Sentencia Penal Nº 90228/2019, Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 2, Rec 119/2019 de 18 de Julio de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA - SECCIÓN SEGUNDA
BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN ATALA
OFICINA COMÚN DE TRAMITACIÓN PENAL
ZIGOR-ARLOKO IZAPIDEEN BULEGO OROKORRA
C/ BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta
TEL. : 94 401.66.68 FAX : 94 401.69.92
NIG PV / IZO EAE: 48.04.1-17/003170
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.43.2-2017/0003170
RECURSO / ERREKURTSOA: Rollo apelación abreviado / Prozedura laburtuko apelazioko erroilua
119/2019- - 5OCT
Proc. Origen / Jatorriko prozedura: Procedimiento abreviado / Prozedura laburtua 111/2018
Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao / Bilboko Zigor-arloko 3 zk.ko Epaitegia
S E N T E N C I A N.º 90228/19
Ilmos/as Sres/as:
PRESIDENTE D. MANUEL AYO FERNANDEZ
MAGISTRADA DÑA. MARIA JOSE MARTINEZ SAINZ
MAGISTRADA DÑA. ELSA PISONERO DEL POZO RIESGO
En Bilbao, a 18 de julio de 2019.
VISTOS en segunda instancia, por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, los presentes
autos de Procedimiento Abreviado seguidos con el núm. 111/18 ante el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Bilbao
por delito CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRAFICO EN SU MODALIDAD DE CONDUCCION TEMERARIA
contra Javier , con NIE NUM000 , nacido en Slobozia (Rumanía) el NUM001 /1992, hijo de Pablo y
Justa , representado por la Procuradora Dª Marta Pascual Miravalles y defendido por el Letrado Dº. Alfredo
Honorato Álvarez ; siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal.
Expresa el parecer de la Sala, como Magistrado Ponente, el Ilmo Sr. D. MANUEL AYO FERNANDEZ.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Bilbao se dictó sentencia con fecha de 28 de febrero de 2019 en la que se declaran probados los siguientes HECHOS: " Probado y así se declara que el acusado Javier , nacido el NUM001 -1992, mayor de edad, con NIE NUM000 , con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, sobre las 12:35 horas del día 17 de Enero de 2017 conducía el vehículo matrícula ....KKH propiedad de Severino por la localidad de Bilbao haciéndolo de una manera absolutamente contraria la normas de circulación, llevando a cabo una conducta altamente peligrosa y desconsiderada para el resto de usuarios de la vía, tanto petaones como vehículos, poniendo a los mismos en grave peligro. El acusado circuló por las calles Luis Briñas, Pérez Galdós, Avda. del Ferrocarril y María Díaz de Haro de la localidad de Bilbao, rebasando varios semáforos en fase roja, rebasando vehículos a su izquierda, circulando en dirección prohibida en aquellos puntos en lo que la saturación del tráfico no le permitía avanzar, circulando en sentido contrario y realizando giros prohibidos por existir doble línea continua, provocando que varios peatones que cruzaban debidamente la calzada tuvieran que apartarse para evitar ser atropellados, estando un peatón de avanzada edad que caminaba con bastón a punto de ser arrollado.

A fin de evitar que continuara la marcha, los agentes de P.A.V. se dirigieron al acusado para que apagase el motor, haciendo el acusado caso omiso y en un intento de escapar, aceleró el vehículo, provocando que los agentes se apartaran para evitar ser atropellados, colisionado el acusado por alcance contra el vehículo matrícula .... RVJ conducido por Luis Andrés y propiedad de Tatiana que le precedía y que estaba debidamente detenido ante un semáforo en fase roja en la calle María Díaz de Haro confluencia con la calle Autonomía, causando daños al mismo por los que no se reclama." La parte dispositiva o fallo de la indicada sentencia dice textualmente: 'FALLO: Que debo condenar y condeno a Javier como autor responsable de un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria a la pena de prisión de ocho meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año y tres meses así como al abono de las costas procesales.'

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Javier en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.



TERCERO.- Elevados los Autos a esta Audiencia se dio traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre la celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.



CUARTO .- No estimándose necesaria la celebración de vista quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS Se aceptan los de la sentencia impugnada que se dan por íntegramente reproducidos en esta segunda instancia.

Fundamentos

PRIMERO. - Contra la sentencia dictada en instancia se ha interpuesto Recurso de apelación por parte de la representación procesal de Javier , solicitando se revoque dicha resolución en interés de la libre absolución de su representado alegando error en la apreciación de la prueba El Ministerio Fiscal mediante escrito de 27 de junio de 2019 impugnando el recurso de apelación interpuesto ha interesado la confirmación de la sentencia dictada.



SEGUNDO .- En relación al motivo referente al error en la apreciación de la prueba conviene recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al derecho a la presunción de inocencia y la valoración de la prueba que es perfectamente trasladable al recurso de apelación y así la STS 342/17, de 12 de mayo en su FD.

1º viene a establecer que "La jurisprudencia de esta Sala considera que el control casacional del respeto al derecho a la presunción de inocencia no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante el Tribunal de instancia porque a él y solo a él corresponde esta función valorativa, sino que únicamente autoriza a esta Sala de Casación a valorar, de una parte, la existencia de prueba de cargo adecuada y, de otra, su suficiencia. La prueba es adecuada cuando ha sido obtenida con respeto a los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales. Y la prueba es bastante cuando su contenido es netamente incriminatorio. Además, la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Está también fuera de dudas que el control de racionalidad de la inferencia no implica la sustitución del criterio valorativo del Tribunal sentenciador por el del Tribunal casacional, el juicio de inferencia del Tribunal 'a quo' sólo puede ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia (entre otras muchas, SSTS 330/2016, de 20 de abril(RJ 2016, 1837 ); 328/2016(RJ 2016, 1832), también, de 20 de abril ; 156/2016, de 29 de febrero(RJ 2016, 747 ); 137/2016, de 24 de febrero(RJ 2016, 706 ); ó 78/2016, de 10 de febrero (RJ 2016, 520); por citar sólo resoluciones del años del curso).

No basta la plasmación de otra hipótesis alternativa fáctica, para entender conculcado el derecho a la presunción de inocencia, como resulta de la propia jurisprudencia constitucional, plasmada entre otras en la STC 55/2015, de 16 de marzo (RTC 2015, 55): sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando 'la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada' ( SSTC 229/2003, de 18 de diciembre ( RTC 2003, 229), FJ 4 ; 111/2008, de 22 de septiembre ( RTC 2008, 111), FJ 3 ; 109/2009, de 11 de mayo(RTC 2009, 109), FJ 3 ; y 70/2010, de 18 de octubre (RTC 2010, 70), FJ 3); [...] nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que 'el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicita el amparo' ( STC 220/1998, de 16 de noviembre (RTC 1998, 220), FJ 3) y, de otro, que 'entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos' ( STC 124/2001, de 4 de junio (RTC 2001, 124), FJ 13)...' ( SSTC 13/2014(RTC 2014 , 13)a 16/2014(RTC 2014, 16), todas de 30 de enero, FJ 6 , y 23/2014, de 30 de enero [sic](RTC 2014, 23), FJ 5).

En definitiva, es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de Instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad." Asimismo la Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 2/2018, de 28 de mayo dispone que "¿ ha de significarse que, si bien este tipo de recurso constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal superior sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, lo que en principio no revestiría especial problemática respecto de la aplicación del derecho llevada a cabo en la primera instancia, no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia. La razón estriba en la más que asentada doctrina jurisprudencial según la cual cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española ), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron. Y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal , todo lo cual, sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones, seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia.

De las ventajas antes aludidas y derivadas de los principios enunciados carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar - en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas (facultad plenamente compatible con los principios de presunción de inocencia y tutela judicial efectiva) siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional 17/12/85 ; 23/6/86 ; 13/5/87 ; 2/7/90 entre otras) .

Consecuentemente con lo manifestado, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos: cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; y cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud - razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Supremo 29/12/93 y Sentencia del Tribunal Constitucional 1/3/93 ).

Labor de rectificación esta última que además será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal superior que debe resolver un recurso no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador que dictó la sentencia recurrida en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba."

TERCERO .- Se alza el recurrente contra la sentencia de instancia en base esencialmente a considerar que se ha vulnerado el principio in dubio pro reo porque es incomprensible que la sentencia se base en unos testimonios carentes de claridad y concreción en los aspectos fundamentales.

No hubo ninguna prueba objetiva que no entrara en contradicción con otras que desvirtuara el principio de presunción de inocencia.

Hubo declaraciones no concordantes entre los dos agentes que dicen hacer la persecución y el testigo de los hechos y hay ausencia de soportes audiovisuales o testificales del supuesto delito.

Examinadas las actuaciones, este Tribunal entiende que no pueden ser acogidas ninguna de las alegaciones efectuadas por el recurrente y que revelan su discrepancia con la labor de valoración que ha llevado a efecto el juez 'a quo' quien por el contrario ha argumentado convincentemente su fallo condenatorio valorando de modo racional el resultado de la prueba practicada en el juicio oral.

El Juzgador en la instancia estimó probados los hechos atendiendo a la declaraciones de los agentes de la Ertzaintza num. NUM002 y NUM003 señalando que el que no identificasen a ningún peatón a punto de ser atropellado no es de suyo invalidante de su testimonio porque era prioritario detener la marcha del vehículo conducido por el acusado, constando también en el atestado policial que los agentes policiales tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados aunque no lo dijeran en el acto del juicio oral, lo que no afecta a la credibilidad de sus manifestaciones, siendo finalmente el acusado interceptado y debidamente identificado, así como la declaración del testigo Luis Andrés que manifestó que la persona que detuvo la policía era la misma persona que conducía el vehículo que colisionó con él por alcance siendo así que trató de huir pero dada la existencia de otros vehículos no encontró hueco para pasar teniendo que detener su marcha, coincidiendo tanto los agentes policiales como el testigo Luis Andrés que la colisión se produjo como refleja el croquis obrante al folio 47 de las actuaciones.

Como consecuencia de este proceso deductivo lógico entendió el juzgador que los hechos eran constitutivos de un delito de conducción temeraria del artículo 380.1 del Código penal compartiendo esta Sala la fundamentación jurídica que se contiene en dicha resolución sobre los elementos de este delito.

En efecto, verificada la prueba y comprobada la valoración de la misma efectuada por la juzgadora de instancia, la misma se ajusta a las reglas de la lógica y máximas de experiencia, por lo que la Sala comparte las conclusiones valorativas alcanzadas por dicha juzgadora en cuanto que llega a estimar que efectivamente el acusado condujo el vehículo desde la calle Luis Briñas hasta la calle Maria Díaz de Haro en confluencia con la calle Autonomía infringiendo gravemente las normas que rigen la circulación, poniendo en grave peligro a peatones y vehículos por cuanto circuló a velocidad excesiva, rebasó varios semáforos en rojo, rebasando vehículos a su izquierda, circulando en dirección prohibida cuando la saturación del tráfico no le permitía avanzar , circulando en sentido contrario y realizando giros prohibidos por existir doble línea continua, por cuanto así resulta de las declaraciones de los agentes policiales que depusieron como testigos, los cuales pusieron en evidencia de forma coherente entre si la anómala conducción llevada a cabo por el acusado y el intento de huida cuando llega a la confluencia de la calle Maria Díaz de Haro con la calle Autonomía y no puede huir por la derecha al existir un bordillo y finalmente la declaración del testigo Luis Andrés quien puso de manifiesto, en relación al último momento, cuando estaba detenido con su vehículo en la calle Maria Díaz de Haro en la confluencia con la calle Autonomía, que el acusado intentó huir del lugar iniciando la marcha hacia adelante en el momento en que él intentaba circular al ponerse el semáforo en verde colisionando contra su vehículo, por lo que no hubo ninguna contradicción con las manifestaciones de los agentes policiales.

Asimismo existió prueba testifical suficiente para estimar acreditados los hechos al margen de que el recorrido efectuado por el acusado con su vehículo no conste incorporado a algún soporte audiovisual de las cámaras de grabación de la ciudad, por lo que debe desestimarse la pretensión revocatoria del apelante.

En consecuencia, por lo anteriormente fundamentado debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto.



CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código penal y 239 y siguientes de la LECrim las costas de esta segunda instancia deben ser impuestas al apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que DESESTIMANDO el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Javier contra la Sentencia de fecha 28 de febrero de 2019 dictada por la Ilma. Magistrada del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Bilbao en la Causa núm. 111/18 de la que el presente Rollo de Apelación de Abreviados núm. 119/19 dimana, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, con imposición al apelante de las costas devengadas en esta segunda instancia.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes con la advertencia de que contra la misma cabe la interposición de un recurso de casación por infracción de ley.

Este recurso se preparará mediante la presentación de un escrito autorizado con firma de Letrado y Procurador dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la presente resolución.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. Magistrados que la encabezan, doy fe.