Sentencia Penal Nº 606/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16, Rec 326/2011 de 13 de Octubre de 2011

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  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Cubero Flores, Francisco David
  • Núm. Sentencia: 606/2011
  • Núm. Recurso: 326/2011
  • Núm. Cendoj: 28079370162011100778

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION DECIMOSEXTA.

Apelacion RP 326-11

Juzgado Penal nº 3 de Getafe

Juicio Rápido 36-11

SENTENCIA Nº 606/11

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCION DECIMOSEXTA

D. MIGUEL HIDALGO ABIA ( PRESIDENTE)

D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES. (Ponente)

Dª ROSA BROBIA VARONA.

En Madrid, a trece de Octubre de 2011.

Vistos por esta Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio rápido 36/11 procedente del Juzgado de lo Penal nº 3 de Getafe y seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Avelino y como apelado el Ministerio Fiscal, habiendo sido designado ponente el Magistrado Sr. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 25 de Mayo de 2011 , que contiene los siguientes Hechos Probados:

" ÚNICO: Son hechos probados, y así se declaran, que alrededor de las 11:30 horas del día 25 de marzo de 2011, el acusado, Avelino , encontrándose en el domicilio familiar sito en la CALLE000 , NUM000 NUM001 NUM002 , de la localidad de Getafe, donde convive con su hija Reyes , discutió con ésta y la golpeó en la cabeza causándole lesiones consistentes en leve eritema en área malar con dolorimiento a la presión que requirieron para su sanidad de una primera asistencia facultativa, tardando en sanar dos días no impeditivos."

En la parte dispositiva de la sentencia se establece:

"Que debo condenar y condeno a Avelino como autor criminalmente responsable, concurriendo la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de reincidencia, de un delito de malos tratos en el ámbito familiar ya definido, a la pena de once meses de prisión, con su accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de dos años y ocho meses y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a Reyes , su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que ésta se encuentre, y de comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de tres años, así como al abono de las costas procesales."

SEGUNDO .- Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el citado apelante, que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO. - Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el día 11 de Octubre de 2011 se formó el correspondiente rollo de apelación y se señaló inmediatamente para deliberación.

Hechos

Se aceptan y dan por reproducidos los consignados en la sentencia impugnada, si bien se añadirá: "En el acto del juicio oral no se informó a la denunciante Reyes de la dispensa de declarar contra su padre, el acusado Avelino , prevista en los artículos 416 y 707 de la L.E.Crim . El acusado padece una psicosis maniaco depresiva, hallándose, en el momento de los hechos, bajo una descompensación maníaca con importante irritabilidad".

Fundamentos

PRIMERO. - Nos hallamos ante una sentencia por delito de maltrato familiar del artículo 153 del C. Penal , en cuya virtud se condena al ahora apelante, Avelino como autor responsable de dicho delito de maltrato familiar, concurriendo la agravante de reincidencia, a la pena de 11 meses de prisión, prohibición de aproximación, prohibición del derecho al porte de armas, resto de accesorias y costas.

Se alza en apelación la representación letrada del acusado impugnando la sentencia sobre la base de los siguientes argumentos:

Quebrantamiento de norma esencial del procedimiento por no haberse efectuado a la denunciante y testigo en el acto del juicio oral la advertencia de la dispensa de declarar del artículo 416 de la L.E.Crim .

Infracción de ley por no aplicación del artículo 14.3 del C. Penal , error de prohibición.

Error en la apreciación de la prueba y correlativa infracción de ley por no aplicación de la eximente incompleta del artículo 21.1 del C. Penal en relación al 20.1 del C. Penal .

En relación al primero de los motivos alegados hemos de indicar que efectivamente el visionado del soporte en DVD del juicio oral permite apreciar a este Tribunal que no se advirtió, ni expresa , ni tácitamente , a la denunciante de la dispensa de declarar en juicio, dispensa prevista en el artículo 416 de la L.E.Crim . en fase de instrucción y en el artículo 707 del mismo texto legal en fase de juicio oral.

Tal defecto procesal fue advertido de manera expresa por la defensa del acusado en el propio acto del juicio oral, al hilo de las preguntas que se le hicieron a la citada testigo y denunciante, hija del acusado, siendo así que la misma indicó que no se le había advertido de dicha dispensa, que la desconocía y que, de ser así, no hubiera declarado contra su padre, pues incluso tenía interés en "retirar" la denuncia.

Nuestro Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 15 de Noviembre de 2010 y nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de fechas 27.1.09 ; de 10.2.09 ; de 26.3.09 , han sido bien claros a la hora de determinar que la ausencia de dicha advertencia expresa de la dispensa de declarar, que ampara a toda persona que tenga determinada relación de parentesco con los acusados ( artículo 416 y 707 de la L.E.Crim .), implica la nulidad del testimonio así prestado.

La previsión de los artículos 416 y 707 de la L.E.Crim . se basa en principios de solidaridad familiar y convivencia, que el legislador considera prioritarios incluso por encima del deber general de colaboración con la administración de justicia. Será o no criticable la existencia de dicha dispensa de declarar en supuestos de violencia doméstica, pero la dispensa sigue legalmente vigente. Señala nuestro Tribunal Supremo que la falta de advertencia de dicha dispensa no generará la nulidad del testimonio, si tal testimonio implicaba una denuncia directa contra la persona acusada, de tal modo que , de manera implícita pero clara, el interés de dicho testigo era el de declarar contra su familiar. Ahora bien no es el caso que nos ocupa, pues , además de no habérsele hecho la advertencia expresa a la testigo, la misma manifestó que de haber conocido dicha posibilidad no hubiera declarado contra su padre, pues tenía interés en "retirar" la denuncia ( ver DVD del juicio oral).

En consecuencia no queda otra opción que anular dicho testimonio, dejar sin efecto su contenido, no contemplar como prueba de cargo lo manifestado por la testigo. Ahora bien, los hechos declarados probados han de mantenerse, sin perjuicio de los añadidos que hemos expresado, pues del resto del material probatorio verificado en el acto del juicio oral, se infiere que el acusado propinó de manera intencionada y directa al menos un golpe a su hija en la cabeza con resultado de lesiones leves para la misma. Ello por la sencilla razón de que el acusado , a quien sí se le advirtió de la posibilidad de no declarar y de no confesarse culpable, reconoció lisa y llanamente los hechos. Además contamos con la prueba pericial consistente en informe del médico forense y parte inicial de lesiones que acreditan la realidad de las lesiones sufridas por la denunciante, compatibles con haber sido agredida y el testimonio, ciertamente indirecto o de referencia , de los agentes de Policía Nacional con carnet profesional NUM003 y NUM004 que narraron lo que presenciaron, lo que vieron y oyeron y en concreto las manifestaciones de la joven agredida que les dijo que su padre la había pegado y tenía la cara roja.

Por tanto pruebas claras, concluyentes, practicadas con todas las garantías y que desvirtúan la presunción de inocencia del acusado más allá de toda razonable. Ello implica una estimación parcial del motivo alegado, si bien limitada dicha estimación al hecho concreto de anular , como prueba de cargo, el testimonio de la joven agredida, hija del acusado.

SEGUNDO.- . Alega en segundo término la parte apelante infracción de ley por no aplicación del artículo 14.3 del C. Penal error de prohibición. El error de prohibición se encuentra recogido en el art. 14.3 del Código Penal , precepto que dispone "... El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. ...".

El error sobre la ilicitud pues, (entiéndase, la creencia errónea en la licitud de la propia conducta) de los propios actos, bien por considerarlos penalmente atípicos bien por tenerlos como justificados exime de responsabilidad penal o la atenúa según sea invencible o vencible.

La Sentencia 644/2003, de 25 de marzo , explica que el error de prohibición consiste "... en la errada creencia de obrar lícitamente y puede recaer sobre el contenido de una norma prohibitiva, siendo entonces directo, o consistir en error sobre una causa de justificación siendo indirecto. Jurisprudencialmente se viene señalando que para valorar la existencia de error en un caso concreto es preciso tener en cuenta las condiciones psicológicas y culturales del infractor, así como también las posibilidades que pudo tener de recibir instrucción y asesoramiento para conocer la trascendencia antijurídica de su conducta. ...".

Con mayor extensión, la Sentencia 163/2005, de 10 de febrero , enseña que el error de prohibición "... ha sido explicado mediante la teoría clásica denominada del dolo o la teoría de la culpabilidad, propia del finalismo. Para la primera es preciso que el agente conozca el hecho y su significado antijurídico, mientras que para la segunda lo importante no es que el autor conozca o no conozca la prohibición, sino si podía o no conocerla, de forma que quien no puede conocer la prohibición de un hecho no puede actuar de otro modo. Con independencia de que el artículo 14 C.P . pueda ser adscrito a una u otra concepción del error de prohibición, lo cierto es que la Jurisprudencia participa de ambas concepciones cuando establece que no basta con alegar la existencia del error sino que éste ha de quedar suficientemente acreditado, empleándose para ello criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse sobre el derecho ( S.T.S. 755/03 ), de forma que cuando dicha información en todo caso se presenta como de fácil acceso no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible sino de cuestionar su propia existencia.

La S.T.S. 1287/03 expone que constituye doctrina reiterada de dicha Sala que para sancionar un acto delictivo el conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser preciso, en el sentido de conocer concretamente la gravedad con la que el comportamiento realizado es sancionado por la Ley. Los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las normas jurídicas sino legos en esta materia por lo que lo que se requiere para la punición de una conducta antijurídica es lo que se ha denominado doctrinalmente el conocimiento paralelo en la esfera del profano sobre la ilicitud de la conducta que se realiza.

En la Sentencia 601/2005, de 10 de mayo se expone que el error de prohibición "... se configura como el reverso de la conciencia de antijuridicidad y como recuerdan las SSTS. 17/2003 de 15.1 , 755/2003 de 28.5 y 861/2004 de 28.6 , la doctrina y la ley distinguen entre los errores directos de prohibición, es decir, los que recaen sobre la existencia de la norma prohibitiva o imperativa, y los errores indirectos de prohibición que se refieren a la existencia en la ley de la autorización para la ejecución de una acción típica (causa de justificación) o a los presupuestos de hecho o normativos de una causa de justificación. Al respecto la STS. 457/2003 de 14.11 ,señala que el error de prohibición, consiste en la creencia de obrar lícitamente si el error se apoya y fundamenta en la verdadera significación antijurídica de la conducta. Esta creencia en la licitud de la actuación del agente puede venir determinada por el error de la norma prohibitiva, denominado error de prohibición directo, como sobre el error acerca de una causa de justificación, llamado error de prohibición indirecto, produciendo ambos la exención o exclusión de la responsabilidad criminal, cuando sea invencible.

En este sentido la STS núm. 1171/1997, de 29 de septiembre (RJ 19976830) señalaba que:

a) queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho ( Sentencia de 29 noviembre 1994 [RJ 19959151]), de la misma manera y en otras palabras ( Sentencia de 16 marzo 1994 [RJ 19942319]), que basta con que se tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta del proceder incorrecto;

y b) no es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente.

No es exigible que el autor conozca, de modo más o menos preciso, los preceptos legales, sino que basta con el conocimiento propio de un profano en la materia de que se trate. Como se lee en la STS núm. 1199/2002, de 28 de junio (RJ 20027805)........la apreciación del error de prohibición no puede basarse solamente en las declaraciones del propio sujeto, sino que precisa de otros elementos que les sirvan de apoyo y permitan sostener desde un punto de vista objetivo, la existencia del error. El análisis debe efectuarse sobre el caso concreto, tomando en consideración las condiciones del sujeto en relación con las del que podría considerarse hombre medio, combinando así los criterios subjetivo y objetivo, y ha de partir necesariamente de la naturaleza del delito que se afirma cometido, pues no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento.

Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa en absoluto podemos considerar que el acusado actuara en la creencia, vencible o invencible, de que su conducta no era contraria a derecho, es decir, que no era una conducta prohibida.

La acción declarada probada consiste en agredir a otra persona. Pocas acciones criminales son tan claras como la de agredir a otra persona. Toda persona sabe y conoce que existe una prohibición general, diríamos que "natural" de no vulnerar el bien jurídico de la integridad de otra persona. Es algo elemental en una sociedad civilizada. No pueden resolverse los conflictos entre las personas de forma violenta e imponiendo criterios por la vía de la agresión física. Tampoco lo ignora el ahora acusado y apelante y no debemos olvidar que no estamos hablando de una agresión a una niña de corta edad, que de forma equivocada pudiera ampararse en un malentendido derecho de corrección, sino de una agresión a una persona que es hija del acusado, pero mayor de edad, que estuvo casada y que tiene a su vez una hija, es decir una persona adulta y con pleno dominio sobre sí misma, por mucho que padezca una leve minusvalía. El motivo de impugnación debe desestimarse.

TERCERO.- Alega la apelante error en la apreciación de la prueba y correlativa infracción de ley en relación a la alteración psíquica del acusado y la influencia de la misma en su imputabilidad. La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

Ahora bien la grabación del juicio en formato DVD permite al Tribunal situarse en prácticamente la misma posición que tiene el Juez de Instancia, por lo que la ventaja del principio de inmediación en orden a la apreciación de la prueba, ventaja que tradicionalmente operaba a favor de la primera instancia, ya no es tal, siendo así que la percepción directa de dichas pruebas por el Tribunal revisor , permite sin mayores problemas, una valoración distinta de dichos elementos de prueba.

En el presente caso y entre la prueba documental aportada por la defensa del acusado, se incorporó al plenario informe del Servicio de Salud Mental de Getafe, suscrito por el psiquiatra Dr. Jose María de fecha 29 de Marzo de 2011, cuatro días después de los hechos, en el que se indica que el acusado tiene diagnosticado una psicosis maníaco-depresiva y que en la fecha del informe, apenas cuatro días después de los hechos, presentaba "una descompensación maníaca con importante irritabilidad" ( folio 76 de las actuaciones).

Se trata de un informe suscrito por experto en psiquiatría, informe de un organismo público, no privado, como es el Centro de Salud Mental de Getafe. El informe es completo y claro y se basa en los antecedentes psiquiátricos del acusado que constan en dicho centro de salud donde venía siendo tratado desde hace muchos años ( 1987). En consecuencia estamos ante una prueba pericial fiable, contundente, y que acredita , más allá de toda duda razonable, no sólo que el acusado padece una psicosis maníaco depresiva, sino que , en el momento de los hechos, la evolución de dicha enfermedad estaba en una fase aguda , con descompensación maníaca y gran irritabilidad.

Sentado el diagnóstico y la situación concreta de la evolución de la enfermedad del acusado, nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 28 de Septiembre de 1998 y en relación a la psicosis maníaco depresiva ha indicado: "Ya esta Sala señaló en su sentencia 36/1996, de 22 de enero que la psicosis maníaco depresiva constituye una enfermedad que se caracteriza por fases maníacas y depresivas en la misma persona en distintos momentos de la vida, o sea por profundas y cíclicas oscilaciones del estado de ánimo y de la afectividad, conociéndosela por los nombres de locura bipolar o circular, si bien el mas técnico y prevalente es el de psicosis maníaco depresiva, condicionada por factores endógenos, hereditarios y constitucionales. Suele responder de forma más favorable que otras psicosis a los tratamientos que previenen la aparición de las fases o condicionan que éstas sean mucho más corta y de menos intensidad. Se ha dicho que constituye asimismo un paradigma de la locura que cuando se encuentra en actividad se dan las condiciones para ser estimada como una enajenación mental en el sentido jurídico del término, como profunda y duradera alteración de las facultades intelectivas y volitivas. Para valoración de la imputabilidad debe atenderse, a más de la presencia de la enfermedad, si el hecho ocurre en la fase activa o interfásica. Esta Sala ya se ocupó en su sentencia de 15 de marzo de 1990 , destacando como excepcionales las transgresiones legales en la forma depresiva, todo lo más culposas, siendo significativa la tendencia al suicidio, pero refiriéndose a la fase maníaca las más frecuentes contradicciones, estando supeditada la capacidad de culpabilidad de tales enfermos a la clase e intensidad de los síntomas fundamentales, siendo el criterio común negar la imputabilidad de manera absoluta, porque aunque comprendan fugazmente el valor real de los actos son incapaces de inhibirlos. Se han ocupado asimismo del alcance personal de tal dolencia las sentencias de este Tribunal de 24 de mayo de 1991 , 19 de noviembre de 1992 y 2313/1993 , de 20 de octubre, entre otras.

Pero este Tribunal de Casación declaró en su resolución de 19 de noviembre de 1992 , rememorando la anterior sentencia de 14 de marzo de 1990 , que la capacidad de culpabilidad está supeditada a la clase e intensidad de los síntomas fundamentales en los grados extremos, tanto en la manía como en la melancolía (maníacos furiosos y melancólicos delirantes) en que se sostiene la inimputabilidad, pero en los casos más leves y en los intervalos o fases intercolares, no puede decirse lo mismo y ha de acudirse al dictamen caso por caso de cada uno de los supuestos personales contemplados y así la sentencia de 24 de mayo de 1991 dice que la imputabilidad ha de ser apreciada en el caso concreto atendiendo a los hechos, fase cíclica que discurre, y un modo especial de la yoidad y de la conciencia.

Finalmente la sentencia 2313/1993, de 20 de octubre , añade que tal tipo de psicosis cursa con estados encontrados y alternos de depresión o euforia, de intensidad variable y, por ende, siendo frecuentes los períodos intercolares de normalidad, por lo que su valoración en orden a la imputabilidad del sujeto dependerá de la fase de la enfermedad en que el delito se cometió".

Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa la psicosis maníaco depresiva, indudable, que padece el acusado, se encontraba , al tiempo de ocurrir los hechos, en una fase de deterioro, en una fase de crisis aguda, manifestada, como señala el psiquiatra Dr. Jose María por el hecho de verse afectado de una descompensación maníaca y con importante irritabilidad. No podemos considerar acreditado, por el contrario, que el acusado estuviera absolutamente fuera de sí, sin control sobre su voluntad o su conocimiento y ello porque en su declaración en el acto del juicio oral, pocos días después de los hechos, recordaba perfectamente lo sucedido, el origen de la discusión e incluso justificaba , de algún modo, su actuación. Ello implica que el acusado no estaba total y absolutamente privado de sus facultades volitivas y cognoscitivas, sino simplemente afectado, de manera moderada-fuerte, por la evolución alterada de su enfermedad, lo que le hace merecedor de una eximente incompleta del artículo 21.1 del C. Penal en relación al 20.1 del mismo texto legal como propone la defensa.

De conformidad a lo previsto en el artículo 68 del C. Penal y concurriendo dicha circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal procede imponer la pena inferior en dos grados a la prevista para el delito consumado. Dicha imposición de pena inferior en dos grados se justifica por el grado de afectación de la enfermedad que sufre el acusado y la entidad de las lesiones ocasionadas, afortunadamente no muy importantes.

Partimos de la concurrencia, como bien se dice en la sentencia impugnada, de un delito de maltrato familiar del artículo 153.2 y 3 del C. Penal . Castiga el legislador el maltrato entre familiares, con pena de prisión de 3 meses a 1 año. Al no constar consentimiento del acusado no puede imponerse la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Dicha pena de prisión de 3 meses a 1 año se aplicará en su mitad superior, si , como ocurre en el caso que nos ocupa, el hecho se comete en el domicilio común o de la víctima. Por tanto la pena básica será de prisión de 7 meses y 16 días a 1 año.

Como quiera que se impondrá pena inferior en dos grados la pena resultante y adecuada a las circunstancias del hecho será la de dos meses de prisión, ponderándose la entidad de la citada eximente incompleta con la agravante de reincidencia de conformidad a lo señalado en el artículo 66.1.7 del C. Penal . De conformidad a lo previsto en el artículo 71.2 del C. Penal en relación al artículo 88 del mismo texto legal se sustituirá dicha pena de dos meses de prisión por la de multa de 4 meses con cuota diaria de 2 €, entendiendo que no es aplicable el párrafo tercero del número 1 del artículo 88 del C. Penal , pues no estamos ante un caso de violencia de género, sino de violencia doméstica.

Aplicando los mismos criterios procede imponer pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 4 meses. En cuanto a la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima son de aplicación los artículos 57.1 y 2 del C. Penal y 48 del mismo texto legal . El artículo 57.2 del C. Penal obliga a imponer, en todo caso, dichas prohibición de aproximación y comunicación en delitos como el que nos ocupa con un límite máximo de cinco años si el delito es menos grave, como el caso que nos ocupa. A su vez el artículo 57.1 segundo párrafo del C. Penal obliga a imponer dichas prohibiciones por tiempo superior , al menos, a un año si la pena impuesta fuera de prisión. Como en el presente caso no estamos ante una pena privativa de libertad, sino ante una multa, el periodo de prohibición de aproximación y comunicación, no tiene porqué ser superior al año , siendo prudente imponer dichas prohibiciones por tiempo de 4 meses, al igual que la privación al derecho y porte de armas.

Hubiera sido aconsejable, en el presente caso, la imposición de alguna de las medidas de seguridad previstas en los artículos 95 , 96 , 101 y 105 del C. Penal . Ahora bien la ausencia de petición expresa de las partes para la aplicación de dichas medidas de seguridad y la ausencia de un informe del médico forense que lo recomendara, impide a este Tribunal la adopción de tal medida de seguridad.

En definitiva procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el acusado, debiendo apreciarse al mismo la concurrencia de la eximente incompleta de alteración psíquica, con imposición de pena de 4 meses de multa con cuota diaria de 2 €, responsabilidad personal subsidiaria de 2 meses caso de impago, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 4 meses y prohibición de aproximarse a menos de 500 m. de la víctima, de su lugar de trabajo o de su domicilio o de donde quiera que se encuentre y prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio , en ambos casos por tiempo de 4 meses.

CUARTO.- No concurren circunstancias que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación formulado por Avelino , contra la sentencia de fecha 25 de Mayo de 2011 , dictada por el Juzgado Penal nº 3 de Getafe en el Juicio Rápido nº: 36-11, revocando parcialmente la mencionada resolución en el sentido de considerar concurrente en el acusado la eximente incompleta del artículo 21.1 del C. Penal en relación al artículo 20.1 del mismo texto legal , además de la agravante de reincidencia , debiendo imponerse al mismo la pena de 4 meses de multa con cuota diaria de 2 €, responsabilidad personal subsidiaria de 2 meses caso de impago, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 4 meses y prohibición de aproximarse a menos de 500 m. de la víctima, de su lugar de trabajo o de su domicilio o de donde quiera que se encuentre y prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio , en ambos casos por tiempo de 4 meses y costas de la primera instancia .

No debemos hacer imposición de las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Notifíquese esta resolución a las partes.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la suscribieron en el día de su fecha, por ante mí el Secretario de lo que doy fe.-

Error de prohibición
Antijuridicidad
Delito de maltrato
Maltrato familiar
Responsabilidad penal
Prueba de cargo
Error en la valoración de la prueba
Eximentes incompletas
Imputabilidad
Reincidencia
Prueba pericial
Autor responsable
Intervención de abogado
Defectos de los actos procesales
Violencia doméstica
Presunción de inocencia
Error invencible
Dolo
Anomalía o alteración psíquica
Derecho de corrección
Prueba documental
Grabación
Valoración de la prueba
Valor real
Suicidio
Medidas de seguridad
Enajenación mental
Falta de imputabilidad
Delito consumado
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Voluntad
Violencia de género