Sentencia Penal Nº 649/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6, Rec 1052/2018 de 20 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

Sección nº 06 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 6 - 28035
Teléfono: 914936868,914934576
Fax: 914934575
37050100
N.I.G.: 28.065.00.1-2017/0005721
Apelación Juicio sobre delitos leves 1052/2018
Origen :Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 05 de DIRECCION001
Juicio sobre delitos leves 492/2017
S E N T E N C I A Nº 649/2018
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID /
SECCION SEXTA /
==================================
En Madrid, a 20 de septiembre de 2018.
VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. José Manuel Fernández Prieto González, Magistrado
de la sección Sexta de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal unipersonal en turno de reparto,
conforme a lo establecido en el art. 82.2º, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la presente
apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de DIRECCION001 , de fecha 19
de abril de 2018, en la causa citada al margen.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado de Instrucción nº 5 de DIRECCION001 se dictó sentencia de fecha 19 de abril de 2018, cuyo relato de hechos probados era el siguiente: 'UNICO.- Sobre las 16 horas, del día 20 de Octubre del 2017, se produjo una discusión en el pasillo del piso NUM000 , del número NUM001 , de la AVENIDA000 , de DIRECCION001 , en el curso de la cual Dª. Raimunda empujó la puerta de la letra DIRECCION000 del citado piso, golpeando a la menor Dª. Sacramento .

Como consecuencia Dª. Sacramento resultó con contusión en el antebrazo superior derecho con: Deformidad con erosiones en región posterior de cúbito derecho. Hematoma en región anterior del antebrazo derecho. Y dolor en área de olecranon derecho y borde superior de cúbito distal. Tardó en curar 15 días, ninguno de ellos impeditivo y sin que le quedasen secuelas.' y cuyo fallo es del tenor literal siguiente: ' Condeno a Dª. Raimunda , como autora de un delito leve de lesiones, previsto y penado en el artículo 147.2, del Código Penal , a la pena, de 2 meses de multa, con una cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a la de prohibición de aproximación, a menos de 500 metros, de Dª. Sacramento , de su domicilio, lugar de trabajo o de estudios y de cualquiera que sea el lugar en el que ésta se encuentre, así como la prohibición de comunicación con la misma, por cualquier medio, durante seis meses; al pago de las costas y a que indemnice a Dª. Sacramento en 750 euros por las lesiones, y, por la menor edad de ésta, a su padre, madre o representante legal.'

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por la condenada en la instancia Raimunda recurso de apelación que baso en los motivos que se recogen en esta resolu-ción. Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, siendo impugnado por el Ministerio Fiscal y por Agueda , remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.



TERCERO .- En fecha de 3 de julio de 2018, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspon-diente rollo de apelación, y por auto del día siguiente se acordó devolver la causa al Juzgado de instrucción al no venir el recurso firmado ni por la recurrente ni por procurador con poder bastante para representarle.

En fecha de 19 de julio de 2018, subsanado el defecto denunciado, volvió a tener entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación, señalándose para la resolución del recurso la audiencia del día 20 de septiembre de 2018.



CUARTO .- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO .- Como motivo de recurso se alega la vulneración del principio de presunción de inocencia al fundarse la condena en la declaración de la lesionada y de su madre.

Con relación a la vulneración de la presunción constitucional de inocencia ha de reseñarse que este derecho que es reconocido a todo acusado en el artículo 24.2 de la Constitución , como fundamental de la persona que vincula a todos los poderes públicos, es de aplicación inmediata y constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico (v. artículos 53.1 CE , y artículos 5.1 y 7.1 LOPJ , y SSTC 13/1982, de 1 abril [RTC 198213 ], 101/1985, de 4 octubre [RTC 1985101 ] y 137/1988, de 7 julio [RTC 1988137], entre otras). Dicho principio desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías debidas (v. SSTC 31/1981, de 28 julio [RTC 198131 ], 44/1989, de 20 febrero [RTC 198944 ] y 105/1985, de 7 octubre [RTC 1985105], entre otras). Junto a la exigencia de una válida actividad probatoria, constituye otra premisa fundamental de este principio que la carga probatoria pesa sobre la acusación, así como que la valoración de la prueba es competencia propia y exclusiva del órgano judicial (v. SSTC 55/1982, de 26 julio [RTC 198655 ], 109/1986, de 24 septiembre [RTC 1986109 ], 44/1987, de 9 abril [RJ 199044 ], y 94/1990, de 23 mayo [RTC 199094]). Debe decirse, por último, que la prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia -en cuanto presunción 'iuris tantum'- tiene por objeto, obviamente hechos, en un doble aspecto: de un lado, la existencia del hecho punible y, de otro, la participación del acusado en el mismo (v. STC 150/1989, de 25 noviembre [RTC 1989150]). Como se desprende de cuanto queda dicho, la presunción de inocencia queda destruida por la prueba apreciada libremente por el juzgador (v. SS. 31/1981, de 28 julio [RTC 198131 ], 36/1983, de 11 mayo [RTC 198336 ] y 92/1987, de 3 junio [RTC 198792], entre otras).

Principio constitucional que no puede estimarse violado en el caso enjuiciado en cuanto visionado el DVD en que consta grabado el juicio oral, y de las propias alegaciones del recurso, se constata plenamente como el juez a quo contó con prueba de cargo suficiente, consistente las declaraciones de la menor lesionada, quien es concluyente al referir como es la acusada la persona que el día de autos, empujando violentamente la puerta, la golpea causándole las lesiones que sufre, delo que no tiene ninguna duda al verla nítidamente al tener la puerta abierta. A este respecto no debe de olvidarse que las declaraciones de los ofendidos por el delito puede resultar suficiente para la destrucción de la presunción de inocencia, según enseña continua y conforme jurisprudencia que viene perfectamente condensada en la sentencia del Tribunal Supremo de 23-10-2000 ' al recordar que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC. 201/89 , 173/90 , 229/91 entre otras) como del Tribunal Supremo (SS. 16 y 17.1.91 , 20.4.97 , 1350/98 de 11.11 ), han reconocido reiteradamente que las declaraciones de la víctima o perjudicado son hábiles para desvirtuar la presunción de inocencia, aunque cuando es la única prueba exigirá una cuidada y prudente ponderación de su credibilidad en relación con todos los factores objetivos y subjetivos que concurran en la causa.Se han señalado también por esta Sala (SS. de 5.4 y 5.6.92 y de 26.5.93 , y de 15.4 y 23.10.96 ) las notas que deberán darse en las declaraciones de las víctimas para dotarlas de plena fiabilidad como prueba de cargo, y que son: a) ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima, que pudiera conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privara al testimonio de la aptitud para generar el estado subjetivo de certidumbre en que la convicción jurídica estriba; b) verosimilidad de las imputaciones vertidas; c)corroboraciones periféricas de carácter objetivo de tales imputaciones; d) persistencia de la incriminación, que, si es prolongada en el tiempo, deberá carecer de ambigüedades y contradicciones'.

Debiéndose no obstante precisar que, como enseña la sentencia del Tribunal Supremo nº 224/2005, de 24 de febrero , tales elementos no han de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que la Sala de instancia pudiera dar crédito a la víctima como prueba de cargo. A nadie se le escapa, dice la STS. 19.3.2003 que cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y víctima, en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad puede ocurrir que las declaraciones de ésta última tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible, es solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas, que aún teniendo esas características tienen solidez firmeza y veracidad objetiva. Igualmente se constata como la madre de la lesionada también declara en juicio proporcionando la misma versión que su hija la propia acusada Finalmente el juez a quo contó y valoró el parte médico de asistencia, emitido el propio día de los hechos, en el que se hace referencia a las lesiones que presentaba Sacramento ; así como al informe pericial emitido por el Médico Forense, no impugnado por las partes que en el acto del plenario, que constata como sufre lesiones compatibles con la agresión que se denuncia. Contundente prueba de cargo que no fue desvirtuada por la acusada, que, con su voluntaria incomparecencia al juicio, no proporciono versión alguna de descargo ni que desvirtuara la de las testigos de cargo.

Existe en consecuencia una prueba plena, que en cuanto fue practicada en el acto del juicio oral bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada. Quedando extramuros de tal principio la discrepancia en la distinta credibilidad que el juzgador otorgue a las personas que ante él depusieron. Así enseña la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16-1-95 'El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba ( SSTC 169/90 , 211/91 , 229/91 , 283/93 , entre otras muchas) y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia.'; y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28-11-95 'la valoración de la prueba queda extramuros de la presunción de inocencia ( SSTC 55/82 , 124/83 , 140/85 , 254/88 , 201/89 y 21/93 )' )'. En iguales términos se expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2000 ' la existencia de testimonios contradictorios sobre los hechos no obliga al juzgador a dudar más de lo que debe obligar en principio cualquier imputación, como necesaria consecuencia del carácter de verdad provisional que tiene la institución de la presunción de inocencia. Si, ponderando las pruebas de distinto signo que ha presenciado, el juzgador llega a tener la certeza moral de la culpabilidad del acusado, su obligación es precisamente declararla. El principio 'in dubio pro reo', de la misma forma que el derecho del acusado a la presunción de inocencia, veda la emisión de un pronunciamiento condenatorio si no se han superado las dudas sobre la culpabilidad del acusado, pero no otorga a éste el derecho a que el Tribunal dude ante pruebas contradictorias. Justamente porque en el caso enjuiciado por la sentencia recurrida puede hablarse de pruebas contradictorias, esto es, de pruebas de cargo y de descargo, es por lo que no se puede sostener que, con la condena del recurrente, haya sido violado su derecho a la presunción de inocencia'.



SEGUNDO - Se impugna también la sentencia de instancia en cuanto al alejamiento de la acusada, pues se dice que reside en la misma finca que Sacramento , teniendo 4 hijos a su cargo y carecer de posibilidades económicas para alquilar otra vivienda.

Establece el nº3 del artículo 57 del Código Penal que También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo que tengan la consideración de delitos leve s. Del tenor literal de este precepto lo primero que se comprueba que no establece un mandato imperativo en caso de condena por delito leve de lesiones, y si una facultad al juez a quo.

Dicho lo anterior en la sentencia recurrida se impone esta medida de alejamiento fundándola de manera exclusiva en la naturaleza de los hechos y en edad de la víctima. En esta parquedad argumental la medida acordada se revela como desproporcionada, a la vista de la menor gravedad de las lesiones, que la víctima tiene 16 años de edad, y cuando lleva aparejada como consecuencia la privación de la acusada de la vivienda en la que reside. Pues se está ante un hecho aislado, sin que exista constancia de otros hechos similares que constaten el peligro cierto de que la víctima pueda ser nuevamente agredida o molestada por Raimunda . Así no consta que Raimunda haya sido condenada por otro hechos de la misma naturaleza, ya sean anteriores, coetáneos o posteriores a los aquí enjuiciados, que acrediten una contumaz reiteración en los ataques y ofensas a la menor en que sustentar esta medida de alejamiento.



TERCERO .- Se declaran de oficio las costas de esta alzada al no apreciarse temeridad o mala fe en las recurrentes.

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la condenada en la instancia Raimunda , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de DIRECCION001 de fecha 19 de abril de 2018, debo revocar parcialmente la misma, a los meros efectos de dejar sin efecto la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de Sacramento . Manteniendo íntegramente el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada Con testimonio de la presente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, estando constituida en audiencia pública el mismo día de la fecha, de todo lo cual doy fe.