Sentencia Penal Nº 917/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 395/2002 de 23 de Junio de 2003

El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, contra la sentencia que absolvió a los acusados del delito de prevaricación y de los delitos de malversación de caudales público. Manifiesta la Sala que los pagos realizados a las personas, irregularmente contratadas, tenían un destino público (art. 433 C.P. 1995). Ningún acusado se apropió o consintió que el personal contratado se apropiara de los pagos realizados, que se hicieron, según tarifas o módulos aprobados, por el trabajo que de forma real y efectiva desempeñaron en beneficio del municipio, como servicio público del mismo. Contrastando los datos reales que la sentencia desmenuza en el factum y en la fundamentación jurídica, con la doctrina de esta Sala respecto al dolo exigible en el delito de prevaricación, es obvio que nos hallamos ante meras ilegalidades administrativas y no ante una resolución arbitraria que clamorosamente evidencia un claro desprecio a los intereses generales. En el caso de autos concurrieron factores de interés público que aconsejaban o justificaban una decisión, que siendo formalmente contraria a la ley, estaba impulsada por el deseo de atender necesidades inaplazables de interés general.