Sentencia Penal Nº 54/2015, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5, Rec 20/2015 de 17 de Febrero de 2015

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
CARTAGENA
SENTENCIA: 00054/2015
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5 de CARTAGENA
-
Domicilio: C/ ANGEL BRUNA, 21-8ª PLANTA (CARTAGENA)
Telf: 968.32.62.92.
Fax: 968.32.62.82.
Modelo: N54550
N.I.G.: 30016 37 2 2015 0501279
ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000020 /2015
Juzgado procedencia: JDO. DE INSTRUCCION N. 4 de CARTAGENA
Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000392 /2014
RECURRENTE: Virgilio
Procurador/a: LYDIA LOZA NO GARCIA CARREÑO
Letrado/a: ANTONIO MARTINEZ SOLA
RECURRIDO/A:
Procurador/a:
Letrado/a:
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA
SECCIÓN 5ª - CARTAGENA
Rollo: 20/2015
S E N T E N C I A Nº 54
En Cartagena, a 17 de febrero de 2015.
El Iltmo. Sr. D. José Francisco López Pujante, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección
Quinta, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones del orden penal, rollo nº 20 de 2015
dimanantes del Juicio de Faltas nº 392 de 2014 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Cartagena por una supuesta
falta de lesiones por imprudencia, en el que han sido partes D. Virgilio , como denunciante, D. Juan María
, como denunciado, Auto Ocasión Nova, S.L., como responsable civil subsidiario y Generali, S.A., como
responsable civil directo, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la Sentencia
de fecha 12 de diciembre de 2014 , dictada en el referido Juicio de Faltas.

Antecedentes

Primero : El Juzgado de Instrucción nº 4, con fecha 12 de diciembre de 2014, dictó Sentencia en los autos de que este rollo dimana, declarando probados los siguientes hechos: 'El día 3 de febrero de 2014 se produjo un accidente de circulación entre el vehículo .... JFS conducido por Virgilio y el vehículo .... RJY conducido por Juan María , y asegurado en Generali en la Avenida de Luxemburgo de Cartagena, cuando este segundo vehículo inició una maniobra para salir de la rotonda y acceder a la calle Belgrado, interceptando la trayectoria del primero que continuaba en sentido recto, comisionando de forma leve con el mismo. Como consecuencia del accidente Virgilio no sufrió lesión alguna.' Segundo : En el fallo de dicha resolución se absolvía a Juan María , declarando las costas de oficio.

Tercero : Contra la anterior Sentencia se interpuso, para ante esta Audiencia Provincial, Sección Quinta, RECURSO DE APELACIÓN por el citado Virgilio , admitido en ambos efectos, y en el que se expuso por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose seguidamente a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto en el artículo 976, en relación con los artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , con traslado del escrito de recurso a las demás partes personadas para impugnación y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo y designándose Magistrado por turno a fin de conocer dicho recurso, que ha quedado para Sentencia sin celebración de vista.

Cuarto : En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS Único : Se aceptan los hechos declarados probados en la Sentencia apelada, debiendo tenerse por reproducidos.

Fundamentos

Primero : Frente a la sentencia absolutoria dictada en la instancia, se impugna por el apelante alegando, con carácter general, error en la valoración de la prueba, lo que concreta en que el denunciante acudió para ser tratado en el servicio de urgencias dentro de las primeras 72 horas desde el accidente (por lo que lo hizo dentro del periodo que suele aceptarse como válido para entender que hay relación causal), que las lesiones consecuencia del accidente resultarían acreditadas también en virtud del historial médico del tratamiento asistencial recibido, que finaliza con un informe de alta de la Doctora Sra. María Consuelo , según el cual, las dolencias al alta son compatibles con algas postraumáticas sin compromiso radicular, y que existe alguna resolución de esta misma Sección Quinta en la que se tiene por acreditado el nexo causal en base a la declaración del testigo perito de la doctora que supervisó el tratamiento frente al criterio del médico forense.

Segundo: Como resulta de lo anterior, las cuestiones planteadas por el recurrente requieren inevitablemente también la valoración de prueba de carácter personal, como son las declaraciones en el acto del Juicio, tanto de la doctora Sra. María Consuelo , como del médico forense, es decir, se pretende que en esta segunda instancia se lleve a cabo una nueva valoración de la prueba practicada ante el juzgador 'a quo', por lo que resulta obligado recordar lo que al respecto viene manteniendo reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre otras, en su reciente Sentencia de 25 de febrero de 2013 : 'la consolidada doctrina constitucional, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, la STC 144/2012, de 2 de julio , referente a otros condenados en esta causa), según la cual el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho fundamental invocado, impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por lo que hemos razonado que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados de la Sentencia de instancia que conduzca a la condena del acusado si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados y testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 60/2008, de 26 de mayo, FJ 5 y 188/2009, de 7 de septiembre , FJ 2).

Ahora bien, hemos precisado que, cuando el órgano de apelación se limita a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos base que resultan acreditados en esta, estamos ante una cuestión que puede resolverse adecuadamente sobre la base de lo actuado, sin que sea necesario, para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación ( SSTC 38/2008, de 25 de febrero, FJ 5 y 46/2011, de 11 de abril , FJ 2). De igual modo, la doctrina constitucional mencionada tampoco resultará aplicable cuando el núcleo de la discrepancia entre la Sentencia de instancia y la de apelación se refiera estrictamente a la calificación jurídica de los hechos que se declararon probados por el órgano judicial que primariamente conoció de los mismos, pues su subsunción típica no precisa de la inmediación judicial ( STC 34/2009, de 9 de febrero , FJ 4). También hemos precisado que no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación), a pesar de la alteración del sustrato fáctico sobre el que se asienta, esta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración, como es el caso de la prueba documental, cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal [ SSTC 46/2011, de 11 de abril, FJ 2 b ) y 154/2011, de 17 de octubre , FJ 2], o incluso la prueba pericial, cuando en el documento escrito de los informes periciales estén expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que esos informes lleguen ( STC 143/2005, de 6 de junio , FJ 6).' Y en este sentido, esta Sección Quinta ya se ha pronunciado sobre las consecuencias a las que en la práctica lleva la aplicación de esta doctrina, señalando, entre otras, la Sentencia de 12 de noviembre de 2013 , que 'el art. 790.3º de la L. E. Criminal , limita los supuestos de práctica de diligencia de prueba en los recurso de apelación, a los que no pudieron proponerse en la Primera Instancia, a las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que fuese formulada en su momento la oportuna reserva, y a las admitidas que no fueron practicadas por causas ajenas al solicitante. Consiguientemente, la posibilidad de sustanciación de la vista oral queda reducida a la realización de pruebas inadmitidas o no practicadas, o en su caso, a la exposición oral de las razones que fundan el recurso de apelación. La imposibilidad pues de sustanciar medios de prueba en apelación al margen de los supuestos legales, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios probatorios de naturaleza personal, supone de hecho la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la Instancia cuando el órgano de apelación valore diversamente la declaración del acusado y la prueba testifical. Esto ha llevado a decir a la Audiencia de Madrid y como acuerdo de Junta de Magistrados de las Secciones Penales, y recogido en la Sentencia de 6/5/2013, REC 107/2013 (EDJ 2013/104011) que de hecho no existe posibilidad de revocación en los casos de valoración de prueba personal en sentencia absolutoria y que ello no supone infracción alguna del derecho a obtener la tutela judicial por no existir un derecho en la segunda instancia salvo, claro está que quien recurra sea el acusado condenado en instancia en que es obligatoria la 2ª Instancia de acuerdo con el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , así señala la citada sentencia: 'En relación a la acusación pública, y mientras no se produzca una reforma procesal que lo habilite, es claro que tras la nueva doctrina constitucional, y con la excepción de los supuestos antes mencionados (inadmisión o falta de práctica de pruebas oportunamente pedidas; debate estrictamente jurídico o apreciación de prueba exclusivamente documental), goza de una única oportunidad para lograr la condena de la persona acusada.' Y lo anterior, en nada resulta desvirtuado por la Stcia. de esta misma Sección que cita el recurrente (de 4 de marzo de 2014), pues en ella se confirma que la valoración de la prueba llevada a cabo con inmediación por el Juez de Instrucción difícilmente puede ser sustituida por la que se propone hacer en la segunda instancia, siendo que en el caso examinado en dicha resolución se confirma la sentencia condenatoria objeto de apelación, cuando en el presente caso lo que se propone es una condena en la alzada.

Tercero : Procede, por lo expuesto en el precedente ordinal, la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la Sentencia apelada, declarando de oficio las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Virgilio contra la Sentencia de fecha 12 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 4 en los autos de Juicio de Faltas seguidos en el mismo con el nº 392 de 2014, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la resolución recurrida en todos sus extremos, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial , y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, dictada en el Rollo de Apelación Penal núm. 20/2015, lo pronuncio, mando y firmo.