Sentencia Penal 7/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 1/2025 de 10 de marzo del 2025

RECURSO DE DON Evaristo.

PRIMERO.- Denuncia de infracción de precepto legal por indebida inaplicación como muy calificada de la atenuante analógica de confesión.

1.- En el primero de los motivos de su recurso, por el cauce de infracción de precepto legal del artículo 846 bis c), apartado b) LECR, denuncia el recurrente Sr. Evaristo la indebida (in)aplicación como muy cualificada de la atenuante analógica de confesión de los apartados 7 y 4 del artículo 21 del CP, que fue apreciada en la sentencia de instancia solo con el carácter de atenuante simple.

Fundamenta el recurrente su pretensión en la colaboración espontánea, eficaz, de gran relevancia y especial intensidad que aquel habría prestado desde el mismo momento de su detención con ocasión de la investigación de hechos de otra naturaleza, al indicar el lugar en el que se encontraba el cuerpo de la víctima.

2.- El Ministerio Fiscal se ha adherido íntegramente al recurso del Sr. Evaristo, mientras que la acusación particular ha interesado la desestimación del presente motivo.

3.- El motivo no va a tener acogida.

Como bien señala la acusación particular en su escrito de oposición al recurso, la indicación que el acusado Sr. Evaristo hizo a los agentes que le detuvieron del lugar donde se encontraba enterrado el cadáver de don Efrain no tuvo el carácter de confesión de su participación en los hechos; una participación que solo asumió en el acto del plenario. Por el contrario, lejos de confesar una participación en los hechos que solo aflora en el plenario, el aquí recurrente mantuvo en todo momento durante la instrucción de la causa su desvinculación con la autoría de la muerte de don Efrain, atribuyéndola en exclusiva al acusado don Carlos.

A lo anterior se adiciona el dato de que, aunque el aquí recurrente indicó el lugar de enterramiento con ocasión de su detención por otros hechos, lo hizo solo después de que los agentes de policía actuantes lo hubieran vinculado con el hallazgo del vehículo del finado en la propiedad de don Armando, tal y como éste les había ya manifestado.

En tales circunstancias, sin menoscabo del valor atenuatorio que procede apreciar en la colaboración prestada por el aquí recurrente para el hallazgo del cadáver, la transcendencia de tal colaboración se agota en todo caso en la aplicación de la atenuante en su doble condición de analógica y simple, tal y como se hace en la sentencia de instancia. Hubo en aquel momento inicial un acto de colaboración con la investigación, pero no de confesión veraz y ajustada a la realidad de lo sucedido, que es la razón de ser y el fundamento de la atenuante prevista en el artículo 21.4 CP. De hecho, nuestra Jurisprudencia no considera confesión la sola inculpación de otros si el encausado no confiesa su hecho (por todas, STS 108/2019, de 5 de marzo); ni incluye en la atenuación -ni siquiera en la analógica- la confesión forzada por los acontecimientos o progreso de la investigación ( SSTS de 24 de noviembre de 1997 y 13 de julio de 1998).

En tales condiciones, no se advierte infracción alguna del precepto legal indicado por el recurrente, sino tan solo una determinada e irreprochable ponderación del valor que se otorga al actual procesal del recurrente con motivo de su confesión en el acto del plenario.

4.- Procede, por todo ello, la desestimación de este primer motivo del recurso.

SEGUNDO.- Queja por infracción de precepto legal en la individualización de la pena.

1.- Con carácter subsidiario al primero de los motivos del recurso, denuncia el recurrente, por el mismo cauce del artículo 846 bis c), apartado b) de la LECR, la infracción de precepto legal en la individualización de la pena que le ha sido impuesta en la sentencia de instancia.

Sustenta su pretensión en que aquella inicial colaboración que tuvo en el hallazgo del cadáver debió tener su reflejo en la imposición de una pena de menor extensión que la finalmente establecida en sentencia.

2.- El Ministerio Fiscal se ha adherido íntegramente al recurso del Sr. Evaristo, mientras que la acusación particular ha interesado la desestimación del presente motivo.

3.- Tampoco este segundo motivo va a tener acogida en esta alzada.

Como recuerda la STS 172/2018, de 11 de abril, para la individualización judicial de las penas, una vez aplicadas las reglas generales sobre participación, ejecución, concursos y circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, deben ponderarse las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho, conforme a lo que preceptúa el artículo 66 del Código Penal.

Esa tarea de individualización de la pena corresponde al tribunal de instancia, de forma que la cantidad de la pena sólo puede ser cuestionada en vía de recurso cuando se haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada ( SSTS 390/1998, de 21 de marzo, y 56/2009, de 3 de febrero).

En el caso presente, el magistrado-presidente, al tiempo de individualizar la pena imponible a los tres acusados (entre ellos el aquí recurrente) por el delito de asesinato en concurso medial con un delito de robo con violencia, tras fijar el marco penológico en que por aplicación de las circunstancias atenuantes apreciadas deben individualizarse dichas penas, ha descartado tomar en consideración el criterio de las circunstancias personales (por no concurrir datos valorables), y ceñirse exclusivamente al criterio de la gravedad del hecho.

Y a este respecto, el magistrado-presidente ha justificado con absoluta suficiencia (fundamento jurídico noveno de su sentencia) la concreta individualización de la pena por la que opta argumentando que "la grave repercusión vital, familiar y humana que esa acción delictiva ha tenido (se ha dado muerte a un hombre joven, con afectación directa en su entorno familiar más cercano, en el que convivía: su madre y su hermana, por cuanto su padre ha fallecido en este interregno), y la pluralidad delictiva derivada de la acción cometida (que ha generado dos tipos de delitos distintos, resultando que fue el de apoderarse del dinero el móvil que motivó al asesinato para dar lugar al robo), proyectan un grave reproche, frente al que sólo podría tener un cierto valor reparador, de una cierta humanidad, las alegaciones de perdón/arrepentimiento por parte de estos acusados al finalizar el juicio oral".

En tales circunstancias, no apreciamos razones para revisar en esta alzada la concreta extensión de la pena por la que ha optado el magistrado-presidente, pues ni ha recurrido a fines de la pena inadmisibles, ni ha tenido en consideración factores de la individualización incorrectos, ni ha establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada.

Por lo demás, la pretensión del recurrente de que aquella inicial colaboración suya en el hallazgo del cadáver debía haber tenido un reflejo de mayor atenuación o de más leve individualización penológica que la aplicada a los otros acusados no es motivo para revisar una individualización penológica realizada en la instancia conforme a las exigencias de motivación y parámetros y criterios legalmente establecidos.

4.- Procede, por ello, la desestimación también de este segundo motivo del recurso.

RECURSO DE DON Eliseo.

TERCERO.- Consideración previa sobre la sistemática del recurso y sobre el orden de examen de sus motivos por la Sala.

Advertimos cierto desorden sistemático en los motivos del recurso, pues comienza éste con un primer motivo en el que se denuncia infracción de precepto legal ( art. 451.2 CP) que, sin embargo y a pesar del concreto cauce elegido, se soporta argumentalmente sobre el cuestionamiento de los hechos probados de la sentencia y de la valoración probatoria efectuada en la instancia (específicamente, en lo relativo al alcance del conocimiento que el recurrente tenía sobre los delitos precedentes objeto de encubrimiento). Como motivo segundo, invoca este recurrente la vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo,con una motivación que reitera y reenvía implícitamente a lo expuesto en el primer motivo sobre el rendimiento de la actividad probatoria practicada. Solo al final, de forma supletoria, vuelve a plantear en el tercero de los motivos del recurso, una segunda infracción legal, esta vez en relación a la atenuante de confesión.

Alteraremos por ello en nuestra respuesta el orden propuesto por el recurrente pues, antes de las quejas por infracción de precepto legal (motivos primero y tercero del recurso), procede analizar la que denuncia (motivo segundo) vulneración de derechos fundamentales y aquellas que puedan afectar a la definitiva conformación de los hechos probados sobre los que han de aplicarse las normas penales correspondientes. Solo entonces, una vez fijados definitivamente los hechos probados, analizaremos -y por este orden- la corrección de la calificación jurídica efectuada, tanto en lo relativo al delito de encubrimiento (motivo primero) como de la atenuante de confesión (motivo tercero).

CUARTO.- Queja por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y al principio in dubio por reo.

1.- Como ya hemos anticipado, en el segundo de los motivos de su recurso, por el cauce del apartado b) del art. 846 bis c) LECR, denuncia este recurrente la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia del art. 24 CE, así como el desconocimiento por la sentencia de instancia del principio in dubio pro reo.

Alega, en esencia, el recurrente haber sido condenado por un delito de encubrimiento en relación con precedentes delitos de robo y asesinato ejecutados por terceros de cuya comisión era completamente desconocedor el recurrente, sin que haya prueba suficiente -dice- que acredite lo contrario y debiendo, en todo caso, jugar a su favor la duda razonable que surge sobre el alcance de su conocimiento de los delitos precedentes.

2.- Ambas acusaciones, pública y particular, han interesado la desestimación del motivo.

3.- Puesto que la queja del recurrente viene formulada como de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, ello exige al tribunal ad quemconstatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iterdiscursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Pues bien, frente a lo alegado por el recurrente, la Sala estima que: 1.- existió en el caso presente prueba de cargo legítima, bastante y de claro signo incriminatorio respecto de la concreta forma de participación del recurrente en los hechos que se declaran probados; 2.- que, a partir de dichas fuentes de prueba, los jurados alcanzaron su convicción sobre la realidad de una serie de hechos objetivos que aparecen perfectamente explicitados en la declaración de hechos probados que no pueden ser revisados por el tribunal superior, en la medida en que queda fuera de su competencia revisora la ponderación realizada por los jurados del peso de los datos incriminatorios en relación con las pruebas de descargo practicadas, que debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del tribunal a quo,siempre que responda a las reglas de la lógica y del criterio humano; y 3.- esta Sala constata, finalmente, la perfecta razonabilidad del argumentario vertido por el magistrado presidente en los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en justificación complementaria, razonada y razonable de la convicción que alcanzaron los jurados sobre la culpabilidad del acusado.

Comenzando por la valoración probatoria realizada por los jurados, el examen de las actuaciones permite comprobar que éstos se pronunciaron expresamente, señalando las fuentes probatorias en la que fundaron su convicción sobre la actuación desplegada por el Sr. Eliseo, tal y como resulta del acta del veredicto y de los antecedentes de hecho de la sentencia.

En efecto, la sentencia de instancia -trasponiendo literalmente la respuesta dada por los jurados al apartado 16 del objeto del veredicto- declara probado, en relación a la concreta intervención del aquí recurrente, lo siguiente: Eliseo (con antecedentes penales), quien conocía y trataba a Raimundo y a Armando, el 5 de noviembre de 2020, sobre las 22:50 horas, conociendo que en la vivienda de Armando se encontraba el motor de un vehículo que estaba "enmarronado" (que procedía de un robo relacionado con el tráfico de drogas), así como trozos de ese vehículo ocultos en el interior de la vivienda, llamó por teléfono a la expareja de Armando, Marta, después que se efectuase una operación contra el tráfico de drogas, diciéndole que "tenían que sacar eso de ahí", manifestándole a Marta que también se lo tenía que decir a Casiano, preguntándole Marta si ella podría tener problemas, a lo que Eliseo le contestó que no, y sin que Marta le facilitase a Eliseo los contactos que éste le solicitaba, por lo que el propio Eliseo se puso en contacto con un primo de Raimundo, llamado Benito, quien tenía un camión para transporte, para que acudiera a la vivienda de Armando a fin de sacar el motor del vehículo, negándose el referido Benito a realizar dicho encargo.

Tal y como consta en el acta del veredicto y se transcribe en el antecedente décimo de la sentencia apelada, los jurados fundamentaron su convicción en las diversas fuentes de prueba que expresamente enumeraron en dicha acta: la declaración de Eliseo en sala de fecha 1 de octubre de 2024; en el acontecimiento 43 número (páginas 2 a 5); en la declaración de Benito " Pelos" en sala de fecha 3 de octubre de 2024; y en el acontecimiento número 94 en el que la policía confirma la estrecha relación de Eliseo con Raimundo.

El magistrado-presidente, en su función de complemento de la labor de los jurados, incorpora también a la sentencia (último párrafo del fundamento jurídico quinto) las precisas y variadas razones que sustentan la convicción sobre los hechos que se declaran probados. Y así, señala literalmente que ... "en el caso de Eliseo concurre en él su conocimiento de la comisión de un previo delito contra el patrimonio y relacionado con el tráfico de drogas del que procedía el vehículo que se encontraba oculto (troceado) en la vivienda de Armando (así se infiere de la declaración de Armando, de las conversaciones intervenidas e, indirectamente, de las propias manifestaciones del acusado), siendo la actuación reprochable a él atribuida que teniendo ese conocimiento, al advertir que en la vivienda de Armando se iba a efectuar un registro policial (en el marco de la operación policial antidroga en curso), trató que Marta hiciera gestiones para que los trozos del vehículo fueran sacados de la vivienda (cuando, evidentemente, esos trozos, en un entendimiento lógico, no tendrían relación alguna con el tráfico de drogas en la operación que se estaba desarrollando), y, al no conseguirlo, el propio Eliseo se puso en contacto directo con otra persona, conocido de él y de Armando, y familiar de Raimundo, para que acudiera a la vivienda de Armando con un camión y una cubeta, y sacase de allí los restos del motor del Audi A-4. Es decir, realizó conductas dirigidas a favorecer que el vehículo siguiera oculto a los ojos de terceros, sacando el motor del lugar donde se encontraba escondido, y ello por conocer su procedencia delictiva".

A la vista de lo anterior, debemos insistir en que queda fuera de la competencia revisora de esta Sala de apelación la concreta ponderación del acervo probatorio realizada por los jurados, una vez que hemos constatado que la misma responde a las reglas de la lógica y del criterio humano. Las alegaciones vertidas por el recurrente en modo alguno alteran la perfecta razonabilidad y adecuado soporte probatorio (a través de distintas fuentes probatorias) de las conclusiones alcanzadas por los jurados y complementadas por el magistrado-presidente en los extremos fácticos que resultan relevantes para la valoración jurídica que proceda hacer -extremo en el que más adelante nos detendremos- sobre la concreta calificación jurídica adecuada a tales hechos probados.

4.- Por idénticas razones, ninguna acogida podemos dar a la queja del recurrente sobre una pretendida infracción del principio in dubio por reo.Este principio se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al juzgador como norma de interpretación para establecer que, en aquellos casos en los que, a pesar de haberse realizado una determinada actividad probatoria, la misma arroje alguna duda en el ánimo del juzgador, éste se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado ( STS 45/97, de 16 de enero).

Por tanto, solo si el tribunal (muy especialmente en el caso del tribunal del jurado) ante cuya presencia se practica la prueba ha mostrado una duda o falta de convicción en la decisión que adopta, cabrá que prospere una queja con base en dicho principio. Pero lo que no puede hacer el tribunal de apelación ( SSTS 660/2010, de 14 de julio, 1667/2002, de 16 de octubre, y 1060/2003, de 21 de julio) es suscitar dudas que no le vienen dadas y que tampoco le surgen a éste (como indican las SSTS de 7 de abril, 15 de abril, 30 de abril, 8 de mayo, 4 y 5 de junio y 23 de julio, todas de 2014, el tribunal de apelación debe valorar si el tribunal a quodebió o no dudar). De manera que, si el tribunal sentenciador no expresa sus dudas y tampoco afloran en la segunda instancia (la contundencia de la prueba en relación al actuar del aquí recurrente no genera duda alguna), no cabe que entre en juego el referido principio.

5.- Por todo ello, el motivo debe ser desestimado.

QUINTO.- Denuncia de infracción de precepto legal ( art. 451.2 CP ).

1.- Como hemos anticipado, en el primer motivo de su recurso, el recurrente denuncia la infracción -por indebida aplicación- del art. 451.2 CP. Sostiene la improcedencia de aplicar dicho tipo penal a partir del "simple hecho de conocer que en la vivienda de Armando se encontraba el motor de un vehículo que estaba "enmarronado" y que el mismo procedía de un robo relacionado con el tráfico de drogas". Delito que, en la tesis planteada por el recurrente, sería distinto de los delitos pretendidamente encubiertos de asesinato y robo con violencia (de 34.000 €) por los que se condena a los otros acusados.

2.- Ambas acusaciones, pública y particular, han interesado la desestimación del motivo.

3.- El motivo no puede prosperar.

Nuestra respuesta debe comenzar señalando que la modalidad de encubrimiento por la que se condena al aquí recurrente es la prevista en el apartado 2 del artículo 451 CP. Así se especifica expresamente en el primer párrafo del fundamento jurídico sexto de la sentencia apelada. Se castiga, por tanto, por la modalidad de encubrimiento llamada de «favorecimiento real». Delito de mera actividad que se comete por la mera ocultación, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Se trata de una conducta directamente encaminada a evitar el funcionamiento del sistema de persecución penal.

Vista la vía impugnatoria utilizada en este motivo (infracción de precepto legal), deberá éste analizarse a partir de la intangibilidad de la narración de hechos probados de la sentencia apelada. De modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de la narración fáctica desencadenaría la inadmisión del motivo y, en trámite de sentencia, su desestimación.

Pues bien, en el caso presente, la sentencia de instancia declara probado tanto la realización por don Eliseo de actos reiterados dirigidos a la ocultación (mediante traslado a otro lugar) de partes y piezas del vehículo propiedad del finado Sr. Josefa, como el conocimiento que aquél tenía de la vinculación de dicho vehículo con -y son palabras literales de los hechos probados- "un robo relacionado con el tráfico de drogas".

Se integran con ello los elementos típicos de la modalidad de encubrimiento apreciada, especialmente si tenemos en cuenta que el vehículo en cuestión (y no solo los 34.000 € mencionados con interesada parcialidad por el recurrente) fue objeto de ilícito apoderamiento en el curso de una actuación delictiva constitutiva de delitos de asesinato y robo con violencia ejecutados en el marco -así lo declara la sentencia apelada- de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

De forma y manera que se constata el grado de conocimiento de la previa actividad delictiva exigido por el tipo penal aplicado pues, conforme a la jurisprudencia (por todas, STS de fecha 20 de junio de 1992), solo se requiere que el encubridor tenga conocimiento cierto de la ilícita procedencia de los efectos, no bastando la mera sospecha, pero sin que sea tampoco exigible un conocimiento minucioso y pormenorizado de todas las circunstancias referentes al delito base.

4.- Procede, por lo dicho, la desestimación de este motivo.

SEXTO.- Denuncia de infracción de precepto legal ( art. 21.7 CP ).

1.- Con carácter subsidiario al resto de motivos, formula el recurrente en el tercero de los motivos de su recurso, por el cauce del art. 846 bis, c), b) la infracción de precepto legal por indebida inaplicación de la atenuante analógica de confesión tardía del artículo 21.4 y 7 CP. Plantea el recurrente la existencia de un agravio comparativo con el trato dado al coacusado don Casiano, a quien sí se le apreció dicha atenuante.

2.- Ambas acusaciones, pública y particular, han interesado la desestimación del motivo.

3.- El motivo no va a tener acogida. Y ello por varias razones.

La primera es que, vista la vía impugnatoria utilizada en este motivo (infracción de precepto legal), su viabilidad debe analizarse a partir de la intangibilidad de la narración de hechos probados de la sentencia apelada. De modo que cualquier modificación, alteración, supresión o cuestionamiento de la narración fáctica desencadena la inadmisión del motivo y en trámite de sentencia su desestimación. Y en el caso presente, a diferencia de lo que ocurre con el resto de acusados, los hechos probados de la sentencia no dejan constancia de la pretendida confesión tardía del aquí recurrente.

En segundo lugar, porque dicha resultante probatoria no es fruto de una omisión, sino de una expresa convicción declarada por los miembros del jurado cuando en su respuesta a la proposición 22 del objeto de veredicto, excluyen expresamente al Sr. Eliseo de la confesión que se aprecia respecto del resto de acusados.

Finalmente, aunque innecesario llegados a este punto, porque examinadas las respuestas dadas por el recurrente, en modo alguno se advierten los elementos precisos para considerar que el mismo reconociera su participación en el delito de encubrimiento por el que finalmente se le condena.

4.- Procede, por todo ello, la desestimación del motivo.

SEPTIMO.- Costas procesales.

Por lo que respecta a las costas de este recurso, procede declararlas de oficio a tenor del artículo 239 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución