Procurador Sr. Sin designar

Abogado Sr. Juan José Hermosilla Abenza

Apelados

Ildefonso

Procurador Sr., sin designar

Abogado Sra. María Lucia Rizo Jiménez

Sra. Fiscal Ilma. Sra. Doña Verónica Celdrán

SENTENCIA

NÚM. 483/2016

En la ciudad de Murcia, a 14 de septiembre del dos mil dieciséis.

D. José Luis García Fernández, Magistrado de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Ciudad, ha visto en grado de apelación el presente Rollo por virtud del recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción en el procedimiento supra referenciado, seguido por delito leve de amenazas, en donde viene intervenido, como apelante, el denunciado D. Augusto asistido por Letrado D. Juan José Hermosilla Abenza; y como apelados, el denunciante D. Ildefonso , asistido por la Letrada Dª. María Lucia Rizo Jiménez y Ministerio Fiscal Ilma. Sra. Verónica Celdrán.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 15 de marzo de 2016, en el Juicio oral y público de delito leve de amenazas antes reseñado se dictó sentencia en la que se declaran hechos probados los siguientes:

'Queda probado y así se declara expresamente que sobre las 12.45 horas del día 30/10/15/, en el despacho del letrado Juan José Hermosilla Abenza - Mula- Augusto , amenazó con cortarle el cuello a su cuñado Ildefonso '

En su parte dispositiva, dicha resolución, transcrita en lo que interesa, dice así: 'FALLO: Condeno a Augusto como autor responsable de un delito leve de amenazas a la pena de treinta días multa a razón de cuatro euros/día (en total 120 euros) y al pago de las costas.'

SEGUNDO.-Dicha resolución fue impugnada en la forma descrita en el encabezamiento. Tras los oportunos traslados, remisión, reparto y registro, se recibieron las actuaciones en la UPAD de esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia el día 1/6/2016.

ÚNICO.-Se acepta y se da por reproducida la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución objeto del recurso de apelación condena al ahora recurrente como autor de un delito leve de amenazas del artículo 171.7 del CP , a las penas ya manifestadas, desistiendo de la misma, se impugna alegando error en la apreciación de la prueba y subsiguiente error de derecho en la valoración de la prueba, por lo tanto, centrada la cuestión en la existencia o no de la amenaza por parte del recurrente contra el denunciante, y que encuadrarían los hechos en el tipo penal contenido en el artículo 171. 7 del Código Penal , tras la reforma operada en el mismo por la Ley Orgánica 172015, debe examinarse si existe prueba de cargo suficiente para entender superado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

En cuanto a ésta cuestión es conveniente recordar la doctrina jurisprudencial sobre las exigencias de la valoración probatoria de la denominada prueba personal, trayendo a colación la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2014 (Pte. Berdugo Gómez de la Torre): (...), queda fuera, extramuros del ámbito casacional verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a ese Tribunal en virtud del Art. 741 LECRIM y de la inmediación de que dispuso, inmediación que no puede servir de coartada para eximir de la obligación de motivar.

Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verifican la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas - SSTS de 10 de Junio de 2002 , 3 de Julio de 2002 , 1 de Diciembre de 2006 , 685/2009 de 3 de Junio- y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria.

Ahora bien también hemos dicho que el fallo judicial que pone fin al proceso debe ser la expresión razonada de la valoración concreta e individualizada de los elementos que integran el cómputo de las pruebas practicadas de cargo y descargo y de la interpretación de la norma aplicada. Por ello mismo, la obligación de motivar -como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todo justiciable- supone la necesidad de valorar las pruebas presentadas por la acusación, como las de descargo practicadas a instancia de la defensa.

A este respecto no resulta ocioso reiterar los criterios contenidos en la STS. 3.5.2006 , según la cual la sentencia debe expresar un estudio lo suficientemente preciso del catálogo probatorio, de su valoración respectiva y de su decisión, de suerte que una sentencia cuya decisión sólo esté fundada en el análisis parcial de sólo la prueba de cargo, o sólo la prueba de descargo, no daría satisfacción a las exigencias constitucionales del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el Art. 24 de la C.E . La parte concernida que viese silenciada, y por tanto no valorada el cuadro probatorio por él propuesto no habría obtenido una respuesta desde las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, la resolución judicial no respondería al estándar exigible de motivación, y en definitiva un tipo de motivación no sería el presupuesto de la previa valoración y ponderación crítica de toda la actividad probatoria, sino por el contrario, estaría más próximo a esa inversión argumentativa que convirtiendo en presupuesto lo que sólo debería ser el resultado del proceso crítico valorativo, partiría de la voluntad del órgano judicial de resolver el caso de una determinada manera, para luego 'fundamentarlo' con un aporte probatorio sesgado en cuanto que sólo utilizarían aquellos elementos favorables a la decisión previamente escogida, silenciando los adversos.

Tal planteamiento, no podía ocultar la naturaleza claramente decisionista/voluntarista del fallo, extramuros de la labor de valoración crítica de toda la prueba de acuerdo con la dialéctica de todo proceso, definido por la contradicción entre las partes, con posible tacha de incurrir en arbitrariedad y por tanto con vulneración del Art. 9.3º de la C.E .

Ciertamente esta exigencia de vocación de valoración de toda la prueba es predicable de todo enjuiciamiento sea cual fuese la decisión del Tribunal, absolutoria o condenatoria, ya que el principio de unidad del ordenamiento jurídico y de igualdad de partes no consentiría un tratamiento diferenciado, aunque, justo es reconocerlo, así como para condenar es preciso alcanzar un juicio de certeza -más allá de toda duda razonable según la reiterada jurisprudencia del TEDH, y en el mismo sentido STC de 13 de julio de 1998 , entre otras muchas-, para una decisión absolutoria bastaría duda seria en el Tribunal que debe decidir, en virtud del principio in dubio pro reo. (...).

Ahora bien, ello no comporta que el Tribunal sentenciador tenga que realizar un análisis detallado y exhaustivo de cada una de las pruebas practicadas pues cuando se trata de la motivación fáctica, recuerda la STS. 32/2000 de 19.1 , la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico, pero debe advertirse que la motivación fáctica adquiere especial importancia cuando el hecho probado se apoya en prueba indirecta o indiciaria, porque entonces, es del todo punto necesario la expresión de los razonamientos que han permitido al Tribunal llegar a las conclusiones adoptadas a través de un proceso deductivo derivado de unos hechos indiciarios indirectos, pero no es precisa una detallada argumentación cuando la prueba es directa, en cuyo caso la exigencia de motivación queda cumplimentada con la indicación de las pruebas directas de que se trate, pues, en tal caso, el razonamiento va implícito en la descripción de aquéllas.

La STS. 540/2010 de 8.6 y 258/2010 de 12.3 , precisan que '... la ponderación de la prueba de descargo representa un presupuesto sine qua non para la racionalidad del desenlace valorativo'. Su toma en consideración por el Tribunal a quo es indispensable para que el juicio de autoría pueda formularse con la apoyatura requerida por nuestro sistema constitucional. No se trata, claro es, de abordar todas y cada una de las afirmaciones de descargo ofrecidas por la parte pasiva del proceso. En palabras del Tribunal Constitucional exige solamente ponderar los distintos elementos probatorios, pero sin que ello implique que esa ponderación se realice de modo pormenorizado, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, sino solamente que se ofrezca una explicación para su rechazo ( SSTC. 148/2009 de 15.6 , 187/2006 de 19.6 ).

SEGUNDO.-Manifestada dicha doctrina y acudiendo al presente supuesto, frente a la alegación de la parte recurrente, procede significar que prueba inculpatoria ha existido, además de ser suficiente, legal y legítimamente introducida en la vista oral, por cuanto no sólo se da la declaración del denunciante Ildefonso , que mantuvo la misma versión de los hechos desde el inicio de las actuaciones, sino que su versión también viene corroborada con lo declarado por los testigos don Juan Antonio y Cristobal quienes expusieron como Augusto amenazo a Ildefonso con cortarle el cuello y los otros testigos tanto el letrado Sr. Hermosilla dijo que estaba ocupado en la redacción de cuanto se venia discutiendo sobre la herencia, por eso no presto atención a tal extremo solo sabe que de pronto Juan se levantó y manifestó a todos sois testigos que Augusto me ha amenazado con cortarme el cuello, lo mismo refiere el testigo Ildefonso quien manifestó no haber escuchado a su hermano amenazar al Sr. Ildefonso pero no descarto que lo hubiera hecho.

Por lo tanto, el Juzgador de instancia ha atendido a prueba de valor inculpatorio, y la misma ha sido debidamente ponderada tal y como se refleja en el Fundamento Jurídico Primero de la sentencia de instancia y queda plasmado desde el punto de vista fáctico/descriptivo en el relato de Hechos Probados.

Todo lo cual lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada, en atención a los artículos 239 y 240.1º de LECRIM .

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de general aplicación, en nombre del Rey, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, constituida por el llmo. Sr. mencionado al inicio, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorga, ha decidido

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación formulado por el denunciado Augusto defendido por el Letrado don Juan José Hermosilla Abenza contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2.016 por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Mula, Murcia, en Juicio de delitos leves nº 3/116 - Rollo nº 21/16, confirmando dicha resolución, con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia en forma en atención a los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (contra esta sentencia no cabe recurso alguno).

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.