Sentencia Penal Nº 986/2007, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 403/2007 de 19 de Noviembre de 2007

PRIMERO. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Cornelio como autor de un delito continuado de estafa de especial gravedad que afecta a una pluralidad de personas, porque, habiendo celebrado un contrato de compraventa, con reserva de dominio -suscrito en documento privado-, de una finca rústica, habiendo pagado solamente una octava parte del precio, aparentando ser dueño de la finca y que allí se podía construir, se dedicó a vender parcelas de ella, obteniendo de los compradores una parte del precio convenido; habiendo vendido igualmente a una persona parte de otra finca, cuyo precio pretendió pagar mediante pagarés finalmente no atendidos por la entidad bancaria correspondiente.

Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación procesal del acusado se ha interpuesto contra la misma recurso de casación que ha sido articulado en doce motivos distintos: cinco de ellos (los cinco últimos), por vulneración de precepto constitucional; uno (el primero), por error de hecho en la valoración de la prueba; y los seis restantes, por infracción de ley ordinaria, debiendo comenzarse el estudio del posible fundamento de tales motivos, por razones lógicas y de método jurídico, por aquéllos en los que se denuncia vulneración de precepto constitucional.

SEGUNDO. Dado el carácter básico y la especial relevancia, desde el punto de vista de las garantías del proceso penal, del principio de presunción de inocencia (v. art. 24.2 C.E .), comenzaremos nuestro estudio por el último motivo del recurso; precisamente, aquel en el que se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado.

En el quinto de los motivos de casación. por supuesta vulneración de preceptos constitucionales, formulado al amparo del art. 5.4 de la LOPJ , se denuncia -como quebrantado- el derecho a la presunción de inocencia, proclamado en el art. 24.2 de la Constitución.

Comienza diciendo la parte recurrente, en pro de este motivo, que "la inexistencia de prueba de cargo respecto al delito previsto y penado en el art. 528 del Código Penal (1973 ) queda palpable en el propio relato de hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia, donde ninguna referencia se hace a las pruebas valoradas para deducir la comisión del delito por el que se le condena. La mera referencia a que se han tenido en cuenta las testificales no puede considerarse motivación suficiente (...)". "Los hechos narrados no sólo omiten circunstancias documentalmente acreditadas, sino que, además, no constituyen "engaño antecedente y bastante" para producir error en otros y permitir el desplazamiento patrimonial". "En los contratos privados suscritos por Don Cornelio consta cuál era su título y lo que se vendía". Además, "la casación penal no está sólo al servicio de los intereses objetivos ligados a la necesaria unificación en la aplicación del derecho, sino que, al desenvolver esta función, protege también al justiciable, que contará con la garantía del derecho al recurso" (v. art. 14.5 PIDCyP).

Por lo demás -se dice también-, la Audiencia no ha tomado en consideración "elementos de juicio relevantes que han sido correctamente aportados al juicio". "Este Tribunal, por ineludible exigencia del principio de presunción de inocencia, como regla del juicio, debe hacerlos objeto de examen y decidir en función del cuadro probatorio resultante". En todo caso, "ni en la fundamentación fáctica ni jurídica de la sentencia se precisan cuáles fueron las maniobras y actividades desplegadas para convencer a los distintos compradores de su titularidad sobre la finca" ("en los respectivos documentos de compra se hacía constar que el Sr. Cornelio las respectivas fincas las había adquirido en documento privado").

Sostiene también la parte recurrente que "resulta inverosímil que una persona compre guiado solamente por las alegaciones del denunciado", pues, "parece racional y lógico que antes de entrar en un negocio de esta naturaleza, cualquier persona verificase la realidad de los ofrecimientos, acudiendo o entrando en contacto con los propietarios que figuraban en el Registro de la Propiedad"; y pone de manifiesto cómo "el engaño (...) constituye la espina dorsal, el alma y la esencia de la estafa", y cómo tiene que ser "bastante, es decir, suficiente para mover la voluntad del que realiza el acto de disposición". Por ello -concluye-, "examinando los antecedentes fácticos y analizando la naturaleza y las características de los contratos firmados se podrá llegar a la conclusión de que, los que se presentan como perjudicados, conocían perfectamente todas las vicisitudes y complejidades que encerraba la operación inmobiliaria, ya que es inexplicable que los denunciantes se conformaran con la mera palabra del Sr. Cornelio para comprar una parcela urbana, a un precio barato no, baratísimo, y que, en cambio, firmaran un contrato en el que afirmaban adquirir una participación de una finca y, además, rústica". La Sala, por lo demás, "no ha tenido en cuenta la prueba de descargo que obra en autos: los propios contratos de venta; el contrato de cesión del Sr. Cornelio al Sr. Claudio ; la declaración de Claudio ; y las de los adquirentes que han renunciado a continuar con la querella ("porque el motivo que originó la denuncia ha sido solucionado favorablemente, habiéndose escriturado a su favor la finca objeto de la denuncia").

Se refiere asimismo la parte recurrente a la frase del factum en la que se dice que el acusado "aparentó solvencia" y se pregunta: ¿cómo la aparentó?, y ¿ante quién?.

En el relato de hechos probados de la resolución combatida, se dice que el acusado adquirió a sus propietarios la finca rústica denominada " DIRECCION000 ", en Puerto de la Torre, con pacto de reserva de dominio y precio de cuarenta y tres millones de pesetas, de los que solamente satisfizo cinco; y que, una vez en posesión de la finca, procedió a parcelarla y a vender las parcelas, "aparentando ante los compradores ser el dueño de la finca y que en dichas parcelas se podía construir una vivienda", "realizando una publicidad que inducía a creer que efectivamente se podía construir en dichas parcelas", habiendo ocultado luego a los compradores que el Ayuntamiento, por Decreto de 18 de diciembre de 1992 , había ordenado la paralización de la obra.

También se dice, en el factum, que, el 25 de mayo de 1993, Ismael vendió a Cornelio , en documento privado, una finca de 120.000 metros cuadrados, en término municipal de Málaga, por precio de 22.500.090 pesetas, entregando en pago -"dada la apariencia de solvencia del acusado"- cuatro pagarés cuyo pago fue denegado por el Banco Popular Español; y que, el 1 de junio de 1993, Cornelio -"fingiendo ser el verdadero titular"- vendió 4.400 metros cuadrados de dicha finca a Doña Araceli por 2.500.000 pesetas, de las que abonó 1.500.000 pesetas.

El relato fáctico de la sentencia -como hemos visto- describe la conducta engañosa del acusado (causante de error en los compradores y determinante del correspondiente desplazamiento patrimonial por éstos), verdadero elemento típico esencial del delito de estafa (v. arts. 528 y 531 CP-1973 ; y arts. 248 y 251 CP-1995 ), en términos tan amplios que prácticamente hacen imposible conocer cuál fue realmente la conducta desarrollada por el acusado, lo cual es absolutamente necesario para poder calificarla desde la perspectiva del Derecho penal. Aparentar ser dueño de una finca y que se podía construir en las parcelas de la misma (sin mayores concreciones), junto al hecho de haberla parcelado (ocultando a varios compradores que el Ayuntamiento había paralizado la obra), aparentar solvencia o fingir ser el verdadero titular de una finca, constituyen unas conductas insuficientemente descritas para poder ser calificadas como constitutivas de un delito continuado de estafa.

Sabemos que el "engaño" -según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia- ha de ser bastante para mover la voluntad del sujeto pasivo. Quiere ello decir, como ha precisado la misma jurisprudencia, que el engaño ha de ser proporcional y adecuado para la efectiva consumación del fin propuesto, en el sentido de que debe tener la suficiente entidad para que la convivencia social lo repudie y para que actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial; para lo cual es preciso atender tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto engañado, así como a las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto, de tal modo que la conducta del sujeto activo de este delito revista una apariencia de realidad y de seriedad que deba considerarse suficiente para engañar a personas de mediana perspicacia y diligencia.

El Tribunal de instancia dice, en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida, que la conducta del acusado ha resultado plenamente acreditada "por la amplia prueba documental y testifical practicada en el plenario" (expresión que adolece igualmente de vaguedad y falta de concreción), reconociendo que, pese a afirmarse que "el acusado vendía las parcelas como hábiles para la ulterior construcción", ello no obstante, "en los contratos" se hacía constar "la venta de participaciones indivisas de la finca"; recogiendo, además, diversas manifestaciones de varios compradores igualmente relevantes a este objeto: "quería construir (... ) aunque Cornelio no le dijo que podía hacerse una casa al día siguiente" (D. Gabino ); "que le dijo que la zona era urbanizable a largo plazo" (D. Benjamín ); "que Cornelio le dijo que no se podía construir por el momento" (D. Guillermo ); "aunque el acusado no le dijo que pudiera construirse casa" (D. Eduardo ); etc. (v. FJ 2º).

El propio Tribunal pone de relieve que "el error en los delitos de estafa ha de ponerse en relación con el nivel cultural de los perjudicados" (v. FJ 2º); mas -dicho esto- nada precisa sobre cuál fuera - en el presente caso- ese nivel ni, lo que es más importante desde la perspectiva de la vulneración constitucional aquí denunciada, con qué pruebas contó el Tribunal para pronunciarse sobre el particular.

El Tribunal de instancia, en definitiva, ha descrito en el factum, en términos tan vagos y genéricos, la conducta del acusado que, desde el punto de vista de la tipicidad penal, difícilmente podría calificarse jurídicamente en la forma en que lo ha hecho, por falta de los elementos precisos para ello; cuestión, ésta, que no vamos a estudiar aquí pero que ha sido planteada por la parte recurrente en el motivo segundo de su recurso, formulado al amparo del art. 849.1º de la LECrim ., como infracción de ley ordinaria. Mas, en todo caso, a los fines ahora examinados, es importante destacar que dicho Tribunal no ha expuesto, en forma alguna, cuál ha sido la concreta conducta del acusado frente a los perjudicados, cuáles fueron los medios utilizados por el mismo para aparentar -en forma creíble para un ciudadano medianamente culto y diligente- que era persona solvente, que era dueño de las fincas, que tenía la libre disposición de las mismas, que las fincas (rústicas) era parcelables y que se podía construir en ellas, y qué tipo de publicidad llevó a cabo, en su caso. Por lo demás, tampoco ha precisado el Tribunal los medios probatorios en mérito de los cuáles ha estimado la concurrencia de la eximente incompleta de enajenación mental del acusado (sobre lo que, además, nada se dice en el factum), por padecer el mismo "trastornos psicológicos cuyo diagnóstico exacto es discutido entre los peritos, (...), pero que, en todo caso, a criterio de este Tribunal, limitan seriamente, aunque no anulan totalmente sus facultades intelectivas y volitivas" (v. FJ 3º).

A los fines aquí perseguidos, es asimismo relevante destacar que el Tribunal de instancia tampoco ha examinado, ni se ha pronunciado -como debía, para dar al acusado la obligada tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E .)- sobre la prueba de descargo aportada por la defensa del acusado; de modo especial, el contrato de cesión celebrado entre el Sr. Cornelio y el Sr. Claudio (f. 470 del rollo de la Audiencia), la declaración de éste, así como las declaraciones de los diversos compradores - inicialmente querellantes- que renunciaron a continuar con la querella, "porque el motivo que originó la denuncia ha sido solucionado favorablemente, habiéndose escriturado a su favor la finca objeto de la denuncia".

Llegados a este punto, es preciso reconocer que, con independencia de las evidentes carencias advertidas en el relato fáctico de la sentencia recurrida (por falta de la necesaria concreción en los extremos esenciales del mismo) que, en buena técnica, impedirían aceptar como jurídicamente correcta la calificación jurídica cuestionada respecto de la conducta del acusado, es incuestionable también que el Tribunal de instancia no ha expuesto en la forma exigible para poder superar el control casacional inherente a la denunciada vulneración del derecho del acusado a la presunción de inocencia las pruebas de cargo que han podido acreditar la concurrencia de todos los requisitos necesarios para la existencia del delito continuado de estafa de especial gravedad y múltiples perjudicados por el que ha sido condenado el aquí recurrente.

Procede, en conclusión, la estimación de este motivo, lo cual hace innecesario el examen de los restantes motivos del recurso.