Sentencia Penal Nº 7/2017, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3, Rec 60/2016 de 10 de Enero de 2017

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

MURCIA

SENTENCIA: 00007/2017

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

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2- SCEJ PENAL,TLF: 968 271373 FAX: 968 834250

Teléfono: a

Equipo/usuario: AFM

Modelo: N545L0

N.I.G.: 30030 43 2 2015 0440195

ADL APELACION JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000060 /2016

Delito/falta: COACCIONES

Recurrente: Alvaro , Mariana

Procurador/a: D/Dª ,

Abogado/a: D/Dª DAMIAN MONTOYA MARTINEZ, DAMIAN MONTOYA MARTINEZ

Recurrido:

Procurador/a: D/Dª

Abogado/a: D/Dª

Rº. Apelación ADL 60/2016

Instrucción SIETE Murcia

Juicio Delitos Leves 71/15

SENTENCIA

NÚM. 7/17

En la ciudad de Murcia, a diez de enero de dos mil diecisiete.

D. Álvaro Castaño Penalva, Magistrado de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Ciudad, ha visto en grado de apelación el presente Rollo por virtud del recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción en el procedimientosuprareferenciado, seguido por coacciones, en el que han intervenido, como apelante los denunciantes D. Alvaro y Dª. Mariana , asistidos por el Letrado D. Roberto García Navarro; y como denunciados D. Clemente y D. Eliseo , asistidos del Letrado D. Damián Montoya Martínez.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 23 de febrero de 2016 en el Juicio por Delitos Leves antes reseñado se dictó sentencia en la que se declaran hechos probados los siguientes: '...que el 22 de septiembre de 2015 Alvaro compareció en el Puesto de la Guardia Civil de Cabezo de Torres, Murcia, para denunciar que el día 21 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, Clemente y Eliseo accedieron sin su consentimiento, ni del de su esposa Mariana , en el interior del local que les tienen arrendado ( Alvaro , a través de su mercantil Cárnicas el Beato SL, como arrendataria; y Adelaida -esposa y madre respectivamente de Clemente y Eliseo -, como arrendadora) y que utilizan como obrador de embutidos y carnes y, una vez dentro, comenzaron a realizar fotografías.'

En su parte dispositiva, dicha resolución, transcrita en lo que interesa, dice así: 'FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Clemente y Eliseo del delito leve de coacciones por el que venían denunciados, declarando las costas de oficio.'

SEGUNDO.-Dicha resolución fue impugnada en la forma descrita en el encabezamiento. Tras los oportunos traslados, remisión, reparto y registro, se recibieron las actuaciones en la UPAD de esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia el día 9 de diciembre último.

ÚNICO.-Se acepta y se da por reproducida la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.-La resolución apelada absuelve a los denunciados del delito leve de coacciones por el que venían acusados por entender que su conducta, de entrar al local y fotografiarlo, era lícita, y los que carecían de legitimidad eran los apelantes al haberse dictado sentencia decretando el desahucio (que se practicaría un día posterior ya fijado) y permitirlo la cláusula séptima de contrato, ello unido a que la finalidad de la acción también era lícita: procurarse un principio de prueba ante posibles daños en el local o maquinaria de su propiedad o incluso sustracción de la misma por los arrendatarios (el contrato no contenía inventario de bienes).

Frente a ello, los denunciantes oponen en su recurso de apelación extensa argumentación centrada básicamente en la errónea valoración de la prueba personal y documental. En síntesis, alegan que la sentencia de instancia reconoce la realidad de los hechos en el sentido de que los denunciados se personaron en el local que tenía arrendado la empresa del denunciante a la mujer y madre de los denunciados y sin permiso accedieron al mismo para tomar unas fotos, sin embargo, realiza una descripción de la forma en que se produjeron los hechos que no refleja la realidad porque atiende a las declaraciones que los denunciados y al contrato de arrendamiento que aportaron, que no es el vigente, sin que le haya dado valor a la demás prueba practicada, especialmente las declaraciones de los denunciantes, que afirmaron que los denunciados entraron sin ningún tipo de permiso y a la fuerza y sin tomar medidas higiénicas dentro del obrador y de las instalaciones para echar unas fotos, utilizando una posición de fuerza, que la actitud de los denunciados era de provocación, y que el contrato de arrendamiento utilizado para instar el desahucio sí llevaba anexo de mobiliario y era del año 2012, amén de que los denunciados no eran los arrendadores, sino un tercero.

SEGUNDO.-El presente recurso de apelación viene abocado al fracaso en la medida en que se pretende la revocación de una sentencia absolutoria, para lo cual sería preciso que este Tribunal modificase el relato de hechos probados previa revaloración de la prueba (entre ellas la personal) y formulación de un juicio de culpabilidad, lo que no es procesalmente posible en segunda instancia desde que lo impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia 167/2002, de 18 de septiembre , (reiterada entre otras en las sentencias 103/2009, de 28 de abril ; 120/2009, de 18 de mayo ; 132/2009, de 1 de junio , etc.).

De la copiosa jurisprudencia de dicho Tribunal pueden extraerse las siguientes y sintetizadas conclusiones:

1) Que es posible la anulación de sentencias absolutorias y la retroacción de actuaciones cuando incurra en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, al no satisfacer las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 45/2005, de 28 de febrero, FJ 3 ; 145/2009, de 15 de junio ; 94/2010, de 15 de noviembre , FJ 3).

2) Que se vulnera el derecho constitucional con todas las garantías en los supuestos en los que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación, dictándose una sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales que por su carácter personal no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 167/2002 ; 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 ; 30/2010 de 17 de mayo, FJ 2 ; 127/2010 de 2 de diciembre ).

3) En lo que se refiere a la valoración de pruebas indiciarias, ha declarado que cuando el órgano de apelación se limita a rectificar la inferencia realizada por el de instancia, a partir de unos hechos base que resultan acreditados en ésta, no es necesario, para garantizar un proceso justo, la reproducción del debate público y la inmediación ( SSTC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15 ; 113/2005, de 9 de mayo, FFJJ 3, 4 y 5; 119/2005, de 9 de mayo, FJ 3 ; 74/2006, de 13 de marzo, FJ 3 ; 43/2007, de 26 de febrero, FJ 5 ; 196/2007, de 11 de septiembre, FJ 2 ; y 36/2008, de 25 de febrero , FJ 5). Paralelamente, matiza lo anterior y entiende vulnerado aquel derecho cuando, en la segunda instancia, y sobre la base de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del órgano de primera instancia, sin examinar directa y personalmente dichas pruebas ( STC 217/2006, de 3 de julio , FJ 1; 36/2008, de 25 de febrero , FJ 5; 49/2009, de 23 de febrero , FJ 2; y 144/2009, de 15 de junio , FJ 2).

4) Los anteriores pronunciamientos son aplicables no sólo cuando el apelado ha sido absuelto en la instancia, sino también a la sentencia de apelación que empeora su situación ( SSTC 167/2002 , 184/2009 y 205/2013, de 5 de diciembre ).

Igualmente, sobre el mimo tema, se manifiesta elTribunal Supremosentando que:

1) Todo imputado goza de una especial situación en el proceso, disponiendo de un status especial y más protegido que el resto de las partes, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en la especial rigidez de las sentencias absolutorias en relación al pronunciamiento absolutorio ( sentencia 21 de junio de 2013 ).

2) En aquellos casos en los que el Tribunal que conoce del recurso haya de resolver sobre cuestiones de hecho y de derecho, planteándose en general la cuestión de la culpabilidad o inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, adoptar una decisión sin la apreciación directa del testimonio del acusado que ha negado la comisión del hecho delictivo que se le imputa ( sentencia de 21 de junio de 2013 con cita de la sentencia del caso Ekbatani vs Suecia de 28 de Mayo 1988 dictada por el TEDH y otras posteriores).

3) El Tribunal que va a conocer vía recurso de la sentencia absolutoria dictada por otro tiene la obligación de oír personal y directamente al absuelto en la instancia en un debate público en el que se respete la contradicción, estableciendo como única excepción que se trate de una exclusiva cuestión jurídica que respetando escrupulosamente los hechos probados no precisa de una re-valoración de las pruebas ni de las personales strictu sensu ni de otras en las que la audiencia del concernido aparezca como necesaria. Es decir que no sea preciso revalorar los elementos objetivos y subjetivos del delito, porque la cuestión debatida es meramente de subsunción jurídica de unos hechos aceptados ( SSTS 1327/2011 , 1423/2011 , 142/2011 , 309/2012 de 12 de abril , 757/2012 de 11 de octubre , 840/2012 de 31 de octubre , 1020/2012 de 30 de diciembre , 157/2013 de 22 de febrero , 325/2013 de 2 de abril , 400/2013 de 16 de mayo y 559/2013 de 20 de junio ).

4) El Pleno no Jurisdiccional de 19 de diciembre de 2012 tomó el acuerdo de considerar que: '...La citación del acusado para una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está previsto en la Ley.'

De acuerdo con lo expuesto, sólo cabe revocar una sentencia absolutoria o agravar la situación del acusado en una condenatoria en el recurso de apelación cuando la nueva resolución no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia del órganoa quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órganoad quemdeduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia.

Trasladando tales presupuestos al caso controvertido, en que se pretende una modificación del relato de hechos probados de la sentencia impugnada con revisión de pruebas personales, la conclusión no puede ser otra que declarar su inviabilidad sin entrar en el análisis de las cuestiones suscitadas, no existiendo en el recurso de apelación cauce procesal que permita la repetición de pruebas en segunda instancia, ni siquiera la audiencia del acusado, siendo de perfecta aplicación aquí, por elemental analogía con el recurso de casación, el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2012,supratrascrito.

VISTOSlos preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SU MAJESTAD EL REY DON FELIPE VI DE ESPAÑA,

Fallo

Desestimar el recurso de apelaciónsuprareferenciado y, en consecuencia,CONFIRMARla resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente sentencia en el domicilio designado en el escrito de apelación y llévese certificación de la misma al rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.