Sentencia Penal 70/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 19/2026 de 18 de mayo del 2026

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 18 de diciembre de 2026, por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4ª), en la que se condena a D. Germán como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en su modalidad atenuada y con la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal consistente en la atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio durante el cumplimiento de la condena. Se impone al acusado la prohibición de aproximarse a la menor Penélope, a su domicilio, lugar de estudio, en su caso, u otros que frecuente a una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella, por cualquier medio, incluido el telemático y por persona interpuesta, por tiempo de dos años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Se le impone la medida de libertad vigilada por seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Finalmente, se le impone la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Asimismo, se le condena al abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil debe indemnizar a la menor en la cantidad de 3000 euros, por los daños morales ocasionados, cantidad que será entregada a los padres de la menor con las prevenciones legales por tratarse de una menor, con el interés legal correspondiente.

2)Interpone, contra el pronunciamiento transcrito, recurso de apelación el condenado, que alega, en síntesis, que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba, al otorgar credibilidad a una declaración de la denunciante que presenta contradicciones relevantes y carece de persistencia, vulnerándose la presunción de inocencia; asimismo, denuncia la indebida inaplicación de la eximente del artículo 183 bisCP , al concurrir, a su juicio, proximidad de edad y madurez entre los intervinientes, o su aplicación como atenuante muy cualificada; subsidiariamente invoca la concurrencia de error de tipo y de prohibición; cuestiona la existencia de responsabilidad civil por falta de acreditación de perjuicio; y, finalmente, alega desproporción de la pena impuesta.

3)El Ministerio Fiscal considera que la condena se funda en las pruebas practicadas, con respeto a los principios de oralidad e inmediación, ponderadas de forma adecuada y ajustadas a Derecho por el Tribunal sentenciador, y la conducta del acusado, debidamente acreditada, no merece otra calificación jurídica que la efectuada en la sentencia, por lo que procede su confirmación.

4)La Acusación Particular interesa, por un lado, la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que se ha valorado correctamente la prueba; que no procede la aplicación del art. 183 bisCP ; que no concurre ni error de tipo ni error de prohibición; y que el daño moral ha sido valorado correctamente; por todo ello entiende que la pena es proporcional. En segundo lugar, y de forma subsidiaria, señala que para el caso de que no se estime la petición anterior, se estime parcialmente la impugnación realizada revocando el pronunciamiento de la sentencia relativo a la responsabilidad civil, y acuerde establecer las bases para su determinación, reservando su fijación definitiva para la fase de ejecución de sentencia.

5)Con carácter previo, procede ordenar el análisis de los motivos planteados para una mejor resolución del recurso planteado, comenzando por las cuestiones relativas a la valoración de la prueba y la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, continuando con el examen de la concurrencia de error de tipo y de prohibición; posteriormente, se abordará la eventual aplicación del artículo 183 bisCP , como eximente y como atenuante, y las cuestiones relativas a la individualización de la pena y la responsabilidad civil.

Antes de comenzar con la resolución del recurso de apelación, debemos precisar que la Acusación Particular, junto a su oposición al recurso, introduce de forma subsidiaria una pretensión de modificación del pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil. Ahora bien, si bien el artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LECrim.) permite a la parte no recurrente adherirse al recurso de apelación formulando pretensiones propias, lo cierto es que dicha facultad exige que la pretensión se articule como un auténtico recurso adhesivo, con expresión de los correspondientes motivos de impugnación.

Pero, en este supuesto, no estamos ante tal situación. En el presente caso, la referida solicitud no se configura como una verdadera adhesión en los términos legalmente previstos, sino que se limita a introducirse en el escrito de oposición al recurso, desbordando la función propia de dicho trámite, que no es otra que la defensa de la resolución impugnada, por lo que no puede ser objeto de examen en ante esta Sala de apelación.

SEGUNDO: MOTIVO RELATIVO A ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1)La parte recurrente articula, como primer motivo, la existencia de un error en la valoración de la prueba, cuestionando esencialmente la credibilidad del testimonio de la menor, al que atribuye contradicciones, falta de persistencia en la incriminación y la posible concurrencia de móviles espurios, con la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2)El Ministerio Fiscal niega la existencia de error, destacando la coherencia sustancial del testimonio de la menor y la existencia de prueba suficiente, subrayando además que el hecho nuclear no es controvertido y que el acusado reconoció inicialmente conocer la edad.

La Acusación Particular sostiene la plena validez de la valoración probatoria, afirmando que el testimonio cumple los criterios jurisprudenciales y que las contradicciones son meramente periféricas, sin afectar al núcleo incriminatorio

3)La jurisprudencia, respecto al error en la valoración de la prueba,ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del Tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el Tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE).

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un Tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del Tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJ 47/2025, de 20 de mayo.

4)La sentencia de instancia contiene una motivación y valoración de prueba plenamente correctas. El planteamiento de la defensa no puede prosperar en los términos en que se formula, en la medida en que parte de una premisa errónea sobre la estructura probatoria del caso. En efecto, no nos encontramos ante un supuesto de prueba única sustentada exclusivamente en la declaración de la víctima respecto del hecho principal objeto de condena, sino ante un supuesto en el que el propio acusado ha reconocido de forma expresa la realidad del encuentro sexual de fecha 27 de junio de 2023, consistente en acceso carnal con penetración vaginal, coincidente, en lo sustancial, con el relato de la menor y plenamente asumido en el factumde la sentencia recurrida.

La controversia probatoria suscitada por la defensa se desplaza, en realidad, hacia extremos accesorios o periféricos -tales como la iniciativa del encuentro, el envío de la ubicación o el contenido de comunicaciones- que carecen de relevancia típica para la integración del delito objeto de condena, y que no inciden en los elementos estructurales del mismo, cuales son la minoría de edad de la víctima, la existencia del acto sexual y el conocimiento por el acusado de dicha circunstancia, como argumentaremos posteriormente.

Tampoco puede otorgarse la trascendencia pretendida a las alegadas contradicciones en el testimonio de la menor, por cuanto, conforme reiterada jurisprudencia, no toda divergencia en aspectos secundarios o accesorios del relato afecta a la credibilidad del testimonio, siendo exigible únicamente la persistencia en el núcleo esencial de la imputación, circunstancia que, en el presente caso, concurre, máxime cuando dicho núcleo fáctico aparece corroborado, insistimos, por las propias manifestaciones del acusado que reconoce los hechos por los que ha sido condenado.

En definitiva, la impugnación no pone de manifiesto un verdadero error patente en la valoración probatoria, sino que se limita a ofrecer una reinterpretación interesada de elementos de escasa relevancia jurídica, sin capacidad para desvirtuar la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia, que ha valorado la prueba de forma razonada, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

Por lo que respecta a la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha de recordarse que dicho derecho constitucional se satisface cuando exista una mínima actividad probatoria de cargo, válida y suficiente, practicada con todas las garantías y valorada racionalmente por el tribunal sentenciador.

En el presente caso, tal exigencia concurre de forma inequívoca, al sustentarse el pronunciamiento condenatorio no solo en la declaración de la víctima, sino también en el reconocimiento del propio acusado respecto del acto sexual objeto de condena, así como en los restantes elementos probatorios valorados en la instancia.

En consecuencia, no cabe estimar la denunciada infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española ( CE).

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO A LA CONCURRENCIA DE ERROR DE TIPO Y DE ERROR DE PROHIBICIÓN

1)Se alega por la representación procesal de don Germán desconocimiento de la edad de la menor (error de tipo) y de la ilicitud de la conducta realizada (error de prohibición).

2)El Ministerio Fiscal rechaza ambos errores, afirmando probado el conocimiento de la edad y negando la posibilidad de desconocer la ilicitud. La Acusación Particular coincide en su rechazo con el Ministerio Fiscal, destacando la credibilidad de la primera declaración del acusado y el carácter notorio de la prohibición.

3)Comenzando por el error de tipoalegado, el mismo no puede admitirse, pues la apreciación del Tribunal a quopara descartarlo en el Fundamento de Derecho cuarto de la resolución que se recurre, ha sido plenamente racional y ajustada a las reglas de la sana crítica, sin arbitrariedad alguna. Como es sabido, el error de tipo supone el desconocimiento o la falsa representación de un elemento que fundamenta de la prohibición legal de la conducta, lo que excluye el dolo al faltar el conocimiento de todos los elementos del tipo.

Lo que el recurrente pretende es alegar que desconocía que la víctima era menor de 16 años, que se enteró cuando se lo dijo la madre de la menor el día 5 de julio de 2023 y que el día que mantuvieron las relaciones sexuales acreditadas, el 27 de junio de 2023, no tenía conocimiento de la edad.

Consta acreditado que en su primera declaración el acusado reconoció conocer que la menor contaba con catorce años, conocimiento que, posteriormente, negó en fase indagatoria y en el acto del juicio oral con evidente finalidad exculpatoria, lo que justifica que el órgano sentenciador otorgue mayor credibilidad a sus manifestaciones iniciales.

En este sentido manifestó en su declaración ante el Juez Instructor (acontecimiento Ori 27 DPA 917/2023, a partir del minuto 1:51) que conocía a la menor como novia de su hermano, y que cuando habló con la madre de la menor el día del segundo encuentro, él le dijo que se llamaba Alfredo y tenía 17 años y que la madre le pregunto: ¿sabes que mi hija tiene 14 años y que no puede estar con un mayor de edad?, respondiendo él: sí, sí. Y a preguntas de Su Señoría de si reconoció que sabía que tenía 14 años volvió a decir que sí, que se lo había dicho su hermano.

A ello se añade un elemento contextual de especial relevancia, cual es, como hemos dicho, que la menor había mantenido una relación sentimental previa con el hermano del acusado, también menor de edad, lo que refuerza la inferencia razonable de que aquél conocía, o al menos podía representarse sin esfuerzo, la edad aproximada de la misma. Como pone de relieve la sentencia recurrida, no solo no se acredita error alguno, sino que, en todo caso, de haber existido duda, esta habría quedado subsumida en la figura del dolo eventual, al decidir el acusado actuar pese a la posibilidad de conocimiento de dicho elemento esencial del tipo.

En consecuencia, no puede apreciarse error de tipo alguno y el motivo no puede estimarse.

En cuanto al error de prohibiciónconviene recordar que el error de prohibición del art. 14.3 CP se produce cuando el sujeto conoce todos los elementos objetivos del tipo penal, pero desconoce su ilicitud, actuando bajo la creencia errónea de que la conducta es lícita. Aquí, el recurrente parece asumir el conocimiento de la edad (14 años), distinto de su tesis previa de error de tipo, pero alega ahora ignorancia de la prohibición sexual con menores.

La alegación defensiva se basa, por tanto, en que el acusado creía que la edad de consentimiento sexual se situaba en los catorce años y desconocía su elevación a dieciséis, añadiendo que no puede exigirse a los jóvenes el conocimiento de las sucesivas reformas legales. Sin embargo, tal planteamiento no resulta atendible.

En primer lugar, la elevación de la edad de consentimiento sexual a los dieciséis años no constituye una modificación reciente ni de carácter excepcional, sino que se encuentra plenamente asentada en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de una década, en concreto desde la LO 1/2015, de 30 de marzo, por lo que su desconocimiento no puede reputarse verosímil.

En segundo término, y como acertadamente recoge la sentencia de instancia, en el contexto actual resulta plenamente exigible un mínimo estándar de diligencia en el conocimiento de la licitud o ilicitud de conductas de especial relevancia social, siendo notorio que el mantenimiento de relaciones sexuales con menores constituye una materia de conocimiento generalizado. A ello se añade la facilidad objetiva de acceso a dicha información, tanto a través de medios digitales como mediante la formación recibida en el ámbito educativo, lo que excluye el eventual error.

Por lo demás, la jurisprudencia es constante al señalar que no cabe apreciar error de prohibición en relación con conductas cuya ilicitud resulta socialmente conocida o fácilmente cognoscible, bastando el denominado conocimiento paralelo en la esfera del profano.

En definitiva, no puede admitirse que el acusado ignorase la ilicitud de su conducta, por lo que procede rechazar la concurrencia del error de prohibición alegado.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INAPLICACIÓN DEL ART. 183 BISCP

1)Se denuncia por la defensa de don Germán la indebida inaplicación de la eximente del art. 183 bisCP , considerando que concurre la proximidad de edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que concurre una diferencia relevante de edad y una clara asimetría madurativa acreditada, que justifica la inaplicación del precepto.

La Acusación Particular rechaza la aplicabilidad del precepto por inexistencia de proximidad en edad y por la vulnerabilidad de la menor derivada de su situación cognitiva.

3)Esta Sala coincide con el Tribunal de instancia y las conclusiones del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en cuanto a la inaplicabilidad de la cláusula eximente del art. 183 bisCP (anterior 183 quater,denominada cláusula Romeo y Julieta), que excluye la responsabilidad penal por contactos sexuales con menores de 16 años cuando, existiendo consentimiento de la persona menor de edad, concurran cumulativamente la proximidad en edad y el grado de desarrollo o madurez física y psicológica entre el autor y la víctima.

El TS exige el cumplimiento de ambos presupuestos conjuntamente ( STS núm. 939/2022, de 30 de junio) para que pueda afirmarse que el consentimiento es válido. Deben concurrir, por tanto, en palabras de la Circular FGE 1/2017 sobre la interpretación del art. 183 quaterCP , dos presupuestos: uno cronológico (edad similar) y otro biopsicosocial (semejante grado de desarrollo y madurez). No se fija en la ley franja concreta de edad que pueda orientar a la aplicación del citado precepto. Por tanto, es el juez el que determinará, en cada caso, si procede o no tal aplicación.

En palabras del TS, si bien refiriéndose al 183 quaterCP, «el texto penal no puede prohibir el sexo entre jóvenes. No puede el legislador introducirse en la cotidianidad de las relaciones humanas y criminalizar en pleno siglo XXI cuestiones que pertenecen a la esfera propia de las decisiones privadas de menores. En donde sí interviene el derecho penal, y debe hacerlo, es cuando la relación sexual se produce entre mayor y menor de edad, y aquí es donde se introducen los matices respecto a la edad del "mayor de edad" y la del menor, y la posibilidad de esa aproximación en edades o madurez física y psicológica que haga desaparecer esa especie de "aprovechamiento" que sanciona el texto penal cuando la relación sexual lo es entre mayor y menor. Todo ello, para proteger al menor de que su inferioridad en su edad sea aprovechada por el mayor. Sin embargo, esta presunción del "aprovechamiento" puede decaer cuando ambos se encuentran en un mismo plano, que es lo que da a la aplicación del art. 183 quater CP para operar como eximente».( STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre).

En la STS 828/2021, de 29 de octubre, se señala que: «no ha optado nuestro legislador por un criterio cronológico puro, sino que ha combinado la relación de proximidad entre la edad del mayor y el menor, y la de simetría de madurez entre ambos, factores no sujetos a reglas fijas, en que la formación y condicionantes culturales de cada cual juega un papel importante, lo que no significa que no podamos encontrarnos casos claros en que ni uno ni otro, o bien que uno u otro, se presenten sin duda, porque, si esto es así, cae por su base la aplicación de la referida cláusula de exoneración».

De modo que, para poder aplicar dicha exención, debe exigirse ese «mismo plano», es decir, un mismo plano de igualdad entre el autor y el/la menor, entendiendo por tal una simetría real y estricta en edad y madurez.

Entendemos que no procede la aplicación como exención completa, tal y como se argumenta en el Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución recurrida.

Comenzando por el primero de los requisitos relativo a proximidad cronológica. Desde una perspectiva estrictamente cronológica, entre la menor y el acusado existe una diferencia de cinco años y nueve mees, y en la fecha de los hechos contaba aquella con 14 años y el acusado con 20, lo que, aun no siendo una diferencia absolutamente desorbitada, sí se sitúa en el límite de lo admisible conforme a los criterios interpretativos habituales y a las pautas orientativas recogidas en la Instrucción 1/2017 de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, en cuanto a la proximidad madurativa entendemos que no están en el mismo plano puesto que la menor, según consta en los informes periciales obrantes en autos, estaba diagnosticada de epilepsia focal de semiológia témporo occipital y capacidad intelectual límite. Según las conclusiones del médico forense (acontecimiento número 170 DPA 1039/2023), en su informe de fecha 29 de febrero de 2024, con un CI 70, próximo al retraso mental ligero que le ocasionaba un déficit cognitivo con disminución en la capacidad de comprender y realizar juicio crítico, disminución del control de impulsos e instintos, aumento de la sugestionabilidad y dificultad para las relaciones sexuales, entre otras, con baja autoestima que le hacía tender a intentar satisfacer los deseo de otros, con el objetivo de agradar y conseguir aceptación. Nada de lo anterior era perceptible a simple vista. El grado de desarrollo del procesado, también según informe médico forense (acontecimiento número 173 DPA 1039/2023), era acorde a su edad de 20 años, sin que conste la concurrencia de factores que permitieran equiparar su situación a la de la menor. En consecuencia, no puede afirmarse la existencia de una verdadera proximidad en el plano madurativo entre ambos.

En este contexto, si bien la diferencia de edad, considerada aisladamente, podría situarse en una zona próxima al umbral de operatividad de la causa de exclusión de responsabilidad, la ausencia de una total equivalencia madurativa impide apreciar la concurrencia plena de los requisitos exigidos por el art. 183 bisCP .

Cuestión distinta, es que tales circunstancias puedan ser valoradas, en su caso, a efectos de una eventual atenuación, extremo que examinaremos a continuación.

4)En cuanto a la eventual aplicación del artículo 183 bisCP como circunstancia atenuante -ya sea simple o muy

cualificada-, la cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, singularmente en la STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre, que, resolviendo recurso frente a sentencia de esta misma Sala (STSJ Castilla y León núm. 14/2020, de 18 de marzo), descartó la posibilidad de apreciar una atenuante analógica fundada en el entonces artículo 183 quáterCP (actual art. 183 bis).

No obstante, dicha resolución no fue adoptada de forma unánime, constando voto particular de especial relevancia en el que se defiende la viabilidad de tal proyección atenuatoria, con argumentos que esta Sala considera atendibles y plenamente coherentes con los principios estructurales del Derecho penal.

En efecto, como pone de relieve el citado voto particular, la cláusula del artículo 183 bisCP introduce criterios de valoración -proximidad en edad y en grado de desarrollo o madurez- que constituyen auténticos conceptos jurídicos indeterminados, cuya concurrencia puede presentarse en distintos grados de intensidad, dando lugar a lo que denomina situaciones intermedias entre la plena exención de responsabilidad y la responsabilidad íntegra.

Negar toda relevancia jurídico-penal a dichas situaciones intermedias, limitando la operatividad del precepto a una alternativa rígida entre absolución o plena punibilidad, conduciría a respuestas punitivas difícilmente compatibles con el principio de proporcionalidad, que debe presidir la determinación e individualización de la pena.

Desde esta perspectiva, resulta perfectamente asumible, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.7ª CP y a la doctrina consolidada sobre la analogía in bonam partem,construir una atenuante cuando concurran parcialmente los presupuestos del art. 183 bisCP , en la medida en que existe identidad de razón con la cláusula exoneradora, al reflejar una menor intensidad del desvalor del hecho y del reproche personal.

En este sentido, debe recordarse que la jurisprudencia ha admitido la aplicación de atenuantes analógicas no solo por conexión con las circunstancias del artículo 21 CP, sino también cuando concurren elementos relacionados con la ratiodel tipo penal o con causas de exclusión no plenamente realizadas. El propio voto particular destaca, con apoyo en precedentes del Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico no solo permite, sino que exige dar respuesta a estos supuestos intermedios mediante mecanismos de modulación punitiva.

Aplicando lo anterior al caso de autos, aun cuando no concurren de forma plena los requisitos exigidos para la aplicación de la eximente del artículo 183 bis,CP , consideramos que sí se aprecian elementos que permiten su valoración a efectos atenuatorios.

En primer lugar, existe una relativa proximidad en edad entre el acusado (20 años) y la menor (14 años), diferencia que, sin ser irrelevante, tampoco puede calificarse de absolutamente desproporcionada y que no resulta por sí sola absolutamente incompatible con la apreciación del art. 183 bisCP . Así se admite por la Circular 1/2017 cuando señala: «14 y 15 años, ambos inclusive. La protección debe permitir una diferencia de edad que abarque a los jóvenes hasta 20 años inclusive, moderándose en atención al segundo parámetro (grado de desarrollo o madurez)»,admitiendo incluso que excepcionalmente podrían comprenderse los jóvenes de hasta 24 años inclusive.

En segundo lugar, desde la perspectiva madurativa, si bien no puede afirmarse una equivalencia real entre ambos, especialmente a la vista de las circunstancias de la menor descrita en el informe pericial, si bien no perceptible como hemos señalado, tampoco se desprende del acervo probatorio elementos objetivos que permitan apreciar una superioridad madurativa en el acusado. Antes la contrario según puede desprenderse de las conversaciones a través de Whatsapp (acontecimiento número 47 DPA 1039/2023) en las que el acusado dice: «deja que hablen los padres».Y la menor responde: «Mi mdre va ha llmar ha la plicia»,continuando el acusado preguntando: «Y que hago»,insistiendo la menor en: «x mi prte lo siento mucho, perdóname de vdd».Respondiendo el acusado: «No pasa nada dja que hablen los adultos y yo».A nuestro juicio tales conversaciones denotan una limitada capacidad de gestión autónoma de la situación, remitiendo de forma reiterada la resolución del conflicto al ámbito de los progenitores. Tal proceder, lejos de evidenciar una posición de ascendencia psicológica, permite apreciar una cierta proximidad en el plano madurativo que, sin desvirtuar el resto de elementos analizados a los que ya nos hemos referido, sí resulta relevante a efectos de la posible aplicación del art. 183 bisCP como atenuante.

En consecuencia, aun descartándose la aplicación plena de la eximente, procede otorgar relevancia atenuatoria a las circunstancias concurrentes, puesto que, en definitiva, nos encontramos ante una situación que, sin excluir la tipicidad, sí revela una menor intensidad de la conducta típica que la norma pretende sancionar.

Ahora bien, dicha atenuación no puede alcanzar el grado de muy cualificada. En efecto, la apreciación de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP por el Tribunal de instancia, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, ya ha operado una relevante reducción punitiva en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias concurrentes, por lo que una ulterior degradación intensa de la pena mediante la apreciación de una atenuante muy cualificada supondría, a nuestro juicio, una doble minoración desproporcionada del reproche penal.

Por ello, esta Sala entiende procedente reconocer la concurrencia de una atenuante analógica simple, derivada del art. 183 bisCP en relación con el art. 21.7ª CP, como manifestación de esa situación intermedia entre la plena exención y la responsabilidad íntegra, ajustando así la respuesta penal a las exigencias del principio de proporcionalidad.

En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso en este extremo, con los efectos correspondientes en la determinación de la pena.

Corolario de lo anterior es que, en este supuesto, debiendo esta Sala partir de la modalidad aplicada por el Tribunal sentenciador, es decir, el art. 181.3 y 4 CP y del marco penal del que parte la sentencia recurrida: pena de prisión de 4 a 8 años menos un día, concurriendo en este supuesto la atenuante apreciada por el Tribunal sentenciador analógica de confesión, más la atenuante analógica del art. 183 bisCP que hemos considerado aplicable a este caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 66.1. 2ª CP que permite la rebaja en uno o dos grados de la pena cuando concurran dos circunstancias atenuantes, procede la rebaja en un grado de la pena. El marco penal se ubica de los 2 a los 4 años menos un día de prisión. Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes del hecho y del acusado fijamos la pena en dos años de prisión. Mantenemos el resto de los pronunciamientos.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

1)Se impugna por la representación procesal del acusado, don Germán, la indemnización concedida por falta de acreditación del daño. Sostiene la parte recurrente que no procede indemnización alguna al no haberse acreditado la existencia de daño en la menor, apoyándose esencialmente en que el informe médico forense no aprecia signos ni síntomas de trastorno mental derivado de los hechos, y en la ausencia de prueba pericial sobre secuelas psicológicas

2)El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, defienden su procedencia por tratarse de daño moral inherente al delito.

3)El motivo de recurso articulado por la defensa en relación con la responsabilidad civil debe ser desestimado.

Como acertadamente razona la resolución recurrida, y conforme a reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS núm. 253/2025, de 20 de marzo, núm. 106/2018, de 2 de marzo, y núm. 752/2007, de 2 de octubre), el daño moral no requiere para su apreciación la existencia de una lesión psíquica objetivable ni la acreditación de secuelas clínicas, pudiendo inferirse de forma directa del hecho delictivo cuando, por su propia naturaleza, suponga una afectación a bienes de la personalidad como la dignidad, la libertad o la indemnidad sexual.

En este sentido, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el daño moral aparece ínsito en la propia realización del tipo, sin que su reconocimiento quede condicionado a la constatación de un trastorno psicológico.

Cuestión distinta es la relativa a su cuantificación, respecto de la cual la sentencia de instancia realiza un juicio ponderado y prudencial plenamente ajustado a Derecho. En efecto, la Sala toma en consideración: el carácter puntual del hecho enjuiciado, la ausencia de alteración sustancial acreditada en la esfera emocional de la menor, la inexistencia de sintomatología clínica derivada de los hechos, constatada en el informe médico forense, así como las restantes circunstancias personales concurrentes.

Y, en atención a dichos elementos, procede a fijar una indemnización moderada de 3000 euros, rechazando expresamente las pretensiones más elevadas de las acusaciones al no haberse acreditado la existencia de secuelas, tratamientos o perjuicios adicionales.

Frente a ello, la tesis del recurrente incurre en un planteamiento jurídicamente incorrecto al pretender equiparar la falta de prueba de daño psíquico con la inexistencia absoluta de daño resarcible, conclusión que no resulta conforme con la doctrina expuesta.

Finalmente, debe recordarse que el control en vía de recurso de la cuantificación del daño moral queda limitado a supuestos de manifiesta arbitrariedad o desproporción, circunstancias que en modo alguno concurren en el presente caso, atendida la moderación de la cantidad fijada y la motivación que la sustenta.

En consecuencia, procede confirmar íntegramente el pronunciamiento de instancia en materia de responsabilidad civil.

SEXTO: MOTIVO RELATIVO A LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

El acusado denuncia, finalmente, la desproporción de la pena impuesta.

Ambas partes sostienen que la pena es proporcionada y ajustada al mínimo legal tras la aplicación de las atenuaciones.

Este motivo tampoco puede prosperar en los términos en que ha sido formulado.

En efecto, la alegación de desproporcionalidad debe ser revisada a la luz de la presente resolución, en la que esta Sala ha apreciado, además de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP ya reconocida en la instancia y que debe mantenerse, una circunstancia atenuante analógica derivada del artículo 183 bisCP , lo que incide directamente en la individualización de la respuesta penal.

La concurrencia de ambas circunstancias determina, necesariamente, una modulación a la baja del reproche penal, ajustando la sanción a la menor gravedad relativa del hecho y a las concretas circunstancias del caso. Desde esta perspectiva, la pena finalmente resultante se sitúa dentro de los márgenes legales y responde a una adecuada ponderación de los elementos que integran el injusto y la culpabilidad del autor.

Debe recordarse que el juicio de proporcionalidad no se realiza en abstracto, sino en relación con la pena efectivamente impuesta tras la valoración conjunta de todas las circunstancias concurrentes. Y en el presente caso, precisamente la estimación parcial del recurso en cuanto a la apreciación de la atenuante analógica comporta la corrección del eventual exceso punitivo que pudiera haberse alegado.

En consecuencia, una vez operada dicha reducción conforme a criterios de proporcionalidad y a los principios de individualización de la pena, no cabe apreciar desproporción alguna en la sanción finalmente impuesta.

SÉPTIMO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, habiéndose estimado parcialmente el recurso no procede hacer expresa imposición de las costas procesales.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 18 de diciembre de 2026, por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4ª), en la que se condena a D. Germán como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en su modalidad atenuada y con la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal consistente en la atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio durante el cumplimiento de la condena. Se impone al acusado la prohibición de aproximarse a la menor Penélope, a su domicilio, lugar de estudio, en su caso, u otros que frecuente a una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella, por cualquier medio, incluido el telemático y por persona interpuesta, por tiempo de dos años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Se le impone la medida de libertad vigilada por seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Finalmente, se le impone la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Asimismo, se le condena al abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil debe indemnizar a la menor en la cantidad de 3000 euros, por los daños morales ocasionados, cantidad que será entregada a los padres de la menor con las prevenciones legales por tratarse de una menor, con el interés legal correspondiente.

2)Interpone, contra el pronunciamiento transcrito, recurso de apelación el condenado, que alega, en síntesis, que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba, al otorgar credibilidad a una declaración de la denunciante que presenta contradicciones relevantes y carece de persistencia, vulnerándose la presunción de inocencia; asimismo, denuncia la indebida inaplicación de la eximente del artículo 183 bisCP , al concurrir, a su juicio, proximidad de edad y madurez entre los intervinientes, o su aplicación como atenuante muy cualificada; subsidiariamente invoca la concurrencia de error de tipo y de prohibición; cuestiona la existencia de responsabilidad civil por falta de acreditación de perjuicio; y, finalmente, alega desproporción de la pena impuesta.

3)El Ministerio Fiscal considera que la condena se funda en las pruebas practicadas, con respeto a los principios de oralidad e inmediación, ponderadas de forma adecuada y ajustadas a Derecho por el Tribunal sentenciador, y la conducta del acusado, debidamente acreditada, no merece otra calificación jurídica que la efectuada en la sentencia, por lo que procede su confirmación.

4)La Acusación Particular interesa, por un lado, la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que se ha valorado correctamente la prueba; que no procede la aplicación del art. 183 bisCP ; que no concurre ni error de tipo ni error de prohibición; y que el daño moral ha sido valorado correctamente; por todo ello entiende que la pena es proporcional. En segundo lugar, y de forma subsidiaria, señala que para el caso de que no se estime la petición anterior, se estime parcialmente la impugnación realizada revocando el pronunciamiento de la sentencia relativo a la responsabilidad civil, y acuerde establecer las bases para su determinación, reservando su fijación definitiva para la fase de ejecución de sentencia.

5)Con carácter previo, procede ordenar el análisis de los motivos planteados para una mejor resolución del recurso planteado, comenzando por las cuestiones relativas a la valoración de la prueba y la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, continuando con el examen de la concurrencia de error de tipo y de prohibición; posteriormente, se abordará la eventual aplicación del artículo 183 bisCP , como eximente y como atenuante, y las cuestiones relativas a la individualización de la pena y la responsabilidad civil.

Antes de comenzar con la resolución del recurso de apelación, debemos precisar que la Acusación Particular, junto a su oposición al recurso, introduce de forma subsidiaria una pretensión de modificación del pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil. Ahora bien, si bien el artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LECrim.) permite a la parte no recurrente adherirse al recurso de apelación formulando pretensiones propias, lo cierto es que dicha facultad exige que la pretensión se articule como un auténtico recurso adhesivo, con expresión de los correspondientes motivos de impugnación.

Pero, en este supuesto, no estamos ante tal situación. En el presente caso, la referida solicitud no se configura como una verdadera adhesión en los términos legalmente previstos, sino que se limita a introducirse en el escrito de oposición al recurso, desbordando la función propia de dicho trámite, que no es otra que la defensa de la resolución impugnada, por lo que no puede ser objeto de examen en ante esta Sala de apelación.

SEGUNDO: MOTIVO RELATIVO A ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1)La parte recurrente articula, como primer motivo, la existencia de un error en la valoración de la prueba, cuestionando esencialmente la credibilidad del testimonio de la menor, al que atribuye contradicciones, falta de persistencia en la incriminación y la posible concurrencia de móviles espurios, con la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2)El Ministerio Fiscal niega la existencia de error, destacando la coherencia sustancial del testimonio de la menor y la existencia de prueba suficiente, subrayando además que el hecho nuclear no es controvertido y que el acusado reconoció inicialmente conocer la edad.

La Acusación Particular sostiene la plena validez de la valoración probatoria, afirmando que el testimonio cumple los criterios jurisprudenciales y que las contradicciones son meramente periféricas, sin afectar al núcleo incriminatorio

3)La jurisprudencia, respecto al error en la valoración de la prueba,ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del Tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el Tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE).

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un Tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del Tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJ 47/2025, de 20 de mayo.

4)La sentencia de instancia contiene una motivación y valoración de prueba plenamente correctas. El planteamiento de la defensa no puede prosperar en los términos en que se formula, en la medida en que parte de una premisa errónea sobre la estructura probatoria del caso. En efecto, no nos encontramos ante un supuesto de prueba única sustentada exclusivamente en la declaración de la víctima respecto del hecho principal objeto de condena, sino ante un supuesto en el que el propio acusado ha reconocido de forma expresa la realidad del encuentro sexual de fecha 27 de junio de 2023, consistente en acceso carnal con penetración vaginal, coincidente, en lo sustancial, con el relato de la menor y plenamente asumido en el factumde la sentencia recurrida.

La controversia probatoria suscitada por la defensa se desplaza, en realidad, hacia extremos accesorios o periféricos -tales como la iniciativa del encuentro, el envío de la ubicación o el contenido de comunicaciones- que carecen de relevancia típica para la integración del delito objeto de condena, y que no inciden en los elementos estructurales del mismo, cuales son la minoría de edad de la víctima, la existencia del acto sexual y el conocimiento por el acusado de dicha circunstancia, como argumentaremos posteriormente.

Tampoco puede otorgarse la trascendencia pretendida a las alegadas contradicciones en el testimonio de la menor, por cuanto, conforme reiterada jurisprudencia, no toda divergencia en aspectos secundarios o accesorios del relato afecta a la credibilidad del testimonio, siendo exigible únicamente la persistencia en el núcleo esencial de la imputación, circunstancia que, en el presente caso, concurre, máxime cuando dicho núcleo fáctico aparece corroborado, insistimos, por las propias manifestaciones del acusado que reconoce los hechos por los que ha sido condenado.

En definitiva, la impugnación no pone de manifiesto un verdadero error patente en la valoración probatoria, sino que se limita a ofrecer una reinterpretación interesada de elementos de escasa relevancia jurídica, sin capacidad para desvirtuar la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia, que ha valorado la prueba de forma razonada, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

Por lo que respecta a la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha de recordarse que dicho derecho constitucional se satisface cuando exista una mínima actividad probatoria de cargo, válida y suficiente, practicada con todas las garantías y valorada racionalmente por el tribunal sentenciador.

En el presente caso, tal exigencia concurre de forma inequívoca, al sustentarse el pronunciamiento condenatorio no solo en la declaración de la víctima, sino también en el reconocimiento del propio acusado respecto del acto sexual objeto de condena, así como en los restantes elementos probatorios valorados en la instancia.

En consecuencia, no cabe estimar la denunciada infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española ( CE).

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO A LA CONCURRENCIA DE ERROR DE TIPO Y DE ERROR DE PROHIBICIÓN

1)Se alega por la representación procesal de don Germán desconocimiento de la edad de la menor (error de tipo) y de la ilicitud de la conducta realizada (error de prohibición).

2)El Ministerio Fiscal rechaza ambos errores, afirmando probado el conocimiento de la edad y negando la posibilidad de desconocer la ilicitud. La Acusación Particular coincide en su rechazo con el Ministerio Fiscal, destacando la credibilidad de la primera declaración del acusado y el carácter notorio de la prohibición.

3)Comenzando por el error de tipoalegado, el mismo no puede admitirse, pues la apreciación del Tribunal a quopara descartarlo en el Fundamento de Derecho cuarto de la resolución que se recurre, ha sido plenamente racional y ajustada a las reglas de la sana crítica, sin arbitrariedad alguna. Como es sabido, el error de tipo supone el desconocimiento o la falsa representación de un elemento que fundamenta de la prohibición legal de la conducta, lo que excluye el dolo al faltar el conocimiento de todos los elementos del tipo.

Lo que el recurrente pretende es alegar que desconocía que la víctima era menor de 16 años, que se enteró cuando se lo dijo la madre de la menor el día 5 de julio de 2023 y que el día que mantuvieron las relaciones sexuales acreditadas, el 27 de junio de 2023, no tenía conocimiento de la edad.

Consta acreditado que en su primera declaración el acusado reconoció conocer que la menor contaba con catorce años, conocimiento que, posteriormente, negó en fase indagatoria y en el acto del juicio oral con evidente finalidad exculpatoria, lo que justifica que el órgano sentenciador otorgue mayor credibilidad a sus manifestaciones iniciales.

En este sentido manifestó en su declaración ante el Juez Instructor (acontecimiento Ori 27 DPA 917/2023, a partir del minuto 1:51) que conocía a la menor como novia de su hermano, y que cuando habló con la madre de la menor el día del segundo encuentro, él le dijo que se llamaba Alfredo y tenía 17 años y que la madre le pregunto: ¿sabes que mi hija tiene 14 años y que no puede estar con un mayor de edad?, respondiendo él: sí, sí. Y a preguntas de Su Señoría de si reconoció que sabía que tenía 14 años volvió a decir que sí, que se lo había dicho su hermano.

A ello se añade un elemento contextual de especial relevancia, cual es, como hemos dicho, que la menor había mantenido una relación sentimental previa con el hermano del acusado, también menor de edad, lo que refuerza la inferencia razonable de que aquél conocía, o al menos podía representarse sin esfuerzo, la edad aproximada de la misma. Como pone de relieve la sentencia recurrida, no solo no se acredita error alguno, sino que, en todo caso, de haber existido duda, esta habría quedado subsumida en la figura del dolo eventual, al decidir el acusado actuar pese a la posibilidad de conocimiento de dicho elemento esencial del tipo.

En consecuencia, no puede apreciarse error de tipo alguno y el motivo no puede estimarse.

En cuanto al error de prohibiciónconviene recordar que el error de prohibición del art. 14.3 CP se produce cuando el sujeto conoce todos los elementos objetivos del tipo penal, pero desconoce su ilicitud, actuando bajo la creencia errónea de que la conducta es lícita. Aquí, el recurrente parece asumir el conocimiento de la edad (14 años), distinto de su tesis previa de error de tipo, pero alega ahora ignorancia de la prohibición sexual con menores.

La alegación defensiva se basa, por tanto, en que el acusado creía que la edad de consentimiento sexual se situaba en los catorce años y desconocía su elevación a dieciséis, añadiendo que no puede exigirse a los jóvenes el conocimiento de las sucesivas reformas legales. Sin embargo, tal planteamiento no resulta atendible.

En primer lugar, la elevación de la edad de consentimiento sexual a los dieciséis años no constituye una modificación reciente ni de carácter excepcional, sino que se encuentra plenamente asentada en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de una década, en concreto desde la LO 1/2015, de 30 de marzo, por lo que su desconocimiento no puede reputarse verosímil.

En segundo término, y como acertadamente recoge la sentencia de instancia, en el contexto actual resulta plenamente exigible un mínimo estándar de diligencia en el conocimiento de la licitud o ilicitud de conductas de especial relevancia social, siendo notorio que el mantenimiento de relaciones sexuales con menores constituye una materia de conocimiento generalizado. A ello se añade la facilidad objetiva de acceso a dicha información, tanto a través de medios digitales como mediante la formación recibida en el ámbito educativo, lo que excluye el eventual error.

Por lo demás, la jurisprudencia es constante al señalar que no cabe apreciar error de prohibición en relación con conductas cuya ilicitud resulta socialmente conocida o fácilmente cognoscible, bastando el denominado conocimiento paralelo en la esfera del profano.

En definitiva, no puede admitirse que el acusado ignorase la ilicitud de su conducta, por lo que procede rechazar la concurrencia del error de prohibición alegado.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INAPLICACIÓN DEL ART. 183 BISCP

1)Se denuncia por la defensa de don Germán la indebida inaplicación de la eximente del art. 183 bisCP , considerando que concurre la proximidad de edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que concurre una diferencia relevante de edad y una clara asimetría madurativa acreditada, que justifica la inaplicación del precepto.

La Acusación Particular rechaza la aplicabilidad del precepto por inexistencia de proximidad en edad y por la vulnerabilidad de la menor derivada de su situación cognitiva.

3)Esta Sala coincide con el Tribunal de instancia y las conclusiones del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en cuanto a la inaplicabilidad de la cláusula eximente del art. 183 bisCP (anterior 183 quater,denominada cláusula Romeo y Julieta), que excluye la responsabilidad penal por contactos sexuales con menores de 16 años cuando, existiendo consentimiento de la persona menor de edad, concurran cumulativamente la proximidad en edad y el grado de desarrollo o madurez física y psicológica entre el autor y la víctima.

El TS exige el cumplimiento de ambos presupuestos conjuntamente ( STS núm. 939/2022, de 30 de junio) para que pueda afirmarse que el consentimiento es válido. Deben concurrir, por tanto, en palabras de la Circular FGE 1/2017 sobre la interpretación del art. 183 quaterCP , dos presupuestos: uno cronológico (edad similar) y otro biopsicosocial (semejante grado de desarrollo y madurez). No se fija en la ley franja concreta de edad que pueda orientar a la aplicación del citado precepto. Por tanto, es el juez el que determinará, en cada caso, si procede o no tal aplicación.

En palabras del TS, si bien refiriéndose al 183 quaterCP, «el texto penal no puede prohibir el sexo entre jóvenes. No puede el legislador introducirse en la cotidianidad de las relaciones humanas y criminalizar en pleno siglo XXI cuestiones que pertenecen a la esfera propia de las decisiones privadas de menores. En donde sí interviene el derecho penal, y debe hacerlo, es cuando la relación sexual se produce entre mayor y menor de edad, y aquí es donde se introducen los matices respecto a la edad del "mayor de edad" y la del menor, y la posibilidad de esa aproximación en edades o madurez física y psicológica que haga desaparecer esa especie de "aprovechamiento" que sanciona el texto penal cuando la relación sexual lo es entre mayor y menor. Todo ello, para proteger al menor de que su inferioridad en su edad sea aprovechada por el mayor. Sin embargo, esta presunción del "aprovechamiento" puede decaer cuando ambos se encuentran en un mismo plano, que es lo que da a la aplicación del art. 183 quater CP para operar como eximente».( STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre).

En la STS 828/2021, de 29 de octubre, se señala que: «no ha optado nuestro legislador por un criterio cronológico puro, sino que ha combinado la relación de proximidad entre la edad del mayor y el menor, y la de simetría de madurez entre ambos, factores no sujetos a reglas fijas, en que la formación y condicionantes culturales de cada cual juega un papel importante, lo que no significa que no podamos encontrarnos casos claros en que ni uno ni otro, o bien que uno u otro, se presenten sin duda, porque, si esto es así, cae por su base la aplicación de la referida cláusula de exoneración».

De modo que, para poder aplicar dicha exención, debe exigirse ese «mismo plano», es decir, un mismo plano de igualdad entre el autor y el/la menor, entendiendo por tal una simetría real y estricta en edad y madurez.

Entendemos que no procede la aplicación como exención completa, tal y como se argumenta en el Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución recurrida.

Comenzando por el primero de los requisitos relativo a proximidad cronológica. Desde una perspectiva estrictamente cronológica, entre la menor y el acusado existe una diferencia de cinco años y nueve mees, y en la fecha de los hechos contaba aquella con 14 años y el acusado con 20, lo que, aun no siendo una diferencia absolutamente desorbitada, sí se sitúa en el límite de lo admisible conforme a los criterios interpretativos habituales y a las pautas orientativas recogidas en la Instrucción 1/2017 de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, en cuanto a la proximidad madurativa entendemos que no están en el mismo plano puesto que la menor, según consta en los informes periciales obrantes en autos, estaba diagnosticada de epilepsia focal de semiológia témporo occipital y capacidad intelectual límite. Según las conclusiones del médico forense (acontecimiento número 170 DPA 1039/2023), en su informe de fecha 29 de febrero de 2024, con un CI 70, próximo al retraso mental ligero que le ocasionaba un déficit cognitivo con disminución en la capacidad de comprender y realizar juicio crítico, disminución del control de impulsos e instintos, aumento de la sugestionabilidad y dificultad para las relaciones sexuales, entre otras, con baja autoestima que le hacía tender a intentar satisfacer los deseo de otros, con el objetivo de agradar y conseguir aceptación. Nada de lo anterior era perceptible a simple vista. El grado de desarrollo del procesado, también según informe médico forense (acontecimiento número 173 DPA 1039/2023), era acorde a su edad de 20 años, sin que conste la concurrencia de factores que permitieran equiparar su situación a la de la menor. En consecuencia, no puede afirmarse la existencia de una verdadera proximidad en el plano madurativo entre ambos.

En este contexto, si bien la diferencia de edad, considerada aisladamente, podría situarse en una zona próxima al umbral de operatividad de la causa de exclusión de responsabilidad, la ausencia de una total equivalencia madurativa impide apreciar la concurrencia plena de los requisitos exigidos por el art. 183 bisCP .

Cuestión distinta, es que tales circunstancias puedan ser valoradas, en su caso, a efectos de una eventual atenuación, extremo que examinaremos a continuación.

4)En cuanto a la eventual aplicación del artículo 183 bisCP como circunstancia atenuante -ya sea simple o muy

cualificada-, la cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, singularmente en la STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre, que, resolviendo recurso frente a sentencia de esta misma Sala (STSJ Castilla y León núm. 14/2020, de 18 de marzo), descartó la posibilidad de apreciar una atenuante analógica fundada en el entonces artículo 183 quáterCP (actual art. 183 bis).

No obstante, dicha resolución no fue adoptada de forma unánime, constando voto particular de especial relevancia en el que se defiende la viabilidad de tal proyección atenuatoria, con argumentos que esta Sala considera atendibles y plenamente coherentes con los principios estructurales del Derecho penal.

En efecto, como pone de relieve el citado voto particular, la cláusula del artículo 183 bisCP introduce criterios de valoración -proximidad en edad y en grado de desarrollo o madurez- que constituyen auténticos conceptos jurídicos indeterminados, cuya concurrencia puede presentarse en distintos grados de intensidad, dando lugar a lo que denomina situaciones intermedias entre la plena exención de responsabilidad y la responsabilidad íntegra.

Negar toda relevancia jurídico-penal a dichas situaciones intermedias, limitando la operatividad del precepto a una alternativa rígida entre absolución o plena punibilidad, conduciría a respuestas punitivas difícilmente compatibles con el principio de proporcionalidad, que debe presidir la determinación e individualización de la pena.

Desde esta perspectiva, resulta perfectamente asumible, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.7ª CP y a la doctrina consolidada sobre la analogía in bonam partem,construir una atenuante cuando concurran parcialmente los presupuestos del art. 183 bisCP , en la medida en que existe identidad de razón con la cláusula exoneradora, al reflejar una menor intensidad del desvalor del hecho y del reproche personal.

En este sentido, debe recordarse que la jurisprudencia ha admitido la aplicación de atenuantes analógicas no solo por conexión con las circunstancias del artículo 21 CP, sino también cuando concurren elementos relacionados con la ratiodel tipo penal o con causas de exclusión no plenamente realizadas. El propio voto particular destaca, con apoyo en precedentes del Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico no solo permite, sino que exige dar respuesta a estos supuestos intermedios mediante mecanismos de modulación punitiva.

Aplicando lo anterior al caso de autos, aun cuando no concurren de forma plena los requisitos exigidos para la aplicación de la eximente del artículo 183 bis,CP , consideramos que sí se aprecian elementos que permiten su valoración a efectos atenuatorios.

En primer lugar, existe una relativa proximidad en edad entre el acusado (20 años) y la menor (14 años), diferencia que, sin ser irrelevante, tampoco puede calificarse de absolutamente desproporcionada y que no resulta por sí sola absolutamente incompatible con la apreciación del art. 183 bisCP . Así se admite por la Circular 1/2017 cuando señala: «14 y 15 años, ambos inclusive. La protección debe permitir una diferencia de edad que abarque a los jóvenes hasta 20 años inclusive, moderándose en atención al segundo parámetro (grado de desarrollo o madurez)»,admitiendo incluso que excepcionalmente podrían comprenderse los jóvenes de hasta 24 años inclusive.

En segundo lugar, desde la perspectiva madurativa, si bien no puede afirmarse una equivalencia real entre ambos, especialmente a la vista de las circunstancias de la menor descrita en el informe pericial, si bien no perceptible como hemos señalado, tampoco se desprende del acervo probatorio elementos objetivos que permitan apreciar una superioridad madurativa en el acusado. Antes la contrario según puede desprenderse de las conversaciones a través de Whatsapp (acontecimiento número 47 DPA 1039/2023) en las que el acusado dice: «deja que hablen los padres».Y la menor responde: «Mi mdre va ha llmar ha la plicia»,continuando el acusado preguntando: «Y que hago»,insistiendo la menor en: «x mi prte lo siento mucho, perdóname de vdd».Respondiendo el acusado: «No pasa nada dja que hablen los adultos y yo».A nuestro juicio tales conversaciones denotan una limitada capacidad de gestión autónoma de la situación, remitiendo de forma reiterada la resolución del conflicto al ámbito de los progenitores. Tal proceder, lejos de evidenciar una posición de ascendencia psicológica, permite apreciar una cierta proximidad en el plano madurativo que, sin desvirtuar el resto de elementos analizados a los que ya nos hemos referido, sí resulta relevante a efectos de la posible aplicación del art. 183 bisCP como atenuante.

En consecuencia, aun descartándose la aplicación plena de la eximente, procede otorgar relevancia atenuatoria a las circunstancias concurrentes, puesto que, en definitiva, nos encontramos ante una situación que, sin excluir la tipicidad, sí revela una menor intensidad de la conducta típica que la norma pretende sancionar.

Ahora bien, dicha atenuación no puede alcanzar el grado de muy cualificada. En efecto, la apreciación de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP por el Tribunal de instancia, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, ya ha operado una relevante reducción punitiva en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias concurrentes, por lo que una ulterior degradación intensa de la pena mediante la apreciación de una atenuante muy cualificada supondría, a nuestro juicio, una doble minoración desproporcionada del reproche penal.

Por ello, esta Sala entiende procedente reconocer la concurrencia de una atenuante analógica simple, derivada del art. 183 bisCP en relación con el art. 21.7ª CP, como manifestación de esa situación intermedia entre la plena exención y la responsabilidad íntegra, ajustando así la respuesta penal a las exigencias del principio de proporcionalidad.

En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso en este extremo, con los efectos correspondientes en la determinación de la pena.

Corolario de lo anterior es que, en este supuesto, debiendo esta Sala partir de la modalidad aplicada por el Tribunal sentenciador, es decir, el art. 181.3 y 4 CP y del marco penal del que parte la sentencia recurrida: pena de prisión de 4 a 8 años menos un día, concurriendo en este supuesto la atenuante apreciada por el Tribunal sentenciador analógica de confesión, más la atenuante analógica del art. 183 bisCP que hemos considerado aplicable a este caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 66.1. 2ª CP que permite la rebaja en uno o dos grados de la pena cuando concurran dos circunstancias atenuantes, procede la rebaja en un grado de la pena. El marco penal se ubica de los 2 a los 4 años menos un día de prisión. Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes del hecho y del acusado fijamos la pena en dos años de prisión. Mantenemos el resto de los pronunciamientos.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

1)Se impugna por la representación procesal del acusado, don Germán, la indemnización concedida por falta de acreditación del daño. Sostiene la parte recurrente que no procede indemnización alguna al no haberse acreditado la existencia de daño en la menor, apoyándose esencialmente en que el informe médico forense no aprecia signos ni síntomas de trastorno mental derivado de los hechos, y en la ausencia de prueba pericial sobre secuelas psicológicas

2)El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, defienden su procedencia por tratarse de daño moral inherente al delito.

3)El motivo de recurso articulado por la defensa en relación con la responsabilidad civil debe ser desestimado.

Como acertadamente razona la resolución recurrida, y conforme a reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS núm. 253/2025, de 20 de marzo, núm. 106/2018, de 2 de marzo, y núm. 752/2007, de 2 de octubre), el daño moral no requiere para su apreciación la existencia de una lesión psíquica objetivable ni la acreditación de secuelas clínicas, pudiendo inferirse de forma directa del hecho delictivo cuando, por su propia naturaleza, suponga una afectación a bienes de la personalidad como la dignidad, la libertad o la indemnidad sexual.

En este sentido, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el daño moral aparece ínsito en la propia realización del tipo, sin que su reconocimiento quede condicionado a la constatación de un trastorno psicológico.

Cuestión distinta es la relativa a su cuantificación, respecto de la cual la sentencia de instancia realiza un juicio ponderado y prudencial plenamente ajustado a Derecho. En efecto, la Sala toma en consideración: el carácter puntual del hecho enjuiciado, la ausencia de alteración sustancial acreditada en la esfera emocional de la menor, la inexistencia de sintomatología clínica derivada de los hechos, constatada en el informe médico forense, así como las restantes circunstancias personales concurrentes.

Y, en atención a dichos elementos, procede a fijar una indemnización moderada de 3000 euros, rechazando expresamente las pretensiones más elevadas de las acusaciones al no haberse acreditado la existencia de secuelas, tratamientos o perjuicios adicionales.

Frente a ello, la tesis del recurrente incurre en un planteamiento jurídicamente incorrecto al pretender equiparar la falta de prueba de daño psíquico con la inexistencia absoluta de daño resarcible, conclusión que no resulta conforme con la doctrina expuesta.

Finalmente, debe recordarse que el control en vía de recurso de la cuantificación del daño moral queda limitado a supuestos de manifiesta arbitrariedad o desproporción, circunstancias que en modo alguno concurren en el presente caso, atendida la moderación de la cantidad fijada y la motivación que la sustenta.

En consecuencia, procede confirmar íntegramente el pronunciamiento de instancia en materia de responsabilidad civil.

SEXTO: MOTIVO RELATIVO A LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

El acusado denuncia, finalmente, la desproporción de la pena impuesta.

Ambas partes sostienen que la pena es proporcionada y ajustada al mínimo legal tras la aplicación de las atenuaciones.

Este motivo tampoco puede prosperar en los términos en que ha sido formulado.

En efecto, la alegación de desproporcionalidad debe ser revisada a la luz de la presente resolución, en la que esta Sala ha apreciado, además de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP ya reconocida en la instancia y que debe mantenerse, una circunstancia atenuante analógica derivada del artículo 183 bisCP , lo que incide directamente en la individualización de la respuesta penal.

La concurrencia de ambas circunstancias determina, necesariamente, una modulación a la baja del reproche penal, ajustando la sanción a la menor gravedad relativa del hecho y a las concretas circunstancias del caso. Desde esta perspectiva, la pena finalmente resultante se sitúa dentro de los márgenes legales y responde a una adecuada ponderación de los elementos que integran el injusto y la culpabilidad del autor.

Debe recordarse que el juicio de proporcionalidad no se realiza en abstracto, sino en relación con la pena efectivamente impuesta tras la valoración conjunta de todas las circunstancias concurrentes. Y en el presente caso, precisamente la estimación parcial del recurso en cuanto a la apreciación de la atenuante analógica comporta la corrección del eventual exceso punitivo que pudiera haberse alegado.

En consecuencia, una vez operada dicha reducción conforme a criterios de proporcionalidad y a los principios de individualización de la pena, no cabe apreciar desproporción alguna en la sanción finalmente impuesta.

SÉPTIMO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, habiéndose estimado parcialmente el recurso no procede hacer expresa imposición de las costas procesales.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 18 de diciembre de 2026, por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 4ª), en la que se condena a D. Germán como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en su modalidad atenuada y con la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal consistente en la atenuante analógica de confesión, a la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial del derecho de sufragio durante el cumplimiento de la condena. Se impone al acusado la prohibición de aproximarse a la menor Penélope, a su domicilio, lugar de estudio, en su caso, u otros que frecuente a una distancia inferior a 300 metros, y de comunicarse con ella, por cualquier medio, incluido el telemático y por persona interpuesta, por tiempo de dos años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Se le impone la medida de libertad vigilada por seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Finalmente, se le impone la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad impuesta. Asimismo, se le condena al abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil debe indemnizar a la menor en la cantidad de 3000 euros, por los daños morales ocasionados, cantidad que será entregada a los padres de la menor con las prevenciones legales por tratarse de una menor, con el interés legal correspondiente.

2)Interpone, contra el pronunciamiento transcrito, recurso de apelación el condenado, que alega, en síntesis, que la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba, al otorgar credibilidad a una declaración de la denunciante que presenta contradicciones relevantes y carece de persistencia, vulnerándose la presunción de inocencia; asimismo, denuncia la indebida inaplicación de la eximente del artículo 183 bisCP , al concurrir, a su juicio, proximidad de edad y madurez entre los intervinientes, o su aplicación como atenuante muy cualificada; subsidiariamente invoca la concurrencia de error de tipo y de prohibición; cuestiona la existencia de responsabilidad civil por falta de acreditación de perjuicio; y, finalmente, alega desproporción de la pena impuesta.

3)El Ministerio Fiscal considera que la condena se funda en las pruebas practicadas, con respeto a los principios de oralidad e inmediación, ponderadas de forma adecuada y ajustadas a Derecho por el Tribunal sentenciador, y la conducta del acusado, debidamente acreditada, no merece otra calificación jurídica que la efectuada en la sentencia, por lo que procede su confirmación.

4)La Acusación Particular interesa, por un lado, la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida, al considerar que se ha valorado correctamente la prueba; que no procede la aplicación del art. 183 bisCP ; que no concurre ni error de tipo ni error de prohibición; y que el daño moral ha sido valorado correctamente; por todo ello entiende que la pena es proporcional. En segundo lugar, y de forma subsidiaria, señala que para el caso de que no se estime la petición anterior, se estime parcialmente la impugnación realizada revocando el pronunciamiento de la sentencia relativo a la responsabilidad civil, y acuerde establecer las bases para su determinación, reservando su fijación definitiva para la fase de ejecución de sentencia.

5)Con carácter previo, procede ordenar el análisis de los motivos planteados para una mejor resolución del recurso planteado, comenzando por las cuestiones relativas a la valoración de la prueba y la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, continuando con el examen de la concurrencia de error de tipo y de prohibición; posteriormente, se abordará la eventual aplicación del artículo 183 bisCP , como eximente y como atenuante, y las cuestiones relativas a la individualización de la pena y la responsabilidad civil.

Antes de comenzar con la resolución del recurso de apelación, debemos precisar que la Acusación Particular, junto a su oposición al recurso, introduce de forma subsidiaria una pretensión de modificación del pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil. Ahora bien, si bien el artículo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LECrim.) permite a la parte no recurrente adherirse al recurso de apelación formulando pretensiones propias, lo cierto es que dicha facultad exige que la pretensión se articule como un auténtico recurso adhesivo, con expresión de los correspondientes motivos de impugnación.

Pero, en este supuesto, no estamos ante tal situación. En el presente caso, la referida solicitud no se configura como una verdadera adhesión en los términos legalmente previstos, sino que se limita a introducirse en el escrito de oposición al recurso, desbordando la función propia de dicho trámite, que no es otra que la defensa de la resolución impugnada, por lo que no puede ser objeto de examen en ante esta Sala de apelación.

SEGUNDO: MOTIVO RELATIVO A ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

1)La parte recurrente articula, como primer motivo, la existencia de un error en la valoración de la prueba, cuestionando esencialmente la credibilidad del testimonio de la menor, al que atribuye contradicciones, falta de persistencia en la incriminación y la posible concurrencia de móviles espurios, con la consiguiente vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

2)El Ministerio Fiscal niega la existencia de error, destacando la coherencia sustancial del testimonio de la menor y la existencia de prueba suficiente, subrayando además que el hecho nuclear no es controvertido y que el acusado reconoció inicialmente conocer la edad.

La Acusación Particular sostiene la plena validez de la valoración probatoria, afirmando que el testimonio cumple los criterios jurisprudenciales y que las contradicciones son meramente periféricas, sin afectar al núcleo incriminatorio

3)La jurisprudencia, respecto al error en la valoración de la prueba,ha reiterado que el tribunal de apelación no debe limitarse a revalorar la prueba ya examinada por el órgano de instancia, sino revisar críticamente su valoración, corrigiéndola cuando aprecie error, pero siempre respetando aquellos aspectos vinculados a la inmediación y motivando adecuadamente cualquier cambio. Así lo establece, entre otras, la STC 17/2000, de 31 de enero, y la STS de 4 de noviembre de 2021.

Solo cuando exista arbitrariedad o irracionalidad en la valoración probatoria del Tribunal de instancia puede la Sala de apelación sustituir dicha valoración, sin convertir el recurso en una nueva instancia de enjuiciamiento.

No obstante, la doctrina más reciente reconoce que, gracias a los nuevos medios de documentación de las actuaciones, la inmediación es ahora en buena parte accesible también al tribunal ad quem.La STS 136/2022, de 17 de febrero, lo confirma expresamente, declarando que en recursos contra sentencias condenatorias el Tribunal de apelación tiene plenas facultades revisoras, tanto fácticas como jurídicas, debiendo verificar si la prueba practicada permite enervar la presunción de inocencia. Subraya que este es el verdadero sentido de la doble instancia penal, como garantía del derecho al recurso y a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE).

En esta línea, se critica el uso indebido de criterios restrictivos basados en la STC 167/2002, recordando la STC 184/2013 que todo condenado tiene derecho a que un Tribunal superior revise tanto la culpabilidad como la pena impuesta. La no inmediación no puede invocarse como límite, ya que esta es solo una vía de acceso a la prueba, no un blindaje que impida el control de la sentencia por parte del Tribunal superior. Esto cobra especial relevancia en donde la prueba clave fue una grabación, accesible en igualdad de condiciones por ambas instancias. En este sentido, cabe destacar también nuestra reciente STSJ 47/2025, de 20 de mayo.

4)La sentencia de instancia contiene una motivación y valoración de prueba plenamente correctas. El planteamiento de la defensa no puede prosperar en los términos en que se formula, en la medida en que parte de una premisa errónea sobre la estructura probatoria del caso. En efecto, no nos encontramos ante un supuesto de prueba única sustentada exclusivamente en la declaración de la víctima respecto del hecho principal objeto de condena, sino ante un supuesto en el que el propio acusado ha reconocido de forma expresa la realidad del encuentro sexual de fecha 27 de junio de 2023, consistente en acceso carnal con penetración vaginal, coincidente, en lo sustancial, con el relato de la menor y plenamente asumido en el factumde la sentencia recurrida.

La controversia probatoria suscitada por la defensa se desplaza, en realidad, hacia extremos accesorios o periféricos -tales como la iniciativa del encuentro, el envío de la ubicación o el contenido de comunicaciones- que carecen de relevancia típica para la integración del delito objeto de condena, y que no inciden en los elementos estructurales del mismo, cuales son la minoría de edad de la víctima, la existencia del acto sexual y el conocimiento por el acusado de dicha circunstancia, como argumentaremos posteriormente.

Tampoco puede otorgarse la trascendencia pretendida a las alegadas contradicciones en el testimonio de la menor, por cuanto, conforme reiterada jurisprudencia, no toda divergencia en aspectos secundarios o accesorios del relato afecta a la credibilidad del testimonio, siendo exigible únicamente la persistencia en el núcleo esencial de la imputación, circunstancia que, en el presente caso, concurre, máxime cuando dicho núcleo fáctico aparece corroborado, insistimos, por las propias manifestaciones del acusado que reconoce los hechos por los que ha sido condenado.

En definitiva, la impugnación no pone de manifiesto un verdadero error patente en la valoración probatoria, sino que se limita a ofrecer una reinterpretación interesada de elementos de escasa relevancia jurídica, sin capacidad para desvirtuar la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia, que ha valorado la prueba de forma razonada, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia.

Por lo que respecta a la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha de recordarse que dicho derecho constitucional se satisface cuando exista una mínima actividad probatoria de cargo, válida y suficiente, practicada con todas las garantías y valorada racionalmente por el tribunal sentenciador.

En el presente caso, tal exigencia concurre de forma inequívoca, al sustentarse el pronunciamiento condenatorio no solo en la declaración de la víctima, sino también en el reconocimiento del propio acusado respecto del acto sexual objeto de condena, así como en los restantes elementos probatorios valorados en la instancia.

En consecuencia, no cabe estimar la denunciada infracción del artículo 24.2 de la Constitución Española ( CE).

Por todo ello, el motivo debe ser desestimado.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO A LA CONCURRENCIA DE ERROR DE TIPO Y DE ERROR DE PROHIBICIÓN

1)Se alega por la representación procesal de don Germán desconocimiento de la edad de la menor (error de tipo) y de la ilicitud de la conducta realizada (error de prohibición).

2)El Ministerio Fiscal rechaza ambos errores, afirmando probado el conocimiento de la edad y negando la posibilidad de desconocer la ilicitud. La Acusación Particular coincide en su rechazo con el Ministerio Fiscal, destacando la credibilidad de la primera declaración del acusado y el carácter notorio de la prohibición.

3)Comenzando por el error de tipoalegado, el mismo no puede admitirse, pues la apreciación del Tribunal a quopara descartarlo en el Fundamento de Derecho cuarto de la resolución que se recurre, ha sido plenamente racional y ajustada a las reglas de la sana crítica, sin arbitrariedad alguna. Como es sabido, el error de tipo supone el desconocimiento o la falsa representación de un elemento que fundamenta de la prohibición legal de la conducta, lo que excluye el dolo al faltar el conocimiento de todos los elementos del tipo.

Lo que el recurrente pretende es alegar que desconocía que la víctima era menor de 16 años, que se enteró cuando se lo dijo la madre de la menor el día 5 de julio de 2023 y que el día que mantuvieron las relaciones sexuales acreditadas, el 27 de junio de 2023, no tenía conocimiento de la edad.

Consta acreditado que en su primera declaración el acusado reconoció conocer que la menor contaba con catorce años, conocimiento que, posteriormente, negó en fase indagatoria y en el acto del juicio oral con evidente finalidad exculpatoria, lo que justifica que el órgano sentenciador otorgue mayor credibilidad a sus manifestaciones iniciales.

En este sentido manifestó en su declaración ante el Juez Instructor (acontecimiento Ori 27 DPA 917/2023, a partir del minuto 1:51) que conocía a la menor como novia de su hermano, y que cuando habló con la madre de la menor el día del segundo encuentro, él le dijo que se llamaba Alfredo y tenía 17 años y que la madre le pregunto: ¿sabes que mi hija tiene 14 años y que no puede estar con un mayor de edad?, respondiendo él: sí, sí. Y a preguntas de Su Señoría de si reconoció que sabía que tenía 14 años volvió a decir que sí, que se lo había dicho su hermano.

A ello se añade un elemento contextual de especial relevancia, cual es, como hemos dicho, que la menor había mantenido una relación sentimental previa con el hermano del acusado, también menor de edad, lo que refuerza la inferencia razonable de que aquél conocía, o al menos podía representarse sin esfuerzo, la edad aproximada de la misma. Como pone de relieve la sentencia recurrida, no solo no se acredita error alguno, sino que, en todo caso, de haber existido duda, esta habría quedado subsumida en la figura del dolo eventual, al decidir el acusado actuar pese a la posibilidad de conocimiento de dicho elemento esencial del tipo.

En consecuencia, no puede apreciarse error de tipo alguno y el motivo no puede estimarse.

En cuanto al error de prohibiciónconviene recordar que el error de prohibición del art. 14.3 CP se produce cuando el sujeto conoce todos los elementos objetivos del tipo penal, pero desconoce su ilicitud, actuando bajo la creencia errónea de que la conducta es lícita. Aquí, el recurrente parece asumir el conocimiento de la edad (14 años), distinto de su tesis previa de error de tipo, pero alega ahora ignorancia de la prohibición sexual con menores.

La alegación defensiva se basa, por tanto, en que el acusado creía que la edad de consentimiento sexual se situaba en los catorce años y desconocía su elevación a dieciséis, añadiendo que no puede exigirse a los jóvenes el conocimiento de las sucesivas reformas legales. Sin embargo, tal planteamiento no resulta atendible.

En primer lugar, la elevación de la edad de consentimiento sexual a los dieciséis años no constituye una modificación reciente ni de carácter excepcional, sino que se encuentra plenamente asentada en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de una década, en concreto desde la LO 1/2015, de 30 de marzo, por lo que su desconocimiento no puede reputarse verosímil.

En segundo término, y como acertadamente recoge la sentencia de instancia, en el contexto actual resulta plenamente exigible un mínimo estándar de diligencia en el conocimiento de la licitud o ilicitud de conductas de especial relevancia social, siendo notorio que el mantenimiento de relaciones sexuales con menores constituye una materia de conocimiento generalizado. A ello se añade la facilidad objetiva de acceso a dicha información, tanto a través de medios digitales como mediante la formación recibida en el ámbito educativo, lo que excluye el eventual error.

Por lo demás, la jurisprudencia es constante al señalar que no cabe apreciar error de prohibición en relación con conductas cuya ilicitud resulta socialmente conocida o fácilmente cognoscible, bastando el denominado conocimiento paralelo en la esfera del profano.

En definitiva, no puede admitirse que el acusado ignorase la ilicitud de su conducta, por lo que procede rechazar la concurrencia del error de prohibición alegado.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INAPLICACIÓN DEL ART. 183 BISCP

1)Se denuncia por la defensa de don Germán la indebida inaplicación de la eximente del art. 183 bisCP , considerando que concurre la proximidad de edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que concurre una diferencia relevante de edad y una clara asimetría madurativa acreditada, que justifica la inaplicación del precepto.

La Acusación Particular rechaza la aplicabilidad del precepto por inexistencia de proximidad en edad y por la vulnerabilidad de la menor derivada de su situación cognitiva.

3)Esta Sala coincide con el Tribunal de instancia y las conclusiones del Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en cuanto a la inaplicabilidad de la cláusula eximente del art. 183 bisCP (anterior 183 quater,denominada cláusula Romeo y Julieta), que excluye la responsabilidad penal por contactos sexuales con menores de 16 años cuando, existiendo consentimiento de la persona menor de edad, concurran cumulativamente la proximidad en edad y el grado de desarrollo o madurez física y psicológica entre el autor y la víctima.

El TS exige el cumplimiento de ambos presupuestos conjuntamente ( STS núm. 939/2022, de 30 de junio) para que pueda afirmarse que el consentimiento es válido. Deben concurrir, por tanto, en palabras de la Circular FGE 1/2017 sobre la interpretación del art. 183 quaterCP , dos presupuestos: uno cronológico (edad similar) y otro biopsicosocial (semejante grado de desarrollo y madurez). No se fija en la ley franja concreta de edad que pueda orientar a la aplicación del citado precepto. Por tanto, es el juez el que determinará, en cada caso, si procede o no tal aplicación.

En palabras del TS, si bien refiriéndose al 183 quaterCP, «el texto penal no puede prohibir el sexo entre jóvenes. No puede el legislador introducirse en la cotidianidad de las relaciones humanas y criminalizar en pleno siglo XXI cuestiones que pertenecen a la esfera propia de las decisiones privadas de menores. En donde sí interviene el derecho penal, y debe hacerlo, es cuando la relación sexual se produce entre mayor y menor de edad, y aquí es donde se introducen los matices respecto a la edad del "mayor de edad" y la del menor, y la posibilidad de esa aproximación en edades o madurez física y psicológica que haga desaparecer esa especie de "aprovechamiento" que sanciona el texto penal cuando la relación sexual lo es entre mayor y menor. Todo ello, para proteger al menor de que su inferioridad en su edad sea aprovechada por el mayor. Sin embargo, esta presunción del "aprovechamiento" puede decaer cuando ambos se encuentran en un mismo plano, que es lo que da a la aplicación del art. 183 quater CP para operar como eximente».( STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre).

En la STS 828/2021, de 29 de octubre, se señala que: «no ha optado nuestro legislador por un criterio cronológico puro, sino que ha combinado la relación de proximidad entre la edad del mayor y el menor, y la de simetría de madurez entre ambos, factores no sujetos a reglas fijas, en que la formación y condicionantes culturales de cada cual juega un papel importante, lo que no significa que no podamos encontrarnos casos claros en que ni uno ni otro, o bien que uno u otro, se presenten sin duda, porque, si esto es así, cae por su base la aplicación de la referida cláusula de exoneración».

De modo que, para poder aplicar dicha exención, debe exigirse ese «mismo plano», es decir, un mismo plano de igualdad entre el autor y el/la menor, entendiendo por tal una simetría real y estricta en edad y madurez.

Entendemos que no procede la aplicación como exención completa, tal y como se argumenta en el Fundamento de Derecho Cuarto de la resolución recurrida.

Comenzando por el primero de los requisitos relativo a proximidad cronológica. Desde una perspectiva estrictamente cronológica, entre la menor y el acusado existe una diferencia de cinco años y nueve mees, y en la fecha de los hechos contaba aquella con 14 años y el acusado con 20, lo que, aun no siendo una diferencia absolutamente desorbitada, sí se sitúa en el límite de lo admisible conforme a los criterios interpretativos habituales y a las pautas orientativas recogidas en la Instrucción 1/2017 de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, en cuanto a la proximidad madurativa entendemos que no están en el mismo plano puesto que la menor, según consta en los informes periciales obrantes en autos, estaba diagnosticada de epilepsia focal de semiológia témporo occipital y capacidad intelectual límite. Según las conclusiones del médico forense (acontecimiento número 170 DPA 1039/2023), en su informe de fecha 29 de febrero de 2024, con un CI 70, próximo al retraso mental ligero que le ocasionaba un déficit cognitivo con disminución en la capacidad de comprender y realizar juicio crítico, disminución del control de impulsos e instintos, aumento de la sugestionabilidad y dificultad para las relaciones sexuales, entre otras, con baja autoestima que le hacía tender a intentar satisfacer los deseo de otros, con el objetivo de agradar y conseguir aceptación. Nada de lo anterior era perceptible a simple vista. El grado de desarrollo del procesado, también según informe médico forense (acontecimiento número 173 DPA 1039/2023), era acorde a su edad de 20 años, sin que conste la concurrencia de factores que permitieran equiparar su situación a la de la menor. En consecuencia, no puede afirmarse la existencia de una verdadera proximidad en el plano madurativo entre ambos.

En este contexto, si bien la diferencia de edad, considerada aisladamente, podría situarse en una zona próxima al umbral de operatividad de la causa de exclusión de responsabilidad, la ausencia de una total equivalencia madurativa impide apreciar la concurrencia plena de los requisitos exigidos por el art. 183 bisCP .

Cuestión distinta, es que tales circunstancias puedan ser valoradas, en su caso, a efectos de una eventual atenuación, extremo que examinaremos a continuación.

4)En cuanto a la eventual aplicación del artículo 183 bisCP como circunstancia atenuante -ya sea simple o muy

cualificada-, la cuestión ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, singularmente en la STS núm. 930/2022, de 30 de noviembre, que, resolviendo recurso frente a sentencia de esta misma Sala (STSJ Castilla y León núm. 14/2020, de 18 de marzo), descartó la posibilidad de apreciar una atenuante analógica fundada en el entonces artículo 183 quáterCP (actual art. 183 bis).

No obstante, dicha resolución no fue adoptada de forma unánime, constando voto particular de especial relevancia en el que se defiende la viabilidad de tal proyección atenuatoria, con argumentos que esta Sala considera atendibles y plenamente coherentes con los principios estructurales del Derecho penal.

En efecto, como pone de relieve el citado voto particular, la cláusula del artículo 183 bisCP introduce criterios de valoración -proximidad en edad y en grado de desarrollo o madurez- que constituyen auténticos conceptos jurídicos indeterminados, cuya concurrencia puede presentarse en distintos grados de intensidad, dando lugar a lo que denomina situaciones intermedias entre la plena exención de responsabilidad y la responsabilidad íntegra.

Negar toda relevancia jurídico-penal a dichas situaciones intermedias, limitando la operatividad del precepto a una alternativa rígida entre absolución o plena punibilidad, conduciría a respuestas punitivas difícilmente compatibles con el principio de proporcionalidad, que debe presidir la determinación e individualización de la pena.

Desde esta perspectiva, resulta perfectamente asumible, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.7ª CP y a la doctrina consolidada sobre la analogía in bonam partem,construir una atenuante cuando concurran parcialmente los presupuestos del art. 183 bisCP , en la medida en que existe identidad de razón con la cláusula exoneradora, al reflejar una menor intensidad del desvalor del hecho y del reproche personal.

En este sentido, debe recordarse que la jurisprudencia ha admitido la aplicación de atenuantes analógicas no solo por conexión con las circunstancias del artículo 21 CP, sino también cuando concurren elementos relacionados con la ratiodel tipo penal o con causas de exclusión no plenamente realizadas. El propio voto particular destaca, con apoyo en precedentes del Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico no solo permite, sino que exige dar respuesta a estos supuestos intermedios mediante mecanismos de modulación punitiva.

Aplicando lo anterior al caso de autos, aun cuando no concurren de forma plena los requisitos exigidos para la aplicación de la eximente del artículo 183 bis,CP , consideramos que sí se aprecian elementos que permiten su valoración a efectos atenuatorios.

En primer lugar, existe una relativa proximidad en edad entre el acusado (20 años) y la menor (14 años), diferencia que, sin ser irrelevante, tampoco puede calificarse de absolutamente desproporcionada y que no resulta por sí sola absolutamente incompatible con la apreciación del art. 183 bisCP . Así se admite por la Circular 1/2017 cuando señala: «14 y 15 años, ambos inclusive. La protección debe permitir una diferencia de edad que abarque a los jóvenes hasta 20 años inclusive, moderándose en atención al segundo parámetro (grado de desarrollo o madurez)»,admitiendo incluso que excepcionalmente podrían comprenderse los jóvenes de hasta 24 años inclusive.

En segundo lugar, desde la perspectiva madurativa, si bien no puede afirmarse una equivalencia real entre ambos, especialmente a la vista de las circunstancias de la menor descrita en el informe pericial, si bien no perceptible como hemos señalado, tampoco se desprende del acervo probatorio elementos objetivos que permitan apreciar una superioridad madurativa en el acusado. Antes la contrario según puede desprenderse de las conversaciones a través de Whatsapp (acontecimiento número 47 DPA 1039/2023) en las que el acusado dice: «deja que hablen los padres».Y la menor responde: «Mi mdre va ha llmar ha la plicia»,continuando el acusado preguntando: «Y que hago»,insistiendo la menor en: «x mi prte lo siento mucho, perdóname de vdd».Respondiendo el acusado: «No pasa nada dja que hablen los adultos y yo».A nuestro juicio tales conversaciones denotan una limitada capacidad de gestión autónoma de la situación, remitiendo de forma reiterada la resolución del conflicto al ámbito de los progenitores. Tal proceder, lejos de evidenciar una posición de ascendencia psicológica, permite apreciar una cierta proximidad en el plano madurativo que, sin desvirtuar el resto de elementos analizados a los que ya nos hemos referido, sí resulta relevante a efectos de la posible aplicación del art. 183 bisCP como atenuante.

En consecuencia, aun descartándose la aplicación plena de la eximente, procede otorgar relevancia atenuatoria a las circunstancias concurrentes, puesto que, en definitiva, nos encontramos ante una situación que, sin excluir la tipicidad, sí revela una menor intensidad de la conducta típica que la norma pretende sancionar.

Ahora bien, dicha atenuación no puede alcanzar el grado de muy cualificada. En efecto, la apreciación de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP por el Tribunal de instancia, que no ha sido impugnada por ninguna de las partes, ya ha operado una relevante reducción punitiva en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias concurrentes, por lo que una ulterior degradación intensa de la pena mediante la apreciación de una atenuante muy cualificada supondría, a nuestro juicio, una doble minoración desproporcionada del reproche penal.

Por ello, esta Sala entiende procedente reconocer la concurrencia de una atenuante analógica simple, derivada del art. 183 bisCP en relación con el art. 21.7ª CP, como manifestación de esa situación intermedia entre la plena exención y la responsabilidad íntegra, ajustando así la respuesta penal a las exigencias del principio de proporcionalidad.

En consecuencia, procede la estimación parcial del recurso en este extremo, con los efectos correspondientes en la determinación de la pena.

Corolario de lo anterior es que, en este supuesto, debiendo esta Sala partir de la modalidad aplicada por el Tribunal sentenciador, es decir, el art. 181.3 y 4 CP y del marco penal del que parte la sentencia recurrida: pena de prisión de 4 a 8 años menos un día, concurriendo en este supuesto la atenuante apreciada por el Tribunal sentenciador analógica de confesión, más la atenuante analógica del art. 183 bisCP que hemos considerado aplicable a este caso, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 66.1. 2ª CP que permite la rebaja en uno o dos grados de la pena cuando concurran dos circunstancias atenuantes, procede la rebaja en un grado de la pena. El marco penal se ubica de los 2 a los 4 años menos un día de prisión. Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes del hecho y del acusado fijamos la pena en dos años de prisión. Mantenemos el resto de los pronunciamientos.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL.

1)Se impugna por la representación procesal del acusado, don Germán, la indemnización concedida por falta de acreditación del daño. Sostiene la parte recurrente que no procede indemnización alguna al no haberse acreditado la existencia de daño en la menor, apoyándose esencialmente en que el informe médico forense no aprecia signos ni síntomas de trastorno mental derivado de los hechos, y en la ausencia de prueba pericial sobre secuelas psicológicas

2)El Ministerio Fiscal y la Acusación Particular, defienden su procedencia por tratarse de daño moral inherente al delito.

3)El motivo de recurso articulado por la defensa en relación con la responsabilidad civil debe ser desestimado.

Como acertadamente razona la resolución recurrida, y conforme a reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS núm. 253/2025, de 20 de marzo, núm. 106/2018, de 2 de marzo, y núm. 752/2007, de 2 de octubre), el daño moral no requiere para su apreciación la existencia de una lesión psíquica objetivable ni la acreditación de secuelas clínicas, pudiendo inferirse de forma directa del hecho delictivo cuando, por su propia naturaleza, suponga una afectación a bienes de la personalidad como la dignidad, la libertad o la indemnidad sexual.

En este sentido, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el daño moral aparece ínsito en la propia realización del tipo, sin que su reconocimiento quede condicionado a la constatación de un trastorno psicológico.

Cuestión distinta es la relativa a su cuantificación, respecto de la cual la sentencia de instancia realiza un juicio ponderado y prudencial plenamente ajustado a Derecho. En efecto, la Sala toma en consideración: el carácter puntual del hecho enjuiciado, la ausencia de alteración sustancial acreditada en la esfera emocional de la menor, la inexistencia de sintomatología clínica derivada de los hechos, constatada en el informe médico forense, así como las restantes circunstancias personales concurrentes.

Y, en atención a dichos elementos, procede a fijar una indemnización moderada de 3000 euros, rechazando expresamente las pretensiones más elevadas de las acusaciones al no haberse acreditado la existencia de secuelas, tratamientos o perjuicios adicionales.

Frente a ello, la tesis del recurrente incurre en un planteamiento jurídicamente incorrecto al pretender equiparar la falta de prueba de daño psíquico con la inexistencia absoluta de daño resarcible, conclusión que no resulta conforme con la doctrina expuesta.

Finalmente, debe recordarse que el control en vía de recurso de la cuantificación del daño moral queda limitado a supuestos de manifiesta arbitrariedad o desproporción, circunstancias que en modo alguno concurren en el presente caso, atendida la moderación de la cantidad fijada y la motivación que la sustenta.

En consecuencia, procede confirmar íntegramente el pronunciamiento de instancia en materia de responsabilidad civil.

SEXTO: MOTIVO RELATIVO A LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA

El acusado denuncia, finalmente, la desproporción de la pena impuesta.

Ambas partes sostienen que la pena es proporcionada y ajustada al mínimo legal tras la aplicación de las atenuaciones.

Este motivo tampoco puede prosperar en los términos en que ha sido formulado.

En efecto, la alegación de desproporcionalidad debe ser revisada a la luz de la presente resolución, en la que esta Sala ha apreciado, además de la modalidad atenuada del artículo 181.3 CP ya reconocida en la instancia y que debe mantenerse, una circunstancia atenuante analógica derivada del artículo 183 bisCP , lo que incide directamente en la individualización de la respuesta penal.

La concurrencia de ambas circunstancias determina, necesariamente, una modulación a la baja del reproche penal, ajustando la sanción a la menor gravedad relativa del hecho y a las concretas circunstancias del caso. Desde esta perspectiva, la pena finalmente resultante se sitúa dentro de los márgenes legales y responde a una adecuada ponderación de los elementos que integran el injusto y la culpabilidad del autor.

Debe recordarse que el juicio de proporcionalidad no se realiza en abstracto, sino en relación con la pena efectivamente impuesta tras la valoración conjunta de todas las circunstancias concurrentes. Y en el presente caso, precisamente la estimación parcial del recurso en cuanto a la apreciación de la atenuante analógica comporta la corrección del eventual exceso punitivo que pudiera haberse alegado.

En consecuencia, una vez operada dicha reducción conforme a criterios de proporcionalidad y a los principios de individualización de la pena, no cabe apreciar desproporción alguna en la sanción finalmente impuesta.

SÉPTIMO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, habiéndose estimado parcialmente el recurso no procede hacer expresa imposición de las costas procesales.

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,