Sentencia Penal Nº 53/2010, Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1, Rec 50/2010 de 06 de Mayo de 2010

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 06 de Mayo de 2010
  • Tribunal: AP - Palencia
  • Ponente: Rafols Perez, Ignacio Javier
  • Núm. Sentencia: 53/2010
  • Núm. Recurso: 50/2010
  • Núm. Cendoj: 34120370012010100249
Resumen:
LESIONES

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

PALENCIA

SENTENCIA: 00053/2010

Rollo: 50/2010

Órgano Procedencia: JDO.1A.INST. INSTRUCCION N.1 de PALENCIA

Proc. Origen: JUICIO DE FALTAS nº 207/2009

SENTENCIA Nº 53/10

Ilmo. Sr. Magistrado

D. Ignacio Javier Ráfols Pérez

---------------------------------------------

En la ciudad de Palencia, a seis de mayo de dos mil diez.

Vistos en Segunda Instancia ante esta Audiencia Provincial, constituida en Tribunal Unipersonal por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ignacio Javier Ráfols Pérez, los autos de Juicio de Faltas procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Palencia, sobre falta de lesiones, Rollo de Apelación núm. 50/10, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2009, por Don Argimiro , representado por el Procurador Sr. Mirueña González, siendo parte apelada, Doña Nieves y Don Fulgencio , asistidos del Letrado Don Luciano Amor Santos, y el Ministerio Fiscal.

SE ACEPTAN los antecedentes de hecho expuestos en la sentencia recurrida, y expresamente el relato de hechos probados que establece la misma.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas antes descrito y con fecha 18 de diciembre de 2009, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Condenando a Argimiro como autor de cuatro faltas de lesiones, ya definidas, a la pena de 60 días de multa a razón de 3 € el día de multa, por cada una de las faltas, con apercibimiento de que en caso de no ser satisfechas, generarán un día de arresto personal subsidiario por cada dos cuotas insatisfechas, a cumplir mediante la medida de localización permanente cuya infracción será constitutiva de delito de quebrantamiento de condena, condenando a Argimiro a que indemnice a Nieves en la cantidad de 1.230 €, a Concepción en la cantidad de 105 € por las lesiones y a Micaela en la cantidad de 15 € por las lesiones, con expresa condena del condenado al pago de la mitad de las costas causadas, si las hubiere.

Absolviendo libremente a Africa de las faltas de lesiones que se le imputaban en el presente juicio".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso Recurso de Apelación por parte de Argimiro , al amparo de lo dispuesto en el art. 976 , en relación con los arts. 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , solicitando la revocación de la sentencia apelada y que se dicte una nueva en la que se le absuelva de la falta por la que ha sido condenado.

Dado traslado del citado recurso a la parte contraria y al Ministerio Fiscal, ambos se opusieron al recurso interpuesto de adverso, solicitando la confirmación de la sentencia recurrida.

Fundamentos

SE ACEPTAN los Fundamentos de Derecho de la resolución recurrida, que se dan aquí por íntegramente reproducidos.

PRIMERO.- Por la representación y defensa del denunciado y condenado, Argimiro , se impugna la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2009, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Palencia , por la que se le condenó como autor de cuatro faltas de lesiones, previstas y penadas en el artículo 617.1 del Código Penal .

En el recurso se invoca como motivos de impugnación, además del principal de vulneración del principio de presunción de inocencia por inaplicación del artículo 24 de la Constitución, el de error de hecho en la valoración de la prueba y el de indebida aplicación del art. 617.1 del C. Penal .

La impugnación, aunque se despliega inicialmente en dos motivos que parecen diversos, se centra en realidad en la consideración de que la condena del recurrente, como autor de las faltas de lesiones enjuiciadas, se ha basado en una prueba insuficiente para acreditar su intervención culpable en los hechos, no habiéndose enervado la presunción de inocencia que le ampara.

En el supuesto que nos ocupa, sin embargo, el examen de las actuaciones no revela infracción del indicado principio de presunción de inocencia ni error alguno en la valoración de las pruebas practicadas en el acto del juicio por parte de la Juez de Instrucción que, no ha de olvidarse, ha gozado de la inmediación de la que esta Sala carece. En el proceso, concretamente en el acto del juicio oral, se ha desplegado prueba de cargo sujeta a los principios de publicidad y contradicción, y suficiente, en la que basar una sentencia condenatoria, cual es la declaración de las víctimas, quienes han identificado al recurrente, sin ninguna duda, como la persona que les agredió. A ello debe unirse el hecho de que el propio condenado Argimiro no ha negado su presencia en el lugar ni la existencia de una discusión.

Si a estos datos unimos la realidad de las lesiones sufridas por las lesionadas, en cuanto acreditadas por los informes médicos que obran en la causa, que su etiología traumática es perfectamente compatible con la forma de producción que ellas exponen y que su testimonio presenta caracteres de consistencia y verosimilitud, sin atisbo de móvil espúreo, debe afirmarse que estamos ante una prueba suficientemente acreditativa de la participación culpable del ahora recurrente en los hechos objeto de acusación, conclusión acertada a la que llegó la Juez de instancia y que debe ser confirmada por esta Sala al no apreciar en la valoración realizada error manifiesto o insuficiencia probatoria. Y es que si "el derecho a la presunción de inocencia se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos" (SS. TC. 220/1998 de 16 de noviembre y 56/2003 de 24 de marzo , entre otras muchas), no cabe duda que en este caso esa presunción que integra tal derecho constitucional debe estimarse enervada por la prueba antes mencionada, válida y suficiente, para estimar acreditada plenamente los hechos delictivos y la participación en ellos del ahora recurrente.

Precisamente, la inmediación con que la Juzgadora practicó las diversas pruebas realizadas en el juicio oral, que valoró conjuntamente con el resto de pruebas practicadas, otorgándoles la credibilidad que razona en su sentencia conforme al principio de libre valoración que le reconoce el art. 741 L.E .Criminal, valoración en la que no cabe entrar por ser potestad exclusiva del Juzgador, salvo que se revele la inexistencia de apoyo probatorio a su conclusión o que esta es ilógica o contradictoria (S. TS. 15 de febrero de 2005), obligan también a desestimar los diversos argumentos con que el recurrente funda su impugnación. Así, el hecho de que se haya otorgado credibilidad a lo expuesto por las víctimas frente a la declaración del recurrente, en modo alguno supone que estemos ante una quiebra del derecho a la presunción de inocencia, aunque en realidad "concierne más al ámbito de la valoración de la prueba que al de la presunción de inocencia" (S. TS. 23 de mayo de 1996), pues esa existencia de versiones contradictorias no supone su neutralización sino que exige, como ha realizado la Juez de instancia en este caso, una ponderación de las mismas a la vista del resto de las pruebas directas e indirectas que existan en la causa, pudiendo perfectamente la Juzgadora otorgar mayor crédito a unas que a otras, valoración que es de su exclusiva facultad, debiendo únicamente, como ha hecho, razonar básicamente el porqué de esa valoración (S. TS. 26 de octubre de 2001). Igual respeto a la valoración judicial ha de hacerse respecto de la testifical de las víctimas y de su consideración de prueba de cargo, pues habiendo sido declarado reiteradamente que la declaración de las víctimas es hábil como prueba de cargo, habiendo sido prestada en el juicio oral y apreciada directamente por la Juez sentenciadora, que ha valorado su credibilidad, estando además avalada por la serie de corroboraciones objetivas que antes se han expuesto, razón por la cual, necesariamente, esa valoración judicial ha de ser también respetada en este punto. "Ello es así porque la inmediación, aunque no garantice el acierto ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del Tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida", (S. TS. 5 de julio de 2004).

En definitiva, la invocación del derecho a la presunción de inocencia supone, en esta segunda instancia, la comprobación de que en la causa exista prueba de signo incriminatorio o de cargo que pueda razonablemente ser calificada como suficiente, pero sin posibilidad de proceder en este recurso a un nuevo análisis crítico de la prueba practicada, lo que incumbe privativamente al Tribunal propiamente sentenciador o de instancia en virtud de lo dispuesto en los arts. 117-3 de la Constitución y 741 de la L.E.Criminal , y en aplicación de los principios de inmediación y contradicción. Así lo recuerda una copiosa doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional (SS. 217/1989, de 21 de diciembre, 82/1992, de 28 de mayo, 323/1993 , de 8 de noviembre y 36/1996, de 12 de marzo, entre otras muchas), como del Tribunal Supremo (SS. TS. 31 de diciembre de 1992, 6 de abril de 1994, 7 de mayo de 1994 y 20 de mayo de 1994, 28 de enero de 1995, 3 de julio de 1995, 2 de abril de 1996, 18 de junio de 2003). Y en el presente caso, es evidente la existencia de suficiente prueba de cargo acreditativa tanto de la realidad de los hechos típicos como de la autoría culpable en los mismos del ahora recurrente, pues esta Sala unipersonal debe respetar la valoración probatoria efectuada por la Juez de instancia pues no existe base alguna para llegar a conclusión distinta, más bien al contrario ha sido una valoración enteramente ajustada a las pruebas practicadas en juicio y obrantes en la causa. En consecuencia, se impone la desestimación del recurso de apelación formulado contra la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Por todo ello, procede la confirmación de la sentencia recurrida, declarando de oficio las costas del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por D. Argimiro , contra la Sentencia dictada el día 18 de diciembre de 2009 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia , en los autos de que este Rollo de Sala dimana, debo confirmarla y la confirmo en su integridad.

Se declaran de oficio las costas procesales que se hayan podido causar en esta alzada.

Así por esta mi Sentencia, que es firme por no caber contra ella recurso ordinario, de la que se unirá testimonio al presente Rollo y otro a las Diligencias de origen que se remitirán al Juzgado de procedencia, para su conocimiento y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, en audiencia pública en el día de su fecha, de todo lo cual yo el Secretario, certifico.-

Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Falta de lesiones
Principio de presunción de inocencia
Práctica de la prueba
Insuficiencia probatoria
Valoración de la prueba
Error de hecho
Sentencia de condena
Hecho delictivo