Sentencia Penal Nº 829/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 1964/2001 de 09 de Junio de 2003

El TS desestima los recursos de casación interpuestos por la acusación particular, y por el procesado, contra la sentencia que le condenó por delito societario. Manifiesta la Sala que la resolución impugnada está suficientemente motivada y cumple los cánones constitucionales exigidos para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva. El contenido de los documentos que se transcriben, sólo sirve para acreditar que efectivamente existió una relación contractual y fiduciaria con las instituciones y personas que se citan en los mismos, pero ello no desvirtúa en absoluto el hecho de la descapitalización de las sociedades y el impago de las deudas, que son el núcleo de la imputación que sirve de sustento a la condena impuesta. En cuanto al recurso de la acusación, la Sala entiende que la Sala sentenciadora, valorando con un criterio racional y lógico, todos los documentos aportados, los relaciona con los otros datos probatorios que obran en las actuaciones y llega a la conclusión de que el contrato de alta dirección no es falso. Para ello toma en consideración un dato altamente significativo, como es la inactividad de los socios de la empresa que no impugnan, denuncian o desmontan la posible trama o estafa procesal.