Sentencia Penal Nº 88/2019, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1, Rec 145/2019 de 12 de Marzo de 2019

Encabezamiento

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SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
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Las Palmas de Gran Canaria
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Rollo: Apelación Juicio sobre delitos leves
Nº Rollo: 0000145/2019
NIG: 3501643220170030668
Resolución:Sentencia 000088/2019
Proc. origen: Juicio sobre delitos leves Nº proc. origen: 0006015/2017-00
Jdo. origen: Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria
Denunciante: Emilia
Apelante: Jon ; Abogado: Jose Luis Alvarez Bermudez; Procurador: Ramses Ojeda Ojeda Diaz
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de Marzo de 2019
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Pedro Joaquín Herrera Puentes, Magistrado de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, adscrito al orden penal (Sección Primera), actuando como órgano unipersonal y en grado de
apelación, los autos de Juicio Inmediato por delito leve más arriba referenciados, sobre hurto, entre partes y
como apelante Don Jon , (denunciado), representado por el Procurador Don Ramses Afonso Ojeda Muñoz y
asistido por el abogado Don José Luís Álvarez Bermúdez, y como parte apelada Doña Emilia , (denunciante),
siendo asimismo parte el Ministerio Fiscal, en la concreta representación que la ley le asigna

Antecedentes

PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, que se da aquí por reproducida y que a continuación se transcribe: Son hechos probados y así se declara expresamente que la madrugada del día 13 de junio de 2017 el denunciado D. Jon u otra persona con la que actuó de mutuo acuerdo, cogió del interior del bolso de la denunciante una cartera con documentación personal, 190€ tarjetas personales y una tarjeta bancaria de la entidad La Caixa.

La madrugada del día 14 de junio el investigado acudió a una sucursal bancaria situada en La Paterna e intentó extraer dinero de la cuenta de la denunciante utilizando la tarjeta que el día anterior le había quitado.



SEGUNDO: Por el Juzgado de Instrucción se dictó sentencia en los referidos autos con fecha 8 de marzo de 2018, con el siguiente fallo: Que debo condenar y condeno a D. Jon como autor responsable de un delito ya descrito a la pena de multa de 60 días. Cada cuota diaria se fija en 6€. La anterior multa deberá ser satisfecha por el condenado en el plazo de 2 mes/es desde la firmeza de ésta sentencia. En caso de impago el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. El condenado D. Jon deberá indemnizar a la denunciante Dª.

Emilia con la suma de 190€.



TERCERO: Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito presentado, sin proponer nuevas pruebas y, dado traslado a las demás partes, se presentó escrito de impugnación con las alegaciones que constan en el mismo por el Ministerio Fiscal, sin que se considerara necesario la celebración de vista.



CUARTO: En la tramitación de esta alzada se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Es de resaltar la STS, Sala 2ª, de 24 de Febrero del año 2009, (número 139/2009 ), en cuyo fundamento tercero se recoge lo que sigue: . el derecho a la presunción de inocencia se configura. como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que como declara la STC 189/98, de 28 de Septiembre , -solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de aquella valoración, o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce a la prueba del hecho probado-. Así pues, y como bien resume la STS, Sala 2ª, de 25 de Noviembre de 2.008, (número 745/2008 ), cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia la labor del órgano ad quem queda delimitada por tres aspectos: 1º.- La comprobación si el juez de instancia contó con suficiente prueba de cargo, aunque fuese mínima, para dictar el pronunciamiento condenatorio recurrido. Ello integra la afirmación de que la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde en exclusiva a la parte acusadora, sin que le sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos. 2º.- La comprobación de que tales pruebas se han obtenido sin violar los derechos fundamentales, lo que las haría invalidas a efectos probatorios, debiendo estar incorporadas dichas pruebas con respeto a los principios de inmediación y contradicción, a salvo de lo previsto en la prueba preconstituida en los casos permitidos en la ley. 3º.- Constatación de racionalidad de las declaraciones y conclusiones alcanzadas por el Tribunal Sentenciador.

Por otro lado, debe recordarse que es pacífica la Jurisprudencia en el sentido de que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de la instancia, en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, siendo este juzgador y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de las pruebas y de valorar correctamente su resultado. Por ello, para que el Tribunal de la segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera, se precisa que, por quien se recurra, se acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos: -inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba.

-Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

-O cuando haya sido desvirtuado por probanzas practicadas en segunda instancia.

Es cierto que en el caso que se analiza se cuenta con el testimonio coherente de la denunciante y la copia de la cámara de seguridad, lo cual ha sido valorado por el Magistrado de Instrucción de manera correcta.

Y no se aprecia al respecto ni inexactitud ni error manifiesto de apreciación, siendo el mismo un fiel reflejo de la dinámica comisiva contenida en el relato fáctico, sin que los argumentos esgrimidos en el recurso desvirtúen, existiendo por tanto prueba de cargo suficiente para desvirtuar la verdad interina de la que está revestida la presunción iuris tantum de inocencia.

Conviene a efectos meramente ilustrativos además indicar que que no existe obstáculo alguno para que la grabación efectuada por las cámaras de seguridad pueda valorarse como prueba documental y que se tenga en cuenta lo detallado en torno a la descripción física que hace el denunciante y su correspondencia con el denunciado.

No se debe olvidar que para que tal prueba se considere lícita ha de tenerse presente lo siguiente: 1º.- Que la filmación no puede vulnerar ningún derecho esencial, tales como la intimidad o la dignidad de la persona afectada por la filmación.

2º.- Que, como consecuencia de lo anterior, tal filmación se lleve a cabo en espacios, lugares o locales libres y públicos, incluyéndose también los establecimientos oficiales, bancarios o empresariales, sin posibilidad alguna de extenderlo a los domicilios o lugares privados, o considerados como tales, por ejemplo los lugares reservados a aseos públicos, salvo que estos casos exista autorización judicial.

Así pues, es válida la captación de imágenes de personas sospechosas recogidas de manera subrepticia o clandestina en los momentos en los que se supone se está cometiendo un hecho delictivo, cuando tal captación se lleve a cabo en alguno de los espacios libres y públicos indicados, pues en tales circunstancias no cabe entender que se esté menoscabando ninguno de los derechos esenciales mencionados. En tal sentido el auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 11 de enero de 2007, con cita de Jurisprudencia y de la normativa legal en aquel tiempo aplicable, (incluida la Instrucción d 1/06 de la Agencia de Protección de Datos), realiza al respecto, y en relación a la licitud de unas grabaciones efectuadas por unas cámaras de vigilancia instaladas como dispositivo de seguridad en una cámara industrial, unas afirmaciones concluyentes y determinantes, resaltando de su contenido lo que sigue: En cuanto a estos clichés, pretende el recurrente negarles validez como piezas de convicción, por no haber sido autorizada judicialmente la grabación de la que derivan las secuencias por las que fueron identificados. Olvida el recurrente que en los supuestos en los que es preceptiva dicha autorización judicial son aquellos en los que se proceda clandestina o subrepticiamente a captar imágenes de personas sospechosas en los lugares que deban calificarse de privados por desarrollar en ellos tales sospechosos su vida íntima, (por todas la STS 1.733/2002, de 14 de Octubre ). Nada obsta, en cambio, a que un establecimiento privado decida dotar sus instalaciones con mecanismos de captación de imágenes, en su propia seguridad y en prevención de sucesos como el enjuiciado, siempre que las videocámaras se encuentren en zonas comunes, es decir, excluyendo aquellos espacios en los que se desarrolle la intimidad. Y por tal motivo tampoco existe obstáculo legal alguno para que queden incorporados como prueba documental los fotogramas aportados por las partes y las capturas de pantallas derivadas de lo grabado por las cámaras de seguridad, más aún, cuando finalmente ha existido la oportunidad de su cotejo con la grabación que deriva del soporte original donde están acumuladas las imágenes, lo que determina que no exista duda alguna sobre su correspondencia, pues como queda constancia la cámaras fijas se limitaron a grabar de forma continuada y nítida las imágenes captadas en un lugar público concreto durante el tiempo que en ellas se concreta. En apoyo de esto último cabe a traer a colación el contenido de la STS de 28 de Octubre de 2002 , en la que literalmente se dice que las alegaciones en las que se reprocha ausencia de control judicial de las filmaciones, son meramente retóricas. Tratándose de filmaciones no acordadas por el Juez, no cabe exigir a éste ninguna clase de control sino desde el momento en que aquéllas se ponen a su disposición y ni se citan ni se advierten irregularidad alguna en este sentido; así como la de 15 de Septiembre de 1999 en la que se dice lo que sigue: su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de 'testimonio mecánico y objetivo' de un suceso, con entidad probatoria similar. a la del testigo humano.

Por otro lado, no se debe perder de vista que conforme al testimonio de la denunciante y lo observado a través d ella cámara de seguridad, la única conclusión solvente es que fue el denunciado quuien de manera subrepticia se apoderó de la cartera de la denunciante, en concreto de los 190 euros en metálico que allí había, y además fue quien sin ningún éxito trató de conseguir más dinero haciendo uso de las tarjetas de debito o crédito que halló en la cartera.



SEGUNDO.- Concurren en el presente caso los elementos que caracterizan al delito leve de hurto, según el art. 234 del C. Penal . Y así, a la vista del relato fáctico referido esta tipificación, como bien hace el juez a quo, que se ha de conectar con el apartado segundo del citado precepto al no superar el total los 400 euros.

Finalmente indicar que la imposición de la pena impuesta se ajusta a lo legalmente previsto, (ver art.

66.2 del C. penal ), y la indemnización impuesta es igualmente acorde al menoscabo patrimonial causado.



TERCERO.-Al derivarse de cuanto antecede una desestimación del recurso, las costas procesales derivadas de esta alzada, si las hubiere, se imponen al apelante Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que me confiere la Constitución Española,

Fallo

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número Uno de los de Las Palmas dictada en el Juicio por delito leve a que se contrae el presente Rollo, confirmando íntegramente su contenido. Todo ello, con la imposición de las costas procesales derivadas de esta alzada, si las hubiere, al apelante.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.