Sentencia Penal 151/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 150/2025 de 01 de abril del 2025

PRIMERO. -Por la representación del acusado Don Jose Augusto se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida viniendo a alegar: "Vulneración de los arts. 18 y 24 de la CE interesando la nulidad de la prueba obtenida mediante la entrada y registro, efectuada en la vivienda en la que residía el Sr. Jose Augusto, todo ello al amparo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tratarse de prueba prohibida, con la consiguiente nulidad de todas las fuentes de prueba del registro derivadas de dicha actuación policial".

Expone el recurrente que la primera entrada y registro efectuada en la vivienda debe ser declarada nula de pleno derecho al haberse realizado sin autorización judicial, sin consentimiento del acusado, morador de la vivienda, y sin que se tratara de un delito flagrante que requiriese la intervención policial, determinando su nulidad la del segundo registro efectuado con autorización judicial, basado exclusivamente en la información obtenida a raíz de aquel, así como de todas las pruebas obtenidas en su consecuencia, por la inevitable aplicación de la doctrina de los 'frutos del árbol envenenado" al viciar la ilegalidad del primero cualquier actuación posterior que derive de él.

Así argumenta que no constituía un consentimiento valido para que la fuerza actuante entrara en el domicilio sin autorización judicial el prestado por parte del padre de su patrocinado, puesto que refiere al residir ambos en el mismo domicilio y tener intereses contrapuestos, dicha situación afecta a la validez del consentimiento prestado. Y más considerando que la fuerza actuante contaba con la posibilidad de solicitar la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro, garantizando así el respeto a las garantías procesales y evitando la indebida implicación del padre de su patrocinado en un procedimiento que podría haber sido conducido sin menoscabo de sus derechos.

Apunta entre otras al contenido de la STC 22/2003 que entiende contempla un supuesto idéntico al recogido en la sentencia impugnada, pues señala reconoce una contraposición de intereses que vicia o invalida cualquier aparente consentimiento otorgado.

De igual modo no considera que existiese un delito flagrante que requiriese la entrada en el domicilio dado que argumenta la situación en la que se encontraba su mandante -quien ante el despliegue policial había depuesto su actitud saliendo de la vivienda y entregándose voluntariamente a los agentes- contraviene uno de los requisitos fundamentales como es la urgencia, descartando cualquier necesidad perentoria de intervención inmediata, no existiendo riesgo de fuga ni circunstancias que justificaran la entrada sin la preceptiva autorización judicial.

Solicita finalmente que con estimación del recurso de apelación interpuesto, y como consecuencia de la nulidad referida, se dicte sentencia por la que se absuelva a Don Jose Augusto de los delitos objeto de acusación con los pronunciamientos que en Derecho procedan.

SEGUNDO. -Centrada así la cuestión, la STS 11/2021 de fecha 13 de enero de 2021, remitiéndose a la STS núm. 585/2016, de 1 de julio, señala como dicho Tribunal ha tenido oportunidad de recordar que el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, proscribe las injerencias arbitrarias en el domicilio de las personas, reconociendo el derecho de éstas a la protección de la ley contra las mismas. En la misma forma se manifiesta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 17. Y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, dispone en su artículo 8 que, "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

Se trata, por lo tanto, en cuanto recogido con ese carácter en la Constitución, de un derecho fundamental que protege una de las esferas más íntimas del individuo, donde desarrolla su vida privada sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales, a salvo de invasiones o agresiones procedentes de otras personas o de la autoridad pública, aunque puede ceder ante la presencia de intereses que se consideran prevalentes en una sociedad democrática.

En cuanto a la fragancia el art 795.1. 1 de la LECR nos ofrece una definición del mismo al considerar delito flagrante "el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él".

Señala la STS 1250/2003 de fecha 30/9/2003 remitiéndose a la STS 391/2000 de 13 de marzo que "...por flagrancia, en correspondencia con su sentido etimológico ha de estimarse lo que arde o resplandece como fuego o llama, y que por lo tanto se está realizando actualmente. En relación con el delito, se estima por delito flagrante aquel que encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial directa del hecho delictivo, de suerte que como se afirma en las sentencias de esta Sala de 15 de noviembre de 1995 y 11 de Julio de 1996, la flagrancia se ve, no se demuestra, apareciendo vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria. La doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la básica sentencia 341/93 de 18 de Noviembre que declaró inconstitucional el concepto de flagrancia que se contenía en el art. 21-2º de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana conecta, en referencia a los delitos, la flagrancia con la situación en la que la comisión de un delito se percibe con evidencia, y por lo tanto con la imagen en la que un delincuente es sorprendido, y por lo tanto visto directamente, en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a su perpetración, siendo precisamente esta situación excepcional -que debe interpretarse restrictivamente como recuerda la sentencia de esta Sala de 31 de Enero de 1994-, la que permite la detención inmediata de la persona concernida por la propia decisión policial como prevé el art. 533 LECriminal y, -lo que es más relevante a los efectos del presente recurso-, se permite la entrada y registro de domicilio sin mandamiento judicial y sin consentimiento del titular como aparece en el art. 18-2º de la Constitución Española. En el mismo sentido STC 387/93 de 20 de diciembre.

En la misma línea la STS (127/1997) de fecha 13 de febrero de 1997 decía que la fragancia como causa justificada de una entrada y registro "sólo puede entenderse como aquella situación fáctica en que quede excusada la autorización judicial precisamente porque el delito se percibe con evidencia y exige de manera inmediata la intervención policial".

Y la STC 341/1993, de 18 de noviembre de 1993 "la flagrancia nace objetivamente de la situación: el delito es flagrante no tanto en razón del medio por el que se haya conocido su comisión de presente, sino por el hecho de que, al entrar la Policía en el domicilio, se esté cometiendo o se acabe de cometer y sea urgente poner fin a la conducta delictiva, detener al delincuente o impedir que desaparezcan los efectos o instrumentos del delito".

Igualmente incidía la STC 22/2003, de 10 de febrero en que la flagrancia autorizaba la entrada y registro respecto del delito flagrante ...en tanto en cuanto existiera aún tal situación y la necesidad y urgencia de la intervención policial en relación con el mismo".

Finalmente la STS 113/2018 de 13 de marzo remitiéndose a la ( STC nº 94/1996, de 28 de mayo, FJ 4) concluye "que la entrada y registro policial en un domicilio sin previa autorización judicial y sin que medie el consentimiento expreso de su titular únicamente es admisible desde el punto de vista constitucional ( art. 18.2 C.E.) cuando dicha injerencia se produzca ante el conocimiento o percepción evidente de que en dicho domicilio se está cometiendo un delito, y siempre que la intervención policial resulte urgente para impedir su consumación, detener a la persona supuestamente responsable del mismo, proteger a la víctima o, por último, para evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito".

Por otra parte, en cuanto al consentimiento del titular, la STS 291/2012 de fecha 26 Abr. 2012, Rec. 1631/2011 remitiéndose a la STS 51/2009, de 27 de enero, recuerda que la jurisprudencia ha entendido en numerosas ocasiones que el interesado al que se refiere el artículo 569 de la LECrim es el titular del derecho a la intimidad afectado por la ejecución de la diligencia de entrada y registro, y que en caso de ser varios los moradores del mismo domicilio es bastante la presencia de uno de ellos siempre que no existan intereses contrapuestos con los de los demás moradores.

TERCERO. -En el supuesto sometido a nuestra consideración el tribunal a quo partiendo de los hechos declarados probados, en la fundamentación jurídica distingue dos momentos distintos en la entrada efectuada por los agentes policiales en el domicilio del acusado, a los cuales considera les es de aplicación principios procesales distintos.

El primero efectuado sin autorización judicial, pero entiende con consentimiento del titular y ante un delito flagrante y el segundo ya con autorización judicial en virtud de auto de fecha 03/09/2023 (folios 19-25 de las actuaciones).

Así recoge como en un primer momento la intervención policial tiene lugar tras recibirse una llamada en la que comunican que un varón se encuentra atrincherado en el interior de una de las habitaciones del domicilio, sito en la DIRECCION000 de Alcalá de Henares, amenazando con un arma de fuego a los familiares, acudiendo al lugar - dada la gravedad de los hechos- varios vehículos policiales, con un total de doce agentes que rodean un perímetro de seguridad dado que los familiares presentes manifiestan que el acusado (hijo y tío respectivamente) tiene al menos un revolver y una escopeta o rifle.

Destaca como en este primer momento los agentes solicitaron permiso para acceder a la vivienda al padre del acusado Aureliano, quien les entregó las llaves de la casa para que pudieran acceder al domicilio con el fin de intervenir las armas que les habían referido previamente.

Y un segundo momento en el que tras entrar en la vivienda y encontrar en la habitación del acusado, sobre la cama, junto a las armas (una escopeta, un revolver y una pistola) y chalecos antibalas, gran cantidad de lo que parecía sustancia estupefaciente sobre la que realizado sobre la marcha un narcotest dio positivo a cocaína, por el instructor de las diligencias se acuerda suspender la actuación policial y solicitar del juzgado de instrucción mandamiento para llevar a cabo el registro domiciliario, otorgándose este en virtud de Auto de fecha 03/09/2023 (folios 19-25 de las actuaciones) realizándose con intervención de la LAJ del Juzgado de Instrucción n° 6 de Alcalá de Henares asistida de funcionarios de Policía con el resultado reflejado (folios 26-32) en el que se intervinieron las armas y sustancia estupefaciente que se recoge en el factum de la sentencia.

En dicho contexto tras hacer un repaso a la jurisprudencia sobre el delito flagrante "actualidad e inmediatez del hecho y percepción directa y sensorial del mismo" no entiende se halla infringido al artículo 18 de la Constitución Española, denegando por tanto la nulidad planteada al considerar que estamos ante un delito flagrante y que además se contó con el consentimiento del morador de la vivienda.

Refleja dichos extremos argumentando respecto a la flagrancia "dada la petición de auxilio que hacen los familiares (padre y prima) del acusado, poniendo en conocimiento las amenazas que este llevó a cabo, exhibiendo las armas que más tarde, le son intervenidas".

Y en relación a aquella y al consentimiento del morador "además, es un dato que el padre y morador de la vivienda, entregó voluntariamente las llaves de la casa a la Policía para que entraran en el domicilio y pudieran detener a su hijo tras entregarse voluntariamente ..., los agentes hacen un recorrido por las habitaciones del inmueble con el fin de saber y determinar lo que allí estaba sucediendo y la incautación de las armas".

Incide por lo demás en que, ante el hallazgo casual de las drogas, la fuerza actuante acordó abandonar la vivienda para solicitar autorización judicial que amparase el registro domiciliario y la incautación de las sustancias y objetos que allí se encontraban, siendo concedida en virtud de auto del juzgado de instrucción número 6 de Alcalá de Henares en el seno de las diligencias previas 1606/2023.

Y llegados a este punto el motivo no puede prosperar.

En este sentido, efectivamente como señala la sentencia impugnada deben distinguirse dos momentos claramente diferenciados, no equiparables, resultando evidente que en el primero los agentes policiales actuaron con inmediación entrando en el domicilio a instancias del peticionario de auxilio, que indicaba había sido amenazado él y otros familiares por el acusado en el interior del domicilio con armas, que permanecían en el mismo, encontrándonos en un escenario que justificaba suficientemente la actuación policial, accediéndolo al domicilio ante la concurrencia de las dos circunstancias objetivas que califican la fragancia: la percepción sensorial del delito y la necesidad urgente de la intervención, resultando necesario en aquel momento la incautación de las armas con las que se decía se habrían proferido las amenazas que se afirmaba permanecían en la vivienda -al menos un revolver y una escopeta o rifle-, efectos del delito cuya manipulación podría además conllevar un riesgo así como la comprobación de la situación.

En consecuencia la entrada de la policía en la vivienda se encuentra en el caso actual plenamente justificada, y su acceso inicial con las llaves que proporcionó a tal fin el titular y morador de la vivienda, padre del acusado, para ocupar las armas existentes, comprobar in situ la situación y hacerse cargo de la misma, no integra infracción constitucional alguna, siendo relevante el que se dirigió únicamente a los fines referidos, parando la intervención policial ante el hallazgo ocasional de la sustancia estupefaciente -no directamente relacionado con la amenaza con arma inicial -recabando la oportuna autorización judicial , que fue concedida en virtud de auto de fecha 3/9/2023 dictado por el Juzgado de instrucción número 6 de Alcalá de Henares por los delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La entrada de la policía en la vivienda por tanto no integró infracción constitucional alguna, siendo en consecuencia válida la entrada y registro realizada a partir de dicha primera intervención en virtud de auto motivado y licitas las pruebas así obtenidas, que han sido correctamente evaluadas como pruebas de cargo.

La STC 22/2003, de 10/2/2003, mencionada por el recurrente vendría a avalar la flagrancia apreciada, con la necesidad de la primera intervención policial en el domicilio cuestionada, cuya nulidad irradiaría en la segunda, basada en las evidencias halladas en aquella y en el resto de las pruebas derivadas.

En la referida sentencia en una situación parecida a la analizada se apunta a la fragancia del delito, legitimando una primera e inmediata actuación policial sin autorización judicial, que entendía necesaria y urgente para comprobar la situación, aun cuando el acusado hubiera salido de la vivienda y se hubiera entregado a la policía, estimando no obstante el recurso interpuesto por la defensa que alegaba vulneración del art 18 de la CE, al no legitimar la entrada y registro desarrollada posteriormente por distintos agentes, cuando había desaparecido dicha urgencia e inmediación y respecto al delito distinto al flagrante, no entendiendo en dicho momento valido el consentimiento de la esposa destinataria de las amenazas en la que apreciaba contraposición de intereses con aquel.

Se dice dicha resolución "ciertamente, la actuación policial se produjo ante un delito flagrante de amenazas, puesto que los dos policías que inicialmente acudieron al citado domicilio lo hicieron ante la llamada de una mujer, a la que el recurrente (su marido) estaba amenazando con un arma de fuego en el interior del domicilio conyugal, y oyeron personalmente los disparos. Por tanto, en ese momento la flagrancia del delito habría legitimado la entrada en el domicilio. Incluso cuando, tras haber salido la mujer de la casa y tras haberse entregado el recurrente (ya consumado el delito), los policías entraron en la vivienda a comprobar la situación y observaron los impactos de los disparos esa entrada estaba amparada por la existencia de flagrante delito".

Ahora bien (sigue diciendo la sentencia) "el registro no se produjo en ese momento, sino en otro posterior, cuando los primeros agentes habían ya abandonado el lugar de los hechos, llevándose al recurrente detenido y una segunda unidad de la policía judicial, autorizada y acompañada por la mujer y el hijo, intervino no sólo la escopeta con la que se habían efectuado los disparos (que se encontraba debajo de un colchón), sino otra serie de armas que se encontraban en un altillo y entre las que se hallaba la pistola......En definitiva, la flagrancia autorizaba la entrada y registro respecto del delito flagrante (pues la flagrancia se predica del delito y autoriza la excepcional intervención policial respecto de ese delito, y no cualquier otra, salvo los casos de hallazgo casual o inevitable) y en tanto en cuanto existiera aún tal situación y la necesidad y urgencia de la intervención policial en relación con el mismo. Habiendo cesado la situación de flagrancia delictiva, la posterior actuación policial excede del ámbito de injerencia autorizado por dicha flagrancia".

CUARTO. -No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas de este recurso.

Vistos los artículos de aplicación.