Sentencia Penal Nº 72/2010, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 1, Rec 366/2009 de 05 de Febrero de 2010

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Febrero de 2010
  • Tribunal: AP - Zaragoza
  • Ponente: Cantero Ariztegui, Francisco Javier
  • Núm. Sentencia: 72/2010
  • Núm. Recurso: 366/2009
  • Núm. Cendoj: 50297370012010100286
Resumen:
DELITO SIN ESPECIFICAR

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00072/2010

SENTENCIA NÚM. 72/2.010

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. Julio Arenere Bayo

MAGISTRADOS

D. Antonio Eloy López Millán

D. Fco Javier Cantero Aríztegui

D. Mauricio Murillo García Atance

En la ciudad de Zaragoza, a cinco de Febrero de dos mil diez.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias de J.R. nº 353 de 2.009, procedentes del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, Rollo nº 366 de 2.009, por delito de lesiones en el ámbito familiar, siendo apelante Susana , representada por la Procuradora Sra. Villanueva de Pedro, y defendida por el Letrado Sr. Campos García; siendo apelados EL MINISTERIO FISCAL y Leon , representado por la Procuradora Sra. Lasheras Mendo, y defendido por la Letrada Sra. Vera Herrero; y Ponente en esta apelación el Ilmo. Sr. Magistrado D. Fco Javier Cantero Aríztegui, que expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia con fecha 1 de Octubre de 2.009 , cuya parte dispositiva, en lo necesario para la resolución del recurso, es del tenor literal siguiente: "FALLO.- Que debo de condenar y condeno a DÑA Susana como autora responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar concurriendo la circunstancia atenuante prevista en el articulo 21.3 del Código Penal , a la pena de 16 días de trabajos en beneficio de la comunidad, interesado en su caso por la SRA. Susana ; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año y un día y prohibición de aproximación a DN Leon , así como a su domicilio y lugar de trabajo a menos de 200 metros y de comunicarse por cualquier medio con él durante un plazo de quince meses y al pago de las costas incluidas las de la Acusación Particular."

SEGUNDO.- Se acepta la relación fáctica de la resolución recurrida que es del tenor literal siguiente: "Es acusada DÑA Susana mayor de edad y sin que consten antecedentes penales.

Sobre las ocho horas del día 14 de septiembre de 2009, surgió una discusión entre la acusada y su pareja sentimental DN Leon , cuando se encontraban en el domicilio que compartían de la madre de aquel residiendo, sito en la calle Maestro Serrano de Zaragoza y en el curso de la cual la acusada en estado de alteración le agredió con la mano abierta en la cara, sin causarle lesiones."

TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal referida alegando los motivos que constan en el escrito presentado, y admitido en ambos efectos se dio traslado, interesando el Ministerio Fiscal y apelado la confirmación de la sentencia, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia, señalándose para la votación y fallo del recurso el día 3 de Febrero del año 2.010.

Fundamentos

PRIMERO.- Se alega vulneración del artículo 24 de la C. E . en lo relativo a la Tutela Judicial Efectiva. Aún cuando es cierto que la acusación particular presentó escrito de calificación transcurrido el plazo fijado y pese a adherirse inicialmente al Ministerio Fiscal, es lo cierto que al inicio del juicio oral ninguna alegación sobre vulneración de derechos fundamentales hizo el recurrente, ni tampoco formuló protesta alguna, lo que unido a que pudo defenderse, como así hizo, hace que no se de el vicio denunciado habida cuenta que la Tutela Judicial efectiva se cumple con una resolución fundada en Derecho, como es la que se recurre, con independencia del contenido favorable o desfavorable.

Pretende la recurrente la apreciación de las eximentes primera y sexta del artículo 20 del Código Penal . Es cierto que el recurrente solicitó en su escrito de calificación la aplicación de las eximentes referidas con invocación del art. 20. 1. y 6 del Código Penal . Ahora bien la sentencia recurrida aplica la atenuante de arrebato entendiendo la existencia de un estado emocional, que en modo alguno anula las facultades intelectivas o volitivas, sino que limita la capacidad de autocontrol, lo que excluye la aplicación de la eximente alegada en primer lugar.

En segundo lugar, la doctrina jurisprudencial sobre la circunstancia eximente de miedo insuperable, por todas STS 340/2005 de 8 de marzo , parte de la consideración de que la naturaleza de la exención no ha sido pacífica en la doctrina. Se la ha encuadrado entre las causas de justificación y entre las de inculpabilidad, incluso entre los supuestos que niegan la existencia de una acción, en razón a la paralización que sufre quien actúa bajo tal estado. Es en la inexigibilidad de otra conducta donde puede encontrar mejor acomodo, ya que quien actúa en ese estado, subjetivo, de temor mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el miedo no requiere una perturbación angustiosa sino un temor a que ocurra algo no deseado. El sujeto que actúa típicamente se halla sometido a una situación derivada de una amenaza de un mal tenido como insuperable. De esta exigencia resultan las características que debe reunir la situación, esto es, ha de tratarse de una amenaza real, seria e inminente, y que su valoración ha de realizarse desde la perspectiva del hombre medio, el común de los hombres, que se utiliza de baremo para comprobar la superabilidad del miedo.

De lo hechos probados -una mera discusión- no podemos afirmar la existencia de una situación de miedo, lo que excluye la pretensión deducida en el escrito de recurso al no constar elemento intimidatorio

Se alega aplicación indebida del artículo 153 .- Debe decirse que es el propio precepto el que recoge como elemento típico el maltrato de obra, cual es el caso de autos en el que la recurrente propinó una bofetada sin causar lesión, lo que evidencia lo infundado de la alegación, y hace que el motivo deba desestimarse, cuando es el propio legislador el que ha entendido como delito tal conducta, sin que por ello sea de aplicación el principio de intervención mínima.

SEGUNDO.- Las costas de esta segunda instancia se declaran de oficio al no apreciarse motivo para la imposición de costas de esta instancia.

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de pertinente aplicación del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Villanueva de Pedro, en la representación procesal acreditada, confirmamos íntegramente la sentencia de fecha 1 de Octubre de 2.009, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Lo Penal nº 5 en las Diligencias de J.R. nº 353 de 2.009 , declarando de oficio las costas de esta instancia.

Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Derecho a la tutela judicial efectiva
Arrebato
Amenazas
Miedo insuperable
Imputabilidad
Maltrato de obra
Intervención mínima