Sentencia Penal Nº 526/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 2, Rec 106/2017 de 18 de Julio de 2017

Encabezamiento

Audiencia Provincial de Barcelona
Sección Segunda
J. de Instrucción nº 13 de Barcelona. Juicio por delito leve nº 63/17
Rollo de Apelación nº 106/17-MK
SENTENCIA
Ilmo Sr Magistrado
D. JOSE CARLOS IGLESIAS MARTIN
En Barcelona a dieciocho de julio de dos mil diecisiete.
En nombre de S.M. el Rey, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, constituida
en Tribunal unipersonal, ha visto en grado de apelación el Juicio por delito leve nº 63/2017, dimanante del
Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, seguido por delitos leves de malos tratos de obra y amenazas,
habiendo sido partes, en calidad de apelante, D. Desiderio , asistido por el Letrado D. Jorge Mosqueira
Ricalde, y en calidad de apelado, el M. Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.



SEGUNDO.- Con fecha 25 de abril de 2017 y por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, se dictó sentencia en los autos de juicio por delito leve nº 63/17 , cuyo fallo se da aquí por reproducido, y previos los trámites legales se remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial de Barcelona para la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la misma, correspondiendo por turno de reparto a esta Sección, habiéndose incoado el preceptivo rollo de Sala, en cuya tramitación se han observado las prescripciones legalmente previstas.

HECHOS PROBADOS Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia dictada en la instancia.

Fundamentos

PRIMERO.- Al amparo de un invocado error en la valoración de la prueba, se alza el apelante D.

Desiderio contra la sentencia de instancia al entender que, junto al delito leve de maltrato de obra previsto y penado en el art 147.3 del C. penal por el que fue condenado en ella la acusada Dª Asunción , ésta debió haber sido igualmente condenada por el delito leve de amenazas del art 171.7 de dicho texto legal , al haber quedado acreditada tal infracción penal no sólo a través de la declaración del denunciante Sr Desiderio sino, asimismo, mediante la testifical de la Sra Esmeralda , testigo presencial de los hechos, la grabación de vídeo aportada y el miedo que se observa de la hija menor del denunciante en la indicada grabación, justificando ello que debiera imponerse igualmente la prohibición de acercamiento de la acusada al centro de trabajo del apelante por un periodo de seis meses.



SEGUNDO.- A la hora de dar respuesta al recurso articulado debe comenzarse recordando una vez más que el principio de inmediación, que constituye uno de los principios rectores del proceso penal, determina que el Juzgador de instancia se encuentre frente al Tribunal de apelación en posición de claro privilegio a la hora de interpretar el material probatorio desplegado a su presencia como consecuencia de las ventajas derivadas de haber presidido el desarrollo de la prueba, captando en definitiva la mayor o menor verosimilitud de los testimonios que se le prestan, en función del grado de firmeza o seguridad de quienes los otorgaron, de ahí que en principio no concurra motivo alguno para concluir que se operó una errónea interpretación de aquélla por el simple hecho de que el Juzgador no llegue a formar convicción sobre la culpabilidad del acusado con base en las versiones que se le ofrecen en el juicio si en la sentencia se exponen los motivos al amparo de los cuales no se llega a la elaboración del juicio de culpabilidad.

Proyectando ello al caso de autos ha de indicarse que pese al loable esfuerzo argumental del recurrente, el Tribunal se ve ineludiblemente obligado a ratificar el pronunciamiento absolutorio dictado en la instancia en relación con el delito leve de amenazas cuya condena se postula en la alzada.

El Juzgadora de instancia analizó la prueba practicada y con base en su privilegiada posición al acometer tal tarea concluyó que no podía considerarse acreditado más allá de toda duda razonable la autoría por la acusada Sra Asunción de las amenazas que le atribuyó la parte denunciante, aludiendo a que la grabación aportada no contenía audio y a que las había negado la acusada, considerando insuficiente al efecto, en función de ello, la versión del denunciante. Pero es que, a mayor abundamiento de ello, la audición del documento electrónico que recogió el desarrollo del juicio pone de manifiesto que más que una amenaza, lo que se atribuyó por el Sr Desiderio a la denunciada fue haber proferido expresiones insultantes o de contenido injurioso.

Partiendo de ello, la imposibilidad de revisar en la alzada el pronunciamiento absolutorio de la instancia en relación con dicha infracción penal vendrá necesariamente avalado por reiterada doctrina jurisprudencial del TC, consolidada desde su STC 167/2002 , a tenor de la cual resultará inviable el dictado por el Tribunal 'ad quem' de una sentencia condenatoria cuando la emitida en la instancia hubiera sido absolutoria, siempre que el cambio de sentido de la resolución se asentase en una diferente valoración de pruebas de naturaleza personal por parte del órgano de apelación respecto de la efectuada por el Juzgador mientras no se oyesen directamente los testimonios en la alzada, doctrina que sin duda ha inspirado el actual tenor de los artículos 792.2 y 790.2 de la L.E.Criminal a raíz de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de dicho texto legal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

En efecto, a tenor de lo dispuesto en el vigente artículo 792.2 de la L.E.Criminal , la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que hubiese sido absuelto en la instancia, como tampoco agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del art. 790.2.

Visto lo dispuesto en este último precepto, si la parte acusadora, ante la existencia de una sentencia absolutoria en relación con todas las infracciones penales por lasque se acusó o, al menos, con alguna de ellas, entendiese que medió error en la valoración de la prueba por el juzgador de instancia, lo que deberá hacer es instar la anulación de tal pronunciamiento justificando la insuficiencia o la falta de racionalidad de la motivación fáctica, el apartamiento de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente declarada.

La parte apelante no ha interesado en su recurso la anulación del pronunciamiento apelado, pretendiendo que el Tribunal de apelación, modificando los hechos que el juzgador declaró probados (pues en otro caso sería inviable la condena por delito leve de amenazas), revise una sentencia absolutoria respecto de una de las infracciones penales objeto de acusación transformándola en condenatoria, lo que está legalmente vedado, abocando necesariamente ello a la desestimación del recurso, sin que se aprecien razones que justifiquen la imposición en la alzada de la pena de prohibición de acercamiento de la acusada al centro de trabajo del denunciante, ya que dicha sanción se contempla como potestativa para el juzgador y no de imposición obligatoria por el mismo, uniéndose a ello el dictado de una sentencia absolutoria por el delito leve de amenazas.



TERCERO.- Se declaran de oficio las costas de la alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo

QUE CON DESESTIMACION del recurso de apelación interpuesto por D. Desiderio , asistido por el Letrado D. Jorge Mosqueira Ricalde, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona en los autos de Juicio por delito leve nº 63/17, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la misma, declarando de oficio las costas de la alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de sala y se notificará al Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndoles saber que la misma es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Seguidamente se da a la anterior sentencia, una vez firmada por los Magistrados que la han dictado, la publicidad exigida por la ley; doy fe.