Sentencia Penal Nº 968/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9, Rec 137/2015 de 15 de Diciembre de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA DE BARCELONA

SECCIÓN NOVENA

ROLLO APELACION JUICIO DE FALTAS NÚM. 137-2015

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUM 27 bARCELONA

SENTENCIA Nº.

Ilmos. Sres.

D. ANDRES SALCEDO VELASCO

Barcelona, a 16 de Diciembre de 2015

VISTO, en grado de apelación, ante la SECCION NOVENA de esta Audiencia Provincial, el presente rollo núm. dimanante del Procedimiento juicio de faltas referenciado en el encabezamiento seguido por falta de LESIONES, OTRA DE DAÑOS Y DE INJURIAS hurto contra Estrella Y Apolonio en virtud del recurso de Apelación presentado por Estrella contra la sentencia que la condenaba dictada en los mismos de 21.11.14.2015 en dicho Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- El FALLO de la sentencia apelada condenó a la apelante como responsable criminalmente de una falta de lesiones concurrir circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal a la pena de multa de 40 días con cuota diaria de 6 euros con la RPSCI del art 53 del cP y al pago de costas y a indemnizar a Apolonio en 221 euros y como autora de un falta de injurias a la pena de 20 días de multa a razón de 6 euros y condenaba a Apolonio a 20 días de multa con cuota diaria de seis euros como autor de un falta de injurias del art 620 del CP absolviendo de todo cargo s Efrain y Emiliano .

La apelante solicita la anulación de la multa impuesta y alega que actuó en legítima defensa y dados los traslados no hay alegaciones del Fiscal y sólo de otra persona que resultó absuelta Emiliano

SEGUNDO.- Admitido el recurso, se elevaron los autos originales a esta Superioridad, tramitándose el recurso conforme a Derecho, sin haberse celebrado vista pública al no haberla solicitado la parte ni estimarla necesaria el Tribunal. En la tramitación del presente recurso se han observado y cumplido las prescripciones legales habiéndose entregado para resolver atendido su orden y las causa preferentes siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANDRES SALCEDO VELASCO quien expresa el parecer del Tribunal.

Se aceptan los de la Sentencia apelada

Fundamentos

PRIMERO.- El principio de presunción de inocencia, dotado de protección constitucional en el art . 24 de la C.E ., ha sido objeto de abundantes resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional ( STC 31/1981, de 28 de julio , 189/1998, de 28 de septiembre ó 61/2005, de 14 de marzo ), como del Tribunal Supremo ( STS, Sala 2ª, de 16-10-2001 , por ejemplo), que de forma pacífica lo considera como el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum)y exige para su condena la demostración de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción.

En la práctica lo dicho significa, como destaca la sentencia del TS de 29 de octubre de 2.003 , que la alegación de la infracción del principio de presunción de inocencia obliga a comprobar: 1º) Que se dispone de prueba con un contenido de cargo (prueba existente); 2º) que dicha prueba ha sido obtenida y aportada al proceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y en la ley procesal (prueba lícita); y 3º), que tal prueba existente y lícita es razonable y razonadamente considerada suficiente para justificar la condena penal (prueba suficiente).

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que este derecho ' incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada que se ajuste al núcleo de las pretensiones deducidas por las partes'.( STC 67/2001 ).

Respecto al razonamiento de dicha respuesta por juzgados y tribunales, la llamada 'motivación suficiente' conviene en primer lugar recordar el alcance constitucional del deber de motivación de las resoluciones judiciales en lógica coherencia con las pretensiones deducidas por las partes, como contenido de una efectiva tutela judicial sin indefensión ( art . 24CE ), dado que con la falta de motivación el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia ( STC169/2002, de 30 de septiembre , (FJ 2); S.T.C 114/2003, de 16 junio (LA LEY JURIS. 12613/2003) etc. ]]Como ha dicho el TC (Sala 1ª) en Sentencia 32/2004 de 8 Mar. 2004, rec. 2856/1999 '.... el derecho a la tutela judicial efectiva del art . 24.1 CE , en relación con lo dispuesto en el art . 120.3 CE , exige que los órganos judiciales razonen o fundamenten los criterios en que apoyan sus decisiones, pues el derecho a la tutela judicial efectiva impone a los Jueces y Tribunales el deber de motivar sus resoluciones, dando razón del porqué de sus decisiones.

En Sentencia 75/2005 de 4 Abr. 2005, rec. 1713/2002 '....Es doctrina consolidada por este Tribunal que la razón que justifica el requisito de la motivación de las resoluciones judiciales reside en la necesidad de conocer el proceso lógico-jurídico que conduce al fallo para poder controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos jurisdiccionales a través de los oportunos recursos, y poder contrastar su grado de razonabilidad'.Adquiere especial relevancia en el orden penal dada la especial afectación que el derecho a la libertad tiene en las sentencias penales'].

Pero también tiene establecida la doctrina constitucional y del TS que, para que se entienda suficientemente motivada una resolución judicial no es preciso que contenga una determinada extensión , sino que esa motivación ha de ser suficiente para dar a conocer la razón o 'ratio decidendi' de la resolución acordada. El TC viene reiterando que la suficiencia de la motivación no puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, sino que requiere examinar el caso concreto para ver si, a la vista de las circunstancias concurrentes, se ha cumplido ,o no, este requisito en las resoluciones judiciales. No existe un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, sino a que el razonamiento expuesto por el juzgador constituya lógica y jurídicamente una explicación suficiente en cada caso concreto que permita conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentales de la decisión ( STC113/2001 de 29 enero ).Por consiguiente una motivación sucinta no implica ausencia de motivación siempre que presente una respuesta adecuada en Derecho a la cuestión planteada, esto es, una aplicación razonada y reconocible del ordenamiento jurídico con la extensión y profundidad proporcionadas a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver ( STS 19-02-2002 ).

SEGUNDO.- La petición de la apelante formulada en manuscrito aduce un supuesto error en la valoración de la prueba de los hechos, así hay que entenderlo a partir de la expresión de no ser justa la Sentencia y entender que manifiesta haberse defendido.

No podemos sustituir en segunda instancia la apreciación de las pruebas personales efectuadas en primera instancia por quien ha gozado del beneficio de la inmediación pues habiendo escuchado a unos y otros se decanta por una como explica la Sentencia en el fundamento primero mediante una motivación suficiente en el contexto de un hecho sencillo enmarcado en un procedimiento de juicio de faltas, destaca la 'ratificación' de unos testimonios, los de los testigos presenciales que son denunciantes y denunciados a la par para dotarlas de mayor credibilidad el reconocimiento parcial de los hechos por el condenado, sin que del acta del juicio y su registro quepa apreciar error del juzgador patente en dicha conclusión.

TERCERO.- Si bien el recurso de apelación autoriza al Tribunal 'ad quem' a revisar la valoración probatoria efectuada por el Juzgador de instancia, el hecho de que la apreciación de éste tenga como base las pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina, por punto general, que la valoración de aquella, apreciando además las razones expuestas por la acusación y por la defensa, y lo manifestado por las partes ( art. 741 LECRIM ) deba, en principio, respetarse en la apelación, con la única excepción de carecer de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral. El art. 741 de la LECRIM dispone que el Tribunal sentenciador apreciará en conciencia las pruebas practicadas. Esta 'apreciación en conciencia', exige, en cualquier caso ,que de una forma razonada se analicen las pruebas, y se obtenga de ellas una conclusión lógica y coherente, que determine el fallo, pues en caso de duda, operaría el principio 'in dubio por reo'.

CUARTO.- En los hechos declarados probados de la sentencia recurrida se establece con claridad y básicamente una actuación extraída, según refiere la sentencia, de la declaración de cargo de las víctimas,a la vez denunciantes y denunciados todos testigos presenciales de la disputa y lo hace en base, de forma ciertamente escueta expresado por cuanto los testigos ratificaron las versiones y así lo expresa en el fundamento primero que refiere a las declaraciones de unos y otros ,declaraciones que reproduce sucintamente, la fuente de prueba.

La prueba, toda ella practicada y su contenido atendido el acta videograbada es coherente y conforme con el relato de hechos probados, sin que al respecto se denuncie insuficiencia en la motivación. A ello se refiere el Juzgador en su fundamento primero al entenderlo así acreditado en el acto del juicio donde no hay duda de que se apoya en esas pruebas de las declaraciones de los denunciantes/ denunciados , donde explican lo que vieron sin que en nada de todo ello aparezca la ausencia de razón lógica, ni arbitrariedad, ni el manifiesto error en el valoración de lo que obra en la videograbación como prueba practicada de donde esa ratificación conjunta de la habla el Juzgador ni es un error ni se aprecia como tal por la Sala.

Estos elementos le parecen suficientes y se apoyan en la inmediación de que ha gozado. La credibilidad de los que han declarado nace de ver y escuchar directamente a las fuentes de prueba personal , algo que este tribunal no puede hacer. Está sujeta a la percepción directa del tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo el tribunal que directamente ha percibido la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad probatoria, sin perjuicio de la documentación en el acta del juicio oral que, permite constatar que existió actividad probatoria'. Por ello se ha de rechazar este motivo del recurso del condenado y, confirmar la Sentencia apelada en cuanto a los hechos declarados probados, pues no podemos en ausencia de esa inmediación modificarla. . Reiteramos que esta Sala, de acuerdo con la doctrina del TS y del TC, sostiene que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional 17-12-85 y, 13-6-86 entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderando examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador «a quo» de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existen en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Ello no obsta a que si existen razonamientos arbitrarios o ilógicos, pueda corregirse en la segunda instancia dicho razonamiento y las conclusiones que se extraían del mismo. Pero, insistimos, siempre que siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuada y suficientemente en relaciñón a la complejidad del caso, en la sentencia lo que entendemos acontecido en el caso.

QUINTO.- Por último, debe significarse que la sentencia se dicta tras antes de entrar en vigor la reforma operada en la LO: 1/2015 , que suprime el Libro III del Código Penal, pero los hechos delictivos de esta naturaleza, lesiones no desaparecen de catálogo de infracciones constitutivas de infracción penal, sino que las encuadra -como delito- en el núm. 2 del art. 147 , y las castiga con pena de uno a tres meses, por lo que se mantendría la fijada en sentencia, por ser más favorable al reo que la pena reformada por lo que se confirmaría la sentencia.-

Pese a todo lo anterior, necesariamente hemos de tener en cuenta los efectos de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 , de 30 de marzo (con entrada en vigor el 1 de julio de 2015) que, entre otras muchas modificaciones, lleva a cabo la derogación del Libro III del texto punitivo de 10 de noviembre de 1995, en el que se regulaban las faltas . Las figuras que se contemplaban en este Libro III sufren una doble consecuencia con la reforma invocada: o resultan despenalizadas o bien experimentan una conversión a la categoría de delitos (leves) elevando en este último caso ya no sólo su entidad, sino también la dimensión de la pena y en algunos casos sometiéndolas al régimen de denuncia previa, cual es el supuesto del delito leve de lesiones del art 17. 2 º y 4º del CP tras la reforma de la LO 1/2015

El tratamiento que merecen aquellas sentencias dictadas por los Juzgados de Instrucción carentes de firmeza por encontrarse en fase de recurso de apelación aparece determinado en la Disposición Transitoria tercera de la Ley Orgánica citada, cuya regla a) establece que las partes podrán invocar, y el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley cuando resulten más favorables al reo .No estamos en un supuesto de norma más favorable pues la conducta descrita en los hechos probados antes era típica y ahora también lo es y la misma pena impuesta podría imponerse, en teoría antes y ahora.

Pero también resulta de aplicación, de forma específica para los procedimientos tramitados por falta, no por delito lo previsto en el apartado 2 de la Disposición transitoria cuarta de la misma Ley Orgánica:

'La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal'.

Si bien es un tema aún discutido en cuanto a su alcance sobre el que no hay consenso interpretativo y está en evolución, pues resultaría que ,al aplicarse la Transitoria sólo a la tramitación de procedimientos por falta, podría pensarse, y así lo venimos entendiendo, que no cabría aplicarla a las condenas dictadas en procedimiento por deltio Diligencias Previas, Sumario, etc, por falta incidentales en un procedimiento por delito o en las dictadas al final del procedimientos por delitos cuando en la Sentencia del Juez Penal o la Audiencia se termina el mismo subsumiendo una falta la única o todas las conductas,o en apelaciones de Diligencias Previas en las que se ha condenado por falta pero el apelante sostiene una acusación por delito, y también cabía sostener que el mandato al que haremos referencia iba dirigido a un juez y no a un Tribunal que resuelve en apelación;

Esta Disposición afecta al supuesto que nos ocupa. El condenado lo fué en un procedimiento de juicio de faltas como autor de una doble falta de lesiones , hoy derogada en el vigente texto del Código Penal, pero encuadrable como delito leve sometido al régimen de denuncia previa calificándolo ahora como delito leve.

Sin embargo debemos ponderar ahora esta interpretación, en lo relativo a procedimiento por juicio de faltas,enfrentándola a otros argumentos tal que ,cuando resuelve la Audiencia lo hace constituida a este efecto con un solo Magistrado, con criterio autónomo, y la literalidad del apartado referido al supuesto de continuación de la tramitación al que haremos referencia, por más que sostuviéramos que la solución comporta un margen de conflicto por cuanto hemos dicho recientemente debatida incluso en reunión de Magistrados de esta Audiencia sin una conclusión mayoritaria; pero entendiendo que, aún exponiendo esas posibles incongruencias, el redactado no sólo alcanza a supuestos en que no se haya producido denuncia sino que alcanza, a todos los casos de falta de lesiones y por ello ha de entrar en juego lo previsto en el apartado 2 de la Disposición transitoria cuarta de la misma Ley Orgánica:

'La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal.

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal'.

Es el caso ,pues el proceso lo fue de juicio de faltas, no fueron Diligencias Previas por delito, ni se sostenía una acusación por delito al momento de dictarse la Sentencia apelada, sino por una falta de lesiones del art 617.1 CP en la redacción anterior a la reforma de de la LO 1/2015, conducta no despenalizada pero ahora sometida al régimen de denuncia previa y llevando aparejada responsabilidad civil, que ha sido declarada en el Fallo a favor del perjudicado y que se mantiene y ha de ejecutar, que ha comportado una continuación de la tramitación hasta esta instancia por lo que procede aplicar la limitación del contenido de fallo excluyendo de él la condena penal que debe dejarse sin efecto.

También se ha impuesto a la apelante una condena por falta de injurias del art 620.2. CP en su redacción anterior a la LO 1/2015 ahora conducta penalizada en el art 174.4 CP pro que sólo es punible cuando los sujetos pasivos son alguno de los referidos en dicho precepto lo que no es el caso hallándose por tanto la conducta despenalizada de donde procede la absolución de la apelante por esta falta. Absolución que se extiende por iguales motivos a la condena, aún no apelada, de Apolonio por la misma falta de injurias.

Y respecto de la condena por falta de daños se mantiene toda vez que no ha sido recurrida y la falta de daños ni ha sido despenalizada ni sometida al régimen de denuncia previa,que sólo se reserva al concreto art 267 del nuevo Código Penal , pues antes la conducta se describía en el art 625 del CP y tras la reforma de la LO 1/2015 se encuadra en el art 263 CP siendo más favorable la anterior redacción por el marco penológico.

Las costas procesales de esta alzada se declaran de oficio. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación y defensa de Estrella contra la sentencia dictada en dichas actuaciones el día 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 y por mor de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición transitoria cuarta de la misma Ley Orgánica 1/2015 debo revocar y dejar sin efecto las condenas a penas a la apelante por la autoría de una falta de lesiones a 40 días de multa que se revoca y deja sin efecto y una falta de injurias a las penas de 20 días de multa, que se revoca y deja sin efecto, manteniendo en lo demás el Fallo de la Sentencia apelada, y deberá seguir adelante el procedimiento en la relativo al pronunciamiento sobre responsabilidades civiles impuestas, ordenando su ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal declaro de oficio las costas procesales de la apelación.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes procesales con expresión que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.