Sentencia Penal Nº 602/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 843/2016 de 17 de Octubre de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA (PENAL)

GIRONA

APELACIÓN PENAL

ROLLO Nº 843-2016

JUICIO RÁPIDO Nº 95-2016

JUZGADO DE LO PENAL Nº 6 DE GIRONA

SENTENCIA Nº 602/2016

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE:

D. ADOLFO GARCÍA MORALES

MAGISTRADOS:

D. JAVIER MARCA MATUTE

D. MANUEL MARCELLO RUIZ

En Girona a 17 de octubre de 2016.

VISTO ante esta Sala el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 12-7-2016 por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Girona en el Juicio Rápido nº 95-2016, seguido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y por un presunto delito leve de injurias y vejaciones injustas, habiendo sido parte recurrente Dñª. Milagrosa , representada por la procuradora Dñª. Rosa Boadas Villoria y asistida por el abogado D. Guillem Bossacoma Xicoira y parte recurrida el Ministerio Fiscal y D. Carlos Alberto , representado por la procuradora Dñª. Marta Jiménez Quer y asistido por el abogado D. Felip Puig Tixé, actuando como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JAVIER MARCA MATUTE.

Antecedentes

PRIMERO: En la indicada sentencia se dictó el Fallo que trascrito literalmente es como sigue:'Que debo absolver y absuelvo a Carlos Alberto de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer y de un delito leve de injurias y vejaciones injustas con todos los pronunciamientos favorable. '

SEGUNDO: El recurso se interpuso en legal tiempo y forma por la representación procesal de Dñª. Milagrosa con los fundamentos que expresa en el escrito en que se deduce el mismo.

TERCERO: Se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

CUARTO: Se acepta el 'factum' de la sentencia apelada.

QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Contra la sentencia que absuelve a D. Carlos Alberto del delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y del delito leve de injurias y vejaciones injustas que se le imputaban en la presente causa se alza la representación procesal de Dñª. Milagrosa alegando, como único motivo de impugnación, el error en la valoración de la prueba.

La parte recurrente entiende, en síntesis, que las declaraciones incriminatorias prestadas en fase instructora y en el acto del juicio oral por la denunciante Dñª. Milagrosa y por la testigo Dñª. Carmela constituyen prueba de cargo bastante para entender desvirtuado el principio de presunción de inocencia que ampara a D. Carlos Alberto y para condenar al mismo como autor de los delitos objeto de acusación.

SEGUNDO.- No podemos acoger en esta alzada los motivos de impugnación precedentemente expuestos, y ello, en atención a los siguientes razonamientos:

A.- Debemos tener en cuenta la doctrina que, sobre la apelación en el proceso penal, establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada en su sentencia del Pleno nº 167/2002, de 18 de Septiembre , y continuada en las sentencias nº 197/2002, de 28 de octubre , nº 198/2002, de 28 de octubre , nº 200/2002, de 28 de octubre , y nº 230/2002, de 9 de diciembre . Así, en el fundamento jurídico nº 10 de la STC. nº 167/2002 se recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expuesta en distintas Sentencias que cita, en el sentido de que '...cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado ... ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia del acusado y los demás interesados o partes adversas...'.

B.- Como consecuencia de tal doctrina, y ya aplicándola a nuestro proceso penal, el Tribunal Constitucional establece que 'El recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado... otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo ... Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim (actualmente art. 790) otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24. 2 CE ( STC. 167/2002 FJ 11)'.Garantías entre las que se incluye el respeto a los principios de inmediación y contradicción en la recepción de las pruebas, y el principio de audiencia, de ahí que el Tribunal Constitucional declare que 'en la apelación de sentencias absolutorias, cuando aquella se funde en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practicaron nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción'( STC. 167/2002 FJ1 y STC. 198/2002 FJ3). En consonancia con ello, establece el Alto Tribunal, en relación a las declaraciones del acusado y de los testigos, que 'el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por sí mismos aquellos medios de prueba sin observancia de los mencionados principios, dado su carácter personal y que corrigiese con su propia valoración la del Juzgado de lo Penal (STC. 230/2002 FJ 8).

C.- La consecuencia que se desprende de las mencionadas sentencias no es otra que la de la imposibilidad por parte del Tribunal 'ad quem' de revisar la apreciación probatoria realizada por el Juez a quo de aquellas pruebas de carácter personal que se practicaron en su presencia, bajo los principios de inmediación y contradicción, como la declaración del acusado y de los testigos, lo que, dada la estructura de la apelación penal en el procedimiento abreviado y, en especial, las limitaciones a la práctica de la prueba en la segunda instancia que se deriva del artículo 795. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (actualmente art. 790. 3), precepto que no ha sido declarado inconstitucional y que, desde luego, impide la 'repetición' en la alzada de las pruebas practicadas en el juicio oral, en la práctica supone vaciar de contenido el recurso de apelación cuando se funda en error en la valoración de pruebas de carácter personal; limitación ésta igualmente aplicable a los recursos de apelación deducidos contra las sentencias absolutorias dictadas en los juicios de faltas en primera instancia, dada la remisión que el artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realiza a las normas del Procedimiento Abreviado para la formalización y tramitación de los recursos de apelación (véase STC. 198/2002, de 28 de octubre , FJ3).

D.- La absolución de D. Carlos Alberto como autor responsable del delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y del delito leve de injurias y vejaciones injustas que se le imputaban en la presente causa se fundamenta por la Juzgadora de Instancia en la inexistencia de prueba de cargo bastante que permita acreditar que el acusado ejecutara los hechos en los que se fundamentaban tales imputaciones delictivas. Para llegar a dicha conclusión en la sentencia recurrida se exponen las razones por las que la Juzgadora de Instancia duda de la verosimilitud de las declaraciones incriminatorias vertidas por la denunciante contra el denunciado exponiendo con detalle, primero, que en la diligencia policial elaborada el día de autos se hizo constar un comportamiento irrespetuoso de la denunciante respecto del denunciado que hace dudar de la credibilidad del testimonio incriminatorio de la primera; segundo, que también compromete la credibilidad de Dñª. Milagrosa el hecho de que haya continuado conviviendo con D. Carlos Alberto en el mismo domicilio; tercero, que la denunciante ha incurrido en sus diversas declaraciones en múltiples contradicciones e incongruencias que se relacionan y que afectan al contenido nuclear de su relato incriminatorio; y cuarto, que el testimonio de Dñª. Carmela no permite corroborar el relato incriminatorio de la denunciante puesto que la testigo no presenció los hechos y se limitó a corroborar que el día de autos escucho a ambos litigantes discutir y gritar y que vio que su hermana presentaba una pequeña lesión en la zona ciliar derecha, cuando a Dñª. Milagrosa solo se le objetivó médicamente un eritema y una pequeña erosión a nivel mandibular derecho.

E.- Frente a ello la parte recurrente pretende que en esta alzada se dicte sentencia condenatoria respecto del acusado D. Carlos Alberto , como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y de un delito leve de injurias y vejaciones injustas, basada en una nueva valoración de las declaraciones vertidas en el acto plenario. Al hallarnos ante una sentencia absolutoria dictada en la instancia y basada fundamentalmente en valoración de prueba personal, la Sala no puede entrar a valorar la culpabilidad del acusado en la primera instancia y hoy apelado sin haberlo oído y sin recibir, con inmediación, aquellas pruebas de las que se hace depender su culpabilidad, pues ello significaría la vulneración del derecho fundamental al proceso con todas las garantías ( Artículo 24.2 de la Constitución Española ) que, precisamente, el Tribunal está llamado a garantizar y tutelar ( Artículo 24.1 de la Constitución Española ), razón por la que procede mantener la absolución decretada en la instancia.

F.- Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso formalizado y la confirmación en sus propios términos de la sentencia dictada en primera instancia.

TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en la presente alzada.

VISTOSlos preceptos legales y principios citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

QueDESESTIMANDOíntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dñª. Milagrosa , contra la sentencia dictada en fecha 12-7-2016 por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Girona en el Juicio Rápido nº 95-2016, del que este Rollo dimana, debemosCONFIRMARyCONFIRMAMOSla resolución recurrida en todos sus pronunciamientos, con declaración de oficio de las costas de la alzada.

Líbrense certificaciones de la presente resolución para su unión al Rollo de su razón y remisión al Juzgado de su procedencia, junto con las actuaciones originales.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, D. JAVIER MARCA MATUTE, en audiencia pública y en el mismo día de su fecha, a presencia de mí, la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.