Sentencia Penal Nº 812/2005, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 389/2004 de 09 de Junio de 2005

ÚNICO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional condena a la recurrente como autora de un delito contra la salud pública contra la que formaliza una impugnación que articula en tres motivos por vulneración de su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en los dos primeros motivos, y por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia el tercero.

En el segundo de los motivos, formalizado por vulneración del derecho a un proceso con las garantías debidas denuncia la recurrente que la pericial sobre la sustancia intervenida a una persona que, según la imputación pública, le fue trasmitida por la acusada, adolece de tales defectos sobre identificación del procedimiento que imposibilita la acreditación de la sustancia como droga y, por ende, como objeto de tráfico de drogas por el que ha sido condenado.

Refiere como defectos los siguientes: el atestado policial se identifica con el número 7386, en tanto que el documento emitido por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, dependencia de Sanidad, lo identifica como 7368; en el atestado se indica que se remiten lo intervenido el mismo día de la intervención, el 27 de julio de 2000, sin embargo el oficio de Sanidad se refiere como fecha de remisión el 7 de septiembre de 2000; además, se denunció que en el oficio de Sanidad se hace constar la fecha de 18 de febrero de 2.002 como fecha de recepción de la sustancia para análisis, emitiéndose el informe el siguiente 21 de febrero de 2002; señala que el funcionario policial que realizó la entrega no es ninguno de los que intervinieron en la actuación policial. Por último, añadimos tras el examen de las actuaciones, que en el oficio de Sanidad se identifica el Juzgado al que se dirige la pericia, el Juzgado número cuatro, sin embargo su expresión es borrada y se sustituye por el número 3.

En el acto del juicio oral, la defensa impugnó la pericial realizada como consecuencia de los defectos señalados, los cuales adquieren la relevancia precisa para enervar la presunción de autenticidad a la que esta Sala se ha referido para validar, como prueba documental, la pericial realizada por organismos oficiales cuando no ha sido objeto de expresa impugnación por alguna de las partes en sus escritos de calificación provisional, previa a la celebración del juicio oral.

La defensa de la acusada planteó estas cuestiones en la audiencia preliminar que fue rechazada por el tribunal de instancia argumentando que se trataba de un "mero baile de cifras" en la identificación del atestado policial, extremo que si bien podría justificar el cambio del número del atestado, no permite explicar las restantes irregularidades existentes, cobrando especial importancia la diferencias entre las fechas de intervención, de recepción y de realización del análisis de la sustancia tóxica, particularmente la realización aparente de un análisis de la sustancia intervenida casi dos años después de la intervención sin causa que lo justifique o que explicara esa situación que ha de reputarse de anómala, máxime cuando los propios funcionarios policiales manifestaron en el juicio que esas periciales se incorporaban a la causa en un plazo de 3 meses.

Las irregularidades expuestas hacen que no pueda reputarse acreditado que lo intervenido, y supuestamente entregado a Franco , fuera sustancia tóxica en los términos que aparecen en la pericial documentada en el procedimiento, por lo que procede estimar el motivo y declarar no enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia.