Sentencia Penal 130/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Penal plaza nº 2 de Santander, Rec. 285/2025 de 29 de mayo del 2026

PRIMERO.-Del material probatorio obrante a los autos y de las pruebas practicadas en el acto del juicio, se desprende la existencia de versiones contradictorias entre las partes, que mantienen conflictivas relaciones de vecindad, habiendo existido además un procedimiento previo respecto a otro vecino (A 48 y ss) de Juicio inmediato sobre delitos leves nº 177/24, en el que el Sr. Demetrio, denunció a distinto vecino por haberle asestado un puñetazo en una discusión el 14-2-24, siendo el mismo también denunciado de adverso, en el atestado instruido, donde también se identificaba a los actuales denunciantes, Carlos Ramón y Matilde, como testigos. En dicho procedimiento precedente por lesiones, recayó sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrelavega nº 28/2024 de fecha 21-2-2024, (A 70) absolutoria de ambos denunciados, reflejando la misma que a la vista no asistieron ninguna de las partes citadas legalmente.

En las presentes actuaciones, Carlos Ramón, denuncio que el 8-7-24 en el rellano de la escalera el acusado le había increpado diciendo "te voy a dar dos hostias, eres un hijo de puta por ir de testigo falso a un juicio, os voy a arruinar la vida, os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible", que después de meterse en casa, salió su pareja Matilde, estando Demetrio grabando con el móvil, sosteniendo un cuchillo en la mano, diciendo "os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible". El acusado confirma el encuentro con el denunciante en dicha fecha, pero negando los hechos denunciados, afirmando que estaba fumándose un porro y olía a marihuana, diciéndole que lo hiciera en otro lado, poniéndose aquel agresivo diciéndole te voy matar hijo de puta, que salió la mujer empezando el a grabar la discusión. Añade que, en el anterior juicio con tercero, el juez les dijo que se ignorasen, que en la sentencia se indica que no asistieron, y que, a Carlos Ramón, que ni siquiera entró, le vio a la salida, y que no estaba Matilde. La sentencia anteriormente señalada confirma que no llegaron a practicarse testificales en aquel procedimiento.

SEGUNDO.-El Sr. Carlos Ramón, en su testifical en la vista, viene a ratificar su denuncia, indicando que el acusado le recrimina que hubiera ido de testigo falso al otro juicio, entrando a declarar lo que había visto, que estaba agrediendo a otro vecino, añadiendo un forcejeo en su discusión diciendo que se empujan un poco, y que su mujer asustada le ve ir hacia ellos con un cuchillo en la mano y grabando con el móvil. Interrogado expresamente, llega a indicar que puede que se reiterasen las denuncias en el procedimiento anterior. Matilde, declara que su pareja salió a tomar una café y volvió muy nervioso porque había discutido con el vecino por el juicio anterior, que escuchó jaleo, que estaba con el móvil grabando y les iba a denunciar, que no se acuerda exactamente de lo que dijo, no recordando más, que en el juicio previo fue su pareja de testigo, que ella no fue citada como tal, que no se acuerda si llegaron a entrar.

Se imputa al encartado la comisión de un delito leve de amenazas, del artículo 171.7, párrafo primero, y un delito del art. 464.2 del Código Penal, que sanciona a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior (quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo) por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

No puede entenderse acreditada ni probada la comisión del delito por el encartado, en virtud del testimonio de los denunciantes, en el que se aprecia ausencia de suficiente persistencia y firmeza, cuando se incluye algún empujón que no se había denunciado, así como falta al menos de un claro o nítido recuerdo del juicio previo, en el que efectivamente no existieron declaraciones testificales, como indicaba el encausado. Lo que si se ha constatado de la grabación aportada por el denunciante reproducida en el acto del juicio, aunque la misma es parcial, y no total del incidente, puesto que en ella puede verse a los dos miembros de la pareja denunciante, es que, Carlos Ramón, en la discusión con el implicado le espeta "A ti te mato yo" y también "eres un hijo de puta". Así consta además en los hechos probados de la sentencia nº 117/2025 de 26-11-25, del la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega Plaza 1 en el Juicio de delitos leves 330/2025 condenando a Carlos Ramón, por delito leve de amenazas, en el curso de la riña en la escalera del domicilio de ambos, el mismo día 8 de julio de 2024, sobre las 12 horas, por idéntico episodio.

En consecuencia, no concurre prueba bastante de cargo de la comisión del delito imputado, y de los requisitos precisos para su sanción, sin que las dudas planteadas puedan perjudicar al acusado, y en tales términos solamente puede concluirse, que no puede entenderse debidamente desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al encartado, a quien no corresponde probar su inocencia, que debe quedar enervada por la prueba incriminatoria aportada por la acusación, y que en este caso no permite alcanzar la convicción indubitada con la certeza precisa de la comisión del delito imputado, por lo que únicamente puede dictarse un pronunciamiento absolutorio, al no poder basarse una condena en el ámbito penal en el que nos encontramos, en hipótesis, conjeturas, o en presunciones que relajen la intensidad de la prueba de cargo exigible para enervar el principio de presunción de inocencia, por lo que aplicando el principio pro reo, debe dictarse sentencia absolutoria.

TERCERO.-El principio de presunción de inocencia, que tiene rango de derecho fundamental y que aparece consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, como el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de Protección de los Derechos Humanos, supone sustancialmente que hay que partir inexcusablemente de la inocencia y que es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado, sin que este aparezca agravado con la carga procesal de demostrar su inocencia. Para llegar a destruir tal presunción, de naturaleza iuris tantum y conseguir la condena, se precisa una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada además con todas las garantías y practicada "in facie iudicis", con contradicción de las partes y publicidad y habiéndose conseguido los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales.

Como señalan, entre otras, las sentencias de 23 de marzo de 1999 y 29 de diciembre de 1997, el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho, la condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso.

Dicho principio impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable, con aportación de las pruebas tendentes a lograr el convencimiento acerca de la existencia de los hechos enjuiciados y su atribución a los acusados, sin que sea lícito invertir la carga o peso de la prueba y pretender que sean los acusados, quienes muestren su inocencia. Al hallarnos en un proceso penal, sólo una demostración por encima de toda duda razonable de los hechos enjuiciados, puede dar lugar a la declaración de la responsabilidad criminal, sin que sean suficientes las meras intuiciones, las sospechas, las cábalas, las hipótesis elucubrativas o las simples conjeturas. El Tribunal penal, que en ningún caso puede asumir el riesgo de condenar a un inocente, debe aceptar, sin embargo, el de absolver a quien la acusación señala como culpable cuando no existen pruebas suficientes de su responsabilidad criminal.

El Alto Tribunal ha señalado que el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia, consagrado constitucionalmente, constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables. Además el principio "in dubio pro reo" impone la exigencia inexcusable de pronunciarse a favor del reo en los supuestos dudosos que no le permitan llegar a una convicción de certeza en el dato examinado ( SSTS de 20 de enero de 1993, 24 de junio de 1995 y las más recientes de 11 de abril y 11 de mayo del año 2001). Abundando en este sentido, la STS de 23 de febrero del año 2001, que recoge la del mismo Tribunal de 27 de abril de 1998, entiende que "el principio "in dubio pro reo"", interpretado a la luz del hecho fundamental a la presunción de inocencia, no sólo tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza. Solamente cabe por lo tanto la absolución,y no procede la deducción de testimonio por delito de falso testimonio contra los denunciantes instado por la defensa, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a la partes, puesto que la grabación no es integra, y no puede afirmarse indubitadamente el contenido previo de la discusión, al ser el video solamente parcial.

CUARTO.-Las costas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación

PRIMERO.-Del material probatorio obrante a los autos y de las pruebas practicadas en el acto del juicio, se desprende la existencia de versiones contradictorias entre las partes, que mantienen conflictivas relaciones de vecindad, habiendo existido además un procedimiento previo respecto a otro vecino (A 48 y ss) de Juicio inmediato sobre delitos leves nº 177/24, en el que el Sr. Demetrio, denunció a distinto vecino por haberle asestado un puñetazo en una discusión el 14-2-24, siendo el mismo también denunciado de adverso, en el atestado instruido, donde también se identificaba a los actuales denunciantes, Carlos Ramón y Matilde, como testigos. En dicho procedimiento precedente por lesiones, recayó sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrelavega nº 28/2024 de fecha 21-2-2024, (A 70) absolutoria de ambos denunciados, reflejando la misma que a la vista no asistieron ninguna de las partes citadas legalmente.

En las presentes actuaciones, Carlos Ramón, denuncio que el 8-7-24 en el rellano de la escalera el acusado le había increpado diciendo "te voy a dar dos hostias, eres un hijo de puta por ir de testigo falso a un juicio, os voy a arruinar la vida, os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible", que después de meterse en casa, salió su pareja Matilde, estando Demetrio grabando con el móvil, sosteniendo un cuchillo en la mano, diciendo "os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible". El acusado confirma el encuentro con el denunciante en dicha fecha, pero negando los hechos denunciados, afirmando que estaba fumándose un porro y olía a marihuana, diciéndole que lo hiciera en otro lado, poniéndose aquel agresivo diciéndole te voy matar hijo de puta, que salió la mujer empezando el a grabar la discusión. Añade que, en el anterior juicio con tercero, el juez les dijo que se ignorasen, que en la sentencia se indica que no asistieron, y que, a Carlos Ramón, que ni siquiera entró, le vio a la salida, y que no estaba Matilde. La sentencia anteriormente señalada confirma que no llegaron a practicarse testificales en aquel procedimiento.

SEGUNDO.-El Sr. Carlos Ramón, en su testifical en la vista, viene a ratificar su denuncia, indicando que el acusado le recrimina que hubiera ido de testigo falso al otro juicio, entrando a declarar lo que había visto, que estaba agrediendo a otro vecino, añadiendo un forcejeo en su discusión diciendo que se empujan un poco, y que su mujer asustada le ve ir hacia ellos con un cuchillo en la mano y grabando con el móvil. Interrogado expresamente, llega a indicar que puede que se reiterasen las denuncias en el procedimiento anterior. Matilde, declara que su pareja salió a tomar una café y volvió muy nervioso porque había discutido con el vecino por el juicio anterior, que escuchó jaleo, que estaba con el móvil grabando y les iba a denunciar, que no se acuerda exactamente de lo que dijo, no recordando más, que en el juicio previo fue su pareja de testigo, que ella no fue citada como tal, que no se acuerda si llegaron a entrar.

Se imputa al encartado la comisión de un delito leve de amenazas, del artículo 171.7, párrafo primero, y un delito del art. 464.2 del Código Penal, que sanciona a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior (quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo) por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

No puede entenderse acreditada ni probada la comisión del delito por el encartado, en virtud del testimonio de los denunciantes, en el que se aprecia ausencia de suficiente persistencia y firmeza, cuando se incluye algún empujón que no se había denunciado, así como falta al menos de un claro o nítido recuerdo del juicio previo, en el que efectivamente no existieron declaraciones testificales, como indicaba el encausado. Lo que si se ha constatado de la grabación aportada por el denunciante reproducida en el acto del juicio, aunque la misma es parcial, y no total del incidente, puesto que en ella puede verse a los dos miembros de la pareja denunciante, es que, Carlos Ramón, en la discusión con el implicado le espeta "A ti te mato yo" y también "eres un hijo de puta". Así consta además en los hechos probados de la sentencia nº 117/2025 de 26-11-25, del la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega Plaza 1 en el Juicio de delitos leves 330/2025 condenando a Carlos Ramón, por delito leve de amenazas, en el curso de la riña en la escalera del domicilio de ambos, el mismo día 8 de julio de 2024, sobre las 12 horas, por idéntico episodio.

En consecuencia, no concurre prueba bastante de cargo de la comisión del delito imputado, y de los requisitos precisos para su sanción, sin que las dudas planteadas puedan perjudicar al acusado, y en tales términos solamente puede concluirse, que no puede entenderse debidamente desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al encartado, a quien no corresponde probar su inocencia, que debe quedar enervada por la prueba incriminatoria aportada por la acusación, y que en este caso no permite alcanzar la convicción indubitada con la certeza precisa de la comisión del delito imputado, por lo que únicamente puede dictarse un pronunciamiento absolutorio, al no poder basarse una condena en el ámbito penal en el que nos encontramos, en hipótesis, conjeturas, o en presunciones que relajen la intensidad de la prueba de cargo exigible para enervar el principio de presunción de inocencia, por lo que aplicando el principio pro reo, debe dictarse sentencia absolutoria.

TERCERO.-El principio de presunción de inocencia, que tiene rango de derecho fundamental y que aparece consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, como el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de Protección de los Derechos Humanos, supone sustancialmente que hay que partir inexcusablemente de la inocencia y que es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado, sin que este aparezca agravado con la carga procesal de demostrar su inocencia. Para llegar a destruir tal presunción, de naturaleza iuris tantum y conseguir la condena, se precisa una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada además con todas las garantías y practicada "in facie iudicis", con contradicción de las partes y publicidad y habiéndose conseguido los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales.

Como señalan, entre otras, las sentencias de 23 de marzo de 1999 y 29 de diciembre de 1997, el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho, la condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso.

Dicho principio impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable, con aportación de las pruebas tendentes a lograr el convencimiento acerca de la existencia de los hechos enjuiciados y su atribución a los acusados, sin que sea lícito invertir la carga o peso de la prueba y pretender que sean los acusados, quienes muestren su inocencia. Al hallarnos en un proceso penal, sólo una demostración por encima de toda duda razonable de los hechos enjuiciados, puede dar lugar a la declaración de la responsabilidad criminal, sin que sean suficientes las meras intuiciones, las sospechas, las cábalas, las hipótesis elucubrativas o las simples conjeturas. El Tribunal penal, que en ningún caso puede asumir el riesgo de condenar a un inocente, debe aceptar, sin embargo, el de absolver a quien la acusación señala como culpable cuando no existen pruebas suficientes de su responsabilidad criminal.

El Alto Tribunal ha señalado que el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia, consagrado constitucionalmente, constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables. Además el principio "in dubio pro reo" impone la exigencia inexcusable de pronunciarse a favor del reo en los supuestos dudosos que no le permitan llegar a una convicción de certeza en el dato examinado ( SSTS de 20 de enero de 1993, 24 de junio de 1995 y las más recientes de 11 de abril y 11 de mayo del año 2001). Abundando en este sentido, la STS de 23 de febrero del año 2001, que recoge la del mismo Tribunal de 27 de abril de 1998, entiende que "el principio "in dubio pro reo"", interpretado a la luz del hecho fundamental a la presunción de inocencia, no sólo tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza. Solamente cabe por lo tanto la absolución,y no procede la deducción de testimonio por delito de falso testimonio contra los denunciantes instado por la defensa, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a la partes, puesto que la grabación no es integra, y no puede afirmarse indubitadamente el contenido previo de la discusión, al ser el video solamente parcial.

CUARTO.-Las costas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación

PRIMERO.-Del material probatorio obrante a los autos y de las pruebas practicadas en el acto del juicio, se desprende la existencia de versiones contradictorias entre las partes, que mantienen conflictivas relaciones de vecindad, habiendo existido además un procedimiento previo respecto a otro vecino (A 48 y ss) de Juicio inmediato sobre delitos leves nº 177/24, en el que el Sr. Demetrio, denunció a distinto vecino por haberle asestado un puñetazo en una discusión el 14-2-24, siendo el mismo también denunciado de adverso, en el atestado instruido, donde también se identificaba a los actuales denunciantes, Carlos Ramón y Matilde, como testigos. En dicho procedimiento precedente por lesiones, recayó sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrelavega nº 28/2024 de fecha 21-2-2024, (A 70) absolutoria de ambos denunciados, reflejando la misma que a la vista no asistieron ninguna de las partes citadas legalmente.

En las presentes actuaciones, Carlos Ramón, denuncio que el 8-7-24 en el rellano de la escalera el acusado le había increpado diciendo "te voy a dar dos hostias, eres un hijo de puta por ir de testigo falso a un juicio, os voy a arruinar la vida, os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible", que después de meterse en casa, salió su pareja Matilde, estando Demetrio grabando con el móvil, sosteniendo un cuchillo en la mano, diciendo "os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible". El acusado confirma el encuentro con el denunciante en dicha fecha, pero negando los hechos denunciados, afirmando que estaba fumándose un porro y olía a marihuana, diciéndole que lo hiciera en otro lado, poniéndose aquel agresivo diciéndole te voy matar hijo de puta, que salió la mujer empezando el a grabar la discusión. Añade que, en el anterior juicio con tercero, el juez les dijo que se ignorasen, que en la sentencia se indica que no asistieron, y que, a Carlos Ramón, que ni siquiera entró, le vio a la salida, y que no estaba Matilde. La sentencia anteriormente señalada confirma que no llegaron a practicarse testificales en aquel procedimiento.

SEGUNDO.-El Sr. Carlos Ramón, en su testifical en la vista, viene a ratificar su denuncia, indicando que el acusado le recrimina que hubiera ido de testigo falso al otro juicio, entrando a declarar lo que había visto, que estaba agrediendo a otro vecino, añadiendo un forcejeo en su discusión diciendo que se empujan un poco, y que su mujer asustada le ve ir hacia ellos con un cuchillo en la mano y grabando con el móvil. Interrogado expresamente, llega a indicar que puede que se reiterasen las denuncias en el procedimiento anterior. Matilde, declara que su pareja salió a tomar una café y volvió muy nervioso porque había discutido con el vecino por el juicio anterior, que escuchó jaleo, que estaba con el móvil grabando y les iba a denunciar, que no se acuerda exactamente de lo que dijo, no recordando más, que en el juicio previo fue su pareja de testigo, que ella no fue citada como tal, que no se acuerda si llegaron a entrar.

Se imputa al encartado la comisión de un delito leve de amenazas, del artículo 171.7, párrafo primero, y un delito del art. 464.2 del Código Penal, que sanciona a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior (quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo) por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

No puede entenderse acreditada ni probada la comisión del delito por el encartado, en virtud del testimonio de los denunciantes, en el que se aprecia ausencia de suficiente persistencia y firmeza, cuando se incluye algún empujón que no se había denunciado, así como falta al menos de un claro o nítido recuerdo del juicio previo, en el que efectivamente no existieron declaraciones testificales, como indicaba el encausado. Lo que si se ha constatado de la grabación aportada por el denunciante reproducida en el acto del juicio, aunque la misma es parcial, y no total del incidente, puesto que en ella puede verse a los dos miembros de la pareja denunciante, es que, Carlos Ramón, en la discusión con el implicado le espeta "A ti te mato yo" y también "eres un hijo de puta". Así consta además en los hechos probados de la sentencia nº 117/2025 de 26-11-25, del la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega Plaza 1 en el Juicio de delitos leves 330/2025 condenando a Carlos Ramón, por delito leve de amenazas, en el curso de la riña en la escalera del domicilio de ambos, el mismo día 8 de julio de 2024, sobre las 12 horas, por idéntico episodio.

En consecuencia, no concurre prueba bastante de cargo de la comisión del delito imputado, y de los requisitos precisos para su sanción, sin que las dudas planteadas puedan perjudicar al acusado, y en tales términos solamente puede concluirse, que no puede entenderse debidamente desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al encartado, a quien no corresponde probar su inocencia, que debe quedar enervada por la prueba incriminatoria aportada por la acusación, y que en este caso no permite alcanzar la convicción indubitada con la certeza precisa de la comisión del delito imputado, por lo que únicamente puede dictarse un pronunciamiento absolutorio, al no poder basarse una condena en el ámbito penal en el que nos encontramos, en hipótesis, conjeturas, o en presunciones que relajen la intensidad de la prueba de cargo exigible para enervar el principio de presunción de inocencia, por lo que aplicando el principio pro reo, debe dictarse sentencia absolutoria.

TERCERO.-El principio de presunción de inocencia, que tiene rango de derecho fundamental y que aparece consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, como el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de Protección de los Derechos Humanos, supone sustancialmente que hay que partir inexcusablemente de la inocencia y que es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado, sin que este aparezca agravado con la carga procesal de demostrar su inocencia. Para llegar a destruir tal presunción, de naturaleza iuris tantum y conseguir la condena, se precisa una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada además con todas las garantías y practicada "in facie iudicis", con contradicción de las partes y publicidad y habiéndose conseguido los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales.

Como señalan, entre otras, las sentencias de 23 de marzo de 1999 y 29 de diciembre de 1997, el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho, la condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso.

Dicho principio impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable, con aportación de las pruebas tendentes a lograr el convencimiento acerca de la existencia de los hechos enjuiciados y su atribución a los acusados, sin que sea lícito invertir la carga o peso de la prueba y pretender que sean los acusados, quienes muestren su inocencia. Al hallarnos en un proceso penal, sólo una demostración por encima de toda duda razonable de los hechos enjuiciados, puede dar lugar a la declaración de la responsabilidad criminal, sin que sean suficientes las meras intuiciones, las sospechas, las cábalas, las hipótesis elucubrativas o las simples conjeturas. El Tribunal penal, que en ningún caso puede asumir el riesgo de condenar a un inocente, debe aceptar, sin embargo, el de absolver a quien la acusación señala como culpable cuando no existen pruebas suficientes de su responsabilidad criminal.

El Alto Tribunal ha señalado que el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia, consagrado constitucionalmente, constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables. Además el principio "in dubio pro reo" impone la exigencia inexcusable de pronunciarse a favor del reo en los supuestos dudosos que no le permitan llegar a una convicción de certeza en el dato examinado ( SSTS de 20 de enero de 1993, 24 de junio de 1995 y las más recientes de 11 de abril y 11 de mayo del año 2001). Abundando en este sentido, la STS de 23 de febrero del año 2001, que recoge la del mismo Tribunal de 27 de abril de 1998, entiende que "el principio "in dubio pro reo"", interpretado a la luz del hecho fundamental a la presunción de inocencia, no sólo tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza. Solamente cabe por lo tanto la absolución,y no procede la deducción de testimonio por delito de falso testimonio contra los denunciantes instado por la defensa, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a la partes, puesto que la grabación no es integra, y no puede afirmarse indubitadamente el contenido previo de la discusión, al ser el video solamente parcial.

CUARTO.-Las costas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación

PRIMERO.-Del material probatorio obrante a los autos y de las pruebas practicadas en el acto del juicio, se desprende la existencia de versiones contradictorias entre las partes, que mantienen conflictivas relaciones de vecindad, habiendo existido además un procedimiento previo respecto a otro vecino (A 48 y ss) de Juicio inmediato sobre delitos leves nº 177/24, en el que el Sr. Demetrio, denunció a distinto vecino por haberle asestado un puñetazo en una discusión el 14-2-24, siendo el mismo también denunciado de adverso, en el atestado instruido, donde también se identificaba a los actuales denunciantes, Carlos Ramón y Matilde, como testigos. En dicho procedimiento precedente por lesiones, recayó sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Torrelavega nº 28/2024 de fecha 21-2-2024, (A 70) absolutoria de ambos denunciados, reflejando la misma que a la vista no asistieron ninguna de las partes citadas legalmente.

En las presentes actuaciones, Carlos Ramón, denuncio que el 8-7-24 en el rellano de la escalera el acusado le había increpado diciendo "te voy a dar dos hostias, eres un hijo de puta por ir de testigo falso a un juicio, os voy a arruinar la vida, os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible", que después de meterse en casa, salió su pareja Matilde, estando Demetrio grabando con el móvil, sosteniendo un cuchillo en la mano, diciendo "os voy a denunciar, os voy a hacer la vida imposible". El acusado confirma el encuentro con el denunciante en dicha fecha, pero negando los hechos denunciados, afirmando que estaba fumándose un porro y olía a marihuana, diciéndole que lo hiciera en otro lado, poniéndose aquel agresivo diciéndole te voy matar hijo de puta, que salió la mujer empezando el a grabar la discusión. Añade que, en el anterior juicio con tercero, el juez les dijo que se ignorasen, que en la sentencia se indica que no asistieron, y que, a Carlos Ramón, que ni siquiera entró, le vio a la salida, y que no estaba Matilde. La sentencia anteriormente señalada confirma que no llegaron a practicarse testificales en aquel procedimiento.

SEGUNDO.-El Sr. Carlos Ramón, en su testifical en la vista, viene a ratificar su denuncia, indicando que el acusado le recrimina que hubiera ido de testigo falso al otro juicio, entrando a declarar lo que había visto, que estaba agrediendo a otro vecino, añadiendo un forcejeo en su discusión diciendo que se empujan un poco, y que su mujer asustada le ve ir hacia ellos con un cuchillo en la mano y grabando con el móvil. Interrogado expresamente, llega a indicar que puede que se reiterasen las denuncias en el procedimiento anterior. Matilde, declara que su pareja salió a tomar una café y volvió muy nervioso porque había discutido con el vecino por el juicio anterior, que escuchó jaleo, que estaba con el móvil grabando y les iba a denunciar, que no se acuerda exactamente de lo que dijo, no recordando más, que en el juicio previo fue su pareja de testigo, que ella no fue citada como tal, que no se acuerda si llegaron a entrar.

Se imputa al encartado la comisión de un delito leve de amenazas, del artículo 171.7, párrafo primero, y un delito del art. 464.2 del Código Penal, que sanciona a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior (quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo) por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos.

No puede entenderse acreditada ni probada la comisión del delito por el encartado, en virtud del testimonio de los denunciantes, en el que se aprecia ausencia de suficiente persistencia y firmeza, cuando se incluye algún empujón que no se había denunciado, así como falta al menos de un claro o nítido recuerdo del juicio previo, en el que efectivamente no existieron declaraciones testificales, como indicaba el encausado. Lo que si se ha constatado de la grabación aportada por el denunciante reproducida en el acto del juicio, aunque la misma es parcial, y no total del incidente, puesto que en ella puede verse a los dos miembros de la pareja denunciante, es que, Carlos Ramón, en la discusión con el implicado le espeta "A ti te mato yo" y también "eres un hijo de puta". Así consta además en los hechos probados de la sentencia nº 117/2025 de 26-11-25, del la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega Plaza 1 en el Juicio de delitos leves 330/2025 condenando a Carlos Ramón, por delito leve de amenazas, en el curso de la riña en la escalera del domicilio de ambos, el mismo día 8 de julio de 2024, sobre las 12 horas, por idéntico episodio.

En consecuencia, no concurre prueba bastante de cargo de la comisión del delito imputado, y de los requisitos precisos para su sanción, sin que las dudas planteadas puedan perjudicar al acusado, y en tales términos solamente puede concluirse, que no puede entenderse debidamente desvirtuada la presunción de inocencia que ampara al encartado, a quien no corresponde probar su inocencia, que debe quedar enervada por la prueba incriminatoria aportada por la acusación, y que en este caso no permite alcanzar la convicción indubitada con la certeza precisa de la comisión del delito imputado, por lo que únicamente puede dictarse un pronunciamiento absolutorio, al no poder basarse una condena en el ámbito penal en el que nos encontramos, en hipótesis, conjeturas, o en presunciones que relajen la intensidad de la prueba de cargo exigible para enervar el principio de presunción de inocencia, por lo que aplicando el principio pro reo, debe dictarse sentencia absolutoria.

TERCERO.-El principio de presunción de inocencia, que tiene rango de derecho fundamental y que aparece consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en diversos tratados y acuerdos internacionales suscritos por España, como el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 de Protección de los Derechos Humanos, supone sustancialmente que hay que partir inexcusablemente de la inocencia y que es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado, sin que este aparezca agravado con la carga procesal de demostrar su inocencia. Para llegar a destruir tal presunción, de naturaleza iuris tantum y conseguir la condena, se precisa una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada además con todas las garantías y practicada "in facie iudicis", con contradicción de las partes y publicidad y habiéndose conseguido los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales.

Como señalan, entre otras, las sentencias de 23 de marzo de 1999 y 29 de diciembre de 1997, el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho, la condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso.

Dicho principio impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable, con aportación de las pruebas tendentes a lograr el convencimiento acerca de la existencia de los hechos enjuiciados y su atribución a los acusados, sin que sea lícito invertir la carga o peso de la prueba y pretender que sean los acusados, quienes muestren su inocencia. Al hallarnos en un proceso penal, sólo una demostración por encima de toda duda razonable de los hechos enjuiciados, puede dar lugar a la declaración de la responsabilidad criminal, sin que sean suficientes las meras intuiciones, las sospechas, las cábalas, las hipótesis elucubrativas o las simples conjeturas. El Tribunal penal, que en ningún caso puede asumir el riesgo de condenar a un inocente, debe aceptar, sin embargo, el de absolver a quien la acusación señala como culpable cuando no existen pruebas suficientes de su responsabilidad criminal.

El Alto Tribunal ha señalado que el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia, consagrado constitucionalmente, constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables. Además el principio "in dubio pro reo" impone la exigencia inexcusable de pronunciarse a favor del reo en los supuestos dudosos que no le permitan llegar a una convicción de certeza en el dato examinado ( SSTS de 20 de enero de 1993, 24 de junio de 1995 y las más recientes de 11 de abril y 11 de mayo del año 2001). Abundando en este sentido, la STS de 23 de febrero del año 2001, que recoge la del mismo Tribunal de 27 de abril de 1998, entiende que "el principio "in dubio pro reo"", interpretado a la luz del hecho fundamental a la presunción de inocencia, no sólo tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza. Solamente cabe por lo tanto la absolución,y no procede la deducción de testimonio por delito de falso testimonio contra los denunciantes instado por la defensa, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a la partes, puesto que la grabación no es integra, y no puede afirmarse indubitadamente el contenido previo de la discusión, al ser el video solamente parcial.

CUARTO.-Las costas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se declaran de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación