Sentencia Penal Nº 802/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 61/2010 de 25 de Octubre de 2010

Documentos relacionados
  • Sentencia Penal Nº 669/2008, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 60/2008, 11-11-2008

    Órden: Penal Fecha: 11/11/2008 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Num. Sentencia: 669/2008 Num. Recurso: 60/2008

  • Sentencia Penal Nº 794/2013, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 73/2013, 04-10-2013

    Órden: Penal Fecha: 04/10/2013 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Num. Sentencia: 794/2013 Num. Recurso: 73/2013

    I.- Formalitza la defensa del recurrent a l'empara del que permet l' art. 976 de la Lecrim reformat per la llei 38/2002de 24 d'octubre, en relació amb l'art. 790, l 'apel·lació de la sentència que el condemna a títol d'autor d'una falta de lesions en conexitat amb una de vexacions injustes lleus i una altra d'injúries a Agents de l'Autoritat, en un escrit d'al·legacions on planteja quatre arguments subsidiaris amb distint rang jeràrquic normatiu: A)Prescripció de les faltes objecte d...

  • Sentencia Penal Nº 387/2011, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 208/2010, 05-04-2011

    Órden: Penal Fecha: 05/04/2011 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Num. Sentencia: 387/2011 Num. Recurso: 208/2010

    I .- Formalitza la defensa del recurrent a l'empara del que permet l' art. 976 de la Lecrim reformada per la llei 38/2002de 24 d'octubre, en relació amb l'art. 790 , l'apel· lació de la sentència que el condemna a títol d'autor d'una falta de lesions per imprudència , en un escrit d'al·legacions on planteja sis arguments subsidiaris amb distint rang jeràrquic normatiu: A) Prescripció de la falta objecte de condemna; B) Infracció de normes constitucionals per vulneració de l' ar...

  • Sentencia Penal Nº 65/2004, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 150/2004, 27-05-2004

    Órden: Penal Fecha: 27/05/2004 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Tena Aragon, Maria Felix Num. Sentencia: 65/2004 Num. Recurso: 150/2004

    Cuando existe una jurisprudencia sobre un tema, como es el que hoy se conoce, no puede dejar de observarse la misma en aras al principio de "in dubio pro reo". No nos encontramos ante una interpretación dudosa de algún precepto para, en su caso, tener que optar por esa solución. Si el Alto Tribunal fundadamente además, ha entendido que el dies ad quem ha de ser el de comisión del nuevo delito y no el de sentencia, a ello debemos estar.

  • Sentencia Penal Nº 214/2014, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 465/2014, 24-06-2014

    Órden: Penal Fecha: 24/06/2014 Tribunal: Ap - Jaen Ponente: Perez Espino, Maria Esperanza Num. Sentencia: 214/2014 Num. Recurso: 465/2014

    Primero.- En la sentencia de instancia se condenó al acusado Octavio como autor de un delito Contra la Ordenación del Territorio del art. 319-2 y 3 del Código Penal , a la pena de un año de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 3 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago del art. 53 del Código Penal , e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio, de promotor o constructor durante un año. Y en concepto de responsabilidad civil...

Ver más documentos relacionados
  • Regulación de la demanda y contestación a la demanda del recurso Contencioso-Administrativo

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 06/02/2017

    Los Art. 52-57 ,Ley 29/1998, de 13 de julio se ocupan de la demanda y la contestación a la misma en el recurso contencioso-administrativo  De la demanda y la contestación a la misma en el orden contencioso-administrativo se ocupan los Art. 52-57 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y lo hacen en los siguientes términos. Demanda  Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordará que se e...

  • El cómputo de plazos en el procedimiento administrativo

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 19/01/2017

    Para conocer las reglas relativas al cómputo de plazos en el procedimiento administrativo, hay que acudir a lo dispuesto, en la actualidad, en el Art. 30 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Novedad sustancial de esta última regulación con respecto a la precedente, establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es que los sábados, en cuanto días inhábiles, se excluyen ya del cómputo, como se viene haciendo desde hace tiempo en el ámbito jurisidiccional. El Art. 30 ,Ley 39/2015, de 1 de oc...

  • Responsabilidades por demora en el procedimiento de expropiación forzosa.

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 01/03/2017

    Cuando habiendo transcurrido seis meses desde la iniciación del expediente expropiatorio sin que haya recaido resolución definitiva acerca del justo precio o habiéndose fijado el justo precio y no se hubiese procedido a su pago en ese plazo, el expropiado tendrá derecho a una indemnización que consistirá en el interés legal. Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las co...

Ver más documentos relacionados
  • Modelo de resolución de inadmisión de recurso administrativo fuera de plazo

    Fecha última revisión: 20/10/2016

        VISTO el recurso interpuesto por Dº [NOMBRE], en nombre y representación de [NOMBRE] contra la resolución adoptada por [ORGANO], en fecha [FECHA], sobre[DESCRIPCION], y de conformidad con los siguientes:                                                       ANTECEDENTES DE HECHOS   Primero.- La precitada resolución fue notificada al interesado el día [FECHA], según se acredita mediante el certificado del acuse de recibo expedido  por el servicio de corre...

Ver más documentos relacionados
  • Análisis del cómputo de los noventa días en los Despidos colectivos (Doctrina y fraude de ley)

    Fecha última revisión: 15/04/2016

  • RESUMENAnálisis del cómputo de los noventa días en los Despidos colectivos (Doctrina y fraude de ley)El apdo. 1, Art. 51 ,ET establece un periodo de noventa días para que los despidos realizados computen para la existencia de despido colectivo y resulte obligatoria la tramitación de un ERE. Se realiza un análisis del computo de las extincones que en un periodo de noventa días pueden realizarse sin que nazca la existencia de un despido colectivo y en consonacia la obligación a la tramitac...

Ver más documentos relacionados
  • Resolución Vinculante de DGT, V3748-15, 26-11-2015

    Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 26/11/2015

  • Núm. Resolución: V3748-15
  • NormativaTRLITPAJD RDLeg 1/1993 art. 10-2-eCuestiónComo liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales de este contrato de arrendamiento por plazo vitalicio.DescripciónEl consultante va a constituir sobre una vivienda de su propiedad, un contrato de alquiler de carácter vitalicio hasta el fallecimiento del arrendatario. Dicho contrato se elevará a público ante Notario y se inscribirá en el Registro de la Propiedad.ContestaciónLos contratos vitalicios son contratos sometidos a plazo....

  • Resolución de TEAC, 00/40/2003, 03-12-2008

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 03/12/2008

  • Núm. Resolución: 00/40/2003
  • ResumenIntereses de demora suspensivos. Cómputo, día final: aplicación de los artículos 104 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998) y 26.5 Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución, esto es 10 días desde que se acusa recibo de la comunicación de la sentencia por el órgano que hubiera realizado la activid...

  • Resolución de TEAC, 0361/2011/50/00, 23-01-2014

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 23/01/2014

  • Núm. Resolución: 0361/2011/50/00
  • ResumenProcedimiento económico-administrativo. Cómputo del plazo para interponer una reclamación económico-administrativa. De fecha a fecha. No aplicación del artículo 135.1 Ley de Enjuiciamiento Civil Descripción En la Villa de Madrid, en la fecha indicada (23/01/2014) en los recursos de anulación que penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuestos por la entidad X, S.A. con número de identific...

  • Resolución de TEAC, 00/4127/2002, 26-06-2008

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 26/06/2008

  • Núm. Resolución: 00/4127/2002
  • ResumenLa ejecución de la resolución económico-administrativa se realizó correctamente. No procede incorporar en la ejecución una documentación que no fue aportada por los interesados previamente, ni en el procedimiento inspector, ni ante las distintas instancias revisoras, teniendo en cuenta que los obligados tributarios ya plantearon la cuestión, sin el apoyo documental que ahora se facilita, cuando se formularon alegaciones al acta. Fue en aquel momento cuando pudieron y debieron aport...

  • Resolución de TEAF Navarra, 020394, 11-05-2005

    Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 11/05/2005

  • Núm. Resolución: 020394
  • ResumenDies a quo (día inicial de devengo) para el abono de intereses de demora cuando la cantidad devuelta lo es por retenciones que no debieron practicarse por hallarse exenta la renta sobre la que se practicaron: el acto de retención no fue impugnado en tiempo y forma, por lo que SE DESESTIMA. En lo que se refiere a la fijación del dies ad quem (día final de devengo), es correcto fijarlo en las fechas de las respectivas propuestas de devolución, que provocarán su ingreso efectivo al int...

Ver más documentos relacionados
  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Octubre de 2010
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Vidal Marsal, Santiago
  • Núm. Sentencia: 802/2010
  • Núm. Recurso: 61/2010
  • Núm. Cendoj: 08019370102010100469

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Sala Penal ( Secció 10ª)

Recurs d'apel.lació nº 61/10

Judici de Faltes nº 105/08 R

Jutjat d' Instrucció nº 2 de Barcelona

S E N T È N C I A Nº

Barcelona, vint-i-cinc d'octubre de dos mil deu

VIST en grau d'apel·lació per l'Ilm. Sr. Santiago VIDAL i MARSAL, magistrat de la Secció 10ª d'aquesta Audiència Provincial, el present rotlle derivat de

Judici de Faltes nº 105/08 procedent del Jutjat d'Instrucció nº 2 de Barcelona, en tràmit davant d'aquest tribunal de segona instància amb motiu del recurs

interposat pel denunciat Juan Alberto , contra la sentència dictada el dia 4 de març de 2008 per furt.

Antecedentes

PRIMER.- La part dispositiva de la sentència apel.lada té el contingut literal següent: FALLO " que debo condenar y condeno a Juan Alberto como autor responsable de una falta de hurto, a la pena de 45 DÍAS de multa con una cuota de 6 euros diarios, con una responsabilidad personal subsidiária de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Le condeno al pago de las costas proceales. Absuelvo a Dennis SHEVCHUK de los hechos por los que venía siendo acusado en este procedimiento".

SEGON.- Contra l'esmentada sentència va interposar -dins de termini legal- recurs la defensa del denunciat Don. Juan Alberto . Admès a tràmit per provisió de 25.6.08, prèvia impugnació del Ministeri Fiscal es van remetre les actuacions a aquest tribunal. Per interlocutòria de 19 de novembre de 2009, es va ordenar la devolució de la causa al jutjat atès que quedava pendent resoldre la petició del denunciat a fi i efecte que li fos designat advocat del torn d'ofici, per a la seva defensa en la segona instància. En data 5.3.10 es va esmenar dita omissió i tornaren a elevar-se les actuacions a la Sala.

TERCER.- Per diligència d'ordenació de 9 de setembre de 2010 s'ha designat magistrat ponent d'acord amb el torn de repartiment prefixat, i ha quedat el recurs vist per a sentència sense celebració de vista pública, atès que ni ha estat sol·licitada per la part recurrent ni la considera necessària el tribunal.

QUART.- En la tramitació del present recurs s'han observat les prescripcions exigides en la vigent llei d'enjudiciament criminal.

Hechos

S'ACCEPTA el relat fàctic descrit en la sentència apel.lada, que es dóna per reproduït a fi d'evitar repeticions innecessàries.

Fundamentos

I.- Formalitza la defensa del recurrent a l'empara del que permet l' art. 976 de la Lecrim reformada per la llei 38/2002de 24 d'octubre, en relació amb l'art. 790 , l'apel· lació de la sentència que el condemna a títol d'autor d'una falta de furt, en un escrit d'al·legacions on planteja dos arguments complementaris amb distint rang jeràrquic normatiu: A) Prescripció de la falta objecte de condemna; B) Error en la valoració de la prova i infracció de l' art. 24.2 CE .

Per tal de resoldre d'acord amb el dret la primera qüestió plantejada, cal tenir en compte que l' art. 131 del Codi Penal vigent ( LO 15/03 de 25 de novembre ) estableix diferents terminis de prescripció en funció de la gravetat de l'il·lícit penal objecte d'investigació, i que quan els fets són considerats jurídicament una falta el termini queda fixat en 6 mesos. Al seu torn, el concordant art. 132 matisa que aquests terminis es computaran des del dia en que s'hagi perpetrat el fet punible, amb interrupció de la prescripció des del moment en que el procediment es dirigeixi contra el culpable, començant de nou si es paralitza per causes no imputables al denunciat o conclou sense condemna, com succeeix en els afers on es dicta interlocutòria de sobreseïment provisional o lliure.

Quan el procés penal s'ha iniciat via denuncia policial, como succeeix en el present cas, les STS de 16.7.99 i 30.6.00 han matisat d'afegitó que la presentació de l'atestat en el jutjat opera com "dies ad quem", i que només els actes processals jurídicament rellevants gaudeixen d'entitat adient per a interrompre la prescripció, atès que estem davant d'un institut material clau per a la seguretat jurídica, cosa que permet apreciar-la àdhuc d'ofici i en qualsevol moment de la tramitació del procediment. És per això, que la Sala examinarà la qüestió plantejada en l'escrit de recurs malgrat que no es va al·legar com a qüestió prèvia a l'inici del judici oral de Faltes.

La defensa de l'apel·lant reclama que es consideri el període 20 d'agost de 2008 (data d'admisió a tràmit pel jutjat d'instrucció del recurs d'apel·lació) fins a 19 de novembre de 2009 ( data de la resolució de la Sala on ordena la devolució de la causa per no haver-se resolt la petició d'advocat d'ofici), com a termini de prescripció extintiva de la responsabilitat criminal, atès que van transcorre més de 6 mesos sense que l'acció penal s'hagués dirigit contra l'acusat.

D'acord amb els requisits de legalitat abans esmentats, el motiu del recurs està condemnat al fracàs, atès que la jurisprudència matisa que una cosa és el termini de prescripció hàbil entre la data dels fets i la seva denuncia; una altra, el termini de paralització de la tramitació de la causa en el jutjat instructor; i una tercera, el període que transcorri des que ja s'ha dictat sentència en la primera instància i es resolt el recurs d'apel·lació. Només les dues primeres són susceptibles de provocar l'extinció de la responsabilitat criminal, atès que fins llavors el denunciat és presumptament innocent. Tanmateix, una vegada dictada sentència condemnatòria, la qüestió jurídica és una altra, a saber, la seva fermesa o revocació. Cal no oblidar que la condemna dictada pel jutge penal és executiva llevat que s'interposi recurs dins de termini legal. En aquest afer, l'acusat va manifestar la seva voluntat de recorrer quan li va ser notificada, i simultàniament, va sol·licitar li fos nomenat advocat del torn d'ofici.

Certament, el jutjat va cometre un error involuntari en tramitar dita sol·licitud com un recurs, per la qual cosa la Sala va haver d'esmenar la omissió tot retornant el procediment a fi i efecte que es resolgués si s'acceptava o no cursar la designa col·legial, puix en aquesta classe d'afers la intervenció de lletrat no és obligatòria. La retroacció del procediment i la realització d'aquells tràmits fins a designar al lletrat Jordi Busquets, tenen efecte interruptiu dels terminis.

II.- En el segon motiu de recurs, de caire subsidiari, planteja la defensa l'error en la valoració de la prova i subseqüent infracció del principi constitucional de presumpció d'innocència, art. 24.2 CE , tot afirmant que no es gaudeix de cap testimoni presencial del furt..

Tanmateix, cap dada específica ens permet inferir s'hagi produït infracció de drets fonamentals en els termes que exigeix la STC 124/90 , doncs es limita el recurrent a afirmar que estem davant de versions contradictòries sobre els fets, i que la seva mereix igual o major credibilitat que la de la dependenta de la botiga denunciant. A criteri de l'apel·lant estaríem davant d'un supòsit d'absència absoluta de prova sobre qui va ser l'autor de la sostracció de la xaqueta, puix els Agents van detenir l'acusat quan ja era fora de l'establiment comercial, i aquest afirma que se l'acabava de trobar al terra.

L'estudi de la causa i de l'Acta del judici oral palesa que no és pas exactament així. En el judici es van practicar dues proves adicionals a la declaració dels tres implicats: una de caire personal, és a dir, la testifical dels dos detinguts, qui coincideixen en declarar que eren fora de la botiga i no hi havia arribat a entrar. L'altra, la declaració de l'empleada que afirma va veure Juan Alberto dins la tenda com es mirava la xaqueta que després va trobar a faltar. I aquesta imputació apareix complementada per la dels funcionaris policials que sostenen van veure en tot moment la peça de roba en mans de l'acusat, no pas que la recollís del terra.. Existeix per tant prova de càrrec, i la qüestió a debatre és la seva suficiència o eficàcia adient per tal de bandejar o no el principi "in dubio pro reo".

L'hipotètic error en l'apreciació de les esmentades proves que denuncia la part apel·lant, se centra en qüestionar l'encert del jutge penal a l'hora de valorar les declaracions incriminatòries del testimonis presencials.

La Sala ha de recordar que la nova valoració d'una prova de caire personal en aquesta segona instància és completament inviable per a modificar el veredicte emès pel jutge "a quo", d'acord amb el que recull la reiterada jurisprudència del nostre Tribunal Constitucional, entre moltes d'altres les STC 48/84 de 4 d'abril i 114/88 de 10 de juny , doncs es tracta d'una prova sotmesa al principi d'immediació, la credibilitat de la qual només pot ser verificada per qui l'ha escoltat directament, és a dir, el jutge sentenciador.

Ateses les nostres acotades funcions de Sala revisora de la legalitat i coherència jurídica de la sentència apel·lada, com ens recorden les STC 267/05 de 24 d'octubre i 239/06 de 17 de juliol , és obligat reiterar que el recurs previst en l' art. 790 Lecrim , d'aplicació supletòria en els recursos d'apel·lació en judicis de faltes ( art. 976), només autoritza al tribunal de segona instància a revisar el relat fàctic contingut en la sentència impugnada si s'acredita de forma fefaent i irrefutable pel recurrent que s'ha incorregut pel jutge "a quo" en error flagrant i manifest en la imparcial valoració de les proves practicades en el judici oral, d'acord amb els principis de publicitat, oralitat i contradicció, puix l' art. 741 de la LECRIM disposa que el tribunal sentenciador apreciarà en consciència i de forma conjunta totes les proves facilitades per les parts, amb motivació raonada i extracció de conclusions lògiques.

Com ha senyalat el Tribunal Suprem en sentència de 28 d'octubre de 2000 , la possibilitat de desvirtuar la inicial presumpció d'innocència que protegeix a tot inculpat a l'empara d'allò que disposa l' art. 24.2 CE , es fonamenta en l'anàlisi imparcial i objectiu de les versions explicades pels implicats, essent competència del jutge sentenciador ( i no de la Sala d'apel·lacions) esbrinar qui d'ells és més creïble ateses les circumstàncies perifèriques concurrents, a l'ensems que les possibles contradiccions detectades en relació a allò que han declarat. La STS de 8 de febrer de 1999 , ja va matisar que (sic) "la credibilidad del perjudicado o testigo, está sujeta a la percepción directa del tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo quien directamente ha escuchado la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad verbal y gestual, sin perjuicio de la documentación en el acta del juicio oral que, desde la perspectiva del control casacional, permite constatar que existió efectiva actividad probatoria pero no la valoración de la credibilidad de ese testimonio". Aquesta jurisprudència ha estat recentment reforçada amb les STC 167/02 i STS 41/03 , en el sentit de matisar que -llevat d'error flagrant derivat del propi contingut de l'acta del judici- el tribunal d'apel·lació no pot modificar l'apreciació directa del jutge davant de qui s'han practicat les proves personals, en no gaudir aquesta instància del principi d'immediació.

Les costes processals d'aquesta apel.lació es declaren d'ofici, en no apreciar-se especial temeritat en el recurs.

Vistes les normes legals esmentades i demés d'aplicació al cas sotmès a judici,

Fallo

Que amb desestimació del recurs d'apel.lació formalitzat per la defensa del denunciat Juan Alberto contra la sentència condemnatòria dictada el dia 4 de març de 2008 pel jutjat d'instrucció nº 2 dels de Barcelona , desestimo la petició de prescripció i CONFIRMO l'esmentada resolució. Declaro d'ofici les costes processals generades en aquesta alçada.

Notifiqui's aquesta sentència a totes les parts comparegudes, i feu-los saber que no s'escau interposar-hi recurs ordinari de cap classe. Retorneu les actuacions al jutjat instructor per al seu coneixement i efectes executius.

Deixeu-ne certificació en el rotlle d'apel.lació i arxiveu-lo sense més tràmits. Així ho pronuncio, mano i signo.

E/.

PUBLICACIÓ.- L'anterior sentència ha estat llegida en audiència pública pel magistrat que la signa. En dono fe.

Dies ad quem
In dubio pro reo