Sentencia Penal Nº 345/2007, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 11319/2006 de 24 de Abril de 2007

PRIMERO.- La Audiencia Provincial de Madrid, Sección primera, absolvió a Lázaro por estimar concurrente en él la eximente completa de anomalía o alteración psíquica (antigua enfermedad mental), del número primero del art. 20 del Código penal , al padecer una esquizofrenia paranoide, y cometer los hechos enjuiciados en pleno brote psicótico, y determinó, entre otros pronunciamientos, la adopción de una medida de seguridad consistente en internamiento en un centro médico por tiempo máximo de diez años, como autor de un delito intentado de homicidio en la persona de su padre, por lo que apreció igualmente la agravante mixta de parentesco, y de otro, de un delito consumado de amenazas graves, causado a la persona de su madre, con igual circunstancia agravante, por el que dispuso la propia medida de seguridad, estableciendo el plazo máximo de internamiento de un año, así como remisión a la Fiscalía encargada de la tramitación de incapacidades del oportuno testimonio de actuaciones, a los efectos civiles correspondientes.

Frente a dicha resolución judicial, se ha formalizado este recurso de casación, por citado acusado en la instancia, que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

SEGUNDO.- El primer motivo de su censura casacional, lo viabiliza el autor del recurso por el cauce autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Denuncia la indebida aplicación del art. 101 en relación con el art. 96, ambos del Código penal .

Se queja el recurrente de la clase de medida de seguridad por la que ha optado la Sala sentenciadora de instancia, el expresado internamiento, siendo así que lo procedente, en su tesis, hubiera sido la adopción de un tratamiento ambulatorio, en virtud de los informes médicos que invoca, aspecto éste -dice- que venía realizando hasta fechas anteriores a los hechos enjuiciados con absoluta normalidad en el ambulatorio que cita, ya que mediante la toma de los medicamentos prescritos llevaba una vida "relativamente normal", y solamente tras el abandono del tratamiento prescrito, se ha descompensado, cometiéndose los delitos que han sido objeto de enjuiciamiento, los que reconoce -sin más censura- el recurrente.

El motivo no puede prosperar.

La mayoría de los sistemas penales vigentes se califican como dualistas o de doble vía en lo referente a las consecuencias jurídicas del delito, ya que no es la pena la consecuencia esencial de la infracción penal, sino son posibles la aplicación de medidas de seguridad postdelictuales, en aquellos casos en que el sujeto posee determinados componentes en su personalidad que revelan una peligrosidad delictiva, con probabilidad repetitiva, y además que requieren un tratamiento especial, derivado de sus especiales condiciones personales.

Es por ello que si la pena ha de ser proporcionada al delito, la medida de seguridad se individualiza según la peligrosidad del sujeto; las penas se imponen a los imputables, y las medidas a los peligrosos, cualquiera que sea su grado de imputabilidad. El legislador penal dice que las medidas de seguridad "se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito" (art. 6.1 del Código penal ).

Resulta justificado y razonable conectar las medidas de seguridad relativas a los enajenados mentales, no con el tipo de delito cometido, sino con su peligrosidad social y con la evolución de su enfermedad (STC 24/1993 ). Esa prognosis, se fundamenta, a su vez:

1. Peligrosidad criminal: esto es, que una persona se considere potencialmente idónea para cometer acciones "antisociales", o dañosas. A dicho conocimiento se refiere el art. 95.1.2ª del Código penal cuando dice que es preciso para que el juez o tribunal aplique una medida de seguridad "... que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos".

2. Necesidad de la aplicación de tales medidas: El juez o tribunal la aplicará "previos los informes que estime convenientes" (art. 95, CP ) y, como se advierte en los arts. 101 a 103 , "si fuere necesario".

Respecto al límite temporal, la STS 1176/2003, de 12 de septiembre , declara la siguiente doctrina legal: "A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, y también en España antes del CP 1995 , ahora bajo la vigencia de este último Código, hay que fijar en la sentencia (absolutoria respecto de la pena) el límite máximo de la medida de seguridad, particularmente, cuando ésta consiste en privación de libertad. Así lo manda dicho código en su art. 101.1 , que también nos dice el criterio para tal fijación del límite máximo: el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, pero considerada en abstracto, tal y como lo precisa el art. 6.2 del mismo CP 95 y conforme lo interpreta la circular de la Fiscalía General del Estado al responder a la consulta número 5/1997, de 24 de febrero. Esta referencia a la "pena abstractamente aplicable al hecho cometido", como literalmente se dice en ese art. 6.2 , entendemos que ha de referirse a la prevista en el correspondiente artículo definidor del delito teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 61 a 64 a propósito del grado de ejecución (consumación y tentativa) y de participación (autoría y complicidad) y sin consideración a las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter genérico (arts. 21, 22 y 23 ). Así habrá de fijarse en la sentencia absolutoria el límite máximo de la medida privativa de libertad, siempre con la correspondiente motivación exigible para todo el contenido de la sentencia (art. 120.3 CE ), con lo que quedarán satisfechas las exigencias propias de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. Como consecuencia de la absolución por inimputabilidad del acusado no hubo de imponerse pena, pero la medida de seguridad correspondiente tenía como límite máximo el que viene determinado por la pena a aplicar considerada en abstracto. La cuantía concreta de ese límite máximo ha de determinarse prescindiendo de la culpabilidad, que es el fundamento de la pena, culpabilidad que no existió por la mencionada inimputabilidad, y teniendo en cuenta la peligrosidad del sujeto, que constituye el fundamento de la medida de seguridad. Y así llegamos a lo que aquí queremos decir; para examinar si concurrieron en el caso los requisitos del asesinato que apreció la sentencia recurrida, la alevosía y el ensañamiento (art. 139.1ª y 3ª ), a estos efectos de determinación del límite de la duración del internamiento acordado, hemos de prescindir de los elementos de naturaleza subjetiva que los definen, porque se encuentran conectados con el elemento de culpabilidad que aquí no existió y cuya falta propició la absolución. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad está en la base de esos elementos subjetivos que contribuyen a configurar tanto la alevosía como el ensañamiento. Si no hay capacidad de culpabilidad no cabe tener en consideración tales elementos subjetivos, por lo que nos hemos de limitar a examinar si concurren los elementos propios de tales dos agravantes constitutivas del delito de asesinato. En definitiva, la peligrosidad, fundamento de la medida de seguridad, ha de cuantificarse en base sólo a tales elementos objetivos que, desde luego, en el caso presente concurrieron".

La Sentencia que hemos trascrito nos resuelve la mayoría de los temas que se suscitan en esta censura casacional, y dicha resolución judicial ha sido objeto de confirmación reiterada por la doctrina de esta Sala Casacional.

En suma, respecto al primer problema planteado, que es el objeto de este motivo, la medida de seguridad no se impone -sin más-, como un remedio terapéutico para el enfermo mental, inimputable penalmente, sino en función de la peligrosidad social del sujeto, y del pronóstico de reincidir en su comisión criminal. En definitiva, se trata de la adopción de una medida de seguridad socialmente defensiva, que se adopta dada la peligrosidad criminal del reo. En el caso, la Sala sentenciadora de instancia ha fundamentado sobradamente tal peligrosidad criminal, en función de los informes médicos obrantes en autos, y de la posibilidad de repetición de los hechos enjuiciados, lo que conduce a la desestimación del motivo, sin perjuicio de la posibilidad de sustitución de tal medida de seguridad por otra menos aflictiva, en fase de ejecución de sentencia, y conforme autoriza el art. 97 del Código penal , mediante un procedimiento contradictorio y previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria, lo que deberá realizar al menos anualmente, con la oportuna propuesta.

TERCERO.- El segundo motivo reprocha la aplicación de la agravante mixta de parentesco (art. 23 C.P .), siendo así -se dice- que "nunca pudo comprender quiénes eran las personas a las que estaba agraviando con sus hechos y por ello si las mismas eran sus padres o si eran personas distintas".

Ciertamente, el tema es sugerente, y ha sido objeto de atención de la doctrina científica, con opiniones diversas. Pero en la jurisprudencia esta cuestión ha sido resuelta, como precedentemente hemos ya dicho, desde el Acuerdo Plenario de 26 de mayo de 2000, en donde se dispuso que "en los supuestos de aplicación de la medida de internamiento prevenido para los inimputables en el art. 101.1º del Código penal , el límite temporal de la medida viene establecido por la tipificación del hecho como si el sujeto fuera responsable", lo que condujo a que en el Acuerdo correspondiente al supuesto planteado, se acordó que en caso de "alevosía el hecho ha de calificarse como de asesinato". Se dictó al respecto la STS 494/2000, de 29 de junio , y otras muchas posteriores. De modo que se prescinde de las circunstancias subjetivas para la calificación del hecho, pues la ley penal parte de la ficción como si el sujeto "fuera responsable" del hecho, a los solos efectos de fijar la duración máxima de la medida de seguridad. Con mayor razón que la alevosía, en el caso ahora enjuiciado, de parentesco natural de ascendiente en primer grado, padre o madre, pues la objetivación de tal circunstancia mixta, funcionando como agravante en los delitos contra la vida o la integridad de las personas, es más que patente.

Y para la rebaja de un solo grado, el Tribunal "a quo" ha tomado en consideración el grado de desarrollo alcanzado, pues la incisión traumática con un instrumento cortante en el cuello es suficientemente demostrativa del iter criminal desplegado, permitiendo sostener tal decisión.

Ahora bien, como bien señala el Ministerio Fiscal al apoyar el motivo, técnicamente la duración máxima de 10 años, se encuentra en zona punitiva correspondiente a la consumación y no a la tentativa, la cual, en virtud de lo dispuesto en el art. 70.1.2ª in fine del Código penal , debe ser rebajado al menos en un día. Por consiguiente, el motivo será parcialmente estimado en la forma que se dirá en la segunda sentencia que ha de dictarse. No ocurre lo propio con el delito de amenazas, pues éste ha resultado consumado.

CUARTO.- Al estimarse parcialmente el recurso, se han de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional (art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ).