Sentencia Penal Nº 913/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 911/2002 de 19 de Junio de 2003

Primero.- La sentencia de 4 de Febrero de 2002 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en la que se condenó a Consuelo y Luis Antonio como autores de un delito continuado de estafa agravado por la utilización de cheque y la especial cuantía con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño a la pena, a cada uno, de cuatro años de prisión y multa en los términos y con los demás pronunciamientos incluidos en el fallo.

Los hechos, en síntesis se refieren a que ambos condenados, que forman matrimonio, actuando conjuntamente cobraron un total de 29 cheques por un total de 115.452.251 ptas. que incorporaron a su patrimonio y que dedicaron a atenciones personales. Posteriormente, iniciado el procedimiento reintegraron, en dinero e inmuebles, la totalidad de lo obtenido.

El mecanismo utilizado fue manipular unos cheques bancarios, lo que llevaba a cabo Consuelo aprovechando su trabajo de oficina en la empresa Auxiliar de Ingeniería S.A. la manipulación consistía en modificar el nombre de los beneficiarios de los cheques que eran suministradores de la empresa citada, haciendo constar el de Consuelo , firmando al reverso, tras lo cual entregaba el talón a su marido quien los ingresaba en dos cuentas que tenía el matrimonio, siendo cargados los importes en la c/c de Auxiliar de Ingeniería S.A.

Se han formalizado dos recursos de sentido opuesto por los condenados y por el Ministerio Fiscal que serán estudiados seguida y separadamente.

Segundo.- Recurso conjunto de Consuelo y Luis Antonio .

Aparece formalizado a través de ocho motivos si bien se desistió del quinto, sexto y séptimo.

Motivo primero, por la vía de la vulneración de derechos fundamentales, se denuncia violación del derecho a la presunción de inocencia.

De la extensa argumentación del motivo, se deriva, paradójicamente, que lejos de denunciar un vacío probatorio de cargo, pues eso es, cabalmente, el ámbito propio de la denuncia efectuada por el recurrente, éste se refiere a otras cuestiones, derivando el debate al tema de la suficiencia del engaño o a la de otros elementos que vertebran el delito de estafa y a la existencia de perjuicio patrimonial alguno, toda vez que se integró la totalidad de lo apropiado.

Realmente en este control casacional se verifica que la sentencia dio cumplida cuenta del deber de motivación de la prueba de cargo, refiriéndose en primer lugar a la propia confesión de la condenada, que reconoció los hechos así como la intervención de su marido --folio 25 y 26--, pero además, la más cumplida corroboración de su culpabilidad se encuentra en el hecho de la devolución de todo lo que fue apropiado, razonando en la sentencia la prueba de cargo existente contra el marido existente tanto al nivel de vida descompasado que el matrimonio llevaba muy por encima del salario de la esposa, a lo que se une el hecho acreditado de que algún cheque fue emitido nominalmente --y cobrado-- por el marido, por lo que ninguna ignorancia puede oponer, a lo que se une la pericial caligráfica que acreditó la autoría de Consuelo en las manipulaciones de los cheques. En relación a la entidad del engaño y a la devolución del dinero, sólo es preciso decir que el engaño fue suficiente en el presente caso, tanto en sentido objetivo como subjetivo para integrar la estafa --SSTS de 26 de Julio de 2000 y nº 717/2002 de 24 de Abril-- engaño que se encuentra en íntima conexión con la relación de confianza en la que se desenvolvió la actividad laboral de la recurrente, siendo en el presente caso inaplicable la doctrina que se deriva del principio de autorresponsabilidad que niega la protección del ordenamiento jurídico penal a quien en las relaciones del tráfico jurídico-económico no guarda la debida diligencia de un ciudadano medio --SSTS 1285/98 de 29 de Octubre, 2006/2000 de 22 de Diciembre, 529/2000 de 27 de Marzo, 1537/2001 de 23 de Julio, 160/2002 de 4 de Febrero y 880/2002 de 14 de Mayo--. No existen datos que permitan efectuar una censura a los responsables de la empresa Auxiliar de Ingeniería S.A. donde prestaba sus servicios la recurrente. En cuanto a la devolución del dinero es cuestión que no desdibuja ni borra el delito más limitadamente puede tener el valor de atenuar la culpabilidad, y por tanto la punibilidad, a través de la concurrencia de una circunstancia atenuante, como así se efectuó en la instancia que apreció la genérica de reparación del daño.

En conclusión, hubo una cumplida prueba de cargo obtenida de acuerdo al canon de legalidad constitucional que fue incorporada a los autos de acuerdo al canon de legalidad ordinaria, que fue suficiente desde las exigencias constitucionales que se derivan del derecho a la presunción de inocencia, y que fue razonada y razonablemente valorada, por lo que la decisión es arbitraria.

Procede la desestimación del motivo.

El segundo motivo, por la vía del error iuris del nº 1 del art. 849 LECriminal denuncia como infringidos los arts. 250, 74 y 66 del vigente Código Penal.

En síntesis se censura la aplicación del tipo agravado del nº 3 del art. 250.1 --efectuar la estafa a medio de cheque, pagaré o letra de cambio-- así como la sexta de especial gravedad de la estafa, estimando que ha existido una vulneración del principio non bis in idem y al mismo tiempo se censura la extensión de la pena impuesta, si se tiene en cuenta que concurrió una circunstancia atenuante.

Los recurrentes, en el motivo, se refieren a los problemas concursales derivados de la falsedad en documento mercantil y la estafa cometida a medio de cheque o pagaré y a las diversas teorías existentes respecto a la punición. Es una cuestión que coincide, exactamente, pero en sentido diverso, con el recurso formalizado por el Ministerio Fiscal que será estudiado posteriormente por lo que nos remitimos a lo que diremos al abordar dicho recurso, bastando en este momento con afirmar que no hubo vulneración del principio in dubio pro reo y que la doble agravación punitiva, primero por la gravedad de defraudación a tenor del párrafo 6º del art. 250, y a continuación por la continuidad delictiva de acuerdo con el art. 74-2º no atenta contra aquel principio por recaer y valorar realidades distintas como se razonará por esta Sala casacional al fijar la penalidad a imponer.

Sólo como anticipo diremos que la decisión del Tribunal sentenciador de sancionar exclusivamente el delito de estafa agravado por la utilización de cheque, de suerte que el delito de falsedad quedaría absorbido y consumido por el tipo específico de estafa agravado, lo que constituye una de las posibilidades que contempla la doctrina, no ha sido la decisión sostenida por el Pleno de esta Sala de fecha 8 de Marzo de 2002, decisión que debe imponerse de acuerdo con la función unificadora de la jurisprudencia que tiene esta Sala, con la consecuencia de estimar el recurso del Ministerio Fiscal lo que deja sin practicidad el presente motivo.

El motivo tercero, por la vía del error facti y con la cita de los documentos identificados bajo las letras a) hasta e) se dice que el Tribunal sentenciador incurrió en error lo que quedaría evidenciado en tales documentos.

Al respecto recordemos que el motivo casacional fundado en este apartado del art. 849 LECriminal, tiene como presupuesto de la admisibilidad que se trate de documentos en el sentido casacional del término, por todas STS de 10 de Noviembre de 1995, que precisa por tales "....aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originas o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma.....". Dicho documento casacional, así precisado debe acreditar por sí mismo el error que se denuncia, no debe estar desvirtuado por otras probanzas, y finalmente, debe tratarse de un error trascendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del asunto.

En relación a los documentos citados en el motivo como acreditativos de tal error los identificados como bajo las letras d) y e) se refieren a pruebas de tipo personal aunque aparezcan documentados, lo que no les convierte en prueba documental y los de las letras a), b) y c) consistentes en los cheques cobrados por los recurrentes, así como informaciones bancarias de las cuentas de los recurrentes y de la empresa denunciante, nada acreditan en apoyo de las tesis de los recurrentes en el sentido de que Consuelo , actuaba siempre siguiendo las instrucciones de sus principales, de que no hubo estafa ni en definitiva perjuicio para los querellantes. El relato de la sentencia debe ser mantenido, y de el, destacamos el dato relevante y reconocido por la recurrente de que ambos recurrentes "....reintegraron a la entidad denunciante...." lo que justificó la aplicación de la atenuante ya citada más arriba.

Procede la desestimación del motivo.

El cuarto motivo, por la vía del Quebrantamiento de Forma del art. 851 LECriminal denuncia oscuridad de la sentencia en los hechos probados.

A través de este cauce se vuelve a insistir sobre la inexistencia de engaño y de perjuicio, pero es lo cierto que nada se concreta ni menos se acota respecto a los extremos del factum tachados de oscuridad. Una simple lectura del mismo lleva a la conclusión de no existir ambigüedad, incomprensión u oscuridad alguna; cuestión distinta es que el relato no merezca el apoyo de los recurrentes, pero al respecto debemos recordar que el autor es el Tribunal y que representa el juicio de certeza alcanzado sobre la valoración crítica de toda la prueba --de cargo y descargo-- practicada con independencia de que se comparta o no por el recurrente, que obviamente puede atacarlo por el cauce casacional del error in procedendo pero siempre que responda a críticas objetivamente evidenciables y no a extremos que --según el recurrente-- debieran haberse incluido.

Procede la desestimación del motivo.

Motivo octavo, por igual cauce que el anterior denuncia fallo corto o incongruencia omisiva porque no se han resuelto todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa.

Se trata de un motivo que recapitula todas las alegaciones, ya efectuadas, en los motivos anteriores, en el doble sentido de que la recurrente Consuelo actuó siguiendo las instrucciones de sus principales y de que no hubo perjuicio patrimonial porque hubo reintegro total.

Obviamente que tal versión quedó explícita y fundadamente rechazada en la sentencia sometida al presente control casacional en la medida que fue otro muy distinto el juicio de certeza alcanzado por el Tribunal, cuyas consecuencias jurídicas se fijaron en el fallo.

Procede la desestimación del motivo.

Tercero.- Recurso del Ministerio Fiscal.

A través de un único motivo al amparo del art. 849-1º LECriminal, denuncia como indebidamente inaplicados los arts. 392, 74, 77 y 28 del Código Penal.

En síntesis, y como ya se ha anticipado en el estudio del motivo segundo del anterior recurso, la sentencia de instancia, estimando que la concurrencia de la estafa agravada por empleo de cheque o pagaré --art. 250.1.3-- absorbe el disvalor de la falsedad documental, opta por estimar cometida exclusivamente tal estafa agravada y absuelve por el delito de falsedad documental y así lo acuerda en el fallo.

Tal opción interpretativa es una de las posibles y desde tal perspectiva puede estimarse como correcta, pero sin embargo no fue la asumida por la mayoría de la Sala en el Pleno no Jurisdiccional de 8 de Marzo de 2002. En efecto, de las tres opciones posibles de punición:

a) Considerar exclusivamente la estafa agravada del art. 250-1-3º por tratarse de un concurso de normas con el art. 392.

b) Considerar la situación como un concurso de delitos entre la estafa agravada del art. 250.1.3º y la falsedad de documento mercantil y

c) Concurso de delitos entre la estafa simple del art. 248 y la falsedad en documento mercantil, el Pleno no Jurisdiccional se decantó por la opción b) lo que se concretó en la STS 832/2002 de 13 de Mayo, en tanto que la sentencia de instancia lo hace por la a), y en esta situación, esta Sala en su función de policía jurídica que le es inherente como última instancia en el orden jurisdiccional penal facilitando al sistema jurídico el principio de seguridad jurídica, que también tiene reconocimiento constitucional en el art. 9-3º C.E., debe aceptar el recurso formalizado por el Ministerio Fiscal imponiendo la penalidad correspondiente de acuerdo con la doble punición del concurso de delitos, lo que se efectuará en la segunda sentencia.

Procede la estimación del motivo.

Cuarto.- En materia de costas, procede la imposición de las causadas por el recurso de los condenados en la instancia, declarándose de oficio las derivadas del recurso formalizado por el Ministerio Fiscal.

Primero.- La sentencia de 4 de Febrero de 2002 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en la que se condenó a Consuelo y Luis Antonio como autores de un delito continuado de estafa agravado por la utilización de cheque y la especial cuantía con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño a la pena, a cada uno, de cuatro años de prisión y multa en los términos y con los demás pronunciamientos incluidos en el fallo.

Los hechos, en síntesis se refieren a que ambos condenados, que forman matrimonio, actuando conjuntamente cobraron un total de 29 cheques por un total de 115.452.251 ptas. que incorporaron a su patrimonio y que dedicaron a atenciones personales. Posteriormente, iniciado el procedimiento reintegraron, en dinero e inmuebles, la totalidad de lo obtenido.

El mecanismo utilizado fue manipular unos cheques bancarios, lo que llevaba a cabo Consuelo aprovechando su trabajo de oficina en la empresa Auxiliar de Ingeniería S.A. la manipulación consistía en modificar el nombre de los beneficiarios de los cheques que eran suministradores de la empresa citada, haciendo constar el de Consuelo , firmando al reverso, tras lo cual entregaba el talón a su marido quien los ingresaba en dos cuentas que tenía el matrimonio, siendo cargados los importes en la c/c de Auxiliar de Ingeniería S.A.

Se han formalizado dos recursos de sentido opuesto por los condenados y por el Ministerio Fiscal que serán estudiados seguida y separadamente.

Segundo.- Recurso conjunto de Consuelo y Luis Antonio .

Aparece formalizado a través de ocho motivos si bien se desistió del quinto, sexto y séptimo.

Motivo primero, por la vía de la vulneración de derechos fundamentales, se denuncia violación del derecho a la presunción de inocencia.

De la extensa argumentación del motivo, se deriva, paradójicamente, que lejos de denunciar un vacío probatorio de cargo, pues eso es, cabalmente, el ámbito propio de la denuncia efectuada por el recurrente, éste se refiere a otras cuestiones, derivando el debate al tema de la suficiencia del engaño o a la de otros elementos que vertebran el delito de estafa y a la existencia de perjuicio patrimonial alguno, toda vez que se integró la totalidad de lo apropiado.

Realmente en este control casacional se verifica que la sentencia dio cumplida cuenta del deber de motivación de la prueba de cargo, refiriéndose en primer lugar a la propia confesión de la condenada, que reconoció los hechos así como la intervención de su marido --folio 25 y 26--, pero además, la más cumplida corroboración de su culpabilidad se encuentra en el hecho de la devolución de todo lo que fue apropiado, razonando en la sentencia la prueba de cargo existente contra el marido existente tanto al nivel de vida descompasado que el matrimonio llevaba muy por encima del salario de la esposa, a lo que se une el hecho acreditado de que algún cheque fue emitido nominalmente --y cobrado-- por el marido, por lo que ninguna ignorancia puede oponer, a lo que se une la pericial caligráfica que acreditó la autoría de Consuelo en las manipulaciones de los cheques. En relación a la entidad del engaño y a la devolución del dinero, sólo es preciso decir que el engaño fue suficiente en el presente caso, tanto en sentido objetivo como subjetivo para integrar la estafa --SSTS de 26 de Julio de 2000 y nº 717/2002 de 24 de Abril-- engaño que se encuentra en íntima conexión con la relación de confianza en la que se desenvolvió la actividad laboral de la recurrente, siendo en el presente caso inaplicable la doctrina que se deriva del principio de autorresponsabilidad que niega la protección del ordenamiento jurídico penal a quien en las relaciones del tráfico jurídico-económico no guarda la debida diligencia de un ciudadano medio --SSTS 1285/98 de 29 de Octubre, 2006/2000 de 22 de Diciembre, 529/2000 de 27 de Marzo, 1537/2001 de 23 de Julio, 160/2002 de 4 de Febrero y 880/2002 de 14 de Mayo--. No existen datos que permitan efectuar una censura a los responsables de la empresa Auxiliar de Ingeniería S.A. donde prestaba sus servicios la recurrente. En cuanto a la devolución del dinero es cuestión que no desdibuja ni borra el delito más limitadamente puede tener el valor de atenuar la culpabilidad, y por tanto la punibilidad, a través de la concurrencia de una circunstancia atenuante, como así se efectuó en la instancia que apreció la genérica de reparación del daño.

En conclusión, hubo una cumplida prueba de cargo obtenida de acuerdo al canon de legalidad constitucional que fue incorporada a los autos de acuerdo al canon de legalidad ordinaria, que fue suficiente desde las exigencias constitucionales que se derivan del derecho a la presunción de inocencia, y que fue razonada y razonablemente valorada, por lo que la decisión es arbitraria.

Procede la desestimación del motivo.

El segundo motivo, por la vía del error iuris del nº 1 del art. 849 LECriminal denuncia como infringidos los arts. 250, 74 y 66 del vigente Código Penal.

En síntesis se censura la aplicación del tipo agravado del nº 3 del art. 250.1 --efectuar la estafa a medio de cheque, pagaré o letra de cambio-- así como la sexta de especial gravedad de la estafa, estimando que ha existido una vulneración del principio non bis in idem y al mismo tiempo se censura la extensión de la pena impuesta, si se tiene en cuenta que concurrió una circunstancia atenuante.

Los recurrentes, en el motivo, se refieren a los problemas concursales derivados de la falsedad en documento mercantil y la estafa cometida a medio de cheque o pagaré y a las diversas teorías existentes respecto a la punición. Es una cuestión que coincide, exactamente, pero en sentido diverso, con el recurso formalizado por el Ministerio Fiscal que será estudiado posteriormente por lo que nos remitimos a lo que diremos al abordar dicho recurso, bastando en este momento con afirmar que no hubo vulneración del principio in dubio pro reo y que la doble agravación punitiva, primero por la gravedad de defraudación a tenor del párrafo 6º del art. 250, y a continuación por la continuidad delictiva de acuerdo con el art. 74-2º no atenta contra aquel principio por recaer y valorar realidades distintas como se razonará por esta Sala casacional al fijar la penalidad a imponer.

Sólo como anticipo diremos que la decisión del Tribunal sentenciador de sancionar exclusivamente el delito de estafa agravado por la utilización de cheque, de suerte que el delito de falsedad quedaría absorbido y consumido por el tipo específico de estafa agravado, lo que constituye una de las posibilidades que contempla la doctrina, no ha sido la decisión sostenida por el Pleno de esta Sala de fecha 8 de Marzo de 2002, decisión que debe imponerse de acuerdo con la función unificadora de la jurisprudencia que tiene esta Sala, con la consecuencia de estimar el recurso del Ministerio Fiscal lo que deja sin practicidad el presente motivo.

El motivo tercero, por la vía del error facti y con la cita de los documentos identificados bajo las letras a) hasta e) se dice que el Tribunal sentenciador incurrió en error lo que quedaría evidenciado en tales documentos.

Al respecto recordemos que el motivo casacional fundado en este apartado del art. 849 LECriminal, tiene como presupuesto de la admisibilidad que se trate de documentos en el sentido casacional del término, por todas STS de 10 de Noviembre de 1995, que precisa por tales "....aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originas o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma.....". Dicho documento casacional, así precisado debe acreditar por sí mismo el error que se denuncia, no debe estar desvirtuado por otras probanzas, y finalmente, debe tratarse de un error trascendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del asunto.

En relación a los documentos citados en el motivo como acreditativos de tal error los identificados como bajo las letras d) y e) se refieren a pruebas de tipo personal aunque aparezcan documentados, lo que no les convierte en prueba documental y los de las letras a), b) y c) consistentes en los cheques cobrados por los recurrentes, así como informaciones bancarias de las cuentas de los recurrentes y de la empresa denunciante, nada acreditan en apoyo de las tesis de los recurrentes en el sentido de que Consuelo , actuaba siempre siguiendo las instrucciones de sus principales, de que no hubo estafa ni en definitiva perjuicio para los querellantes. El relato de la sentencia debe ser mantenido, y de el, destacamos el dato relevante y reconocido por la recurrente de que ambos recurrentes "....reintegraron a la entidad denunciante...." lo que justificó la aplicación de la atenuante ya citada más arriba.

Procede la desestimación del motivo.

El cuarto motivo, por la vía del Quebrantamiento de Forma del art. 851 LECriminal denuncia oscuridad de la sentencia en los hechos probados.

A través de este cauce se vuelve a insistir sobre la inexistencia de engaño y de perjuicio, pero es lo cierto que nada se concreta ni menos se acota respecto a los extremos del factum tachados de oscuridad. Una simple lectura del mismo lleva a la conclusión de no existir ambigüedad, incomprensión u oscuridad alguna; cuestión distinta es que el relato no merezca el apoyo de los recurrentes, pero al respecto debemos recordar que el autor es el Tribunal y que representa el juicio de certeza alcanzado sobre la valoración crítica de toda la prueba --de cargo y descargo-- practicada con independencia de que se comparta o no por el recurrente, que obviamente puede atacarlo por el cauce casacional del error in procedendo pero siempre que responda a críticas objetivamente evidenciables y no a extremos que --según el recurrente-- debieran haberse incluido.

Procede la desestimación del motivo.

Motivo octavo, por igual cauce que el anterior denuncia fallo corto o incongruencia omisiva porque no se han resuelto todos los puntos que fueron objeto de acusación y defensa.

Se trata de un motivo que recapitula todas las alegaciones, ya efectuadas, en los motivos anteriores, en el doble sentido de que la recurrente Consuelo actuó siguiendo las instrucciones de sus principales y de que no hubo perjuicio patrimonial porque hubo reintegro total.

Obviamente que tal versión quedó explícita y fundadamente rechazada en la sentencia sometida al presente control casacional en la medida que fue otro muy distinto el juicio de certeza alcanzado por el Tribunal, cuyas consecuencias jurídicas se fijaron en el fallo.

Procede la desestimación del motivo.

Tercero.- Recurso del Ministerio Fiscal.

A través de un único motivo al amparo del art. 849-1º LECriminal, denuncia como indebidamente inaplicados los arts. 392, 74, 77 y 28 del Código Penal.

En síntesis, y como ya se ha anticipado en el estudio del motivo segundo del anterior recurso, la sentencia de instancia, estimando que la concurrencia de la estafa agravada por empleo de cheque o pagaré --art. 250.1.3-- absorbe el disvalor de la falsedad documental, opta por estimar cometida exclusivamente tal estafa agravada y absuelve por el delito de falsedad documental y así lo acuerda en el fallo.

Tal opción interpretativa es una de las posibles y desde tal perspectiva puede estimarse como correcta, pero sin embargo no fue la asumida por la mayoría de la Sala en el Pleno no Jurisdiccional de 8 de Marzo de 2002. En efecto, de las tres opciones posibles de punición:

a) Considerar exclusivamente la estafa agravada del art. 250-1-3º por tratarse de un concurso de normas con el art. 392.

b) Considerar la situación como un concurso de delitos entre la estafa agravada del art. 250.1.3º y la falsedad de documento mercantil y

c) Concurso de delitos entre la estafa simple del art. 248 y la falsedad en documento mercantil, el Pleno no Jurisdiccional se decantó por la opción b) lo que se concretó en la STS 832/2002 de 13 de Mayo, en tanto que la sentencia de instancia lo hace por la a), y en esta situación, esta Sala en su función de policía jurídica que le es inherente como última instancia en el orden jurisdiccional penal facilitando al sistema jurídico el principio de seguridad jurídica, que también tiene reconocimiento constitucional en el art. 9-3º C.E., debe aceptar el recurso formalizado por el Ministerio Fiscal imponiendo la penalidad correspondiente de acuerdo con la doble punición del concurso de delitos, lo que se efectuará en la segunda sentencia.

Procede la estimación del motivo.

Cuarto.- En materia de costas, procede la imposición de las causadas por el recurso de los condenados en la instancia, declarándose de oficio las derivadas del recurso formalizado por el Ministerio Fiscal.