Sentencia Penal Nº 581/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1, Rec 406/2014 de 17 de Julio de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN PRIMERA

ALICANTE

PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, nº 4-2ª planta

Tfno: 965.16.98.07 (Trámite y Apelaciones)

965.16.98.08 (Sentencias y Ejecutorias)

Fax: 965 169 812

NIG: 03014-37-1-2014-0004569

Procedimiento: Rollo apelación Abreviado Violencia de Género Nº 000406/2014-RAPIDO -

Dimana del Juicio Oral - 000472/2011

Del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 8 DE ALICANTE

Instructor INSTRUCCION Nº 1 DE ALCOY

d u 113/11

Apelante José

Abogado ARTURO GARCIA CATALA

Procurador M. JOSE CARBONELL PAGAN

Apelado/s MINISTERIO FISCAL (J.G. Sans)

Santiaga

Abogado CONSTANTIN RADU CALUGARU

Procurador MARIA DEL MAR FAUS ROS

SENTENCIA Nº 000581/2014

ILTMOS. SRES.:

D. VICENTE MAGRO SERVET

DÑA. Mª EUGENIA GAYARRE ANDRES

D. FRANCISCO JOSE PASTOR ALCOY

En la ciudad de Alicante, a Diecisiete de julio de 2014

La Sección Primerade la Audiencia Provincial de ALICANTE, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelaciónen ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia nº 20, de fecha 21 de enero de 2014 pronunciada por el/la Ilmo./a. Magistrado/a-Juez del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 8 DE ALICANTE en el Juicio Oral - 000472/2011, habiendo actuado como parte apelante José , representado por el Procurador Sr./a. CARBONELL PAGAN, M. JOSE y dirigido por el Letrado Sr./a. GARCIA CATALA, ARTURO, y como parte apelada MINISTERIO FISCAL (J.G. Sans) y Santiaga , representado por el Procurador Sr./a. FAUS ROS, MARIA DEL MAR y dirigido por el Letrado Sr./a. RADU CALUGARU, CONSTANTIN.

Antecedentes

Primero.- Son HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada,los del tenor literal siguiente: En aras a la brevedad se dan por reproducidos los hechos probados de la Sentencia de instancia.

Segundo.-El FALLOde dicha Sentencia recurrida literalmente dice: 'Que debo CONDENAR Y CONDENOa José autor criminalmente responsable de un delito de amenazas en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 171.4 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, privación al derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de UN AÑO Y UN DÍA, así como al pago de las costas procesales; con prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, cualquiera que sea el lugar donde se encontrare Santiaga , y comunicación por cualquier medio, postal, telefónico o informático, con ella, por tiempo de UN AÑO.

Que debo CONDENAR Y CONDENOa José autor criminalmente responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES de prisión, con accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, privación de tenencia y porte de armas por DOS AÑOS Y UN DÍA, así como al pago de las costas procesales; con prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, cualquiera que sea el lugar donde se encontrare Santiaga , y comunicación por cualquier medio, postal, telefónico o informático, con la misma, por tiempo de DOS AÑOS.

Que debo ABSOLVER y ABSUELVOa José los otros dos delitos de malos tratos del art. 153.1 y 3 CP y del delito de malos tratos habituales en al ámbito familiar del art. 173.2 CP , del que venía siendo acusado, declarando las costas de oficio.'.

Tercero.-Contra dicha Sentencia, se formalizó ante el Organismo decisor, por la representación procesal de José el presente recurso de apelación.

Cuarto.-Del escrito de formalización del recurso de apelación se dio traslado a las demás partes y cumplido este trámite fueron elevados los autos originales con los escritos presentados a este Tribunal de Apelación , y una vez examinados se señaló para la deliberación y votación de la Sentencia el día 17/7/14.

Quinto.-En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales procedentes.

VISTO, siendo Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. VICENTE MAGRO SERVET

SE ACEPTA el Antecedente de HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada.

Fundamentos

Primero.-Primero.-Se interpone recurso de apelación denunciando la existencia de error en la valoración de la prueba. Pero el juez considera probado con rotundidad los hechos que constan como probados en la relación de hechos y en concreto lo referido a la agresión que lleva a cabo corroborado por la propia declaración de la víctima y de los testigos que declaran respecto a la actitud del acusado, sobre todo haciendo el juez hincapié en la version de la victima en relacion a la conducta de la expresion amenazante, que lo es y el empujon que le propina, además destacando el juez la convicción con la que esta declaración se lleva a cabo de lo que discrepa el recurrente pero esto ultimo solo se contempla en esta alzada sobre una distinta percepción o valoración sobre lo que el juez percibe en el uso de su libra valoración y la inmediación de la que esta sala carece.

Pero es que además viene corroborado por las testificales referidas por el juez de las que discrepa el recurrente intentando restar valor a su declaración con respecto a hechos ajenos a los que nos ocupan, no obstante lo cual se trata de una cuestión de valoración de prueba sin que existan datos que permitan asegurar que los testigos mienten y la declaración de la victima es prueba bastante además de que el hecho de que el acusado niegue la inculpación no le libera de su responsabilidad siempre que exista prueba bastante como ocurre en este caso y el juez puntualiza y argumenta con detalle.

Se alega indefensión y vulneracion del principio acusatorio, pero la redacción de la fecha mas o menos centrada de los hechos, y fijada en un arco concreto, es admisible porque el acusado en base a ello puede negar o aportar prueba en contrario y el juez valorar pero la no precisión del día exacto y sí en una banda determinada no descalifica la credibilidad de los hechos objeto de la acusación, porque el juez elabora con claridad cuál es la probanza que entiende adecuada para declarar enervada la presunción de inocencia yb el relato de la frase expuesta constitutiva del delito por el que se le condena. Y en tal sentido, lo que la sala debe hacer es comprobar si lo que se dice que consta probado es correcto, ya que la inmediación la tiene el juez penal y además el juez si bien admite unos hechos como probados otros entiende que no lo están, con lo que lo que lleva a cabo es un esfuerzo de precisar que material probatorio existe y cuál no; es decir, cual lleva a entender aplicable la enervación de al presunción de inocencai y en cual no se da. Por ello, la banda en la que se delimita la comisión del delito de amenazas no vulnera en modo alguno el derecho de defensa, ya que es el criterio valorativo del juez en orden a creer cierta la expresión proferida aun no en un día concreto pero sí en una banda de fecha en donde ocurrió.

En cuanto al delito de maltrato cuestiona la prueba que lleva a la condena pero esta es la declaracion de la propia victima y los testigos que son los que había aunque fueran familiares y el resto queda a la credibilidad que al juez le merece lo que expongan, aunque el recurrente alegue que no se aporte parte médico, pero el relato de hechos no lo hja exigido así, ni la valoracion a que llega el juez, ya que este admite la prueba practicada para enervar la presunción de inocencia igual que respecto de otros delitos entiende que no están probados. Habla el recurrente de enemistad, pero el hecho de que entre las partes haya habido una mala relacion incluso judicializada no debe llevar a entender que en este caso los testigos mienten ya que de ser así nunca habría credibilidad en los casos en los que existe esta y en estos casos esta puede darse por lo que de deja al criterio del juez valorar sobre su credibilidad y el juez la otorga igual que en otros casos no lo hace así. Y el hecho del retraso en la denuncia también lleva consigo igual conclusión porque ello es inherente a este tipo de casos, y el hecho de que el riesgo sea bajo tampoco evidencia que el hecho base no se haya cometido., sino que el 'riesgo' en orden a las medidas iniciales es bajo, pero nada más. También se alude a supuestos fines torticeros a la hora de poner la denuncia, pero es obvio que en estos casos siempre puede haber crisis de parejas, pero ello no quiere decir per se que los hechos denunciados no ocurran aunque la crisis de pareja exista y al final, como decimos queda al criterio sobre la valoración de la prueba existente.

Segundo.-Es jurisprudencia reiterada y conocida que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez, en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este juzgador y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de pruebas y de valorar correctamente su resultado apreciando personal y directamente, sobre todo en las pruebas personales, ya sea declaraciones de las partes o de testigos, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas vacilaciones, coherencia y, en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados, ventajas todas ellas, derivadas de la inmediación de las que carece el Tribunal de Apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia, lo que justifica que deba respetarse, en principio, el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, lo que es plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia.

De esta manera, el juicio revisorio en la segunda instancia supone ser especialmente cuidadoso a fin de que no implique sustituir la valoración realizada por el Juzgador de instancia, y más cuando se trata de testimonios que el juzgador ha aquilatado en cuanto al alcance y fiabilidad de determinadas declaraciones. Por ello, para que el Tribunal de la segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera, se precisa que, por quien se recurra, se acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos:

a) Inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba;

b) Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

c) Que haya sido desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.

En consonancia con lo anterior se viene pronunciando reiteradamente esta Sala en los siguientes términos: Es posición tradicional (STC 9-12-2002 ) la de que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum indicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre ; 120/1999, de 28 de junio ; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ).

Ahora bien, la cuestión es qué pruebas pueden ser utilizadas por el órgano de apelación para fundar su convicción en este «nuevo juicio» si se parte de que se está habilitado para revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo. La sentencia 167/2002 sostiene que «las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, tienen su genuino campo de proyección cuando en apelación se plantean cuestiones de hecho, de modo que es probablemente el relacionado con la apreciación de la prueba el directamente concernido por estas limitaciones». Consecuencia de lo anterior será la imposibilidad que tiene el Tribunal de apelación de valorar por sí mismo cualquier prueba sometida al principio de inmediación, esto es, las personales, de forma distinta a como lo ha hecho el juez que la presenció (SSTC 197/2002, de 28 de octubre ; 198/2002, de 28 de octubre ; 200/2002, de 28 de octubre ; 212/2002, de 11 de noviembre ; 230/2002, de 9 de diciembre ; 41/2003, de 27 de febrero . No obstante, se ha de tener en cuenta doctrina sentada en su día por la STS 2ª de 29 de diciembre de 1997 en relación con la valoración de las pruebas personales cuando afirma que «en la valoración de la prueba directa cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado en consecuencia por la inmediación y, por tanto, ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal Superior que no ha contemplado la práctica de la prueba, y un segundo nivel, necesario en ocasiones, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación sino en una elaboración racional y argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de experiencia o los conocimientos científicos. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( art. 9.1 CE ) o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales». ( SAP Córdoba 181/2005 de 12 de Abril ).

Tercero.-A este respecto es necesario también recordar que son ya muchas las resoluciones dictadas por esta misma Sala (SAP Alicante 584/2002 de 20 de noviembre y SAP Alicante 177/2005 de 25 de febrero , siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. VICENTE MAGRO SERVET) sobre la exigencia de respetar, en cuanto integran el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, los principios de inmediación y contradicción en la valoración de la prueba en la segunda instancia penal. En la misma línea podemos recordar la STC 200/2002 de 28 de octubre que recuerda la del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha declarado más recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu contra Rumania , § 54 y 55, 58 y 59) que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia de acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal.

Por ello no puede este Tribunal realizar una valoración distinta a la que hizo el juzgado de lo penal pues ello supondría la vulneración de los principios de inmediación y contradicción, al pretenderse una revisión y corrección de la valoración de las pruebas personales practicadas ante quien desde su privilegiada posición las presenció, tan sólo debemos limitarnos a comprobar que los razonamientos del Juez a quo no son manifiestamente erróneos, ni ilógicos, ni arbitrarios, ni carentes de prueba. Pues bien, la sentencia de instancia explica de forma pormenorizada los razonamientos lógico-deductivos que le llevan a dictar la sentencia, sin que apreciemos error alguno en la valoración que del conjunto de la prueba practicada realizó el Magistrado de lo Penal. En definitiva, por aplicación de la doctrina expuesta en fundamentos precedentes y dado que no apreciamos la existencia de error en la razonable y razonada valoración de la prueba que efectúa el Magistrado a quo sobre el conjunto de declaraciones personales que sólo el pudo presenciar, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de instancia.

Cuarto .- Se declaran de oficio las costas de esta alzada a tenor del artículo 123 del Código Penal .

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al presente supuesto.

Fallo

F A L L A M O S: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de José contra la Sentencia de fecha 21 de enero de 2014, dictada por el JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 8 DE ALICANTE en el Juicio Oral - 000472/2011, debemos confirmar la referida Sentencia, declarando de oficio las costas de esta apelación.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo, acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha y en audiencia pública celebrada en la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Certifico.