Sentencia Penal Nº 724/2014, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 2137/2014 de 01 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

Sección nº 27 de la Audiencia Provincial de Madrid

C/ Santiago de Compostela, 96 - 28071

Teléfono: 914934469,4470,4471

Fax: 914934472

NEG. 2 / R 2

37051540

N.I.G.: 28.079.00.1-2014/0032778

Apelación Sentencias Violencia sobre la Mujer 2137/2014

Origen:Juzgado de lo Penal nº 35 de Madrid

Juicio Rápido 465/2014

Apelante: D./Dña. Fátima

Procurador D./Dña. PALOMA RUBIO PELAEZ

Letrado D./Dña. ANDREA MARTIN VENEGAS

Apelado: D./Dña. Luis Manuel y D./Dña. MINISTERIO FISCAL

Procurador D./Dña. ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

Letrado D./Dña. MARIA ROSA DELGADO ARENAS

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION 27ª

MAGISTRADOS

Ilustrísimos Señores:

Doña María Tardón Olmos (Presidenta)

Don José de la Mata Amaya (Ponente)

Doña María Teresa Chacón Alonso

La Sección 27ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia, ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A NUMERO 724/14

En la Villa de Madrid, a 1 de Diciembre de 2014.

La Sección 27ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados Doña María Tardón Olmos, Presidenta, Don José de la Mata Amaya y Doña María Teresa Chacón Alonso, ha visto, los presentes autos de recurso de apelación seguidos, con el número 2137/2014 de rollo de Sala, correspondiente al juicio rápido número 465/2014, del Juzgado de lo Penal número 35 de los de Madrid, por supuesto delito de lesiones, en el que han sido partes como apelante Doña Fátima , representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Paloma Rubio Peláez; y defendida por la Abogada Doña Andrea Martín Venegas, y, como apelados, Don Luis Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Esteban Sánchez y defendido por la Abogada Doña María Rosa Delgado Arenas, así como el Ministerio Fiscal. El Ilustrísimo Señor Magistrado Don José de la Mata Amaya, actuó como Ponente, y expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 6 de Octubre de 2014 que contiene los siguientes Hechos Probados:

'El día 17 de septiembre de 2014, Luis Manuel , mayor de edad y sin antecedentes penales, tuvo una discusión con su pareja Fátima en el domicilio familiar sito en la C/ DIRECCION000 nº NUM000 , NUM001 de Colmenar Viejo, sin que haya quedado acreditado que durante el curso de la misma se produjera alguna agresión'.

En la Parte Dispositiva de la Sentencia se establece:

'Que debo absolver y absuelvo a Luis Manuel de los hechos constitutivos de un delito de lesiones en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal por el que ha sido enjuiciado con declaración de las costas procesales de oficio.

Acuerdo dejar sin efecto sin esperar a la firmeza de la presente resolución las medidas cautelares acordadas mediante Auto de 28 de Septiembre de 2014 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Colmenar Viejo '.

SEGUNDO.-Notificada la misma, interpuso contra ella recurso de apelación la denunciante Doña Fátima , que fue admitido en ambos efectos y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el vigente art. 795 LECrim -trámite en el que el Ministerio Fiscal y la representación de Don Luis Manuel solicitó la confirmación de la sentencia apelada- elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, señalándose para la deliberación y resolución del recurso, quedando los autos visto para sentencia.

SE ACEPTANíntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales se tienen aquí por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO.-La apelante Doña Fátima sustenta su recurso en los dos motivos que incluye en error en la apreciación de la prueba. Considera que la juzgadora de instancia priva erróneamente de valor probatorio a la declaraciones de la víctima y no explica por qué se encerró en una habitación. Entiende que sus declaraciones son coherentes y presentan una verosimilitud patente y continua en todo momento; y que, por tanto, tales testimonios son prueba suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

SEGUNDO.-Debe recordarse que el supuesto que analizamos es la impugnación de una sentencia absolutoria a través de un recurso de apelación en el que se alega la existencia de error en la valoración de la prueba, en particular de las pruebas de carácter personal practicadas en el juicio oral. Tal característica es sumamente relevante, como seguidamente se verá, en la medida en que de los tres fundamentos posibles del recurso de apelación, según resulta de lo dispuesto en el citado art. 790.2 LECrim , es propiamente el relacionado con la apreciación de la prueba el directamente concernido por las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, que tienen su genuino campo de proyección cuando en la apelación se plantean cuestiones de hecho.

En estos casos, debe aplicarse la doctrina fijada a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre , según la cual 'en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción' (FJ 1 in fine).

Es decir, que como recuerda la STC 120/2009, de 18 de mayo de 2009 , FJ 2, los órganos de apelación están facultados no sólo para revocar el pronunciamiento absolutorio del Juez a quo sino también para sustituirlo por otro de signo condenatorio. Pero cuando ello tiene lugar, dos circunstancias cobran relevancia constitucional: una, que el Tribunal de apelación va a ser el órgano judicial que por primera vez condene al acusado; y otra, que toda declaración de condena ha de sustentante en una valoración directa de la actividad probatoria de cargo.

De la conjunción de ambas facetas, la jurisprudencia del TEDH ha extraído la exigencia -que ha vinculado al art. 6.1 CEDH - de que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostenga que no ha cometido la acción considerada infracción penal; doctrina que ha sido acogida por el Tribunal Constitucional, de conformidad con el art. 10.2 CE , a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre , vinculándola al derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ).

Esta inmediación no puede sustituirse por el visionado por el Tribunal de apelación de la grabación audiovisual del juicio oral celebrado en la primera instancia, por cuanto la inmediación en relación con las pruebas caracterizadas por la oralidad, esto es, las declaraciones, cualquiera que sea el concepto en el que se presten, implica el contacto directo con la fuente de prueba, su examen personal y directo, que implica la concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara ( STC 120/2009, de 18 de mayo de 2009 , FJ 6).

Consecuentemente, la única posibilidad de alteración de los hechos probados, en estos supuestos, no puede realizarse a base de sustituir al órgano de enjuiciamiento en la valoración de los medios probatorios, cuya apreciación requiere inmediación, sino que debe proyectarse sobre la corrección o coherencia del razonamiento empleado en la valoración de la prueba, no provocando, así, consecuencia significativa alguna respecto de la inmediación en la práctica de tales pruebas y su valoración por la Juzgadora a cuya presencia fueron practicadas. Así, la función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Esto es, que sólo podrá dejarse sin efecto la apreciación de las pruebas personales practicadas en la instancia cuando el razonamiento probatorio alcanzado por el juzgador a quo vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, resulte absurda la conclusión allí alcanzada, sea irracional o incongruente el fallo con relación a los hechos allí declarados probados, o bien si se prefiere y según los casos, el fallo dictado fuese arbitrario.

TERCERO.-En el presente caso no se aprecia ninguno de los aludidos defectos, por cuanto la Juzgadora efectúa un análisis y una valoración de todas y cada una de las distintas pruebas personales practicadas que, tras el visionado del desarrollo del juicio oral, este Tribunal advierte que resulta conforme con el contenido de tales pruebas.

En particular, la juzgadora a quo indica que las versiones sobre los hechos sostenidas por denunciante y acusado son completamente contradictorias, afirmando la primera que fue agredida por el acusado, mientras que el acusado niega los hechos.

Cierto es que la existencia de versiones contradictorias entre denunciante y denunciado no debe llevar de manera inexorable a la absolución, sino que es labor del órgano judicial formar su convicción valorando ambos declaraciones percibidas de manera directa e inmediata, junto con las restantes pruebas que hayan sido practicadas. Y también es cierto y debe recordarse que no pueden situarse en el mismo plano de valoración las declaraciones del acusado -cuya naturaleza probatoria resulta más que discutida- y las de la víctima de los hechos. Porque mientras aquél comparece amparado por el derecho que le otorga el artículo 24.2 CE , a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pudiendo mentir, incluso, abiertamente, sin que de ello se le siga consecuencia adversa de ninguna clase, la declaración de la víctima sólo accede al proceso como testigo, y, en tal condición, con la obligación de contestar a cuantas preguntas se le formulen y a decir la verdad, pudiendo, en otro caso, ser perseguida por los delitos de desobediencia a la autoridad y falso testimonio.

El problema es que en este caso existen ciertas circunstancias que arrojan ciertas dudas sobre la declaración de la víctima.

La primera, relativa a su credibilidad, debido a la existencia de un fuerte conflicto entre acusado y víctima, en que discutían por razón de los niños y por cuestiones de dinero. Esta circunstancia plantea cierta duda sobre los posibles móviles que impulsaron a la víctima a denunciar al acusado imputándole estos hechos.

La segunda, relativa a la verosimilitud del testimonio, ante la falta absoluta de elementos de corroboración, visto que el informe médico obrante en autos y el informe forense se limitan a recoger el estado de ansiedad que presentaba la víctima, sin que se objetivara lesión alguna pese a la entidad de los golpes que supuestamente recibió, que incluyeron golpes contra la pared y pérdida de conocimiento.

La tercera, la existencia de algunas ligeras contradicciones en su testimonio, que si bien no fueron esenciales si son destacables, como el hecho de que omitiera en alguna de sus declaraciones que perdió el conocimiento como consecuencia de los golpes.

Por otra parte, si se somete a contraste esta declaración de la víctima con la del propio acusado tampoco pueden alcanzarse conclusiones distintas, en cuanto las versiones que ambos prestan son completamente contradictorias.

Si a todo lo anterior se añade que no existe ningún otro elemento probatorio adicional que contribuya a esclarecer los hechos (y no lo es desde luego por sí mismo la circunstancia alegada por la apelante de que se recluyera en una habitación para llamar a la policía, en estas condiciones es perfectamente comprensible que la Juez a quo concluyera que no quedaron formalmente despejadas las dudas acerca de cómo se produjeron los hechos y aplicara el principio in dubio pro reo ante las versiones contradictorias a las que se enfrentaba y la inexistencia de medios de prueba o al menos de elementos de corroboración que contribuyeran a despejar estas dudas.

No se trata de negar la credibilidad del relato de la víctima. Es, simplemente, que concurren una serie de inconsistencias que hacen generar una duda sobre los hechos. Y en estos casos resulta de aplicación el principio in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Así como la presunción de inocencia parte de la carencia de actividad probatoria de cargo desarrollada de manera legítima, aquel principio implica la existencia de una prueba contradictoria, incluida desde luego la de cargo, que el Juzgador, de acuerdo con el art. 741 LECrim , valora y, como consecuencia, como indican las SSTS de 8 de junio y 22 de octubre de 1989 , si en esa valoración se introduce un elemento de duda razonable y lógico respecto a la realidad de los hechos o a la existencia de elementos psicológicos, debe absolver ( S.T.C. de 20 de febrero de 1989 y SSTS de 9 de mayo de 1988 , 8 de junio y 2 de octubre de 1989 ).

Por todo ello, ha de confirmarse la valoración efectuada en la sentencia de las pruebas de carácter personal, por cuanto la misma resulta correcta y adecuada, y el juicio de verosimilitud y credibilidad que otorga a las partes, se advierte como suficientemente razonado, y plenamente razonable.

CUARTO.-Las costas derivadas del recurso se declararán de oficio.

Por cuanto antecede,

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Fátima contra la sentencia de 6 de octubre de 2014 dictada por el Juzgado de lo Penal número 35 de los de Madrid en Autos de Juicio Oral número 465/2014, que confirmamos íntegramente, declarando de oficio las costas de la apelación.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, con indicación de su firmeza.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-

Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.