Sentencia Penal 62/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 57/2025 de 23 de septiembre del 2025

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen a los de la presente resolución y;

PRIMERO.- Laureano recurre la sentencia que lo condena por el delito de distribución de pornografía infantil de los arts. 189.1.b y 181.2.b CP a las penas que se dejan expresadas en los antecedentes de la presente resolución.

Funda su recurso en cuatro motivos: el primero afirma vulneración del principio acusatorio; el segundo, error en la valoración de la prueba; el tercero, infracción por aplicación indebida de los arts. 189.1.b) CP y 189.2.b) CP; y el cuarto, inaplicación del principio in dubio pro reo.El escrito de recurso contiene una alegación quinta que no es un motivo distinto de apelación, sino desarrollo de las que sí lo son.

Termina el recurrente solicitando la revocación de la sentencia apelada y que dictemos otra por la que le absolvamos del delito por el que venía acusado.

SEGUNDO.-Primer motivo de apelación. Vulneración del principio acusatorio.

Sostiene el apelante que la sentencia le ha condenado por un delito distinto del que había sido acusado. Afirma que la acusación se formuló por la distribución de 49 archivos de pornografía infantil realizada desde su teléfono móvil con nº IMEI ********* NUM000 que habría utilizado para alojarlos en una plataforma electrónica, mientras que su condena se habría producido por distribución de 499 archivos de tal clase de material desde un disco duro interno de 3,5 pulgadas de la marca SEAGETE mediante el programa de intercambio de archivos, red P2P << DIRECCION003>>, de los que habían sido compartidos 489 con otros usuarios de la red.

En apoyo de ello mantiene el recurrente que el MF no formuló acusación por la distribución de pornografía infantil de 489 archivos encontrados en uno de los discos duros intervenidos, sino que exclusivamente acusó por distribución de los 49 archivos del dispositivo móvil (con referencia al teléfono que más arriba identificado).

Como recordamos en nuestra STSJA 63/2021, con cita de la STS 346/2021 ECLI:ES:TS:2021:1643, el principio acusatorio, íntimamente relacionado con el derecho fundamental de defensa, exige identidad entre los hechos imputados y los que constituyen la base de la calificación jurídica en sentencia, calificación que deberá guardar homogeneidad con la presentada por la acusación, de manera que entre el tipo penal objeto de acusación y el asumido por el tribunal exista esa identidad en el bien jurídico protegido en uno y otro.

Es preciso además que en el delito por el que condena el tribunal no aparezca elemento fáctico relevante alguno no aportado por la acusación del que el condenado no haya tenido oportunidad de defenderse. La STS 302/2001, de 20 de mayo de 2002, ECLI:ES:TS:2002:3539, resume con precisión estas ideas:

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En el presente caso, el recurrente discute solamente el aspecto fáctico, y lo que sostiene es que ha sido condenado por hechos distintos de los contenidos en el escrito de acusación.

Pues bien, como puede comprobarse con su sola lectura, los hechos declarados probados arriba transcritos son trasunto casi literal del escrito de acusación, en el que se dice:

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[...]

- Disco duro interno de 3,5 pulgadas, de la marca SEAGATE, modelo Barracuda, con número de serie NUM001 y con una capacidad de 160GB, que contenía 2998 archivos conteniendo pornografía infantil, de los cuales 2699 eran archivos de imagen y 32 eran archivos de vídeo, (algunos de los cuales presentan más de una copia) algunos de ellos con menores de muy corta edad, siendo sometidos e prácticas sexuales degradantes o vejatorias, incluyendo bebés, mordazas, cuerdas, prácticas zoofilias. En este disco duro se encontraba instalado el programa de intercambio de archivos, red P2P " DIRECCION003", dejando constancia de la descarga de 499 archivos con nomenclatura pedófila, de los que 489 habían sido compartidos con otros usuarios de la red P2P, algunos de ellos considerados de abuso sexual infantil especialmente degradante.>>

Y es sobre tales hechos sobre los que se asiente la condena del acusado, como se ve en el fundamento jurídico segundo de la sentencia:

<< Si bien en el resto de dispositivos se encontró un elevadísimo número de archivos pedófilos, solo en uno de aquellos se encontraron evidencias que apuntasen a una posible distribución o difusión de los mismos. Nos estamos refiriendo al disco duro interno de 3,5 pulgadas de la marca SEAGATE, modelo Barracuda con número de serie NUM001 en el que aparte de 2.998 archivos conteniendo pornografía infantil se localizó instalado un programa de intercambio de archivo red P2P " DIRECCION003" en el que se descubrieron evidencias de que se habían compartido 489 archivos con otros usuarios de la red P2P.>>

En consecuencia, procede el rechazo de este primer motivo de apelación.

TERCERO.-Segundo motivo de apelación. Error en la valoración de la prueba.

En este motivo, desarrollado en diversos aspectos distintos, lo que niega el recurrente es haber realizado conscientemente la distribución por la que se condena. Al efecto menciona en primer lugar su propia declaración, para incidir en sus afirmaciones de que desconocía todo lo relativo a la puesta a disposición de otros usuarios de los archivos en cuestión mediante una aplicación P2P, y en que no es cierto que admitiera haberlo hecho por descuido o error como se dice en la sentencia; en segundo lugar analiza el recurrente la prueba pericial para negar que de ella pueda concluirse que hubiere compartido dolosa y conscientemente los archivos en la plataforma de intercambio, y reiterar la prescripción de delito que dice que alegó en juicio, dado que no hay manera de determinar, señala el recurrente, la fecha en que el delito habría sido cometido.

La sentencia de primer grado, por el contrario, sienta como probado que el acusado llevó a cabo una distribución consciente y deliberada de los archivos que contenían pornografía infantil en atención a la cantidad de archivos compartidos, que en el mismo dispositivo se encontraron hasta cinco perfiles de usuario y hasta 2.998 archivos de esta clase, y, finalmente, eventos del navegador en los que quedó registrada una cuenta de correo a su nombre desde la que se alojaron los 49 archivos de igual contenido que el acusado admite haber subido a una plataforma electrónica de manera accidental a través de su teléfono móvil.

En cuanto a la fecha en que habrían tenido ocasión los hechos, la sala arguye que los autores del informe elaborado por la policía científica indicaron que aun cuando no pudieran fijar la fecha en la que se instaló el programa utilizado para compartir archivos, consta que su usuario estaba logadodesde el 17 de diciembre de 2012, por lo que cabe entender que la distribución se produjo desde esa fecha al menos.

CUARTO.-Como de error en la valoración de la prueba se trata, conviene recordar que. aunque en principio, en la apelación el tribunal de segunda instancia asume la plena jurisdicción sobre el supuesto objeto del recurso, con idéntica situación a la del tribunal de primera instancia, con posibilidad de un nuevo análisis crítico de la prueba practicada y comprobación de si existe o no prueba incriminatoria razonable y suficiente para enervar la presunción de inocencia, lo cierto es que la valoración de la prueba realizada por el Juzgador a quo en uso de la facultad que la confiere el art. 741 de la LECrim y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, goza de una especial singularidad, ya que dicho acto -núcleo del proceso penal- se ha desarrollado en su presencia, con plena eficacia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 CE) . Por ello, el tribunal de apelación debe limitarse a examinar si el juzgador de instancia ha incurrido en razonamientos arbitrarios, ilógicos o irracionales, o si hubo o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia, analizando la existencia y suficiencia de actividad probatoria de cargo practicada en el acto del juicio; en este sentido se ha pronunciado de forma uniforme y reiterada la jurisprudencia.

Al respecto, la STS 413/2021 ha señalado lo que sigue sobre el papel que corresponde a los TTSSJJ en el nuevo recurso de apelación penal en causas graves:

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Tribunal de instancia, ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a comprobar, de un lado, la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley, y, de otro lado, la racionalidad del proceso argumentativo, es decir, que se ha ajustado a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente>>.

Y en igual sentido, la STS 941/2022 señala:

<<[...] el recurso de apelación no sitúa al Tribunal ad quem en la misma posición en que se hallaba el órgano de instancia. No es posible una revaloración probatoria de testimonios que no han sido presenciados por el órgano de apelación y que, por tanto, carecen de idoneidad para desplazar las inferencias proclamadas por la Audiencia Provincial, máxime cuando de su análisis no se deduce déficit argumental alguno que inhabilite el proceso valorativo.>>

Y por lo que se refiere el particular aspecto de la credibilidad de quienes deponen como testigos en la causa, el ATS 340/2023, que sigue el criterio de otras resoluciones anteriores, como el ATS 1387/2018, indica:

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En la misma línea el ATS 303/2023 afirma que:

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Cabe citar por último las SSTS 1173/2024 y 13/2025 en la que el TS señala la misión que corresponde al tribunal de apelación al revisar la valoración de la prueba llevada a cabo por el tribunal a quo. Así, en la primera indica:

<<[...] en los procedimientos con doble instancia contemplados en el artículo 847.1.a) de la LECRIM, el control casacional de las sentencias no sólo comporta realizar un examen de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley que han hecho los tribunales encargados de la apelación, sino también una inspección de la supervisión que realizaron de la valoración de la prueba desplegada por el Tribunal de instancia, esto es, que la apelación haya examinado el proceso racional del Juzgador y confirmado que se ajusta a criterios lógicos que permiten corroborar de forma sólida y concluyente, más allá de toda duda razonable, las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada. No otra cosa pueden hacer los tribunales cuando están despojados de un contacto inmediato con la totalidad de la prueba y carecen de capacidad para ponderar sus detalles e, incluso, filtrar los matices con los que se desarrolló la prueba personal.>>.

Y en la segunda:

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QUINTO.-Partiendo de tal doctrina, hemos de concluir que no es de apreciar que la sala sentenciadora haya incurrido en el error valorativo que se afirma en el segundo motivo de apelación y en que niega la concurrencia de dolo.

En cuanto a que la distribución, hecho en sí mismo no cuestionado, fue consciente y voluntaria, las conclusiones alcanzadas por la Sala son atinadas.

El número de archivos del detestable contenido que puede verse en las actuaciones alojados en hasta cinco discos duros hallados en el domicilio del acusado en un registro practicado en él, precisamente por una denuncia realizada por organizaciones de supervisión del tráfico de este material que lo detectaron desde sus direcciones electrónicas; la realidad de que a través de su cuenta de correo electrónico se subieron a una plataforma archivos de igual clase a través de un dispositivo diferente al específicamente informático, todos ellos son elementos bastantes para entender que en efecto llevó a cabo la puesta en común de las imágenes contenidas en estos archivos de forma consciente y deliberada, dados el número de archivos y la diversidad de dispositivos utilizados.

En contra de lo dicho, no es razonable admitir la afirmación del acusado de que encontró en la calle junto a cubos de basura dos de los discos duros, pues según declaró la PN NUM007 y consta en el atestado de la Policía Nacional, cuyo contenido fue ratificado en juicio por quienes lo formaron, fueron halladas en el registro facturas de su compra, así como sus embalajes; todos los dispositivos se hallaban en buen estado de conservación y uso, no de abandono; y es contrario a las máximas de experiencia que los discos duros encontrados albergaran precisamente archivos similares a los encontrados en los dispositivos que admite haber adquirido. En cualquier caso, según declaró el agente NUM008, fue el acusado el que les entregó el disco duro de 160 GB en el que se encontró la aplicación de intercambio de archivos y quien les aclaró que era un disco duro de un antiguo ordenador suyo.

Tampoco es razonable admitir que la instalación del software P2P y su uso para compartir los archivos fuera involuntaria, pues según informan los peritos de la policía científica agentes nº NUM009 y NUM010, y el agente NUM011, tanto una como otra acción requiere seguir una concreta secuencia de pasos que difícilmente pueden ser realizados de forma no consciente y voluntariamente dirigidos a tales fines.

En consecuencia, no apreciamos error alguno en la conclusión alcanzada por la AP de que el acusado llevó a cabo una distribución consciente y deliberada de los archivos que contenían pornografía infantil y que tenía almacenados en sus dispositivos electrónicos.

Y en lo que toca a la fecha en la que se produjeron los hechos a que parece hacerse referencia a una posible prescripción, ya hemos dicho que la sala señala que no han podido ser determinadas fechas concretas en que los contenidos fueron puestos en común en la plataforma de intercambio de archivos, pero sí expresa la razón por la que considera que ello tuvo lugar a partir desde el 17 de diciembre de 2012, pues en dicha fecha el acusado se identificó en dicha plataforma según expresa el informe técnico, lo que a su vez encuentra apoyo en la declaración de la agente NUM007, quien indicó que la documentación de las compras encontrada en la vivienda del acusado databan de 8 o 9 años antes.

En cualquier caso, la prueba del paso del lapso de tiempo señalado para la prescripción recae sobre quien la opone a la pretensión acusadora, como ha puesto de relieve, entre otras, la STS 1171/2024, ECLI:ES:TS:2024:6294, en la que puede leerse:

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En definitiva, tampoco encontramos error algún en la sala sentenciadora en cuanto a esta cuestión de hecho sobre la que el acusado pretende alegar la prescripción de delito, sin perjuicio, además, de que esta alegación no fue oportunamente planteada en la primera instancia, pese a lo que se dice en el recurso, ni en el escrito de calificación provisional elevado a definitivo en juicio, en el que se limita a negar las conclusiones de la acusación, ni como cuestión previa en el juicio, por lo que se trata de una cuestión nueva inaceptable en la segunda instancia según constante doctrina jurisprudencial ( STS nº 543/2019, SSTTSJ Madrid, nº 185/2019; Canarias 21/2018; Baleares 3/2017; y SAP Madrid, 616/2019).

SEXTO.-El tercero de los motivos de apelación sostiene infracción de los arts. 189.1.b) CP y 198.2.b CP por aplicación indebida, pero la crítica no va dirigida evidenciar una aplicación errónea de estos preceptos a los hechos probados, sino a la disconformidad con éstos, como el mismo recurrente reconoce al supeditar este motivo a la estimación de los dirigidos a combatir la valoración de la prueba realizada por la AP, por lo que la desestimación éstos conduce derechamente a la misma respuesta al del que ahora nos ocupamos.

SÉPTIMO.-Cuarto motivo de apelación. Inaplicación del principio in dubio pro reo.

Ya hemos dicho en las sentencias, de 1 de marzo de 2023 ( ECLI:ES:TSJAR:2023:165) y 22 de mayo de 2024 ( ECLI:ES:TSJAR:2024:726), en armonía con la STS 666/2010, ECLI:ES:TS:2010:4221, que dicho principio nos señala cuál debe ser la decisión en los supuestos de duda, pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cago suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación, por lo que no cabe invocarlo para exigir al tribunal que dude, ni pueda pedir a los jueces que no duden. La duda del tribunal, como tal, no es revisable dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda.

Por tanto, la invocación al principio " in dubio pro reo" no puede servir como base para la impugnación cuando la Audiencia no ha dudado al entender que los indicios incriminatorios apreciados respecto de la recurrente eran suficientes para enervar la presunción de inocencia, que en lo que ocurre en el presente caso, en el que la AP no expresa duda alguna sobre la realidad de los hechos, ni tampoco la provoca en esta Sala.

El motivo se desestima.

OCTAVO.-Las costas de este recurso se hallan sujetas a los arts. 239 y ss LECrim de acuerdo con la doctrina sentada en las STS nº 31/2007, de 17 de enero, y nº 1068/2010, de 2 de diciembre, sin que sea de apreciar en el caso la concurrencia de temeridad en ninguno de los recursos.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.