Sentencia Penal Nº 772/2005, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 276/2004 de 15 de Junio de 2005

PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional condena al recurrente como autor de un delito contra la salud pública, concurriendo la circunstancia de atenuación, muy calificada, de grave adicción del art. 21.2 del Código Penal. Formaliza una oposición que articula en tres motivos, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por quebrantamiento de forma y por error de derecho en lo referente a la penalidad impuesta.

El motivo por quebrantamiento de forma debe ser desestimado. Denuncia, al amparo del art. 851.1 de la Ley Procesal Penal, el empleo en el hecho probado de términos que predeterminan el fallo, en referencia a las frases del relato fáctico "dicha sustancia es de las que causan grave daño a la salud" y "el acusado venía dedicándose a este tipo de operaciones de venta como medio para sufragar su adicción a los opiáceos". El vicio procesal de la predeterminación del fallo, según constante y reiterada jurisprudencia, consiste en el empleo en el relato de hechos probados de términos jurídicos que adelantan al hecho la calificación jurídico de los mismos causante de indefensión, pues difícilmente podrá prosperar una impugnación casacional cuando el hecho probado anticipa en el mismo la calificación jurídica de los hechos.

En la explicación del vicio procesal la jurisprudencia ha expuesto cuáles son los requisitos: a) debe tratarse de expresiones técnico jurídicas que definen o dan nombre al núcleo esencial del tipo penal objeto de la condena; b) tales expresiones deben ser asequibles a los conocimientos específicos de los juristas, y dejan de serlo si son compartidos por el lenguaje común; c) las expresiones tienen que estar casualmente relacionadas con el fallo; y d) no integra el vicio procesal si suprimidos del relato fáctico, el mismo mantiene la califiación realizada.

Las frases acotadas son de conocimiento general, no reservados a juristas, y son descriptivas de la conducta que se enjuicia, sin que supongan un adelantamiento de la subsunción que imposibilite la defensa del condenado a través del recurso de casación, por lo que ninguna indefensión generan.

SEGUNDO.- En el primero de los motivos opone la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. En la impugnación no discute la tenencia de la droga, ni su condición de toxicómano, ni que el recurrente se hubiera desplazado a la localidad del Ferrol para la compra de sustancia tóxica. Discute el destino al tráfico de la sustancia intervenida, al afirmar que era para su consumo frente a la declaración fáctica que lo refiere para el destino a terceras personas.

El destino al tráfico, elemento esencial del delito contra la salud pública, requiere de de una actividad probatoria que acredite, bien de modo directo, bien indirecto, que la sustancia tóxica intervenida estaba preordenada al tráfico y no al propio consumo, supuesto éste último que no sería típico según resulta de la propia estructura típica del delito.

En el supuesto de la censura casacional no se afirma la realización de actos concretos de tráfico que haría innecesario analizar la racionalidad de la inferencia sobre el destino, lo que hace preciso indagar si la deducción que realiza el tribunal para afirmar ese destino típico resulta racional, por su acomodación a las reglas de la lógica o su sujección a criterios de ciencia o de experiencia.

Esta Sala, en una contante jurisprudencia, ha examinado impugnaciones similiares a la presente y ha atendido a los criterios expresados en la motivación de las sentencias de instancia para comprobar lo adecuado de la inferencia. Fruto de esa constante jurisprudencia es la determinación de unos criterios que, sin caracter exhaustivo, se han proporcionado. Así el criterio de la cantidad de sustancia intervenida, cuando este exceda de un consumo proporcionado del tenedor; el de la variedad de la sustancias; la condición de adicto o de consumidor; la tenencia de objetos normalmente relacionados con el tráfico de sustancias tóxicas; la división de la sustancia en unidades de distribución; etc... Se hace preciso analizar cada supuesto y comprobar si en el caso concreto la tenencia de sustancia tóxica aparece preordenada al tráfico o si, por el contrario, la afirmación del tribunal aparece como irracional, o no razonable, o, simplemente, no acreditada desde la perspectiva del principio in dubio pro reo.

El tribunal afirma el destino típico a partir de los siguientes indicios: era objeto de vigilancia policial y se le veía realizar contactos de corta duración con jóvenes; no acredita tuviera ingresos para satisfacer su adicción que el acusado cifra en 2000 pesetas diarias; llevaba la droga adquirida en su integridad, siendo lo normal que si era para dos días de consumo la guardara en su casa; el testimonio de un amigo suyo que en sede policial, posteriormente ratificada en el Juzgado y negado en el juicio, afirmó saber que el acusado vendía sustancia tóxica por mil pesetas la venta realizada.

El motivo debe ser estimado. El razonamiento del tribunal de instancia no resulta del todo racional y no alcanza a desvirtuar el derecho fundamental que alega en la impugnación. El que fuera objeto de vigilancias por parte de la policía y que fuera visto intercambiando cosas, no acredita otra cosa que la normalidad en las relaciones entre personas, y la acreditación de la realidad del tráfico hubiera derivado de la intervención a los compradores de la sustancia recién adquirida. Por otra parte, el acusado manifiesta que era su abuela la que le suministraba el dinero que el empleaba en la adquisición de sustancia tóxica, además de realizar algún trabajo en el negocio familiar de hostelería por el que cobraba alguna cantidad, extremo no desvirtuado por actividad probatoria. El recurrente afirma que la cantidad detentada era para su consumo de dos días, cantidad que esta Sala ha declarado, en reiterada jurisprudencia, que es una cantidad no relevante de la que no cabe deducir el destino al tráfico. Por último, las declaraciones del amigo del acusado, que en el juicio oral retractó y achacó a presiones policiales, se limitan a declarar, ante una pregunta referida a si sabe si su amigo se dedica a la venta de sustancia por mil pesetas, que "supone que sí", es expresión que no constituye una prueba del hecho, sino una suposición que realiza una persona respecto a la conducta de otra, pero no afirma, con el sentido preciso de cargo, la realidad de la imputación de realización de actos de venta.

Consecuentemente, no se practicó la precisa actividad probatoria sobre el hecho de la imputación, por lo que el motivo debe ser estimado, procediendo a dictar segunda sentencia absolutoria de la acusación formulada contra él.