Sentencia Penal Nº 628/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7, Rec 79/2014 de 08 de Julio de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN SÉPTIMA

Rollo de Apelación APFAL nº 79/2014-E

Procedimiento de Juicio de Faltas Inmediatas nº 108/2014

Juzgado de Instrucción núm. 5 de Vilanova i la Geltrú.

SENTENCIA nº 628 /2014.

En la ciudad de Barcelona, a ocho de julio de dos mil catorce.

En nombre de S.M. el Rey de España, visto en esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona constituido en Tribunal unipersonal por el Ilmo. Sr. Magistrado don Francisco Javier Molina Gimeno, y en grado de apelación, Rollo de Apelación nº 79/2014-E, Juicio de Faltas núm. 108/2014 del Juzgado de Instrucción nº 5 de Vilanava i la Geltrú, seguido por una faltas de lesiones en agresión del 617.1 del Código Penal, en el que han sido partes, en calidad de apelante, doña Adelina , sin que consten presentados escritos de oposición al recurso.

Antecedentes

PRIMERO.-En fecha 13 de marzo de 2014 el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Vilanova y la Geltrú dictó sentencia en el Juicio de Faltas núm. 108/2014 cuyo fallo establece: 'QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a DOÑA Adelina como autora responsable de tres faltas de lesiones, previstas y penadas en el art. 617.1 del C.P . a la pena de 1 mes de multa, a razón de una cuota diaria de 3 euros, por cada una de ellas, lo que hace un total de DOS CIENTOS SETENTA EUROS ( 270,00 € ).

Condeno asimismo a DOÑA Adelina a indemnizar a DON Pedro Miguel en la cuantía de TRESCIENTO TRECE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS ( 313,40 € ), en concepto de responsabilidad civil y a indemnizar a DON Anselmo en la cuantía de TRESCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS ( 313,40 € ), en concepto de responsabilidad civil.

Debo condenar y condeno a don Casiano como autor responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el artículo 617.1 del CP , a la pena de multa de 1 mes, a razón de una cuota diaria de 3 euros, lo que hace un total de NOVENTA EUROS ( 90,00 € ).

Condeno asimismo a DON Casiano a indemnizar a DOÑA Adelina en la cuantía de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS ( 282,06 € ), en concepto de responsabilidad civil.

Para el supuesto de que los condenados no satisfacieren, voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedarán sujeto a responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Condeno a DOÑA Adelina y a DON Casiano al pago de las costas procesales.

DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a DON Pedro Miguel de la falta de lesiones objeto de enjuiciamiento.

DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a DON Anselmo , de la falta de lesiones objeto de enjuiciamiento'.

SEGUNDO.-Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la Letrada doña Susana Martín-Caro Luguera, en interés de su patrocinado don Adelina . Admitido a trámite el recurso en ambos efectos, se dio el trámite procesal de rigor con el resultado especificado en el encabezamiento. A continuación, los autos fueron elevados los autos a esta Audiencia, correspondiendo a esta Sección 7ª, en la que tuvieron entrada el tres de junio del corriente año. Recibidos, se formó el Rollo y se siguió este recurso por sus trámites, no estimándose necesaria la celebración de vista.

TERCERO.-Se dan por reproducidos los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada.

Se aceptan y mantienen los hechos probados consignados en la resolución impugnada.

Fundamentos

PRIMERO.-La apelante impugna la sentencia que dictada en la instancia, solicitando se dicte otra que la absuelva de la falta objeto de acusación, que mantenga la condena de Casiano y que revoque la absolución de Pedro Miguel y le condene por la falta objeto de acusación.

Se articula el recurso mediante alegatos comprendidos en dos rúbricas: error en la apreciación y valoración de la prueba y existencia de versiones contradictorias entre las partes.

Para la resolución del recurso debe partirse de las siguientes premisas normativas y jurisprudenciales:

1º) El principio de presunción de inocencia, dotado de protección constitucional en el art. 24 de la C.E ., ha sido objeto de abundantes resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional ( STC 31/1981, de 28 de julio , 189/1998, de 28 de septiembre ó 61/2005, de 14 de marzo ), como del Tribunal Supremo ( STS, Sala 2ª, de 16-10-2001 , por ejemplo), que han generado un importante cuerpo doctrinal, que forma pacífica lo considera como el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum) exige para su condena la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción. En la práctica lo dicho significa, como destaca la sentencia del TS de 29 de octubre de 2.003 , que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

2º) La doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia de 12 de diciembre 1989 ) y del Tribunal Supremo (sentencias de 15 de mayo y 19 de diciembre 1990 , de 20 de enero de 1993 ó de 12 de marzo de 1998 , entre otras) significan que en nuestro Derecho procesal penal rige el principio general de que se ha de considerar prueba exclusivamente es la que se practica en el Plenario, donde se somete a los principios de contradicción e inmediación, ante lo cual cuando un Tribunal diferente al que la practica debe revisar los hechos declarados probados se halla ante una serie de limitaciones que vienen determinadas por la propia naturaleza de recursos plenos, como es el de apelación. Por ello, tan sólo cuando la convicción del Juez 'a quo' se encuentre totalmente desenfocada, o no exista, o sea manifiesto su error en la apreciación del material probatorio, puede (y debe) revisarse la fijación que de los hechos haya efectuado y por consiguiente, rectificar o invalidar las consecuencias jurídicas que haya extraído.

3º) Respecto a la valoración de las pruebas personales en segunda instancia, STC 317/2006, de 15 de noviembre , sostiene que: «de la censura sobre la razonabilidad de los argumentos utilizados por el órgano a quo para fundar su convicción sobre la credibilidad de un testimonio no se infiere, eo ipso, un juicio positivo sobre la veracidad del mismo, sino que es preciso realizar una segunda valoración dirigida a ponderar dicha credibilidad, y esta segunda fase del enjuiciamiento habrá de verse necesariamente apoyada sobre elementos de juicio necesitados de la inmediación; máxime en supuestos, como en el que ahora nos ocupa, en los que la asunción de la verosimilitud del testimonio de la parte acusadora conlleva per se la negación de la credibilidad de lo manifestado, no sólo por el acusado, sino por otros testigos presentados por la defensa, con una versión de los hechos lógicamente opuesta a los de la acusación. Expresado en otros términos: que las razones por las que un Juez considera que la declaración de un testigo no es veraz sean ilógicas o irrazonables no implica que tal declaración sea veraz, de igual modo que considerar como irrazonables o ilógicas las razones que avalan un veredicto de inocencia no puede dar lugar a una atribución de culpabilidad.

En suma, para la valoración sobre de la credibilidad de una prueba personal será precisa siempre la concurrencia de la inmediación, so pena de vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en el art. 24.2 CE » (FJ 3; en igual sentido, SSTC 15/2007, de 12 de febrero, FJ 3 ; y 54/2009, de 23 de febrero , FJ 2).

Dicha doctrina jurisprudencial trae causa de la célebre STC 167/2002 , encontrando su fundamento en el derecho a un proceso debido, que conlleva la exigencia de respetar, en cuanto integran el contenido de del derecho a un proceso con todas las garantías, los principios de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de la prueba en la segunda instancia penal, no bastando con que el Tribunal 'ad quem ' respete el artículo 790 de la L.E.Crim , en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento abreviado, sino que es necesario en todo caso partir de una interpretación de dicho precepto conforme con la Constitución hasta donde su sentido literal lo permita. El Pleno del Tribunal Constitucional en la precitada sentencia, rectifica la jurisprudencia existente acerca de los principios de inmediación y contradicción en la segunda instancia penal, al objeto de adaptar más estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías ( artículo 24 de la Constitución Española ) a las exigencias del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas, de 4 de noviembre de 1950 ( CEDH )y concretamente a lo prevenido en su artículo 6.1 , según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH), debiendo atenerse a dicho criterio interpretativo conforme a lo previsto en el artículo 10.2 de la Constitución Española .

Como acertadamente se expone en la STS de fecha 18.11.2008 , la valoración de la prueba se desarrolla en dos fases: a) la primera regida por la inmediación que es en definitiva la percepción sensorial de la prueba y b) la segunda que aparece como un proceso interno del juzgador por el que forma su convicción a través de lo apercibido, incorporando a esa percepción los criterios de la ciencia, de la experiencia y de la lógica que le llevan a la convicción. Según fundamenta el TSl, existe una gran diferencia entre dichas fases, habida cuenta de que sólo la segunda de ellas, es decir, la concerniente a la estructura racional de la valoración, puede ser objeto de control por el Tribunal encargado del conocimiento de la impugnación en la segunda instancia penal, dado que dicha actividad no requiere la percepción sensorial.

Más recientemente, como corolario y sintetizando la anterior doctrina jurisprudencial y en especial referencia a la valoración de pruebas periciales documentadas y documentales, el Tribunal Supremo mediante STS 864/2014, de fecha 14 de febrero de 2014 , Ponente Exmo. Sr. D. Antonio Del Moral García, sostiene en una paradigmàtica resolución, la vigencia y aplicabilidad de la doctrina emanada de la célebre STC167/2007 y conecta el déficit de inmediación del Tribunal en la resolución de recursos con el posible menoscabo, en determinados casos, de los derechos fundamentales de defensa, a la presunción de inocencia y un proceso con todas las garantías.

Concretamente respecto a la valoración de las documentales pruebas periciales documentadas, la precitada STS las distingue por su diferente naturaleza, siendo las primeras las que nacen fuera del proceso y se incorporan posteriormente al mismo y las segundas aquellas que nacen en el propio proceso y se documentan en él. Respecto a la valoración de la prueba documental, refirere coo parámetro para apreciar un supuesto error del juzgador en su valoración, la necesidad de literosuficiencia y perseidad probatoria.

Respecto a las pruebas periciales documentadas, la precitada STS de 14 de febrero de 2014 , trae a colación la STEDH de fecha 16 de noviembre de 2010 ( asunto García Hernández c.España), en el que recayó sentencia absolutoria que fue revocada por la Audiencia Provincial en un supuesto de malpraxis médica, basándose en pruebas periciales.El Tribunal Constitucional rechazó el reecurso de amparo. El TEDH, mantuvo en la precitada resolución que existió violeción del artículo 6.1 del CEDH ( de aplicación y debida interpretación en nuestro derecho interno conforme a lo previsto en los artículos 96.1 y 10.2 de la C.E .).

Consecuencia de lo anterior, es el escaso margen otorgado a las Audiencias Provinciales en la resolución del recurso de apelación, pues deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, salvo que el razonamiento lógico jurídico de valoración de la prueba sea contrario a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y máximas de la experiencia.

Pues bien, respecto a la existencia de versiones contradictorias y su proyección sobre la presunción de inocencia que ampara a los justiciables, es de ver en la resolución que 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente) esencialmente las el interrogatorio de los acusados, testigos perjudicados, periciales medico forenses documentadas y pericialt; 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita) pues la parte recurrente nada manifiesta al respecto y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente). Dicho tercer requisito se entronca con la racionalidad del discurso valorativo del juzgador exteriorizado a través de la motivación, pues es la racionalidad de la inferencia el único elemento que puede revisar esta Sala cuando el motivo aducido es el error en la valoración probatoria, pues el Tribual carece del crucial elemento de la inmediación en segunda instancia.

Pues bien, atendido lo anterior, la Sala no atisba en la inferencia valorativa de la resolución recurrida elementos de irracionalidad, arbitrariedad o capricho, ajustándose la misma a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia entendida por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo como ' una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos'.

En efecto, la juzgadora ha valorado bajo el insustituible prisma de la inmediación la rememoración de los hechos que ha efectuado cada uno de los intervinientes en el acto del juicio, contrastándola con las periciales médico forenses documentadas en las actuaciones, motivando suficientemente el proceso valorativo que le ha llevado a establecer los hechos declarados probados, sin que la Sala atisbe ningún elemento de irracionalidad en dicho proceso. Pese a la existencia de versiones contradictorias ( habituales en la mayoría de juicios ), la juzgadora ha valorado racionalmente los elementos que arropaban cada una de ellas llegando a una convicción fundada que ha plasmado de forma suficientemente motivada en su resolución.

En base a lo anteriormente expuesto es notorio que la Sala no puede acoger los motivos en los que se residencia el recurso de apelación y éste debe ser desestimado totalmente, confirmando en su integridad la resolución recurrida.

SEGUNDO.-No se aprecian motivos para efectuar una expresa imposición de las costas causadas en esta alzada, costas que, en todo caso, no se han devengado.

Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas jurídicas aplicables,

Fallo

Desestimarel recurso de apelación interpuesto por la Letrada don Susana Martín-Caro Lunguera, en interés de su patrocinada doña Adelina , contra la sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2014 por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Vilanova i la Geltrú en autos Juicio de Faltas nº 108/2014, sentencia que se confirma en su integridad

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado, hallándose celebrando audiencia pública. DOY FE.