Sentencia Penal 61/2025 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 58/2025 de 22 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada, en cuanto no se oponga a la que basa la presente resolución.

SEGUNDO.-Alega el apelante, como primer motivo de su recurso y al amparo del art. 846 bis c) de la Lecrim. , el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, habiéndosele producido indefensión. Considera que, durante el juicio, la magistrada presidenta prejuzgó la valoración probatoria al manifestar en dos ocasiones, en el transcurso de las conclusiones de la defensa del recurrente, que la acusada Asunción no había incriminado al Sr. Adolfo, vulnerándose así la garantía de imparcialidad objetiva del órgano de enjuiciamiento. Afirme que es evidente que al proceder de esta manera, el tribunal ya había ponderado la prueba antes de finalizar la vista, al efectuar la presidente las manifestaciones ya indicadas e impedir al letrado efectuar conclusiones en tal sentido, fundamentándose además la sentencia para condenar al apelante en ese testimonio del que le fue impedido defenderse.

El segundo motivo de apelación alude a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que atendiendo a la prueba practicada en juicio no hay base razonable para la condena. Aduce el recurrente que se ha introducido indebidamente como prueba de cargo, a través de los testimonios de los agentes policiales intervinientes, las actuaciones de la entrada y registro en el domicilio del Sr. Adolfo, que fue realizada sin su presencia ni la de su letrado. Destaca que nada recordaban dichos testigos de aquello que les preguntaba el letrado del recurrente, pero respondieron a cuantas cuestiones les planteó el Ministerio Fiscal, lo que impidió una efectiva contradicción ya que no se comprobó si la balanza de precisión intervenida funcionaba ni si las bolsas halladas eran las mismas que las empleadas por otros acusados.

El tercer motivo de recurso descansa igualmente en el derecho a la presunción de inocencia, por no existir base probatoria para la condena. Considera el apelante que las declaraciones de los coimputados, Sra. Asunción y Sr. Adriano, resultan viciadas por sus acuerdos con el Ministerio Público para no ingresar en prisión. Alega que los citados no permitieron preguntas de la defensa del recurrente y sólo contestaron al Ministerio Fiscal. Destaca contradicciones en las declaraciones de la Sra. Asunción y que el Sr. Adriano carecía de llaves del domicilio del apelante, por lo que no podía entrar en dicha vivienda. Afirma también que el sr. Narciso no conocía al Sr. Adolfo y si éste formaba parte de la organización tenía que conocerle. Dice que, dado que en el edificio sito en la DIRECCION000 residía no sólo el recurrente, sino también los demás acusados en diferentes pisos, la Sra. Asunción pudo entrar en cualquiera de ellos, no habiendo podido determinar el agente que la seguía a cuál de los pisos accedió, si utilizó llave para hacerlo o le abrieron desde el interior, ni supo explicar que las puertas de los dos acusados residentes en la NUM014 planta estaban juntas, por lo que considera que existe error en la valoración de la prueba al afirmar la sentencia que el Sr. Adriano y la Sra. Asunción entraron en la vivienda sita en el piso NUM015 del edificio de la DIRECCION000 en la que vivía el apelante.

El cuarto motivo de recurso refiere incongruencia, y falta de motivación de la sentencia, por ausencia de razonamiento sobre los motivos de imponer una pena de multa de 12.000 €, superior a la aplicada a la Sra. Asunción y al Sr. Adriano, que fue de 10.000 €, infringiéndose así la determinación de la pena.

TERCERO.-Impugna el Ministerio Fiscal el recurso de apelación y en cuanto al primer motivo, rechaza que la magistrada presidenta haya perdido la imparcialidad, puesto que en el transcurso de las conclusiones de la defensa del apelante tan solo efectuó una aclaración a cerca de las manifestaciones de la Sra. Asunción, sin constituir propiamente una valoración probatoria de su declaración, de manera que no queda afectada la neutralidad objetiva del tribunal ni la equidad del proceso.

En relación con la diligencia de entrada y registro en el domicilio del Sr. Adolfo, considera el Ministerio Público que aun cuando se hiciera sin la presencia del apelante y de dos testigos, como exige la Lecrim. , se hizo con autorización judicial y en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, habiendo sido correctamente introducida la actuación por medio de la declaración en juicio de los agentes policiales que intervinieron, dotándose en ese momento de contradicción. Afirma igualmente el Ministerio Público que aun en el caso de que no funcionara la balanza de precisión intervenida y las bolsas halladas no fueran del mismo tipo que las utilizadas por los restantes acusados, dichas circunstancias no serían suficientes para descartar la participación en los hechos del Sr. Adolfo, porque las bolsas encontradas tenían forma de recorte y tenían restos de cocaína.

Respecto de la credibilidad de los coacusados, se remite el Ministerio Fiscal a la sentencia apelada y subraya que no son las únicas pruebas que incriminan al apelante, al existir otros elementos objetivos acreditados, de los que se desprende la responsabilidad criminal del Sr. Adolfo. En relación con la declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción por la Sra. Asunción, firma la fiscal que aquella no puede ser valorada porque la defensa no solicitó su introducción conforme al art. 730 de la Lecrim. , y recuerda que la mencionada entró, precisamente, en el piso NUM015 en el que residía el apelante, pues no sólo lo manifestó ella en juicio, sino que también lo hizo el agente policial que la siguió.

En lo que atañe a la pena de multa impuesta, recuerda la fiscal que sólo en el Sr. Adolfo concurre la agravante de reincidencia, lo que le hace merecedor de mayor sanción, debiéndosele imputar la totalidad de la droga intervenida al atribuírsele coautoría y participación en los hechos en connivencia con Adriano y Narciso.

CUARTO.-Una vez sintetizados los motivos del recurso de apelación y la respuesta a los mismos proporcionada por el Ministerio Fiscal, procederemos en este apartado a su resolución.

1º).- Acerca de la imparcialidad objetiva de la magistrada presidenta del tribunal.

El A.T.S. de 20 de noviembre de 2025 recuerda que la imparcialidad objetiva, que es la que el recurrente considera conculcada, es la referida al objeto del proceso y trata de asegurar que el juez o tribunal no haya tenido contacto previo con el "thema decidendi", lo que significa que pueda abordarlo sin ninguna prevención de ánimo. Ello exige que el juez no asuma procesalmente funciones de parte, ni realice actos ni mantenga con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en su contra. En este sentido, conviene destacar, como hace el auto citado, la S.T.C. nº 69/2001, de 17 de marzo, según la cual:

«Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la Ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas».

Aplicando al caso enjuiciado el criterio indicado, consideramos, en coincidencia con el Ministerio Fiscal, que no ha sido vulnerada la imparcialidad objetiva por parte de la magistrada-presidenta, porque su advertencia al letrado defensor en la fase de conclusiones, indicándole que el testimonio de Asunción no era incriminatorio para su defendido, impidiéndole formular conclusiones en tal sentido, no constituyó propiamente una temprana valoración de la prueba, sino una constatación objetiva de que dicho testimonio no delata ni incrimina al Sr. Adolfo y que, por tanto, no es necesario concluir sobre la valoración de dicha prueba en tal aspecto, enmarcándose dicha advertencia en las funciones que tiene la magistrada presidenta de dirección del debate. Además, es obvio que el recurrente no precisaba defenderse de una declaración que no le inculpa.

Por ello, no es cierto que la sentencia recoja "como motivo inculpatorio lo que fue vedado alegar a esta parte",como dice el apelante, que en el recurso tampoco indica el contenido de lo que hubiera manifestado. Hay que tener en cuenta que Asunción, si bien reconoció que el 9 de noviembre de 2018 acudió al domicilio del Sr. Adolfo, sito en la calle DIRECCION002 de Palma, porque la llamó Adriano (otro de los acusados), diciéndole que fuese allí a recoger un maletín, asumiendo ella que pudiera contener droga, nunca afirmó la participación en los hechos del recurrente y la sentencia apelada así lo recoge, cuando destaca que Asunción no confirmó la declaración de Adriano al respecto, que en este caso sí es inculpatoria para el apelante, habiendo manifestado reiteradamente aquella que ignoraba si Adolfo colaboraba con Adriano en la conducta ilícita enjuiciada. Y en cuanto al hecho de que el encuentro entre Asunción y Adriano se produjo en el domicilio de Adolfo, la Audiencia Provincial lo considera confirmado tanto a través del informe de localización del terminal móvil de Adriano el día 9 de noviembre de 2018, como por medio de la información suministrada por los investigadores que siguieron al mencionado acusado.

Por consiguiente, el tribunal no utiliza para basar la condena una declaración de la Sra. Asunción inculpatoria para el Sr. Adolfo, que no existe, sino que se respalda, entre otras pruebas, en la conducta de aquella, al haberse trasladado precisamente al domicilio del Sr. Adolfo para recoger una mochila que pensó que pudiera contener droga, por habérselo así indicado Adriano.

En definitiva, no existe vulneración del principio de imparcialidad objetiva, ni tampoco ha resultado conculcada la apariencia de imparcialidad.

2º).-Abordamos a continuación el segundo motivo de recurso que, como dijimos, estriba en que la diligencia de entrada y registro en el domicilio del Sr. Adolfo se hizo sin que él estuviera presente, por lo que no ha existido contradicción, que echa en falta el apelante respecto de la similitud que pudiera haber entre las bolsas halladas en la vivienda con las utilizadas por otros acusados y en la constatación de si la balanza encontrada funcionaba, de manera que, a su juicio, no puede operar esa diligencia como prueba preconstituida.

En este punto, en la sentencia recurrida se considera indiscutido que el Sr. Adolfo no estuvo presente durante el registro de su domicilio, aunque sí el acusado Adriano, habiendo indicado el apelante que se hallaba fuera de Menorca, en tránsito a su país de origen. La resolución pone de relieve la doctrina jurisprudencial aplicable y afirma:

«En el supuesto presente advertimos que la diligencia fue acordada mediante resolución motivada, dictada en el curso de una investigación en la que existe un sustrato indiciario suficiente respecto de la participación presunta del investigado, hasta el punto en el que la solicitud de entrada y registro en su domicilio se produce tras advertir la existencia de una relación entre el domicilio en el que mora el investigado, el coacusado que se halla preparando la sustancia en el interior del domicilio, la preparación de la sustancia intervenida y el trasporte de la misma, todo ello en atención a la inmediatez temporal advertida en la secuencia fáctica que deriva de las intervenciones telefónicas, los hechos observados por los agentes en el curso de los seguimientos y vigilancias y la interceptación de la persona que sale del domicilio investigado portando una mochila en cuyo interior se halla la sustancia y útiles aptos para su preparación y distribución. Debemos significar que el acusado se colocó intencionadamente fuera del alcance de la autoridad, ocultándose, y así se infiere del contenido de la conversación mantenida entre el acusado y Vicenta, de cuyo contenido literal resulta evidente que Vicenta avisa a Adolfo de la actuación policial de la que no se dio cuenta, lo que le permitió refugiarse en el domicilio de su amigo Francisco quien también aparece como interlocutor en el curso de las conversaciones observadas. Ningún crédito merecen las explicaciones que ofrece Vicenta en el acto de juicio oral respecto del sentido de la conversación interceptada en la medida en la que atribuye a esta conversación una finalidad carente de lógica si se toma en cuenta que el propio Adolfo atribuye a la llamada la consideración de aviso dado que no se había dado cuenta de la presencia policial lo que le permitió ponerse fuera del alcance de la policía y refugiarse en casa de su amigo Francisco.

Es cierto que, al no localizar a Adolfo, se decidió que el registro se llevara a efecto en presencia de la persona que se encontraba en el interior de la vivienda en los instantes previos a su interceptación, como se observa en el acta de entrada y registro (acontecimiento 108), en lugar de tratar de localizar a un familiar mayor de edad y, en defecto de éste, a dos testigos, vecinos del mismo pueblo como establece el art. 569 LECrim. Consideramos que este hecho constituiría una mera irregularidad en la ejecución de la diligencia que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial esgrimida, no impide que su resultado pueda ser sometido a contradicción mediante la declaración de los agentes que intervinieron en su práctica, como aconteció en el supuesto presente, en el que la defensa pudo interrogar a los agentes sobre todos aquellos extremos que consideró oportunos». (Los destacados son nuestros).

Pues bien, nada dice el recurrente de las circunstancias propias del caso que acabamos de destacar y que han sido valoradas de forma explícita en la sentencia. En suma, fue la correlación de conductas entre los acusados y su inmediatez temporal la que precipitó la intervención domiciliaria, así como el hecho de que el Sr. Adolfo se ocultó tras ser advertido de la misma, hechos que llevaron al tribunal sentenciador a considerar sólo meras irregularidades que no impiden que su resultado pueda ser sometido a contradicción a través del testimonio de los agentes que intervinieron en ella.

No expone el recurrente en su escrito de apelación justificación alguna para sostener la razón que explica su ausencia de la vivienda en la que residía, que en la sentencia apelada se considera inverosímil, en particular para poder rechazar con fundamento que no se ocultó porque fue advertido de la intervención policial que se iba a producir. En este sentido, cabe recordar la declaración de Vicenta, a la que tampoco alude el apelante en su recurso, quien manifestó en juicio que tras haberle llamado la Policía para informarle de que habían detenido a su marido, Adriano, se puso en contacto con el Sr. Adolfo el 11 de noviembre de 2018 -día del registro en el domicilio del apelante- para informarle de dicha detención y preguntarle qué es lo que ocurría, alertándole así de la intervención policial. Es muy significativa al respecto la conversación mantenida entre ambos -acontecimiento 117 (folios 73 y 74), introducida en juicio y sobre la que fue interrogado el apelante, diciendo en esa conversación el Sr. Adolfo a Vicenta que había salido de casa y que si ella no le hubiese llamado no se hubiera enterado de nada, no habiendo dado explicación convincente el recurrente que le pueda beneficiar, pues se limitó a decir que nada sabía de esos hechos.

Por consiguiente, no nos hallamos ante un supuesto en el que el investigado se encontrara detenido o ingresado en centro penitenciario y, aun así, no hubiese sido conducido para participar en la entrada y registro de su domicilio, de manera que no es apreciable la pretendida nulidad de la diligencia.

En lo que respecta a los objetos hallados en la vivienda del apelante, una balanza de precisión y bolsas de supermercado, la sentencia valora la declaración del policía nacional nº NUM016 quien, preguntado por el desarrollo de la actuación de entrada y registro en la vivienda del Sr. Adolfo, proporcionó datos muy significativos, como la limpieza a conciencia que se había efectuado, la presencia de una balanza tipo "Tanita" y de bolsas de plástico con recortes transparentes, a las que aplicado el narco test, dieron resultado positivo a cocaína. Dijo también el testigo que el plástico hallado era de análogas características al encontrado en el domicilio de otro acusado, Adriano, y a los paquetes intervenidos a Asunción. En términos similares testificó el comisario policial con nº NUM017.

Estos testimonios se encuentran correctamente valorados en la sentencia apelada y no arrojan duda razonable desde una óptica objetiva sobre la similitud entre las bolsas intervenidas en el domicilio del Sr. Adolfo y las halladas al resto de los acusados, conteniendo aquellas restos de cocaína una vez analizados. Por ello, es razonable concluir que la balanza también encontrada en el domicilio del Sr. Adolfo funcionaba correctamente, no habiendo ofrecido el apelante en su recurso dato alguno para concluir lo contrario, ni para albergar duda razonable sobre tales extremos.

Desestimamos el motivo.

3º).-El tercer motivo de apelación mantiene la lesión del derecho a la presunción de inocencia, dado que a tenor de la prueba practicada en juicio carecería de base razonable la condena impuesta.

Aduce el apelante que las declaraciones de los dos acusados, Asunción y Adriano, se encuentran viciadas por el acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público para no ingresar en prisión. Subraya el hecho de que dichos acusados no permitieron preguntas de la defensa del Sr. Adolfo.

La sentencia, tras exponer la doctrina jurisprudencial aplicable a las declaraciones de los coimputados y la posibilidad de que puedan constituir prueba de cargo respecto de otro coimputado, a pesar del especial cuidado que ha de tenerse en su valoración, concluye en este caso que son hábiles para destruir la presunción constitucional de inocencia del Sr. Adolfo y lo hace atendiendo a las manifestaciones de ambos, que coinciden en afirmar que el 9 de noviembre de 2018 se encontraron en el domicilio del apelante, al que había acudido Adriano, quien entregó a Asunción un maletín que contenía cocaína y que ella debía dar a otra persona en la plaza de la Explanada.

Ahora bien, la Sala sentenciadora no basa la condena del apelante sólo en esas manifestaciones, sino también en otros elementos objetivos que las refuerzan, en concreto, el informe de geolocalización del teléfono móvil de Adriano el citado día 9 de noviembre de 2018 (acontecimiento 731), así como el resultado de la información obtenida por los investigadores que efectuaron el seguimiento de Adriano, quienes pudieron comprobar que éste se encontraba en el descansillo de la puerta de acceso al domicilio del Sr. Adolfo, en el que no residía ninguno de los acusados en la fecha indicada, ya que Emiliano vivía en el NUM018 y Millán (ya fallecido) lo hacía en la DIRECCION006. Además, se encuentran las similitudes que también observa el tribunal, tanto entre las bolsas halladas en el domicilio del recurrente con las encontradas en la mochila o maletín que portaba Asunción, como entre la sustancia que llevaba Asunción en la mochila, la intervenida a los demás acusados y los restos que había en la vivienda de Adolfo.

Añade el tribunal otros elementos que le llevan a dar credibilidad a la declaración de Adriano, cuando afirma que Adolfo colaboraba con él vendiendo cocaína a terceros:

«no sólo porque el contenido de su relato se halla confirmado por la información obtenida de otras pruebas objetivas sino porque Adolfo estaba siendo investigado por estos mismos hechos desde el momento en el que fue observado accediendo al domicilio de Adriano. Además se advierte una conexión temporal entre la visita de Adolfo al domicilio de Adriano, la salida de Adriano hacia el domicilio de Narciso y la llamada de Narciso a los colaboradores y compradores anunciando que disponía de cocaína. Todo ello compatible con el hecho de que los investigadores observaran en el curso de una vigilancia cómo coincidieron en el locutorio Adriano, Adolfo y Narciso. Encuentro que debe cohonestarse con la llamada en la que Narciso dice que está esperando en el locutorio. Todo ello anudado a la circunstancia de que Narciso dirige el grupo de marroquíes encargado de la distribución de la sustancia que reciben de Adriano la sustancia después de que éste reciba la visita de Adolfo. La valoración conjunta de todos los hechos y del resultado de las diligencias practicadas permite concluir de modo lógico y racional que los acusados, también Adolfo, se dedicaban a la venta de cocaína a terceras personas».

Descarta finalmente la Audiencia Provincial las explicaciones que ofrece el apelante para justificar la presencia de cocaína en su domicilio, ya que no aporta la identidad de ninguna de las amigas a que se refirió y que dijo que consumían en su domicilio, que tampoco fueron detectadas por los observadores policiales durante el transcurso de la investigación.

Por consiguiente, el motivo del apelante no puede prosperar, ya que la declaración del coacusado, Adriano, que le incrimina, se halla respaldada por elementos objetivos que alejan cualquier duda razonable que permita dudar de ella, por lo que se acredita la participación de Adolfo en los hechos enjuiciados. Y ello nos permite concluir, en contra del apelante, que las declaraciones de Asunción y de Adriano no están viciadas por el acuerdo al que llegaron con el Ministerio Fiscal.

Tampoco beneficia al recurrente que en su primera declaración la Sra. Asunción hubiese manifestado que el 9 de noviembre de 2018 acudió a un piso diferente en el que una mujer le suministró la cocaína, porque con independencia de que tal declaración no hubiera accedido al plenario a través del art. 730 de la Lecrim. , lo cierto es que en el juicio fue absolutamente clara la Sra. Asunción, pues manifestó categóricamente que acudió en aquella fecha a la vivienda de Adolfo, sita en la calle DIRECCION002, manifestación reforzada objetivamente tal como hemos indicado y coincidiendo en ello con la declaración de Adriano.

Lo mismo ocurre con la declaración del acusado Narciso, pues el hecho de que dijera que no conocía al Sr. Adolfo no puede llevar a la conclusión de que el apelante era ajeno a la organización y a la actividad ilícita desplegada por todos los acusados, tal como lo demuestra la prueba practicada valorada en conjunto e interrelacionada entre sí.

Respecto a que Adriano no dispusiera de llaves el 9 de noviembre de 2018 para entrar en el domicilio del Sr. Adolfo, ya hemos indicado que no hay motivo para rechazar la declaración de aquel, quien manifestó que antes de ser detenido se hallaba en la vivienda del Adolfo y que éste le había dado las llaves de la misma. Además, como ya expusimos y así lo expresa la sentencia, el policía nº NUM016 dijo que en el seguimiento efectuado en esa fecha a Adriano, observaron que entró en el portal del edificio nº DIRECCION002 y que al acceder los policías poco después a dicho portal, vieron a Adriano en el descansillo correspondiente a la vivienda de Adolfo. Por tanto, tampoco en este aspecto existe duda razonable sobre que Adriano se hubiese dirigido a otra vivienda del edificio.

En consecuencia, no puede ser acogido el motivo. La valoración de la prueba por el tribunal de primera instancia es razonable, no apreciándose motivo objetivo alguno para corregirla. Además, al pretenderse una conculcación del derecho a la presunción de inocencia a través del error en la valoración de la prueba, su estimación hubiese precisado que tal error hubiera aflorado de la valoración del conjunto probatorio, no resultando admisible que el apelante trate de aprovechar elementos aislados de esa prueba.

4º).-El último motivo de apelación afecta a la pena de multa impuesta al apelante, que se ha concretado en la cantidad de 12.000 €, con responsabilidad subsidiaria de seis meses. A pesar del encabezamiento del motivo, en el que se alega incongruencia de la sentencia, en realidad se refiere el recurso a ausencia de motivación de la cuantía de la multa. Destaca que a los acusados Sr. Adriano y Sra. Asunción se les impuso la pena de 10.000 € de multa, a pesar de que se les incautó cocaína y al Sr. Adolfo no, así como que no se ha tenido en consideración circunstancia alguna sobre su situación económica y circunstancias personales.

Abordando la resolución del motivo, observamos que la pena de multa impuesta al apelante coincide con la solicitada en sus conclusiones definitivas por el Ministerio Fiscal y lo mismo ocurre en relación con la multa aplicada a los acusados Adriano y Asunción, que son con quienes se compara el recurrente. Por lo tanto, no puede resultar sorpresiva esa pena al apelante quien, en sus conclusiones definitivas nada dijo sobre una pena de multa menor atendiendo a sus circunstancias, a pesar de que conocía la calificación del Ministerio Público de la que había de defenderse, pues tan solo solicitó que se tuviese en cuenta, como muy cualificada, la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, cosa que efectivamente hizo la Audiencia Provincial.

Por otra parte, nada dice el recurrente de que se le ha aplicado, a diferencia de los restantes acusados, la circunstancia agravante de reincidencia, cuya concurrencia no se discute en el recurso. Y debe tenerse en cuenta igualmente que la participación en los hechos enjuiciados del Sr. Adolfo, tal como indica el Ministerio Fiscal, justifica que se le impute la totalidad de la droga aprehendida, extremo que tampoco discute el recurrente.

En suma, al concurrir la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la agravante de reincidencia en el recurrente, deben compensarse racionalmente conforme indica la regla 7ª del art. 66 del Código Penal en su primer párrafo, ya que no se acredita la persistencia de un factor cualificado de atenuación que imponga la rebaja de la pena en un grado, que tampoco se sugiere en el recurso.

Así las cosas, es evidente que la circunstancia agravante de reincidencia del Sr. Adolfo, ejecutoriamente condenado por delito contra la salud pública en relación con sustancias que causan grave daño a la salud ( sentencia de 9 de diciembre de 2016) cuando llevó a cabo los hechos enjuiciados, justifica una pena más severa que la aplicada a los acusados Adriano y Asunción, en quienes no concurre agravante alguna, pues en caso contrario dejaría de compensarse la atenuante con la agravante. Por tanto, atendido el valor económico de la droga, en total 17.814,41 € (acontecimientos 1346 y 1347), la determinación de la pena de multa es correcta y no incurre en desproporción, por lo que se rechaza el motivo.

QUINTO.-No procede imponer las costas del recurso de apelación.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y procedente aplicación.