Sentencia Penal Nº 771/2008, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10919/2008 de 26 de Noviembre de 2008

PRIMERO.- No cabe equiparar la supuesta insuficiencia de la prueba documental para declarar probado un hecho con la existencia de documento que demuestre el error.

En el primero de los motivos, al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , discute el recurrente el número de extracciones de dinero efectuadas utilizando la tarjeta de la víctima con cargo a la cuenta corriente de la que éste era titular.

En la Sentencia de 9 de julio de 2008 , recordábamos nuestra constante doctrina sobre el motivo aquí intentado:

Al efecto tenemos declarado en nuestras Sentencias nº 166/2008 de 16 de abril y 398/2007 de 26 de abril que respecto al motivo casacional previsto en el ordinal 2 del art. 849 ha sido doctrina constante la manifestada, entre otras, en Sentencias de 8-8-1987, 21-7-1988, 19-4-1989, 20-2-1992, 2-2 1993, 21-5-1993, 14-12-1993, 21-2-1994 23-2-1995 y 23-5- 2002 , conforme a la cual: "....para que pueda utilizarse con éxito la vía del núm. 2º del art. 849 de la LECrim , es preciso:

1º.- Que haya habido un error en la construcción del "factum", incluyendo extremos no acontecidos o excluyendo otros sucedidos.

2º.- Que el error se deduzca de particulares de una prueba que tenga naturaleza documental.

3º.- Que tales documentos acrediten el error por oponerse frontalmente y por sí mismos a lo declarado probado sin necesidad de interpretaciones o razonamientos que los complementen -lo que se conoce por "litero suficiencia"-.

4º.- Que el error alegado sea trascendente para la subsunción.

5º.- Que las declaraciones de los documentos no aparezcan contradichos por otros elementos probatorios, tenidos en cuenta por Tribunal de instancia...."

Desde luego el motivo de casación fundado en error en la valoración de la prueba admite, no solamente la exclusión de afirmaciones que se estimen erróneas, sino también la inclusión de afirmaciones omitidas en la sentencia contra la que se recurre.

En la Sentencia de 16 de marzo de 2004 se advierte, "...precisamente por esa excepcionalidad del motivo, la doctrina jurisprudencial es significadamente exigente con el necesario cumplimiento de los requisitos que pueden conferirle prosperabilidad Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio y 3 de octubre de 1997 , y por citar sólo dos)..... Y así, no cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base al Recurso, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente", es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior...."

Por ello el motivo no puede ser estimado. En primer lugar porque más que invocar documentos que demuestren el error de la sentencia, lo que el recurso hace es reprocharle a ésta que los documentos de la causa permiten afirmar dos de las sustracciones, pero no las demás. Lo que no implica que tales documentos demuestren el error de la afirmación de que hubo otras extracciones, ya que éstas pueden considerarse acreditadas por otros medios de prueba, al margen de la documental.

La sentencia, en efecto, funda en otros elementos de juicio el dato que aquí se discute. De la documentación aportada deriva la realidad de extracciones por más importe que el declarado probado. Y esto porque la misma acusación reduce el importe extraído sin consentimiento de la víctima. Por ello, con independencia de que el recurrente discuta la razonabilidad de la conclusión -discutiendo que se consideren extraídas cantidades en ocasiones de las que no se dispone de prueba fotográfica del acusado entrando al cajero- de lo que no cabe duda es de que el eventual error no deriva de los documentos invocados.

El motivo se rechaza.

SEGUNDO.- La declaración como probada de la ausencia de consentimiento, no puede combatirse, fuera del margen del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, como infracción de ley, más allá del cauce autorizado por el control de la presunción de inocencia.

Por la vía de infracción de ley, invocando el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se protesta que las extracciones de la cuenta bancaria de la víctima contó con el consentimiento de ésta, por lo que los hechos no revisten caracteres de delito de robo.

El cauce elegido exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados conforme a reiterada doctrina jurisprudencial. El recurrente estima que la presencia, o ausencia, de tal consentimiento solamente cabe predicarla acudiendo a inferencias desde hechos indiciarios y que la afirmación o negación de tal consentimiento debe dilucidarse en la sede propia de este motivo de infracción de ley.

Desde luego la existencia del consentimiento de la víctima constituye sin duda un factum, y su afirmación solamente podrá considerarse errónea si se acredita el error desde un documento en el cauce del nº 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Si la afirmación de aquella existencia de consentimiento se estima arbitrariamente proclamada, la discusión solamente cabe en el estrecho margen que autoriza el canon impuesto por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.

Pero el discurso de la sentencia no se muestra arbitrario para fijar el dato de la ausencia de consentimiento de la víctima. Ni otra cosa cabe inferir desde la realidad acreditada de las agresiones que para obtenerlo le propinó a la víctima el recurrente.

Por el contrario, de arbitrarias sí que cabe tildar las inferencias que el recurrente pretende que asumamos, para afirmar aquel consentimiento. Así el dato de que suministrara droga a la víctima tras obtenerla con dinero de ésta, de ser verdad, no autoriza por sí solo a concluir que el dinero se obtuvo con su consentimiento. Menos aún, que se afirme que en una de las fotografías que recogen una extracción, aparezca la víctima en el escenario de la misma, ya que, de ser así, en modo alguno cabría tener dicha presencia por voluntaria. Y la ausencia de extracciones tras el ingreso hospitalario de la misma es perfectamente compatible con la absoluta falta de su consentimiento para que el que le mató realizase extracciones del cajero con la tarjeta de dicha víctima.

Por ello, no puede tenerse por contraria a la presunción de inocencia la afirmación del hecho del tipo constituido por la ausencia del consentimiento de la víctima ni, por lo mismo ha lugar a estimar que concurra infracción de ley.

El motivo se desestima.

TERCERO.- El subtipo agravado del art. 242.2 del Código Penal exige que el acusado lleve el arma desde un momento anterior al momento en que ejecuta el delito.

En los motivos tercero, cuarto y quinto combate la afirmación fáctica, y su consecuencia jurídica, relativa a que el recurrente "portaba" consigo un cuchillo antes de cometer los hechos de la sustracción violenta, de suerte que, excluida tal afirmación, no debe estimarse que el delito de robo por el que se le condena revista la forma agravada del subtipo previsto en el nº 2º del art. 242 del CP .

La exclusión del dato de hecho se funda en dos afirmaciones, ambas de relevancia constitucional. La primera que no fue objeto de imputación por la acusación, por lo que la sentencia incumple la exigencia del principio acusatorio. La segunda que no existe prueba de cargo válida en juicio oral de la que pueda derivarse tal dato, por lo que la infracción es ahora de la garantía de presunción de inocencia.

El exámen conjunto de estos tres motivos, de los cuales el Ministerio Fiscal apoya el de infracción de ley, se hace porque, en realidad, como éste último indica, la declaración de hechos probados no efectúa aquella afirmación, sobre la llevanza del arma blanca, de modo suficientemente descriptivo para que pueda darse por concurrente el presupuesto del subtipo agravado. Lo que hace irrelevante la impugnación contraída al discurso fáctico, dada la inanidad de éste para penar por dicho subtipo agravado.

Situados ya en el ámbito de la infracción de ley, hemos de recordar la doctrina de este Tribunal, reflejada, entre otras en las Sentencias núm. 472/2007 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 24 mayo y núm. 1768/2003 (Sala de lo Penal), de 2 enero que establecen que, quedan fuera de tal subtipo agravado los supuestos de uso de un arma tomada in situ, por aplicación de la literalidad del precepto penal trascrito, pues requiere que el delincuente «lleve» el arma, es decir, se haya pertrechado del mismo, antes de cometer el delito, por la mayor potencialidad agresiva que determina su acción y, en consecuencia, la mayor antijuridicidad del comportamiento penal desplegado. Así se acordó en Junta General para la unificación de criterios, celebrada el día 9 de febrero de 2001, como recuerda, entre otras, la Sentencia de esta Sala 1279/2002, de 4 de julio .

Ciertamente la sentencia recurrida proclama como hecho probado que el acusado clavó un cuchillo en la rodilla a la víctima, en la primera agresión. Y dice que ese cuchillo "lo portaba" el acusado. Y bien pudiera pensarse que lo hacía desde antes de encontrase con la víctima ya que, dicen los hechos probados, que el acusado "lo sacó".

No obstante el Ministerio Fiscal, con invocación de aquella doctrina jurisprudencial, apoya el motivo. Y tal apoyo puede llegar a explicarse porque la sentencia no deja de provocar alguna duda al respecto. En efecto aquellas expresiones entrecomilladas siguen a un texto en el que dice la declaración de hechos probados que la víctima accedió a acompañar al recurrente dirigiéndose al domicilio de aquélla. Y que no le consta al Tribunal si la inicial agresión se produce mientras van en coche a dicha casa, o una vez en ésta. Y por ello no excluye con la nitidez deseable que el cuchillo no fuese pertrecho del que se dotase el agresor ora dentro del vehículo, ora una vez en el domicilio, sin disponibilidad adquirida antes de encontrase en el escenario de los hechos y efectiva una vez en él.

Tampoco en la justificación de los hechos probados dedica la sentencia argumentación alguna a explicar por qué llega a la conclusión de que el arma la tenía el acusado dispuesta antes de acometer la agresión dirigida inicialmente a la sustracción por la que se le pena.

Tal situación de duda lleva a aceptar el apoyo del Ministerio Fiscal al recurso, el cual, por otra parte, llevó a que el recurrente no contraalegase sobre tal particular en el trámite procesal de contestación a la impugnación efectuada por el Ministerio Fiscal, en la tramitación de esta casación.

La estimación de este motivo quinto hace innecesario entrar en el examen de los otros motivos, pues ni siquiera es necesario modificar la declaración de hechos probados para excluir la aplicación del subtipo agravado. Con las consecuencias que se indicarán en la segunda sentencia que dictaremos a continuación.

CUARTO.- El sexto motivo protesta la utilización por dos veces del dato de hecho a que hacía referencia en los anteriores motivos.

Por la misma razón dicha en el anterior motivo, la estimación del mismo deja sin razón de ser la fundamentación esgrimida en este motivo. Al no darse relevancia al uso del arma en el delito de robo violento, decae la queja por uso reiterado del mismo dato. Siquiera ello no suponga la aceptación de la supuesta violación de la proscripción de bis in idem que se denunciaba en este motivo.

QUINTO.- Exigencia de fuerza suficiente por sí solo en el documento que se invoca para demostrar el error que se denuncia en la declaración de hechos probados.

El séptimo motivo, en relación a la condena por delito de asesinato consumado, centra el debate en la exclusión de la relación causal entre los hechos realizados por el recurrente y el fallecimiento de la víctima, pidiendo, al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sea excluida aquella relación del discurso de hechos probados de la recurrida.

El cauce elegido tiene su éxito condicionado a una serie de requisitos derivados de aquel precepto y enunciados en una constante doctrina de este Tribunal.

La que dejamos ya expuesta al contestar al primero de los motivos en esta misma sentencia.

Indudablemente el documento constituido por "informe de Alta" emitido por el centro hospitalario, aún cuando recoja la afirmación de que la víctima había abandonado el tratamiento retroviral dos semanas antes, no autoriza a establecer conclusiones sobre la trascendencia causal de tal dato la producción de la muerte de la víctima. Se trata de modo evidente de un documento no literosuficiente. Y por ello, conforme a la doctrina que dejamos expuesta en el primero de los fundamentos jurídicos, es insuficiente a los fines casacionales que se pretenden en este motivo.

SEXTO.- Imputación objetiva: el riesgo creado por la propia víctima respecto a su vida, abandonando los tratamientos que exigía su patología, no excluyen la imputación de la muerte al que, a medio de una agresión ilícita, lo aumenta con sus acciones, que causan heridas letales al incidir sobre la situación previa a la agresión.

En el octavo motivo, se vuelve sobre el mismo particular de la relación de causalidad entre el comportamiento del recurrente y la muerte de la víctima. Pero ahora, invocando la infracción de ley a que se refiere el art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Se reconoce que el motivo "es tributario del anterior". Y así es, en efecto, ya que el cauce a que se refiere este motivo exige el pleno respeto a la declaración de hechos probados. Por ello, si la argumentación del motivo exige una versión fáctica diversa de la asumida por la sentencia recurrida, antes debe obtener la rectificación de ésta.

Es verdad que la sentencia afirma que las heridas generaron un cuadro clínico que operó "sobre la base patológica descrita" que era la constituida por "diversas patologías previas, en concreto infección por VIH y por virus de hepatitis B y C, así como cirrosis hepática, con las complicaciones que eso acarrea, especialmente trastornos de la coagulación, hipertensión portal y varices esofágicas".

Pero de ello no puede extraerse la consecuencia de la ajeneidad causal de las heridas respecto del resultado lamentablemente letal. Ni excluye la imputabilidad objetiva del mismo al recurrente. Ni aún en el caso de que la víctima, antes de la agresión hubiera descuidado el tratamiento adecuado de su patología con correlativo aumento de su vulnerabilidad.

El propio recurrente se adelanta a la constante doctrina de este Tribunal sobre la persistencia de la imputabilidad objetiva del resultado pese a la existencia de patologías previas. Doctrina de la que entre otras es exponente, para casos similares al presente la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1671/2002 (Sala de lo Penal), de 16 octubre en la que dijimos:

Esta Sala tuvo ocasión de resolver un supuesto similar al que es objeto de esta impugnación. En la Sentencia 844/1999, de 29 de mayo , se trató de una acción, un puñetazo en el abdomen, que determinó una rotura vascular traumática a nivel del meso al perjudicado que padecía SIDA, y la muerte del perjudicado, según la pericial «la muerte ha sido consecuencia de las lesiones padecidas por la víctima en una agresión típica que sobre una estructura de patología previa de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y al incidir sobre una región vascular sensible, ha producido su rotura, ocasionando la muerte. En la Sentencia se aborda la problemática similar a la que es objeto de esta impugnación y por ello la reproducimos.

«La jurisprudencia de esta Sala (cfr. entre otras SSTS de 12-6-1989, [Rec. núm. 3168/1986]; 17-7-1990, [Rec. núm. 811/1988]; 30-5-1991 [Rec. núm. 6219/1988]; 2-12-1991, 29-5-1992, [Rec. núm. 4892/1989]; 3-6-1992, [Rec. núm. 6393/1989]; 17-10-1992, 12-2-1993, [Rec. núm. 1704/1990]; 21-12-1993, [Rec. núm. 2986/1992]; 26-6-1995, [Rec. núm. 1791/1994]; 28-10-1996 ) viene sosteniendo que la relación entre la acción y el resultado en delitos cuyo tipo penal incluye la lesión del objeto de la acción no se limita a la comprobación de la causalidad natural, sino que dependerá de la posibilidad de la imputación objetiva del resultado de la acción. En general es posible afirmar -como precisa el cuidadoso dictamen de la señora Fiscal- que sin causalidad (en el sentido de una ley natural de causalidad) no se puede sostener la imputación objetiva, así como que ésta no coincide necesariamente con la causalidad natural. De esta manera, sólo es admisible establecer la relación entre la acción y el resultado cuando la conducta haya creado un peligro no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado y el resultado producido haya sido la concreción de dicho peligro.

Lo que, con el deseo de blindarse respecto a tal doctrina, pretende el recurrente es que la situación es diversa si quien padece esa patología descuida someterse al adecuado tratamiento. Y ello en referencia al tiempo anterior al comportamiento atribuido al agresor recurrente. El argumento alegado es que en tal caso la "situación de riesgo" ya no es solamente algo "natural" (sic) sino producto de un "acto" del paciente que hace de la misma una situación "no natural" (sic).

Olvida tan exótico razonar que ello no excluye que sean las heridas propinadas por el recurrente las que, si no crearon el riesgo de fallecimiento, desde luego lo incrementaron de manera evidente. Y ese aumento es el que, junto a los demás presupuestos, justifican la imputación del resultado al autor de la lesión que lo genera.

Desde luego no puede negarse que esos otros presupuesto de tal imputación concurren. Ninguna duda alcanza sobre la causalidad natural de la muerte de la víctima que, sin el apuñalamiento no habría ocurrido.

Que, además, las puñaladas, o al menos una de ellas, descrita en los informes periciales, dio lugar al peligro de muerte, jurídicamente desaprobado, desde las normas que protegen la vida y la integridad física, tampoco parece discutible. Desde luego la potencialidad de crear o, si se quiere, aumentar, riesgo, no debe valorarse desde la acción del acusado en abstracto. La potencialidad de la acción y, por ello, como se denomina por algún sector, la imputación objetiva de esa conducta, ha de efectuarse atendiendo a todas las circunstancias concretas concurrentes. También, es obvio, la vulnerabilidad de la víctima. Proceda ésta de la "naturaleza" o de la omisión de la víctima, en su autoprotección médica.

Y, finalmente, no es discutible que la muerte acaecida ha sido precisamente la realización objetiva y actual de ese aumento de peligro potencial. Y ello con absoluta independencia de la consideración subjetiva sobre su previsibilidad o no, lo que corresponde al tipo subjetivo y no es objeto de debate. Pues bien, sobre tal concreción ha de convenirse en que no ha sido el riesgo inherente a la patología previa, ni su desatención médica por el que la padecía, el que se realizó en el posterior fallecimiento. El riesgo que se hizo actual en la muerte fue el generado por las lesiones con cuchillo sin las cuales la muerte no habría sobrevenido. Y la evitación de dicha muerte es precisamente la finalidad de la norma que las lesiones infringieron.

Por todo ello el motivo debe ser rechazado.

SEPTIMO.- En el noveno motivo la impugnación se entra en un elemento subjetivo del tipo penal por el que se le condena: la existencia de intención de matar. Y el debate se sitúa en el ámbito de la infracción de ley con invocación del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Prescindiendo de si es discutible acudir a este cauce casacional para cuestionar un componente de naturaleza fáctica, habrá de convenirse que la afirmación de tal elemento subjetivo del tipo es la única conclusión razonable que cabe extraer de los datos de hecho que se declaran probados.

Solamente una de las heridas fue la determinante de la muerte. Las demás eran superficiales y fueron efectuadas para doblegar la voluntad de la víctima a los fines del apoderamiento de dinero por el agresor. Pero, como se razona en la recurrida, la dirección de la misma hacia el hemotórax izquierdo, al que alcanza entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, pone de manifiesto la voluntad homicida. Y, aún si ello se tuviera por equívoco a tal fin, no debe descartarse el elenco de circunstancias de que da cuenta la sentencia que incluye expresiones proferidas por el recurrente, no solamente exponiendo su proyecto de matar a la víctima sino de las razones de hacerlo, que eran la de evitar que le mismo le denunciase, que no por abyecta es menos creíble.

El acto de conducción a un hospital obedeció a una nueva decisión del autor fruto de la persistencia de la acompañante, que en modo alguno excluye la voluntad preexistente al tiempo de causar la herida. Y el estado de mayor o menor afectación de sus condiciones psíquicas y de capacidad de autodeterminación tampoco excluyen en razonamiento lógico la voluntad de causar la muerte.

Por todo ello este motivo debe ser rechazado.

OCTAVO.- En el décimo motivo se impugna la afirmación como probado del elenco de efectos producidos por la agresión con el cuchillo. Al amparo del art. 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con la finalidad de dejar un relato fáctico probado que excluya la situación de indefensión de la víctima.

Nuevamente hemos de recordar el cuadro de presupuestos que condicionan este cauce casacional. Los que dejamos expuesto al resolver el primero de los motivos.

Se trata por el recurrente de erradicar la afirmación de "debilidad y palidez" subsiguiente a la puñalada en el cuello de la víctima. Al efecto se invoca la descripción del informe de autopsia. Y, desde ella extraer la conclusión de que tal herida "no pudo sangrar abundantemente" Y añade que lo mismo y por iguales avales se dirá de la herida en zona clavicular.

Lo primero que ha de advertirse es que el informe médico forense sobre los resultados de la diligencia de autopsia no constituye un documento. Es una prueba de naturaleza personal, pericial, que se documenta en dicho informe. Y los dictámenes periciales solamente de modo excepcional reciben el tratamiento de documento a efectos de este motivo de casación.

Como recuerda la Sentencia de este Tribunal 1145/2006, de 23 de noviembre excepcionalmente, se les reconoce virtualidad como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando:

a) existiendo un solo dictámen o varios absolutamente coincidentes y no disponiendo la Audiencia de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que altere relativamente su sentido originario.

b) cuando contando solamente con dicho dictámen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con los de los citados informes, sin expresar las razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable (SSTS 182/2000 de 8 de febrero, 1224/2000 de 8 de julio, 1572/2000 de 17 de octubre, 1729/2003 de 24 de diciembre, 299/2004 de 4 de marzo y 417/2004 de 29 de marzo ).

Y, en segundo lugar, la conclusión, que desde el documento desautorice el hecho declarado probado, no ha de necesitar añadidos argumentales sino que debe ser literosuficiente o tener capacidad por sí solo para proclamar un enunciado fáctico incompatible con el asumido en la sentencia que se combate.

Es obvio que la conclusión contraria al relato fáctico, que el recurrente postula, no deriva directamente del enunciado del informe invocado. Por lo que no se trataría de un documento literosuficente. Pero es que, además, tampoco cabe decir que la afirmación de la sentencia sobre el estado inerte de la víctima sea incompatible con la descripción que se hace en el informe de autopsia.

El motivo debe ser rechazado.

NOVENO.- El motivo undécimo, como el recurrente advierte, es tributario del anterior. En efecto, al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estima cometido error jurídico, por consideración de méritos para valorar como concurrente la agravante de alevosía. Y dado que tal motivo casacional pasa por la del pleno respeto, la declaración de hechos probados, no discutiendo el recurrente que ésta, tal como se enuncia en la sentencia recurrida, justifica la agravación, postuló su previa modificación.

Ya hemos dejado dicho que sin éxito alguno. De suerte que el fracaso en el intento de modificar los hechos acarrea también el fracaso de esta otra impugnación.

DECIMO.- El motivo duodécimo, al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal postula la casación de la recurrida con la finalidad de valorar los hechos probados como suficientes para que la atenuante de reparación alcance la consideración de muy cualificada.

La sentencia recurrida justifica el alcance ordinario de atenuación, dado al acto de llevar al herido al hospital. El recurrente en nada justifica la pretensión de que, además, esa atenuante sea muy cualificada. Desde luego, lo hecho por el él no era todo lo que podía hacer ya que la ayuda hubiera podido dispensarse más anticipada y eficazmente, y el perjuicio originado podía intentar paliarse de algún modo y no ofreciendo respecto a él plena indiferencia.

Por lo que las razones dadas por la recurrida permanecen inalteradas y el motivo debe ser rechazado.

UNDECIMO.- En relación con el delito de asesinato intentado, al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia lo que se estima error jurídico, por considerar que los hechos probados no autorizan a proclamar que el recurrente tuviera intención de matar al Sr. Gustavo .

Con la salvedad dicha en relación al asesinato consumado sobre el cauce para discutir la presencia de este elemento subjetivo del tipo, también aquí debemos convenir con la sentencia recurrida en que el uso de un cuchillo de 14 centímetros, con el que se causa una herida en el hemotórax derecho, penetrando en tercer espacio intercostal anterolateral derecho, de tal manera que se produce un neumohemotórax derecho, neumomediastino y enfisema subcutáneo en la pared torácica derecha, cuello e hipocondrio derecho, sin datos que revelan una inequívoca voluntad de causar la muerte, siquiera ésta se evitó por la rápida actuación médica.

DUODÉCIMO.- Finalmente estima el recurrente, en relación a la totalidad de los delitos por los que viene condenado, que en todos ellos debió considerarse que la adicción a tóxicos era tal que se ha vulnerado la ley por no considerar muy cualificada la atenuante de grave adicción indicada, lo que interesa al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Lo que el motivo pretende es la imposición de un juicio de valor, respecto a la trascendencia de sus condiciones personales de adicción a tóxicos, diverso del asumido en la sentencia. Y ello sin la introducción de ningún dato de hecho nuevo.

Basta reparar en la enormidad del mal causado para concluir que la adicción predicada del acusado no disminuye la reprochabilidad de su comportamiento, cuya responsabilidad fue ya generosamente atenuada.

Por ello el motivo debe ser desestimado

DECIMOTERCERO.- La parcial estimación del recurso, lleva a declarar de oficio las costas del mismo conforme al art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .