Sentencia Penal Nº 67/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 2, Rec 1/2012 de 07 de Febrero de 2012

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  • Tribunal: AP - Alicante
  • Ponente: Ubeda De Los Cobos, Julio Jose
  • Núm. Sentencia: 67/2012
  • Núm. Recurso: 1/2012
  • Núm. Cendoj: 03014370022012100130

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN SEGUNDA

ALICANTE

ROLLO DE APELACIÓN Nº 1/2012

EXPEDIENTE DE REFORMA

JUZGADO DE MENORES Nº 1 DE ALICANTE

SENTENCIA Núm. 67/2012

Iltmos. Sres.:

D. FCO JAVIER GUIRAU ZAPATA.

D. JULIO JOSÉ ÚBEDA DE COBOS.

Dña. FRANCISCA BRU AZUAR

En Alicante a 7 de Febrero de dos mil doce

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia , de fecha 4 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de Menores núm.1 de Alicante , en su Expediente de Reforma nº 191/11, por delito de CONTRA LA SALUD PÚBLICA; Habiendo actuado como parteapelante Fidel asistido del letrado D. Federico Espinosa López, y, como parteapelada el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- Son HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada, los del tenor literal siguiente: " UNICO.- Sobre las 11.15 horas del día 13 de junio de 2011, en la Plaza de Orán de Alicante, el menor entregó a un joven consumidor de sustancias un trozo de hachis envuelto en papel de aluminio recibiendo a cambio tres euros en monedas, acción que fue observada por una dotación policial que se dirigió al menor para su identificación, el cual al percatarse de su presencia emprendió la huida, logrando finalmente ser alcanzado, ocupándole en el bolsillo dos barritas de sustancia vegetal prensada que analizada resultó ser hachís, envueltas en papel de aluminio y preparadas para la venta. Asimismo en el lugar que se realizó la entrega la dotación localizó la barrita de hachís y los tres euros producto del intercambio. El peso total de la sustancia aprehendida es de 3,1 gramos y tiene una pureza del 16% según el informe analítico"; HECHOS PROBADOS QUE SE ACEPTAN.

SEGUNDO.- El FALLO de dicha Sentencia literalmente dice: " Que debo imponer e impongo al menor Fidel , como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública, ya definido, la medida consistente en 18 meses de internamiento en régimen semiabierto de los cuales los últimos 6 meses se cumplirán en régimen de libertad vigilada, abonando el tiempo cumplido en cautelar".

TERCERO.- Contra dicha Sentencia, en tiempo y forma y por Fidel se interpuso el presente recurso alegando Error en la valoración de la prueba.

CUARTO.- Admitido el recurso, cumplido el trámite de alegaciones con la parte apelada y habiendo sido elevadas las actuaciones a esta Sección se procedió a deliberación y votación de la presente sentencia.

QUINTO.- En la sustanciación de las dos instancias seguidas se han observado las prescripciones legales.

VISTO , siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. JULIO JOSÉ ÚBEDA DE COBOS, Magistrado de esta Sección Segunda, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

ÚNICO .- Como único motivo de recurso se alega que en el plenario no se practicó prueba de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia, por lo que no procedía declarar al menor autor de un delito contra la salud pública del artículo 368 CP (sustancia de las que causan grave daño a la salud)

La prueba practicada fue de carácter personal: declaración de los testigos propuestos por la acusación (agentes de policía que practicaron la detención), por la defensa y declaración del menor.

La valoración que realiza el Juez a quo de la prueba personal ha de mantenerse salvo que resulte ilógica o manifiestamente errónea ya que esta fase procesal, a diferencia de la primera instancia, carece de inmediación por lo que se desconoce la forma concreta en que las declaraciones se prestaron (coherencia en el discurso, tono de voz, gestos, etc.). En este sentido se ha pronunciado de forma muy reiterada la Jurisprudencia, pudiendo recordar las SSTS de 24 de enero de 2000 , 12 de junio de 2001 y 23 de mayo de 2002 , 25 de febrero y 6 de marzo de 2003 , 21 de noviembre de 2004 , 11 de enero de 2005 , 27 de abril de 2006 , 19 de julio de 2007 ó 16 de julio de 2009 .

La inmediación no puede ser sustituida por la visión del soporte de grabación del plenario, que no sitúa a la Sala de apelación en las mismas circunstancias que tuvo el Juez de instancia, no permitiendo captar todos los matices propios de la percepción directa y personal. En este sentido ya se han pronunciado, tanto el Tribunal Constitucional (Sentencia 120/09, de 18 de mayo ), como el Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de enero de 2010 ).

Afirma la STC 2/2010, 11-1-2010 en su fundamento cuarto que

"En el presente supuesto la Audiencia Provincial de La Coruña directamente consideró que con el visionado de la grabación audiovisual del juicio oral ante el Juez de lo Penal resultaba suficiente para revalorar las pruebas de carácter personal practicadas en aquel juicio, determinantes de la culpabilidad, declarando además en la Sentencia núm. 250/2006 recurrida, que el Juez de lo Penal de Santiago de Compostela había incurrido en error de calificación, fijando por ello un nuevo relato de hechos probados que desembocaba en la condena de quien había sido inicialmente absuelto. Al actuar así, y sin esgrimir una causa que impidiere la nueva comparecencia de los acusados y testigos (pruebas personales), olvidó -por más que se le había solicitado por la contraparte de apelación- que privaba al recurrente del derecho constitucional a la inmediación, y que se inhabilitaba para revalorar la credibilidad de dichas pruebas personales en segunda instancia sin nueva vista. Por ello, en aplicación de la referida doctrina, cabe estimar vulnerado el derecho al proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE "

Basa la Juez a quo la condena en la declaración de los agentes de policía que tuvieron intervención en la detención del hoy recurrente.

Es muy reiterada la Jurisprudencia que considera que las declaraciones testificales prestadas en el plenario por agentes de la policía con las garantías procesales propias del acto sobre hechos de conocimiento propio, pueden constituir prueba de cargo apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia ( SSTS de 15 de septiembre de 1997 , 12 de marzo de 1999 , 14 de marzo y 11 de julio de 2001 , 26 de enero de 2002 , 18 de marzo de 2004 ó 4 de junio de 2007 , entre otras).

Afirma la reciente STS de 23 de septiembre de 2010 :

"la declaración de los Agentes de Policía prestadas con las garantías propias de la inmediación, contradicción y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiente su valoración, en contraste con las demás pruebas, al Tribunal de instancia, por cuanto la relevancia del juicio oral reside en la posibilidad que tiene el Juez de percibir directamente las pruebas que se desarrollan, que en el caso de la prueba testifical adquiere una mayor importancia, al poder discernir las condiciones del testigo el origen de su conocimiento, su capacidad de comprensión de la realidad, lo que, en definitiva, se resume en la fuerza de convicción de sus testimonios".

En este caso, la Juez a quo otorga credibilidad a la declaración de los agentes que pudieron observar como el hoy recurrente entregaba una barrita envuelta en papel de plata a otro joven, a cambio de dinero. Al percatarse ambos de su presencia huyeron corriendo del lugar, pudiendo sólo detener a aquel, en cuyo poder se ocuparon otras barritas con la misma envoltura, conteniendo hachís. En el lugar donde se produjo el intercambio recogieron del suelo una barrita de hachís y tres euros.

La declaración del menor y testigos de la defensa impide estimar que los agentes pudieran actuar tras apreciar con error una presunta transacción de droga, cuando pudiera ser otro tipo de intercambio. El hoy recurrente se limita a reiterar que fue detenido cuando estaba sentado en la vía pública, situación incompatible totalmente con lo declarado por los agentes. Esta versión es ratificada por los testigos de la defensa que guardan una estrecha relación con el menor.

Por todo ello, no apreciamos error en la valoración que de la prueba efectuó la Juez a quo, que es conforme a la Jurisprudencia sobre valoración del testimonio reproducida, por lo que procede la desestimación del recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

Fallo

FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Fidel contra la sentencia, de fecha 4 de noviembre de 2011, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Alicante, en el Expediente de Reforma nº 191/2011, confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo, acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.-D. FCO JAVIER GUIRAU ZAPATA.-D. JULIO JOSÉ ÚBEDA DE COBOS y D. José Mª Merlos Fernández.

Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Grabación
Delitos contra la salud pública
Práctica de la prueba
Declaración de agente de la autoridad
Hachís
Prueba de testigos
Drogas
Error en la valoración