Sentencia Penal Nº 994/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 378/2002 de 25 de Julio de 2003

El TS desestima los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, contra la sentencia que, absolviendo a los acusados del delito de estafa que se les imputaba, condenó al primero de los recurrentes al abono de la mitad de las costas, y a los dos a una sexta parte de la otra mitad de las costas. Manifiesta la Sala que el recurrente la presentación por una sociedad mercantil de una solicitud de suspensión de pagos no implica en modo alguno que los representantes o administradores de aquélla se propongan incumplir sus obligaciones. El derecho a la tutela judicial efectiva ni el derecho a la defensa comportan que el Tribunal haya de valorar la prueba celebrada en el proceso de forma coincidente con el criterio de la parte que la propone. El derecho a la tutela judicial efectiva queda satisfecho cuando el justiciable, tras poder alegar y probar lo que convenga a sus derechos o intereses legítimos, recibe del Tribunal una respuesta razonada en derecho. Y el derecho a la defensa garantiza tres derechos cuyo titular es primordialmente el acusado: el de defenderse por sí mismo, el de defenderse mediante asistencia letrada de su elección y, en determinadas condiciones, el de recibir asistencia letrada gratuita. Obviamente ninguno de tales derechos, ni tampoco el de utilizar los medios pertinentes para la defensa, le han sido desconocidos por el Tribunal de instancia a la parte acusadora en cuyo nombre se interpone el recurso que examinamos.