Sentencia Penal Nº 959/2007, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 2368/2006 de 23 de Noviembre de 2007

PRIMERO.- Planteamiento. La sentencia recurrida condenó a Olga , Luis Angel , Trinidad y Raquel como autores de un delito de blanqueo de dinero cometido por imprudencia grave (art. 301.3 CP ). Eran trabajadores de Nasitrade S.L., sociedad perteneciente a Alberto , declarado rebelde en el presente procedimiento. Estos acusados, obedeciendo en su relación laboral órdenes de dicho Alberto , efectuaron operaciones de cambio de pesetas por diferentes monedas extranjeras (marcos alemanes, florines holandeses, dólares USA, etc.), sacaron y metieron dinero en cuentas bancarias de Nasitrade S.L. y de Alberto y viajaron a Estambul para llevar elevadas cantidades de dinero a la esposa e hijos de Alberto que allí residían.

Cada uno de dichos trabajadores fueron sancionados con un año y dos meses de prisión y multa de 36.000 euros con treinta días de responsabilidad personal subsidiaria.

Asimismo fueron condenados Pilar , Víctor , Domingo , Jesús y Adolfo que habían nacido en el mismo pueblo (Alepo, Siria) que Alberto , por el art. 301.1, párrafos 1º y penúltimo, por blanqueo doloso de dinero procedente de tráfico de drogas, imponiendo a cada uno de estos cinco acusados las penas de cuatro años y un día de prisión y multa de 300.000 euros.

Los hechos por los que se condenó a estos nueve imputados ocurrieron entre 1998 y 1999.

La misma Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, autora de la sentencia recurrida, había condenado en resolución de 18 de mayo de 2004 , luego recurrida en casación con recurso desestimado, por delito contra la salud pública relativo a tráfico de estupefacientes a los citados Alberto (16 años de prisión y multa de 426 millones de pesetas) y a Domingo y Víctor (11 años de prisión y multa de 320 millones de pesetas para cada uno).

Todos los condenados recurren ahora en casación conforme exponemos a continuación.

Recursos de Olga , Trinidad , Raquel y Luis Angel .

SEGUNDO.- Vamos a examinar unidos estos cuatro recursos que son los fomulados por los empleados de la empresa Nasitrade S.L. de la que era titular el acusado, declarado rebelde, Alberto , quienes, en tal calidad de empleados y siempre cumpliendo órdenes de este último, efectuaron, unos u otros, diversas operaciones, como fueron la siguientes:

-cambio de pesetas por diferentes monedas extranjeras;

-ingresos en efectivo en cuentas bancarias de la mencionada sociedad o de su titular;

-extracción de dinero de esas cuentas mediante cheques o por otro procedimiento;

-llevar dinero a Estambul (Turquía) en cantidades elevadas y entregarlo a la coacusada Pilar , esposa de Alberto o a los hijos de este matrimonio.

El Ministerio Fiscal acusó y la sentencia recurrida condenó a estos cuatro por delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, cometido mediante imprudencia grave, pues, aunque estos empleados de Nasitrade ignoraban tal origen del dinero, obraron de ese modo "sin adoptar las mínimas cautelas exigibles en su trabajo" (hechos probados, pág. 6 de la mencionada sentencia).

Luego, en el fundamento de derecho 1º, pág. 20, se concreta algo más, diciendo que estos cuatro acusados no tomaron "medida alguna para cerciorarse de que los bienes no procedían de un delito grave"; siendo después (fundamento de derecho 2º), págs. 24 y 25, donde más se dice al respecto y, partiendo de que esos comportamientos a que antes nos hemos referido no pueden considerarse "normales" por ser extraños a las prácticas comerciales ordinarias, se afirma que "todos ellos infringieron, como mínimo, el deber de cuidado que les era exigible". Al final de este párrafo se afirma que "debieron haber previsto que el origen del dinero era ilícito, y no adoptaron ninguna precaución ni cautela para evitar el blanqueo de dinero que se les encomendaba".

Así se justifica la condena antes referida de estos cuatro trabajadores de Nasitrade S.L. por el delito de blanqueo de capitales a título de imprudencia grave del art. 301.3 CP .

TERCERO.- Este tipo de infracción penal fue introducido en nuestra legislación por LO 8/1992 de 23 de diciembre que introdujo un nuevo precepto en nuestro CP, el apartado 3 del 344 bis h), luego recogido en el actual art. 301.3 del vigente código de 1995 .

Este art. 301, después de definir en sus apartados 1 y 2 este delito de blanqueo de capitales en su modalidad dolosa, creada por la misma LO 8/1992, dice así en su punto 3:

"Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo" (del valor de los bienes).

La doctrina en nuestro país ha señalado una doble dificultad en esta clase de delito; por un lado, el que los tipos a los que hace referencia (art. 301.1 y 2 ) sean infracciones esencialmente dolosas al exigirse de modo expreso, como uno de sus elementos, uno de carácter subjetivo como es el de que el sujeto que ha realizado alguno de los comportamientos sobre los bienes que allí se especifican haya actuado "sabiendo que estos (los bienes) tienen su origen en un delito". Si se ignora tal procedencia delictiva por no haber actuado el sujeto con la debida diligencia al respecto, hay posibilidad de entender que ha existido una imprudencia. Pero, y aquí radica la segunda dificultad, tal imprudencia ha de ser grave, esto es, habría de entenderse que cualquier persona en su misma situación habría llegado con facilidad a alcanzar ese conocimiento del origen delictivo de los bienes. De todos es conocido cómo no es fácil separar en estos casos lo grave (o temerario) de lo leve (o simple).

A estas dificultades se refiere la sentencia de esta sala 1034/2005 de 14 de septiembre citada en el fundamento de derecho 1º, pág. 21, de la sentencia recurrida.

CUARTO.- Por otro lado, hay que entender, a la vista del texto de este art. 301.3 , que nos hallamos en principio ante un delito común, no especial, es decir, ante una infracción que puede cometer cualquier ciudadano, ya que no se exige en esta particular norma penal ninguna cualidad concreta en la persona del sujeto activo.

Sin embargo, entendemos que esta clase de delitos de imprudencia grave es de difícil comisión para los particulares.

Hay una ley particular en esta materia de blanqueo de capitales, la 1/1993 de 28 de diciembre y su reglamento del año de 1995 que prescriben determinadas medidas para la prevención de estos delitos y para impedir la utilización del sistema financiero y otros rectores de la vida económica en pro de estas actividades, imponiendo determinados deberes específicos en esta materia a las entidades de crédito, aseguradoras, agencia de valores, sociedades de inversión colectiva, casinos de juego, promociones inmobiliarias, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.

La infracción de los deberes impuestos a estas personas jurídicas y físicas podrían constituir esa imprudencia grave del art. 301.3 CP . Cuando no exista vulneración de estas obligaciones específicas es difícil la comisión de esta clase de delitos; para los particulares, podemos decir -si no como regla absoluta, sí como criterio general- que no es posible la condena penal conforme a esta norma de nuestro código. En todo caso se requiere para tal condena que quede expresado en la sentencia condenatoria en qué punto concreto se produjo la infracción de ese deber de cuidado inherente siempre al concepto de imprudencia, es decir, ha de decirse qué es lo que podía haber hecho el acusado en estos casos de negligencia inexcusable, cómo podía haber alcanzado en este concreto ese conocimiento de la procedencia delictiva de esos bienes cuyo blanqueo se ha realizado.

La sentencia de esta sala 924/2005 de 17 de junio razona ampliamente en este sentido y absuelve a quienes venían condenados por la Audiencia Provincial porque, fuera de esos casos en que hay incumplimiento de esos deberes específicos regulados en esa Ley de 1993 y en ese reglamento de 1995, si no hay delito doloso (art. 301.1 y 301.2 ) es prácticamente imposible que pueda existir el cometido por imprudencia grave (art. 301.3 ).

QUINTO.- En realidad con lo dicho queda de manifiesto que nuestro pronunciamiento aquí ha de ser acorde con las pretensiones de los recurrentes Olga , Raquel , Trinidad y Domingo .

Hemos querido reflejar literalmente en el fundamento de derecho 2º de esta resolución cómo razona la sentencia recurrida en cuanto pretende justificar la existencia de la imprudencia grave en este caso. En realidad no concreta ningún argumento. Se limita a decir aquello que podría aplicarse respecto de cualquier otro caso de infracción por un particular de esta norma del art. 301.3 CP . Nos dice y repite en qué consistieron los comportamientos aquí punibles, nos habla de su anormalidad respecto de la forma en que se desarrolla ordinariamente la vida comercial y de la no adopción de las mínimas cautelas en el desempleo de su trabajo; pero no nos concreta qué cautelas eran las que podían haber adoptado dichos cuatro condenados cuya omisión habría de constituir la imprudencia grave que estamos examinando.

Es aquí precisamente, en esa relación laboral concreta en que se desenvolvieron las conductas ahora recurridas, donde vemos nosotros la razón por la que debió absolverse a estos cuatro empleados de Nasitrade S.L. Su jefe les ordenó a cada uno de ellos (una secretaria, dos administrativas y un jefe de almacén) hacer determinadas gestiones, y esa jerarquía laboral propia de cualquier empresa no les permitía otra opción que la de obedecer cuando se trataba en apariencia de actos lícitos, aunque algunos, como los viajes con dinero a Estambul, pudieran considerarse ciertamente anómalos en cuanto a lo que es el modo habitual de enviar dinero a un país extranjero.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la procedencia del dinero, según nos dice la sentencia recurrida, era el tráfico de estupefacientes. Esto es lo que habrían tenido que conocer estos cuatro condenados si lo hubieran sido por delito doloso: que Alberto se dedicaba a tal tráfico ilícito; y la infracción del deber de cuidado, propia de la imprudencia, solo podría haber existido si estos empleados hubieran tenido algún medio para llegar a conocer que su patrono se dedicaba a tan infame negocio.

Y así las cosas, no acertamos a pensar cómo podrían haber conocido Raquel , Olga , Trinidad o Luis Angel , que su jefe, persona con la que solo tenían una relación laboral sin trato alguno fuera de esa relación, salvo esos viajes a Estambul, podía dedicarse a tal clase de actividades. La sentencia recurrida así lo consideró, pero en ningún momento, repetimos, nos concreta sobre este extremo.

En conclusión, entendemos que hubo infracción de ley al aplicar en el presente proceso este art. 301.3 CP . Faltó aquello que es esencial para el delito de imprudencia: la infracción del deber de cuidado infringido o, dicho de otro modo, qué podría haber hecho cualquiera de esos cuatro acusados para haber llegado a conocer que su patrono tenía esas cantidades de dinero, con las cuales les mandó realizar esas conductas que la sentencia recurrida consideró delictivas, porque las había conseguido del tráfico de drogas.

Y en su caso, una vez determinado ese comportamiento exigible a los trabajadores que ellos hubieren observado para constituir esa infracción de deber de cuidado propia de la imprudencia, habríamos de examinar la entidad de tal infracción, pues hemos de recordar aquí que solo la imprudencia grave es punible en estos casos, y ya nos hemos referido antes a la dificultad existente para diferenciarla de la leve.

Hemos de estimar los motivos primeros de Olga , Raquel y Luis Angel y el segundo de los formulados por Trinidad , con los consiguientes pronunciamientos absolutorios, lo que nos excusa de examinar el resto de los motivos de estos cuatro recursos.

Recurso de Víctor y recurso de Domingo .

SEXTO.- 1. Vamos a estudiar unidos estos dos recursos, porque han de estimarse ambos por las mismas razones, tal y como exponemos a continuación.

Como bien dicen los recurrentes, los mismos actos por los que ellos aparecen condenados por delito doloso del art. 301.1 fueron también objeto de aquella otra sentencia condenatoria a la que la resolución recurrida se refiere de modo reiterado: la dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 18 de mayo de 2004 , luego confirmada en casación por STS de 22 de diciembre de 2005 .

2. Ya sabemos cómo el delito de blanqueo de dinero de tal art. 301.1 CP tiene como presupuesto la existencia de otro delito anterior que origina unos bienes, de modo que los actos de adquisición, conversión, transmisión, ocultación y demás especificados en esta norma penal (art. 301.1 ) han de recaer sobre esos bienes adquiridos de forma delictiva.

Cuando en la misma persona concurren los dos comportamientos, el de adquisición de esos bienes (o participación en el delito del que esos bienes proceden), y asimismo el de blanqueo de capitales, puede ocurrir que exista un concurso de normas, consecuencia de la absorción del segundo por el primero (art. 8.3º CP ) o un concurso real de delitos.

El criterio para resolver en qué caso nos encontramos ha de ser el habitual en esta clase de cuestiones: si una de las normas a aplicar no abarca la total antijuricidad del hecho nos hallaremos en presencia de un concurso real, al ser necesario aplicar las dos normas penales en juego para cubrir esa total significación antijurídica de lo acaecido. En caso contrario habrá concurso de normas.

Vamos a referirnos ahora al supuesto de blanqueo de dinero o ganancias procedentes de los delitos contra la salud pública relativos al tráfico de drogas, que es el único previsto en aquella ley que introdujo esta infracción penal en nuestro código, la LO 8/1992 de 23 de diciembre, luego ampliado en el CP 95 a los delitos graves, y finalmente a toda clase de delitos por LO 15/2003 que entró en vigor el 1.10.2004. Este delito de blanqueo de bienes procedentes del tráfico de drogas es el que ha generado la doctrina de esta sala en esta materia, representada, entre otras, en nuestras sentencias 1637/1999 de 10 de enero de 2000, 1234/2002 de 28 de junio, 198/2003 de 10 de febrero, 1071/2005 de 30 de septiembre, 449/2006 de 17 de abril y 550/2006 de 24 de mayo .

Así en esta última resolución citada por el recurrente Víctor , podemos leer que "no es posible la penalización autónoma de los efectos del delito (blanqueo) a quien a su vez ha sido castigado como autor del delito base (tráfico de drogas), si bien para ello es necesario que exista una completa identidad entre la autoría del delito base y la del blanqueo procedente de ese".

Si tal identidad existe, la total ilicitud del comportamiento correspondiente queda cubierta con la sola aplicación del delito relativo al tráfico de drogas ("non bis in idem"). Y si no hay esa identidad, no basta sancionar con la aplicación del art. 368 y siguientes del CP , sino que en la conducta del autor del hecho hay un plus que hace preciso acudir a la otra norma penal, la del blanqueo (art. 301.1 ), para cubrir esa total ilicitud.

3. Así las cosas, veamos qué ha ocurrido en el caso presente:

A) Primero hemos de examinar, en la parte que aquí nos interesa, el contenido de la sentencia anterior que condenó por el delito de los arts. 368 y siguientes del CP, la de la misma Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de mayo de 2004 antes referida.

En los hechos probados de esta sentencia podemos leer, como bien pone de relieve el escrito de recurso de Víctor , entre otros extremos, lo siguiente:

"Fruto de las intervenciones telefónicas se tuvo conocimiento desde que se inició la investigación que Víctor ) y Domingo ) por encargo de Alberto , destacando el viaje de Domingo efectuado a mediados de noviembre de 1998 en que cobró diecisiete millones y medio de pesetas en efectivo, asimismo Víctor incluso llevaba muestras de la heroína a Madrid para que los compradores pudieran apreciar su calidad. En un viaje de Víctor a Londres de fecha 14 de noviembre de 1998 cobró siete millones de pesetas y 45.000 marcos alemanes, por encargo de Alberto , cobrando de éste en fecha 18 de noviembre de 1998 un millón de pesetas por sus servicios. Asimismo en fecha 15 de diciembre de 1998 Domingo fue por encargo de Alberto a Madrid donde cobró 18 millones de pesetas en varios actos de entrega, recibiendo asimismo en fecha 23 de diciembre de 1998 una cantidad de ocho millones de pesetas."

En esos mismos hechos probados constan otros comportamientos de Víctor y de Domingo relativos al tráfico de drogas, entre los cuales aparece lo siguiente:

"Fruto de las conversaciones telefónicas y en especial de teléfono móvil nº 630-14.02-16 utilizado por Víctor , la policía obtuvo en fecha 22 de febrero de 1999 serios indicios de que el mismo ocultaba heroína de Alberto en el local del Karaoke de aquél sito en la calle Arte nº 20 de Barcelona que quería trasladarla al Club Hípic de Catalunya sito en la autovía de Castelldefels kilómetro 12 donde contaba con un cuarto que le había cedido el gerente del club D. Jesus Miguel para guardar objetos del karaoke, por lo que tras efectuarse una vigilancia policial de Víctor mientras cargaba en una furgoneta cajas que estaban en dicho karaoke y que luego descargó en el Club Hipic Catalunya referido, la policía procedió a su detención en fecha 24 de febrero de 1999 y a solicitar la correspondiente autorización de entrada y registro de dicho Club Hípico al Juzgado de Instrucción n?º 4 que finalmente obtuvo por auto de fecha 24 de febrero de 1999 y en presencia de Víctor se constituyó la comisión judicial integrada por la secretaria Judicial a las 21,15 horas del día 24 de febrero de 1999, donde en el interior de una dependencia y debajo de un montón de cajas se encontró un saco blanco en cuyo interior se hallaron veinticuatro paquetes cilíndricos de forma irregular, una bolsita de plástico conteniendo, envueltos en una toalla, dos paquetes de análogas características a los anteriores. En otra bolsa de plástico se halló un paquete de análogas características a los anteriores que se hallaba abierto con un peso neto en total de 13.224 gramos que resultó ser, debidamente analizada por el laboratorio del área de sanidad de la delegación del Gobierno de Cataluña, HEROINA con una riqueza en base de 46%. Dicha sustancia esta valorada en el mercado clandestino en 7.000.000 de pesetas o su equivalente en euros el kilogramo. Asimismo se encontraron un total de 12 cajas de cartón conteniendo, todas ellas, toallas, figurando entre las intervenidas las números "87" y "89" 12 ref. 2040.

Asimismo la policía solicitó y obtuvo autorización de entrada y registro de los domicilios de todos los demás procesados y de la sede social de Nasitrade, S.L.

La heroina intervenida era propiedad de Alberto quien había ordenado a Víctor con anterioridad a esos hechos que se deshiciera de ella, lo que fue incumplido por Víctor quien la retuvo en su poder."

A este último apartado se refiere (en extracto) la sentencia recurrida en su relato de hechos probados, apartado III, página 11.

Sin embargo, esta resolución a la que acabamos de referirnos nada dice de ese párrafo que recoge el escrito de recurso de Víctor , que es fundamental para decidir sobre el tema que estamos examinando.

B) Para ver si existe o no identidad de los hechos de la sentencia de 18 de mayo de 2004 con los hechos por los que condena la sentencia aquí impugnada, hemos de ver ahora por separado aquellos comportamientos de Víctor y de Domingo por los que estos resultaron condenados por delito de blanqueo de capitales:

1º) En el antes citado apartado III A) de los hechos probados de la sentencia recurrida, página 11, podemos leer lo siguiente:

" Víctor , que utiliza también el apodo de " Chapas " o " Zapatones ", -estrecho colaborador de confianza de Alberto -, que ha sido condenado por esta Sección 8ª en sentencia firme de fecha 18 de mayo de 2004 por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, al almacenar 13 kilos y 224 gramos de heroína que guardaba en una dependencia del Club Hípic de Catalunya, viajó por cuenta de Alberto , -a cambio de la promesa de Alberto de pagarle los gastos y una comisión de unas 100.000 pesetas cada vez- como mínimo dos veces a Londres con el encargo de cobrar en el Hotel Camberlan dinero en moneda extranjera derivada de la venta de sustancia estupefaciente, y una vez percibido dicho dinero viajaba a Barcelona, o desde Londres a Turquía para entregar el dinero al hijo de Alberto -folios 1258 Tomo III y 2166 y 2167 y acta del juicio oral y cinta 1 cara B pasos 445 a 500 del teléfono NUM000 -. Asimismo viajó a Madrid en avión el 13 de noviembre de 1998 al Hotel Barajas para hacerse cargo de una importante cantidad de dinero, regresando acompañado de Domingo , saliendo al encuentro de ambos Alberto que contactó con los mismos a la altura de Guadalajara para hacerse cargo éste de forma inmediata de una parte del dinero entregado -folio 1030 y cinta 1 cara B, pasos 195 a 223 del teléfono NUM000 -."

Basta comparar los hechos probados de la sentencia de 18 de mayo de 2004 , antes reproducidos, con los de la resolución aquí recurrida que acabamos de entrecomillar, para percatarnos de que existe la identidad alegada en el escrito de recurso de Víctor , lo que nos obliga a estimar el motivo 3º de este recurso con el consiguiente pronunciamiento absolutorio.

2º) El apartado siguiente al que acabamos de reproducir, el III B), dice así:

" Domingo , que también utiliza el apodo de " Nota ", colaborador de confianza de Alberto , también condenado aquél en la referida Sentencia de 18 de mayo de 2004 por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia, efectuó como mínimo un viaje de fecha 13 de noviembre de 1998 a Madrid para recoger dinero por encargo de Alberto procedente del tráfico de drogas, viajando a la vuelta acompañando a Víctor -folio 2171 "in fine" Tomo VI y cinta magnetofónica 1 cara B pasos 195 a 223-.

En fecha 20 de agosto de 1998 cobró en un cheque al portador -figurando su nombre en el reverso de dicho cheque- de la cuenta corriente nº 36- 12163-29 del Banco de Sabadell, perteneciente a Nasitrade S.L. -en la que se produjeron desde el mes de junio de 1998 ingresos por importe de 46.926.961 pesetas cuyo origen deriva del tráfico de drogas- el importe de 1.000.000 de pesetas - folio 1414 del Tomo IV y 1688 y 1699 del Tomo V-.

Domingo abrió una cuenta corriente nº NUM001 en el Banco Popular Español y obtuvo de dicho banco en virtud de la póliza de préstamo NUM002 en fecha 24 de octubre de 1996, el importe de 1.380.000 pesetas a favor suyo y de su hermano Miguel -desconocedor éste de las actividades de Domingo -abonando las cuotas de amortización mensuales de 64.319 pesetas en dinero "en efectivo" derivado del tráfico de drogas -vide folios 418 y ss., 425 y ss. de la caja-".

A la vista de tal apartado del relato de hechos probados de la sentencia recurrida, lo primero que hemos de decir es que, como alega y razona de modo extenso el escrito de recurso de Domingo , las conductas descritas en los dos últimos párrafos no son delictivas:

a) El párrafo 2º nos dice que Domingo cobró un cheque al portador de una cuenta de Nasitrade S.L. por importe de un millón de pesetas, añadiendo que en esa cuenta se produjeron desde el mes de junio de 1998 ingresos por importe de 46.926.961 pts. cuyo origen deriva del tráfico de drogas. Y se citan los folios 1414 y 1688 y 1699 de las diligencias previas.

El folio 1414 (Tomo IV) forma parte de un largo informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la policía en el que se hace referencia a ese cobro de un millón de pts. sin añadir ningún dato más.

Los folios 1688 y 1699 (Tomo V) se refieren al correspondiente apunte contable del Banco Sabadell, asimismo sin añadir nada nuevo a lo que se dice en este párrafo 2º.

Luego, en el fundamento de derecho 2º relativo a la valoración de la prueba (pág. 31) se hace una referencia a esta misma operación, pero no se razona por qué se afirma en los hechos probados que esos 46.926.961 pts. ingresados en esa cuenta desde junio de 1998 tienen su origen en el tráfico de drogas, ni tampoco por qué Domingo tenía que conocer tal origen.

Así pues, dejando tal operación reducida a los datos objetivos que en ese párrafo 2º se especifican, hemos de entender que no permiten la aplicación del art. 301.1 CP .

b) A continuación en el párrafo 3º de ese mismo apartado B) de los hechos probados -página 12- se narra una operación consistente en la obtención por parte de Domingo y su hermano Miguel de un préstamo del Banco Popular Español por importe de 1.380.000 pts. para cuya amortización se fueron abonando mes a mes 64.319 pts. en efectivo añadiendo asimismo al final que ese "efectivo" procedía del tráfico de drogas. Hemos examinado también los folios citados en tal párrafo 3º (tomo de documentos unido al rollo de la Audiencia Provincial) y en consideración a lo que allí se expresa hemos de repetir lo que acabamos de decir: no pueden servir de prueba de ese origen delictivo que se afirma en los hechos probados. Tales folios se refieren a la documentación que acredita la realidad de ese préstamo, así como el movimiento de la cuenta bancaria correspondiente.

Por tanto, estos dos párrafos últimos de esos hechos probados relativos a Domingo no pueden encajar en modo alguno en ese art. 301.1 CP .

Y en cuanto al párrafo I, también existe ahora esa coincidencia entre lo que aquí se dice y aquello por lo que a este mismo señor condenó la misma Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona en la tan repetida sentencia de 18 de mayo de 2004; por lo que, aplicando la doctrina de esta sala antes explicada, ha de realizarse asimismo un pronunciamiento absolutorio.

Por todo lo expuesto, hemos de estimar el motivo 3º del recurso de Víctor y el 2º del interpuesto por Domingo , con los consiguientes pronunciamientos absolutorios para estos dos acusados, lo que nos permite no entrar en el estudio de los demás motivos de casación por ellos formulados.

Recurso de Pilar

SÉPTIMO.- 1. En el apartado I B) del relato de hechos probados de la sentencia recurrida, páginas 6 y 7, podemos leer lo siguiente:

" Pilar , esposa de Alberto , era (conocedora de la actividad ilícita de su marido), además de ser apoderada de la cuenta nº 00750025010600263967 de Nasitrade S.L. en el Banco Popular Español y apoderada de la cuenta nº 0049 5295 53 2116001351 de Nasitrade S.L. en el Banco Santander Central Hispano sin movimientos constatados en ambas cuentas -folio 2814 Tomo VIIII-, la persona a la cual normalmente se entregaba el dinero procedente de dicho tráfico por el propio Alberto y los referidos empleados de Nasitrade S.L., que acudieron varias veces a Estambul, a entregarle elevadas sumas de dinero que Pilar invertía en obras de su casa y en la explotación comercial del "Café Internet" propiedad de la familia de Alberto , que fue inaugurado en presencia de los empleados, hoy acusados, de Nasitrade S.L. Cabe destacar con certeza que le fue entregada en mano por Olga en el viaje a Turquía efectuado por ésta, de fecha 28.10.98, la cantidad de 800.000 pesetas. Además, vive de las actividades ilícitas de su marido Alberto , y no consta que trabaje, ni que haya cotizado a la Seguridad Social en los últimos años -consta, según la Tesorería de la Seguridad Social haber acreditado sólo 32 días trabajados bajo el Régimen Especial de Autónomos en el año 1976.- (folio 58 del Tomo I)."

Nada más dicen los hechos probados sobre la participación de esta señora en los sucesos aquí examinados.

2. Luego, en el fundamento de derecho 1º (pág. 22) califica su conducta delictiva, lo mismo que respecto de Víctor , Domingo y los dos hermanos Jesús Adolfo , como delito doloso de blanqueo de capitales del art. 301.1 con la agravación de su penúltimo párrafo por ser el delito antecedente de los que atentan contra la salud pública por trafico de sustancias estupefacientes; con aplicación asimismo del art. 301.4 , que prevé el castigo de estos delitos de lavado de dinero aunque en todo o en parte hubieran sido cometidos en el extranjero.

Después la misma sentencia recurrida en su fundamento de derecho 2º (págs. 25 a 27) nos dice, de modo genérico, la prueba aplicada para condenar a los cinco acusados por delito doloso, con referencia a la "voluminosa documental" que sirvió de soporte a los informes periciales emitidos por el grupo policial especializado en estos delitos de blanqueo de capitales, por otro grupo especializado en cuestiones de tráfico de drogas (UDYCO) -con concreción de los diferentes folios y tomos de estas actuaciones en que estos informes se concretan- y el emitido por otro funcionario de la policía, D. Evaristo , que por videoconferencia con Oviedo donde entonces estaba destinado, en la última sesión del juicio oral ratificó su informe emitido sobre los medios de vida de los diferentes acusados y sus bienes, que aparece unido a los folios 57 a 61 del Tomo I.

Finalmente, en este fundamento de derecho 2º, páginas 36 y 37 se refiere en particular a los medios de prueba utilizados en particular como fundamento de la condena de esta señora, que son los siguientes:

- su declaración de 22.12.2000 (folio 2014) donde dijo que era esposa de Alberto y que vivía en Estambul con sus hijos cuando su marido fue detenido, reconociendo que en algunas ocasiones había recibido dinero de su marido que residía en Barcelona de manos de Olga y de Luis Angel ; lo que luego repitió en el juicio oral, aunque en este acto solo reconoció haber recibido unas 700.000 u 800.000 pesetas que le entregó la citada Olga , negando lo de Luis Angel , si bien al final de su declaración en el plenario, al recordar esas anteriores manifestaciones en el juzgado, reconoció que quizás este ( Luis Angel ) también le entregara dinero alguna vez, como nos dice la sentencia recurrida en esa página 36 y hemos podido comprobar en esta sala mediante la visión y audición del CD grabado de la celebración del plenario, concretamente del enumerado como 1;

- por último se refiere a otro medio de prueba, la conversación telefónica del 27.12.98 (por error dice la sentencia recurrida 25.12.98 ), en la que se expresa (folios 1096 y 1097) que habla Alberto con su mujer Pilar comunicando a esta que le han robado una cantidad importante, los "cincuenta", diciendo él que estaba desesperado y poniendo en duda ella que fuera en realidad un robo.

3. El párrafo último de esta valoración de la prueba respecto de Pilar nos dice que el contenido de esta conversación que acabamos de sintetizar revela que esta señora estaba al corriente de las actividades de su esposo Alberto quien la tenía informada al respecto. Pero esta sala no puede compartir ahora ese criterio, que es en el que se basa la sentencia recurrida para condenar a esta señora por blanqueo doloso de capitales. Leídos y releídos esos folios 1096 y 1097, vemos que efectivamente la esposa está al tanto de los negocios de Alberto , pero esto no justifica el que la Audiencia Provincial llegue a afirmar que ella conocía que su marido se dedicaba al tráfico de drogas en esos momentos de 1998 en que se produjeron esas recepciones, por parte de Pilar que estaba en Estambul, del dinero que le remitía su marido de Barcelona. Ciertamente, entendemos, ese argumento basado en el contenido de tal interlocución telefónica no puede ser considerado como prueba razonablemente suficiente para tener por acreditado ese particular elemento subjetivo del injusto exigido expresamente en el texto del tan repetido art. 301.1 CP cuando nos dice que las diferentes modalidades de ejecución de estos delitos de lavado de capitales han de cometerse "sabiendo que estos (los bienes) tienen su origen en un delito", en este caso, reiteramos, uno relacionado con el tráfico de drogas de los descritos en los arts. 368 a 372 del mismo código .

En conclusión, quedaron probados hasta la saciedad los elementos objetivos del tipo: Pilar recibió dinero de su marido que, después de los hechos de lavado de capitales en que ella objetivamente intervino, fue sometido a proceso y condenado por delito relativo al tráfico de drogas de los referidos arts. 368 y ss. CP ; pero faltó el elemento subjetivo del tipo del art. 301.1 al que acabamos de referirnos, lo que obliga a estimar el motivo 1º del recurso de Pilar relativo a la presunción de inocencia con el consiguiente pronunciamiento absolutorio.

Recurso de Jesús y Adolfo .

OCTAVO.-1. Estos dos hermanos, que habían nacido en el mismo pueblo que Alberto (Alepo, Siria), fueron condenados en la sentencia recurrida, como ya hemos dicho, en los mismos términos y a las mismas penas que Víctor , Domingo y Pilar , aunque por unos hechos muy distintos.

Partiendo del contenido de unas conversaciones telefónicas (folios 1089 y ss. de las diligencias previas -tomo III-) nos dice la Audiencia Provincial en su relato de hechos probados (págs. 13 a 20) que Alberto encomendó a Adolfo que recogiera 50 millones de pesetas en un determinado lugar contiguo al Hotel Princesa Sofía de Barcelona, añadiendo que cumplió el encargo y que, junto con su hermano Jesús , se quedó con tal dinero pretextando que se lo habían robado.

Luego se narra que con ese dinero, para introducirlo en el circuito financiero legal (lavado o blanqueo), realizaron, particularmente Jesús , una serie de operaciones en diferentes bancos que se detallan minuciosamente desde la página 14 de la sentencia recurrida hasta la 20: ingresos en efectivo, compras de monedas extranjeras con pesetas, simulación de préstamos personales que se van amortizando, inversiones en fondos colectivos, etc. Parece ser que la sentencia recurrida ha narrado aquí todas esas operaciones que habían sido detectadas en la investigación policial del Grupo especializado en blanqueos de capitales, muchos de los cuales no revisten los caracteres propios de esta clase de infracciones penales.

2. Para contestar a las alegaciones hechas en el escrito de recurso que estamos examinando, hemos de decir que tienen razón los recurrentes en cuanto que las conversaciones telefónicas a las que acabamos de referirnos, que son la base de toda la prueba de cargo en que se apoya la sentencia recurrida para condenar a estos dos hermanos Jesús Adolfo , no pueden servir como tal (prueba de cargo), porque no resultaron identificadas las voces atribuidas por la policía a Adolfo y a Jesús como realmente pertenecientes a estas personas. Efectivamente no hubo prueba pericial alguna practicada al respecto; pero es que tampoco hubo acreditación por ningún otro medio; al menos nada nos dice la sentencia recurrida en este punto.

Por lo expuesto entendemos que no resultó probado que existieran, desde el punto de vista objetivo, hechos que pudieran calificarse como blanqueo de dinero del art. 301.1 CP .

3. A lo largo de lo expuesto en la sentencia recurrida respecto de estos dos acusados, los hermanos Jesús Adolfo -páginas 13 a 20, 25 a 27 y 32 a 36 de la sentencia recurrida-, se afirma una y otra vez que el dinero movido por estos dos acusados en las múltiples operaciones suyas que se describen procedía del tráfico de sustancias estupefacientes o de drogas tóxicas, y ello se hace sin decir en qué prueba se fundan los autores de la sentencia recurrida para hacer tal aseveración. Ciertamente que esa multiplicación de operaciones, a veces en cantidades muy elevadas, nos induce a sospechar su procedencia de esa clase de delitos de los arts. 368 y ss. CP ; pero podrían proceder de otra clase de infracciones delictivas o no delictivas, o incluso de actividades lícitas que por su volumen interesaba encauzar al tráfico de lo legal por considerarse más beneficioso para los intereses particulares de sus autores o de otras personas.

Nos remitimos aquí a lo dicho en el fundamento de derecho anterior de esta misma resolución sobre la falta de prueba del elemento subjetivo del injusto recogido en el citado art. 301.1 .

En consecuencia, procede estimar el apartado primero del motivo 1º del recurso de los hermanos Jesús Adolfo también relativo a la presunción de inocencia, con absolución asimismo de estos dos acusados, y sin necesidad de examinar el resto de las alegaciones que forman parte de este recurso.

NOVENO.- Por lo dispuesto en el art. 901 LECr , hay que declarar de oficio todas las costas devengadas en el trámite de cada uno de estos recursos.