Sentencia Penal Nº 96/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1, Rec 48/2012 de 15 de Febrero de 2012

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    PRIMERO.- Se aceptan en su integridad los fundamentos jurídicos que se contienen en , a los que se añaden los siguientes. SEGUNDO.- A diferencia de otros ordenamientos jurídicos, en el nuestro la segunda instancia no viene configurada como un 'novum iudicium', sino como una revisión de la anterior ('revisio prioris instantie'), limitando por ello el ámbito de la apelación a idéntico material que el aportado y valorado en el órgano jurisdiccional de origen, con la única excepción de aqu...

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN PRIMERA

ALICANTE

PLZ. DEL AYUNTAMIENTO, nº 4-2ª planta

Tfno: 965.93.59.39-40

Fax: 965.93.59.51

NIG: 03014-37-1-2012-0000615

Procedimiento: Rollo apelación Abreviado Violencia de Género Nº 000048/2012-RAPIDO -

Dimana del Juicio Oral - 000247/2011

Del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 3 DE ALICANTE

Instructor VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DE ALICANTE

d. urg 115/11

Apelante Beatriz

Abogado ESTER GONZALEZ GUILLEN

Procurador DAVID GINER POLO

Apelado/s Juan Enrique

Abogado CAYETANO JOSE SERNA SERNA

Procurador LOURDES CAÑADA RODRIGUEZ

SENTENCIA Nº 96/2012

ILTMOS. SRES.:

D. ANTONIO GIL MARTÍNEZ

D. JOSÉ A DURÁ CARRILLO

DÑA. VIRTUDES LÓPEZ LORENZO

En la ciudad de Alicante, a Quince de febrero de 2012

L a Sección Primera de la Audiencia Provincial de ALICANTE, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia nº 30, de fecha 18 de mayo de 2011 pronunciada por el/la Ilmo./a. Magistrado/a-Juez del JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 3 DE ALICANTE en el Juicio Oral - 000247/2011 , habiendo actuado como parte apelante Beatriz , representado por el Procurador Sr./a. GINER POLO, DAVID y dirigido por el Letrado Sr./a. GONZALEZ GUILLEN, ESTER, y como parte apelada Juan Enrique , representado por el Procurador Sr./a. CAÑADA RODRIGUEZ, LOURDES y dirigido por el Letrado Sr./a. SERNA SERNA, CAYETANO JOSE.

Antecedentes

Primero.- Son HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada, los del tenor literal siguiente: En aras a la brevedad se dan por reproducidos los hechos probados de la Sentencia de instancia.

Segundo.- El FALLO de dicha Sentencia recurrida literalmente dice: "En aras a la brevedad se da por reproducido el fallo de la sentencia de instancia.".

Tercero.- Contra dicha Sentencia, se formalizó ante el Organismo decisor, por la representación procesal de Beatriz el presente recurso de apelación.

Cuarto.- Del escrito de formalización del recurso de apelación se dio traslado a las demás partes y cumplido este trámite fueron elevados los autos originales con los escritos presentados a este Tribunal de Apelación, y una vez examinados se señaló para la deliberación y votación de la Sentencia el día 14/2/12.

Quinto.- En la sustanciación de ambas instancias del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales procedentes.

VISTO , siendo Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. JOSÉ A DURÁ CARRILLO

SE ACEPTA el Antecedente de HECHOS PROBADOS de la Sentencia apelada.

Fundamentos

Primero.- El Magistrado de instancia condenó a ambos miembros de la pareja por violencia de género y domestica del art. 153. 1 y 2 del C.P estimando que se trata de una riña mutuamente aceptada que excluye la legitima defensa, en base a sus declaraciones y a la documental medica expresiva de sus lesiones. La Defensa de Beatriz interesa la revocación parcial del fallo en el sentido de que se le absuelva.

En definitiva la recurrente cuestiona la valoración probatoria realizada por el juzgador, que trata de sustituir por la suya.

Si se observa detenidamente la sentencia se puede comprobar que el Juez "a quo" emplea las mismas pruebas y los mismos argumentos para condenar a ambos. No existe ningún elemento de distinción entre una y otra condena. No hay ninguna prueba de cargo distinta a las declaraciones de los propios denunciantes-denunciados y a los partes de lesiones e informes forenses que sirva de condena a los referidos, y cuya ratificación y conformidad solicita la recurrente de la condena del contrario sin que señales ningún dato o elemento de prueba fehaciente que nos persuada de la conclusión contraria.

El Magistrado del Juzgado de lo Penal nº Tres de Alicante efectúa una valoración conjunta de la prueba, en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la L.E. Criminal y sobre la base de la actividad probatoria desarrollada en el juicio, bajo el imperio de los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Principio de inmediación que, en casos como el que nos ocupa, cobra especial relevancia, al poder observar directamente las exposiciones y reacciones de las partes y testigos. Ventajas de las que carece el órgano de apelación, lo que justifica que debe respetarse, en principio, el uso que haya hecho el juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre que el proceso valorativo se motive o razón adecuadamente. La apreciación transfiere al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta de la prueba ha actuado el juzgador de forma ilógica, arbitraría, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso ( STS de 26-1-1998 y 15-2-1999 ).

La apelante dice estar disconforme con la sentencia dictada en este procedimiento, considerando para ello que los elementos de prueba utilizados para fundamentar la condena son insuficientes y vulnera los derechos constitucionales, en concreto el artículo 24 y el artículo 120.3 de la Constitución Española . Pero hace esta consideración sólo respecto a su persona, solicitando en cambio el mantenimiento de todos y cada uno de los pronunciamientos de condena respecto del contrario, cuando el juzgador ha apreciado la misma prueba de cargo tanto para uno como para otro, basada en sus declaraciones y en la documental medica porque considera que las lesiones son dolosas y excluyen la posibilidad de que sean solo lesiones de defensa.

En resumen, la segunda instancia, cuando se trata de revisar la valoración probatoria realizada por el juzgador de instancia, se limita a constatar que esta suficientemente motivada, como suceden el caso que nos ocupa, y que lo mismo no resulta arbitraria, injustificada o injustificable, lo que tampoco sucede en este caso, en el que la juzgadora razona pormenorizadamente sobre el resultado de las pruebas realizadas en la vista y que ha tenido en consideración para alcanzar sus conclusiones, estimando que el recurrente cometió el delito indicado, precisando las pruebas que han servido de base para su condena, en el Fundamento de Derecho primero, unido a la documental medica obrante en las actuaciones, que enerva su derecho a la presunción de inocencia.

En este sentido, es al Juzgado de lo Penal al que corresponde apreciar las pruebas practicadas en el juicio y, previa la motivación correspondiente, decidir, ya que dar mas credibilidad a un testigo frente a otro o decidir, como es el caso, entre las manifestaciones de uno u otro interviniente en las agresiones es tarea del Juzgador "a quo" que puede ver y oír a los que ante él declaran por el privilegio de la inmediación.

La cuestión de la credibilidad de una u otra versión es un tema sometido al principio de inmediación, principio que aunque no garantice el acierto, permite al juzgador acceder a algunos aspectos de las pruebas personales que resultan irrepetibles, y que pueden influir en la valoración, por ello la decisión del Juzgado de lo Penal, en torno a la credibilidad de quien declara ante él, no puede ser sustituida por otro tribunal que no ha presenciado dicha prueba con la posibilidad de intervenir en ella, salvo supuestos excepcionales en los que se aportan datos o elementos de hecho que, al margen de subjetivas interpretaciones, evidencien de una manera manifiesta una valoración errónea que debe ser corregida, lo que no es del caso. Tratándose de pruebas personales para cuya decantación critica es fundamental la inmediación. Por otro lado la dinámica de los hechos impide que tenga cabida la legítima defensa. Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 363/2004 de 17 de marzo , "no es posible apreciar la existencia de una agresión ilegítima en supuestos de riña mutuamente aceptada, conclusión a la que llega el Magistrado de instancia, porque en ese escenario de pelea recíprocamente consentida, los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser los actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento, de suerte que cuando el resultado lesivo se produce como efecto de una pelea originada por reto lanzado o aceptado que da lugar a las vías de hecho, no cabe apelar a la legitima defensa, plena o semiplena, ya que - como se dice - la base de la misma es la existencia de una agresión ilegítima, y ésta no es posible de admitir con tal carácter en una riña voluntariamente aceptada".

En el caso que nos ocupa, consta acreditada la discusión en la pareja y las lesiones mutuas, no habiendo elementos de prueba de la causa de justificación que se invoca, cuya carga correspondería al apelante. Es más, en la propia declaración de la imputada en el juzgado admite, al menos, que en el curso de la discusión cuando "el le dijo que era una hija puta ella le dijo que no lo toleraba y le propinó a él un bofetón" (sic), secuencia que no casa con la agresión ilegítima física y actual que justificaría una reacción defensiva.

Por todo ello, no detectándose ni el error denunciado ni la pretendida vulneración de precepto legal o constitucional, encontrándose debidamente razonada la misma y en respeto al principio de inmediación, procede confirmar la sentencia impugnada, con desestimación íntegra de los recursos interpuestos.

Segundo.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada ( arts. 239 y 240.1 L.E.Crim ).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación al presente supuesto.

Fallo

F A L L O: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Beatriz contra la Sentencia de fecha 18 de mayo de 2011 , dictada por el JUZGADO DE LO PENAL NUMERO 3 DE ALICANTE en el Juicio Oral - 247/2011, confirmamos la referida Sentencia , declarando de oficio las costas de esta apelación.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciendo constar que contra la misma no cabe recurso alguno. Y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, interesándose acuse de recibo, acompañados de Certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de efectividad de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de Apelación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha y en audiencia pública celebrada en la Sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Certifico.

Valoración de la prueba
Prueba de cargo
Legítima defensa
Riña mutuamente aceptada
Práctica de la prueba
Violencia de género
Agresión ilegítima
Presunción de inocencia
Lesividad
Riña