Sentencia Penal Nº 928/2011, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 2331/2010 de 14 de Septiembre de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Septiembre de 2011
  • Tribunal: Tribunal Supremo
  • Ponente: Monterde Ferrer, Francisco
  • Núm. Sentencia: 928/2011
  • Núm. Recurso: 2331/2010
  • Núm. Cendoj: 28079120012011100927
Resumen:
Delito contra la salud pública. Cocaína .Presunción de inocencia. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Prueba pericial.Infracción de ley. Elementos del delito. Penalidad. LO. 5/2010..

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Septiembre de dos mil once.

En el recurso de casación que ante Nos pende con el nº 2331/2010, interpuesto por la representación procesal de D. Dimas , contra la sentencia dictada el 9/06/2010 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el Rollo de Sala Nº 22/2010 , correspondiente a las Diligencia Previas nº 811/2008, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cornellá de Llobregat, que condenó al recurrente, como autor responsable de un delito contra la salud pública , habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente D. Dimas , representado por el Procurador D. Manuel María Martínez de Lejarza Ureña; habiendo intervenido el Excmo. Sr. Fiscal, han dictado sentencia los Excmos. Sres. mencionados al margen, bajo ponencia de D. Francisco Monterde Ferrer que expresa el parecer de la Sala con arreglo a los siguientes:

Antecedentes

1.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Cornellá de Llobregat, incoó Diligencias Previas con el nº 811/08, en cuya causa la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, tras celebrar juicio oral y público, dictó sentencia el 9 de junio de 2010 , que contenía el siguiente Fallo: " QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Dimas como autor criminalmente responsables de un delito contra la salud pública del artículo 368 del C. Penal , con la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la agravante de reincidencia del artº 22.8 y 375 del C.Penal , a las penas de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, con accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE SETECIENTOS VEINTE EUROS (720.- €), cuyo impago determinará una responsabilidad personal subsidiaria de acuerdo con el previsto en el artículo 53 CP de DOS DÍAS de privación de libertad, así como al pago de las costas procesales, acordando igualmente el comiso y destrucción de la droga intervenida.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, se podrá interponer recurso de casación por infracción de Ley o quebrantamiento de forma, para ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta Audiencia, por medio de escrito autorizado con firmas de Letrado y Procurador, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación". (sic)

2.- En la citada sentencia se declararon probados los siguientes Hechos : " PRIMERO.- De lo actuado en el acto del juicio oral resulta probado y así se declara que el acusado en las presente actuaciones Dimas , mayor de edad en cuanto nacido el 29 de Mayo de 1977, con DNI nº NUM000 y condenado ejecutoriamente por sentencia firme de fecha de 11708705 dictada por los Tribunales Suizos por un delito de tráfico de drogas a la pena de 18 meses de prisión y 5 años de expulsión del territorio nacional, en fecha de 28 de Julio de 2008, sobre las 02:35 horas circulaba como ocupante del vehículo con matrícula ....-ZKD por la C-245 Km. 13 de la localidad de Cornella de Llobregat en compañía de otras tres personas, estando en posesión de 26 papelinas de cocaína que debidamente analizada arrojó un peso neto total de 11.90 gramos con un porcentaje de pureza de la droga de cuarenta y cinco por ciento como valor medio, la cual poseía dispuesta para su venta.

El valor total de la cocaína en el mercado, en el caso de haber llegado a su distribución, hubiese alcanzado el precio de 720 euros." (sic)

3.- Notificada la sentencia a las partes, la representación del acusado D. Dimas , anunció su propósito de interponer recurso de casación que se tuvo por preparado por auto de 30/07/2010, emplazándose seguidamente a las partes para que hiciesen uso de su derecho ante esta Sala.

4.- Por medio de escrito, que tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal en 27/12/2010, el, Procurador D. Manuel María Martínez de Lejarza Ureña, interpuso el anunciado recurso de casación articulado en los siguientes motivos:

Primero.- Al amparo del art 5.4 CE por vulneración del principio de presunción de inocencia (24.2 CE)

Segundo .- Por infracción de ley, al amparo del art.849.1 LECr., al haberse infringido el art . 368 CP .

Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del art 849.2 , por error en la apreciación de la prueba.

5.- El Ministerio Fiscal por medio de escrito fechado el 8/02/2011, evacuando el trámite que se le confirió, y por las razones que adujo, interesó la inadmisión de todos los motivos del recurso que, subsidiariamente, impugnó.

6.- Por providencia de 15/06/2011, se suspendió el señalamiento para el día 22 de junio del mismo año, acordándose nuevo señalamiento por providencia de 1/07/2011 para su deliberación y fallo el 7 de septiembre de 2011, quedando el recurso admitido y concluso, en cuya fecha la Sala deliberó con el resultado decisorio que a continuación se expresa:

Fundamentos

PRIMERO.- El primer motivo se basa en la vulneración del principio de presunción de inocencia del art 24.2 CE .

1. Alega el recurrente que la sentencia habiendo tenido en cuenta como prueba de cargo los indicios o elementos objetivos que constan en la resolución, no ha ponderado con la misma intensidad los datos de descargo, como son que el condenado es consumidor habitual desde los 14 ó 15 años, y que se iba unos días de vacaciones, por lo que hizo acopio de droga, ya preparada, para su propio consumo.

2. Indudablemente, como tantas veces ha dicho esta Sala, el motivo esgrimido-basado en el derecho a la presunción de inocencia- viene a suponer combatir el fallo por entender que los hechos no están probados, por no ser consecuencia de una actividad probatoria mínima y suficiente, razonablemente de cargo y revestida con todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen ( STS 12-2-92 ); o como ha declarado el TC (S.44/89, de 20 de febrero ) "por faltar una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales". De modo que una vez acreditada la existencia de tal probanza, su valoración es ya competencia del Tribunal sentenciador ( STS 21-6-98 ), conforme al art. 741 de la LECr , no correspondiendo al Tribunal de Casación revisar la valoración efectuada en la instancia en conciencia ( STC.126/86 de 22 de octubre y 25/03 , de 10 de febrero ). Por tanto, desde la perspectiva constitucional, el principio de libre valoración de la prueba, recogido en el art. 741 LECrim, implica que los distintos medios de prueba han de ser apreciados básicamente por los órganos judiciales, a quienes compete la misión exclusiva de valorar su significado y trascendencia en orden a la fundamentación de los fallos contenidos en sus Sentencias.

La presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en Sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por los Tribunales penales, pueda entenderse de cargo ( STC 51/1995, de 23 de febrero ).

Y tanto el TC. (Sª 174/85 , 175/85 , 160/88 , 229/88 , 111/90 , 348/93 , 62/94 , 78/94 , 244/94 , 182/95 ) como esta misma Sala , han precisado que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria , si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar tal presunción constitucional. Se coincide en resaltar como requisitos que debe satisfacer la prueba indiciaria los siguientes: que los indicios, que han de ser plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria, estén absolutamente acreditados, que de ellos fluya de manera natural, conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana, las consecuencias de la participación del recurrente en el hecho delictivo del que fue acusado y que el órgano judicial ha de explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de esos indicios probados, ha llegado a la convicción de que el acusado realizó la conducta tipificada como delito. En definitiva, como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional 24/1997 y 68/98 , que la prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria.

3. En nuestro caso, ciertamente, el tribunal de instancia salió al paso de todas las alegaciones que ahora reproduce en su motivo el recurrente. Así, en su fundamento de derecho segundo, la sentencia de instancia, por lo que se refiere al consumo , señala que "en el presente caso, partiendo del consumo de cocaína que el acusado reconoce -de "entre uno y dos gramos diarios"- y teniendo en cuenta la cantidad intervenida, tal suma excedería de citado límite- si bien por un estrecho margen por lo que, en todo caso, debe estimarse como un indicio de la preordenación al tráfico de la tenencia de la sustancia. Pero es que además, en modo alguno se ha acredtiado un consumo tal elevado como el acusado pretende. Así, llama la atención que su compañera sentimental, Coral afirma que en la época de la detención si bien no vivían juntos, eran pareja, y que "no le había visto consumir grandes cantidades, solo para el día o para el fin de semana", sin saber lo que se gastaba semanalmente en cocaína.".

Y sigue diciendo la sentencia sobre el informe médico-forense , que "En total coherencia con lo anterior, el informe médico forense que consta al folio 63 y 64 del presente Rollo, y que fue practicado a instancia de la defensa, no es compatible con tal elevado consumo como el acusado alega y en atención al cual pretende justificar la tenencia de la sustancia intervenida, siendo irrelevante al efecto, la analítica aportada por la defensa al folio 174 de la causa, ya que -de no tratarse de una simple fotocopia no autenticada- sólo acreditaría un resultado positivo a cocaína en la fecha de la extracción de muestras analizadas".

Hay que precisar que el primer informe se limita a constatar, tras la exploración física, "la conservación de las funciones superiores adecuadamente conservadas, y solamente, como sugerentes del consumo de drogas, caries dentales y fosas nasales con tabique desviado, mucosidad abundante ,mucosa algo atrófica e inexistencia de lesiones específicas". Y que último informe se refiere a una analítica, en la que se da "positivo a la cocaína", realizada en 2-3-09, cuando los hechos de autos acaecieron en fecha tan anterior como el 28-7-08.

Sobre los pretendidos ingresos , el tribunal precisa que "tampoco se ha acreditado que tenga alguno. Afirma que cobra una prestación por desempleo por importe de 1.190 euros, extremo que no ha sido acreditado, lo que no hubiese revestido especial dificultad. Afirma, que tampoco acredita, que en el momento de la detención vivía con su madre, y que sólo tenía que satisfacer una pensión alimenticia de 250 euros al mes, pero lo cierto es que incluso estimándose ciertos tales hechos, no resulta posible un consumo de cocaína diario tan elevado como se pretende.

Y con relación a la adquisición en relación con las vacaciones, la sentencia, si bien dice que el acusado tiene el derecho legítimo a la exculpación, afirmando "que la adquisición de una cantidad tan elevada se justifica con ocasión de las vacaciones que se disponía a realizar, aportando como prueba, no sólo la declaración de su compañera sentimental, sino los billetes de tres del citado viaje. Ahora bien, la alegación no puede obtener el efecto exonerador que se pretende. Al folio 87 el acusado declara de forma imprecisa respecto al número de días que pensaba disfrutar de vacaciones (primero afirma que doce días y después que tres semanas) y añade que desconocía cuando se iba y cuando regresaba, ya que "su novia le había comprado los billetes". Pués bien, de los folio 122 y 124 se desprende que tales billetes no fueron adquiridos hasta el día 31 de julio, es decir dos días después de que el acusado prestase la indicada declaración.

Finalmente, y por todo ello, concluye el tribunal de instancia que "ante la cantidad de droga intervenida (11,90 gr.), la incautación de dinero en billetes pequeños, la falta de justificación plausible de la tenencia de la droga, y sobre el origen del dinero que portaba el acusado, lleva a esta Sala a concluir que nos encontramos ante datos indiciarios bastantes para afirmar que la droga intervenida al acusado estaba destinada al tráfico".

Por tanto, ante la razonabilidad de lo transcrito, el intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso (en este sentido, la Sentencia 120/2003, de 28 de febrero ( STS 988/2003, de 4 de julio , 1222/2003, de 29 de septiembre , y 1460/03, de 7 de noviembre ). Es por ello que, en contra de lo alegado ,hay que entender que el Tribunal a quo dispuso de válida y eficaz prueba susceptible de sustentar el cargo, y que la Sala de instancia pudo valorar la prueba directa practicada y a partir de ahí sacar las inferencias necesarias hasta llegar a las conclusiones alcanzadas, conforme a la lógica y a las reglas de la experiencia humana, alcanzando la plena convicción sobre la participación del recurrente en el hecho delictivo.

Consecuentemente, el motivo ha de ser desestimado.

SEGUNDO.- El segundo motivo se formula por infracción de ley, al amparo del art.849.1 LECr., al haberse infringido el art 368 y concordantes del CP .

1. El recurrente alega que el relato fáctico no recoge todos los requisitos del tipo penal aplicado, puesto que el acusado es consumidor habitual de cocaína , y la sustancia ocupada era para su propio consumo habiendo manifestado que consumía a razón de 1 ó 2 gramos diarios, y se iba de vacaciones.

2. En segundo lugar ,argumenta , en relación con la LO 5/2010, de 22 de junio, que ,siendo plausible su versión, se le ha condenado a una pena desproporcionada teniendo en cuenta el margen legal del nuevo 368 CP, y que no se le ha aplicado el 2º párrafo, teniendo en cuenta la escasa entidad de la droga ocupada y que el condenado es consumidor habitual.

3. No procediendo, como consecuencia de la desestimación del motivo anterior, la modificación del hecho probado, el mismo ha sido correctamente calificado como constitutivo de un delito contra la salud pública del art. 368 del Código Penal , en su modalidad de tenencia preordenada al tráfico.

Además, el Ministerio Fiscal interesa la desestimación del motivo entendiendo que, dado que se invoca la LO 5/2010 de 22 de junio, de modificación del Código Penal, no procede la adaptación a la nueva penalidad establecida en el art. 368 del CP para el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, pues, teniendo en cuenta que concurre la agravante de reincidencia del art. 22.8 del CP , se le impuso la pena de 6 años de prisión, pena máxima que procedería imponer conforme a las nuevas previsiones legales, al concurrir la citada circunstancia de agravación.

Y realmente, aun cuando la nueva redacción del art 368 CP , en su primer párrafo, señala una pena de 3 a 6 años de prisión y multa, para el caso-como el nuestro -en que la sustancia es susceptible de causar grave daño a la salud, en vez de la de 3 a 9 años que antes de la reforma contenía el mismo precepto, la concurrencia de la circunstancia agravante apreciada, conlleva, conforme a la regla 3ª del art 66 CP , la imposición de la pena en su mitad superior, es decir entre los 4 años, 6 meses y 1 día y los 6 años.

Lo que sucede es que los 6 años constituyen el límite máximo de la pena imponible, y su mantenimiento contravendría la "ponderación" de la pena que como criterio penológico recoge el tribunal de instancia en su fundamento jurídico cuarto. En segunda sentencia, por tanto se fijará la pena privativa de libertad que corresponde, manteniéndose la pecuniaria en sus límites impuestos.

Por otra parte, claramente no es de aplicación el nuevo segundo párrafo del art 368 CP , en cuanto que no se dan los presupuesto exigidos por el texto, para la imposición de la pena inferior en grado, es decir la "escasa entidad del hecho y las circunstancias personales del culpable", dados los hechos declarados probados.

Consecuentemente, sólo de modo parcial, el motivo ha de ser estimado.

TERCERO.- El motivo se formula, al amparo del art 849.2 LECr , por error de hecho en la apreciación de la prueba.

1. Para el recurrente no se tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción resultante del informe medico-forense realizado en 3-6- 010, que acreditaba tal extremo desde hacía 20 años.

2. Debemos recordar que viene manteniendo esta Sala (Cfr .SSTS nº. 496 ,de 5 de abril de 1999 ; 14-10-2002 , nº 1653/2002 ; nº1423/2005, de 25 de noviembre , 762/2004 de 14 de junio ,y 67/2005 de 26 de enero , etc), ,que la invocación del motivo expresado, queda supeditada a la concurrencia de ciertos requisitos :

A) Que se hayan incluido en el relato histórico hechos no acontecidos o inexactos.

B) Que la acreditación de tal inexactitud tiene que estar evidenciada en documentos en el preciso sentido que tal término tiene en sede casacional. En tal sentido podemos recordar la STS de 10 de noviembre de 1995 en la que se precisa por tal "....aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma....", quedan fuera de este concepto las pruebas de naturaleza personal aunque estén documentadas por escrito , tales como declaraciones de imputados o testigos, el atestado policial y acta del Plenario, entre otras ( STS 220/2000 de 17 de febrero , 1553/2000 de 10 de octubre , y las en ella citadas).

La justificación de alterar el "factum" en virtud de prueba documental --y sólo esa-- estriba en que respecto de dicha prueba el Tribunal de Casación se encuentra en iguales posibilidades de valoración que el de instancia, en la medida que el documento permite un examen directo e inmediato como lo tuvo el Tribunal sentenciador, al margen de los principios de inmediación y contradicción.

De manera excepcional se ha admitido como tal el informe pericial ( SSTS núm. 1643/98 de 23 de diciembre , núm. 372/99 de 23 de febrero , sentencia de 30 de enero de 2004 y núm. 1046/2004 de 5 de octubre , así como, num 1200/2005, de 27 de octubre ) como fundamentación de la pretensión de modificación del apartado fáctico de una sentencia impugnada en casación cuando el Tribunal haya estimado el dictamen o dictámenes coincidentes como base única de los hechos declarados probados, pero incorporándolos a dicha declaración de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, de modo que se altere relevantemente su sentido originario o bien cuando haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen.

C) Que el documento por sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.

D) Que el supuesto error patentizado por el documento, no esté a su vez, desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad. Al respecto debe recordarse que la Ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien, todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica y de la valoración --razonada-- en conciencia de conformidad con el art. 741 LECr . Tratándose de varios informes de la misma naturaleza, se exige que todos sean coincidentes y que el Tribunal sentenciador, de forma inmotivada o arbitraria se haya separado de las conclusiones de aquellos no estando fundada su decisión en otros medios de prueba o haya alterado de forma relevante su sentido originario o llegando a conclusiones divergentes con las de los citados informes sin explicación alguna. ( SSTS 158/2000 y 1860/2002 de 11 de noviembre ).

E) Que los documentos en cuestión han de obrar en la causa, ya en el Sumario o en el Rollo de la Audiencia, sin que puedan cumplir esa función impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia.

F) Finalmente, el error denunciado ha de ser trascendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del tema, por lo que no cabe la estimación del motivo si éste sólo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes. Hay que recordar que el recurso se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o derecho no tengan capacidad de modificar el fallo ( SSTS 496/99 , 765/04 de 11 de junio ).

G) A los anteriores, debemos añadir desde una perspectiva estrictamente procesal la obligación, que le compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo --art. 855 LECr -- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del recurso ( STS 3-4-02 ), pero en todo caso, y como ya recuerda, entre otras la sentencia de esta Sala 332/04 de 11 de marzo , es obligación del recurrente además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del documento que acrediten claramente el error en el que se dice cayó el Tribunal, no siendo competencia de esta Sala de Casación "adivinar" tales extremos."

3. Con independencia de que no consta que la defensaa hubiese invocado la atenuante del art. 21.2 del Código Penal en su escrito de calificación provisional o en el elevado a definitivo en el juicio oral, el informe del Médico-Forense, según consta en la sentencia, no fue concluyente en cuanto a la afectación de su consumo en sus facultades de entender y querer.

El Tribunal de instancia en su fundamento de derecho segundo, precisa que "la compañera sentimental del acusado, Coral , afirma que en la época de la detención si bien no vivían juntos, eran pareja, y que "no le había visto consumir grandes cantidades, solo para el día o para el fin de semana", sin saber lo que se gastaba semanalmente en cocaína. En total coherencia con lo anterior, el informe médico forense que consta al folio 63 y 64 del Rollo, y que fue practicado a instancia de la defensa, no es compatible con tal elevado consumo como el acusado alega y en atención al cual pretende justificar la tenencia de la sustancia intervenida, siendo irrelevante al efecto, la analítica aportada por la defensa al folio 174 de la causa, ya que -de no tratarse de una simple fotocopia no autenticada- sólo acreditaría un resultado positivo a cocaína en la fecha de la extracción de muestras analizadas."

No concurriendo, por tanto, los requisitos exigidos para que prospere el motivo, el mismo ha de ser desestimado.

CUARTO.- Estimándose parcialmente el recurso se declaran de oficio sus costas ,de acuerdo con lo dispuesto en el art. 901 de la LECr .;

Fallo

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS haber lugar a la ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso interpuesto por vulneración de derechos constitucionales y por infracción de ley, por la representación del acusado Dimas , y en su virtud, casamos y anulamos parcialmente tal Sentencia, declarando de oficio las costas causadas, y dictando a continuación otra Sentencia más ajustada a Derecho.

Póngase esta resolución y la que a continuación se dice, en conocimiento de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, a la que se remitirán cuantos antecedentes elevó en su día a esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Joaquin Gimenez Garcia D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Francisco Monterde Ferrer D. Manuel Marchena Gomez D. Siro Francisco Garcia Perez

Drogas
Presunción de inocencia
Prueba de indicios
Valoración de la prueba
Medios de prueba
Prueba de cargo
Sentencia de condena
Hecho delictivo
Cocaína
Principio de presunción de inocencia
Indicio probado
Consumo de drogas
Delitos contra la salud pública
Tipo penal
Atenuante
Prueba documental
Modificación del hecho probado
Reincidencia
Error de hecho
Agravante
Grave adicción a sustancias tóxicas
Atestado policial
Informes periciales
Calificación provisional
Prueba pericial