Sentencia Penal Nº 734/2015, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1, Rec 91/2015 de 30 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN PRIMERA

ALICANTE

PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, nº 4-2ª planta

Tfno: 965.16.98.07 (Trámite y Apelaciones)

965.16.98.08 (Sentencias y Ejecutorias)

Fax: 965 169 812

NIG: 03014-37-1-2015-0007536

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS Nº 000091/2015- -

Dimana del Juicio de Faltas Nº 000144/2015

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE ELDA

Apelante Apolonia

Abogado ENRIQUE RUBIO NAVARRO

Apelado/s MINISTERIO FISCAL (E. Giaever)

SENTENCIA Nº 000734/2015

En la ciudad de Alicante, a Uno de diciembre de 2015

EL/LA ILTMO./A. SR./A. D. /Dª VICENTE MAGRO SERVET, Magistrado/a de la Sección Primerade la Audiencia Provincial de ALICANTE, ha visto el presente recurso de apelaciónen ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia de fecha 30 de junio de 2015 dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE ELDA en el Juicio de Faltas - 000144/2015 , por habiendo actuado como parte apelante Apolonia , dirigido por el Letrado Sr./a. RUBIO NAVARRO, ENRIQUE, y como parte apelada MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes

Primero.- Son HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada,los del tenor literal siguiente: Que ha quedado acreditado como con fecha 4 de noviembre de 2012, la denunciante Constanza se puso en contacto con un tal Ildefonso en el numero de telefono NUM000 a fin de poder adquirir billetes de vuelo a Santo Domiengo. Que el tal Ildefonso , cuyos intentos de identificación han resultado infructuosos por el momento, con ánimo de engañar a la denunciante, le exigió a cambio del billete en cuestión que procediera a efectuar giro de la cantidad de 320 € a favor de su mujer, la denunciada Apolonia .

Que este extremo fue cumplido por la denunciante el 5 de diciembre de 2012 a favor de Apolonia , quien retiró el giro el mismo día en un locutorio de la calle Cardenal Tedeschini, 8 de Barcelona. Por gastos de comisión se le cobró a la denunciante la cantidad de 10 €.

Que la denunciante reclama la cantidad en cuestión.

Segundo.-El FALLOde dicha Sentencia recurrida literalmente dice: 'Que DEBO CONDENAR Y CONDENO como autor de la falta antes descrita , Apolonia , condenandole, a la pena de UN MES DE MULTA A RAZON DE SEIS EUROS DÍA, totalizando la cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS CON LA responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del C.P , así como a que en vía de responsabilidad civil indemnice a la denunciante en la cantidad de 330 € y costas. '.

Tercero.-Contra dicha Sentencia, en tiempo y forma y por la representación procesal de Apolonia se interpuso recurso, que fue admitido a trámite elevándose las actuaciones a esta Audiencia donde se formó el Rollo Nº 000091/2015 de esta Sección, tras haber dado traslado del mismo a las otras partes.

Cuarto.-En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales procedentes.

SE ACEPTA el Antecedente de HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada.

Fundamentos

Primero.-Se interpone recurso de apelación denunciando la existencia de error en la valoración de la prueba, pero el juez de lo penal es claro y concluyente a la hora de valorar con acierto que los hechos de la denunciada suponen una cooperación necesaria en la comisión del hecho al suponer una estafa el convencimiento a la perjudicada de que con el importe remitido se le iba a expedir un billete de avion, lo que al final no se produjo porque ese era el ánimo de quien recibe el importe del giro sin dar mayores explicaciones, pese a lo cual el recurrente alega que el hechoe stá prescrito lo que se rechaza porque se incoaron diligencias previas en averiguación de los hechos que dan lugar a un plazo mayor, por lo que se desestima la alegación de prescripción. Además, la denunciate no compareció aunque aportó escrito de alegaciones en su descargo, no obstante lo cual la exposición de la denunciante es prueba habil suficiente para la condena.

Con respecto al transcurso del tiempo la pena impuesta es la correcta ya que se le impone la minima de un mes, por lo que dadas las diligencias planteadas y practicadas la pena impuesta es la minima lo que conlleva la desestimación de la alegación en cuanto a la minoración mayor de la pena al imponerse la minima y ser esta adecuada y proporcional a los hechos en los que prevaliendose de la confianza le llevan a realizar un envío de dinero aun a sabiendas de que el billete no se iba a expedir. Entiende el recurrente que no aparece prueba alguna que evidencie la realidad de los hechos, pero al juez le parece bastante la declaración de la perjudicada pese al distinto parecer de la recurrente. No cabe hablar de prescipción por cuanto se incoaron diligencias previas y además la falta de estafa en la que incurre la condenada sigue existiendo tras la reforma del CP como delito leve ahora en el art. 249, 2 º párrafo con la misma pena además y en el hecho concurren los elementos definidores de la estafa que explicita el juez por el desplazamiento patrimonial producido por lo que se desestima la prescripción alegada y la petición de absolución. El recurrente planteaba que desapareció el juicio de faltas pero los hechos que eran falta antes del 1-7-2015 ahora son delito leve como es el caso que nos ocupa por lo que la pena impuesta es la adecuada que es la mínima.

Segundo.-Además, frente al alegato de que se ha infringido la presunción de inocencia decir que es jurisprudencia reiterada y conocida que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez, en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este juzgador y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de pruebas y de valorar correctamente su resultado apreciando personal y directamente, sobre todo en las pruebas personales, ya sea declaraciones de las partes o de testigos, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas vacilaciones, coherencia y, en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados, ventajas todas ellas, derivadas de la inmediación de las que carece el Tribunal de Apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia, lo que justifica que deba respetarse, en principio, el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, lo que es plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia. De esta manera, el juicio revisorio en la segunda instancia supone ser especialmente cuidadoso a fin de que no implique sustituir la valoración realizada por el Juzgador de instancia, y más cuando se trata de testimonios que el juzgador ha aquilatado en cuanto al alcance y fiabilidad de determinadas declaraciones. Por ello, para que el Tribunal de la segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera, se precisa que, por quien se recurra, se acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos:

a) Inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba;

b) Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

c) Que haya sido desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.

En consonancia con lo anterior se viene pronunciando reiteradamente esta Sala en los siguientes términos: Es posición tradicional (STC 9-12- 2002) la de que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum indicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre ; 120/1999, de 28 de junio ; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ).

Ahora bien, la cuestión es qué pruebas pueden ser utilizadas por el órgano de apelación para fundar su convicción en este «nuevo juicio» si se parte de que se está habilitado para revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo. La sentencia 167/2002 sostiene que «las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, tienen su genuino campo de proyección cuando en apelación se plantean cuestiones de hecho, de modo que es probablemente el relacionado con la apreciación de la prueba el directamente concernido por estas limitaciones». Consecuencia de lo anterior será la imposibilidad que tiene el Tribunal de apelación de valorar por sí mismo cualquier prueba sometida al principio de inmediación, esto es, las personales, de forma distinta a como lo ha hecho el juez que la presenció (SSTC 197/2002, de 28 de octubre ; 198/2002, de 28 de octubre ; 200/2002, de 28 de octubre ; 212/2002, de 11 de noviembre ; 230/2002, de 9 de diciembre ; 41/2003, de 27 de febrero . No obstante, se ha de tener en cuenta doctrina sentada en su día por la STS 2ª de 29 de diciembre de 1997 en relación con la valoración de las pruebas personales cuando afirma que «en la valoración de la prueba directa cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado en consecuencia por la inmediación y, por tanto, ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal Superior que no ha contemplado la práctica de la prueba, y un segundo nivel, necesario en ocasiones, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación sino en una elaboración racional y argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de experiencia o los conocimientos científicos. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( art. 9.1 CE ) o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales». ( SAP Córdoba 181/2005 de 12 de Abril ).

Tercero.-Por ello, no puede este Tribunal realizar una valoración distinta a la que hizo el juzgado de lo penal pues ello supondría la vulneración de los principios de inmediación y contradicción, al pretenderse una revisión y corrección de la valoración de las pruebas personales practicadas ante quien desde su privilegiada posición las presenció, tan sólo debemos limitarnos a comprobar que los razonamientos del Juez a quo no son manifiestamente erróneos, ni ilógicos, ni arbitrarios, ni carentes de prueba. Pues bien, la sentencia de instancia explica de forma pormenorizada los razonamientos lógico-deductivos que le llevan a dictar la sentencia, sin que apreciemos error alguno en la valoración que del conjunto de la prueba practicada realizó el Magistrado de lo Penal.

En definitiva, por aplicación de la doctrina expuesta en fundamentos precedentes y dado que no apreciamos la existencia de error en la razonable y razonada valoración de la prueba que efectúa el Magistrado a quo sobre el conjunto de declaraciones personales que sólo el pudo presenciar, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de instancia.

Cuarto.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada a tenor del artículo 123 del Código Penal .

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al presente supuesto.

Fallo

F A L L O: Que desestimando el recurso de apelación interpuestopor la representación procesal de Apolonia contra la Sentencia de fecha 30 de junio de 2015, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 3 DE ELDA en el Juicio de Faltas - 000144/2015 , debo confirmar la referida Sentencia, declarando de oficio las costas de esta apelación.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo, acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha y en audiencia pública celebrada en la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Certifico.

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