Sentencia Penal Nº 63, Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 4 de 04 de Octubre de 2000

JUICIO ORAL POR TRÁFICO DE DROGAS Y TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS Se les imputa a los acusados delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas por haber resultado probado, tras las escuchas realizadas en el teléfono de la imputada, que llevan al conocimiento por parte de la policía de una compra de drogas en Madrid, por lo que acuerdan la detención de los acusados a la llegada a su domicilio con la mercancía. Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud y cualificado por la notoria importancia de la cantidad objeto de la acción. Lo son, además, de un delito de tenencia ilícita de armas. La defensa invoca, debido a la entrada en el garaje de los acusados, la vulneración de la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio, sin embargo, no todo local sobre cuyo acceso tenga poder de disposición su titular o titulares puede ser considerado como domicilio a los fines de la protección del artículo 18. 2 CE. Las intervenciones telefónicas se llevaron a la práctica con plena legitimidad, pero al no ser traídas al plenario, impidiendo la contradicción sobre las mismas, el resultado de la intervención no será prueba de cargo sobre el enlace en Madrid, que ha de resultar absuelto. Respecto a si constituyen o no organización, la carencia de prueba es elocuente, por lo que no se puede considerar como tal. La reunión de los presupuestos de la infracción es evidente: elemento objetivo o haz de actividades encaminadas a favorecer, promover o facilitar el consumo ilegal de heroína a través de su tenencia y disponibilidad bajo el designio de hacerla llegar a terceros; y ánimo tendencial como elemento subjetivo del injusto, integrado por la intención de destino de facilitación a terceros. El procesado es responsable en concepto de autor del delito de tenencia ilícita de armas, toda vez que ha confesado la detentación de una pistola RECH P6E, apta para el disparo y en correcto estado de funcionamiento. La lesión del bien jurídico en este delito de propia mano no es comunicable a la procesada por cuanto que ninguna prueba la relaciona con la disposición de la pistola. Es procedente la absolución de la procesada del delito contra la orden público imputado, sin que haya lugar a acoger la formulación subsidiaria de rebaja de la pena a imponer al autor del ilícito. La Defensa del procesado alega la drogadicción como causa de exención, al efecto es oportuno evocar que: a) Las circunstancias modificativas de la responsabilidad tienen que estar tan acreditadas como el hecho mismo b) No basta ser drogadicto c) La drogadicción puede derivar en causa de exención por intoxicación plena o síndrome de abstinencia; eximente incompleta; o atenuante ordinaria.