Sentencia Penal 36/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 404/2024 de 24 de enero del 2025

PRIMERO. -Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se oponga a los siguientes.

SEGUNDO. -La sentencia de primer grado jurisdiccional condenó a Jesús Carlos como autor de un delito continuado de estafa, agravado por cantidad, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, y frente a dicha resolución se alza el acusado postulando en primer término que se declare la nulidad de pleno derecho de la sentencia y devuelva lo actuado al órgano de procedencia para dictar resolución conforme a las exigencias legales, y subsidiariamente que se revoque la sentencia y absuelva al Sr. Jesús Carlos.

TERCERO. - 1.El inicial motivo predica la nulidad del procedimiento por indebida denegación de prueba en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, según expresa su rúbrica, retomando un aspecto que fue tratado como cuestión previa, a propósito de la declaración testifical de Bienvenido y Héctor, testimonios denegados por la Sala enjuiciadora mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2023 y más tarde en el plenario cuando se reprodujo la solicitud.

2.La solicitud ha sido tratada en nuestros autos de fechas 2 de octubre y 29 de noviembre de 2024. En aquél argumentamos:

"ÚNICO.- No procede admitir como prueba en esta instancia la propuesta en el escrito de recurso pues no se encuentran en ninguno de los supuestos que taxativamente contempla el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a saber, diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, las propuestas indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables, sin que entre en consideración el segundo de los supuestos indicados por la mera denegación, cuando fue razonada y oportuna.

En efecto, se pretendió, y se porfía ahora, la declaración como testigos de los Sres. Héctor y Bienvenido, el primero administrador único de la mercantil DIRECCION003, y el segundo presidente de la Comunidad de Propietarios de DIRECCION000, para justificar la existencia de pagos en metálico por cuenta de las dos Comunidades de Propietarios querellantes, siendo rechazadas esas pruebas mediante auto a falta de documento u otra diligencia que permitiese valorar su pertinencia, y con posterioridad en el plenario, a falta de documento o dato acreditativo de la práctica de pagos en metálico, lo que, ciertamente, pone en cuestión la utilidad y eficacia eventual de esos testimonios, cuya práctica hubiera exigido la suspensión del juicio oral, causando una inútil demora".

Al resolver el recurso de súplica frente a esa resolución dijimos:

"PRIMERO. - Mediante auto de fecha 2 de octubre de 2024 denegamos la práctica de prueba propuesta para esta instancia por el apelante Jesús Carlos, reiterando ahora aquél su solicitud relativa a prueba testifical por declaración de los Sres. Héctor y Bienvenido.

SEGUNDO. - Sin embargo, las razones de que se vale el recurrente no desvirtúan las tomadas en consideración para denegar esos testimonios, referentes a dos personas sobre las que el acusado no aportó temporáneamente información y datos que permitieran juzgar la pertinencia de su declaración, faltando, además, invocación de algún documento o dato cierto que avale la existencia de pagos en metálico.

Conforme a reiterada doctrina legal de la que es representativa la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2002 el derecho a la prueba se configura como derecho fundamental y es inseparable del derecho de defensa pero no es ilimitado y no existe un derecho incondicional a la prueba - vid SSTS de 6 de noviembre de 1990 y 10 de julio de 2001- ni se puede desapoderar a los órganos judiciales de la competencia que les es propia para apreciar su pertinencia y necesidad, como asimismo enseña el Tribunal Constitucional, p.e. en sentencias 33/89 y 206/94, mientras que la sentencia de 4 de diciembre de 1997 recuerda que la utilización de los medios de pruebas pertinentes para la defensa integra el derecho fundamental ex artículo 24.2 de la Carta Magna, cuya infracción, por otro lado, no es consecuencia de cualquier denegación judicial de actividad probatoria sino que requiere un efecto material de indefensión, y señala como requisitos para que exista vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: a) la actividad probatoria ha de ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos ( SSTC 149/1987 Y 1/1996), b) la actividad ha de ser pertinente, lo que, partiendo de la competencia de los órganos judiciales para la evaluación de pertinencia ( SSTC 44/1984, 147/1987 y 233/1992), supone que el recurrente ha de argumentar convincentemente en torno a la pertinencia de la prueba denegada sin que, por el contrario, el órgano judicial haya fundamentado el rechazo de un modo razonable ( SSTC 233/1992, 131/1995 y 1/1996) o de modo tardío tal que genere indefensión o riesgo de prejuicio o condicionamiento de su solución sobre la prueba o de la decisión de fondo ( SSTC 89/1995 y 131/1995) c) la prueba ha de ser relevante para la decisión del litigio ( SSTC 30/1986 y 149/1987, "decisiva en términos de defensa" ( STC 1/1996); y otras resoluciones del alto Tribunal han declarado que no se produce vulneración del derecho fundamental a la prueba cuando ésta es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la resolución final, y en este sentido se articula la distinción entre prueba pertinente y prueba necesaria, estimando que sólo esta última puede dar lugar a indefensión ( SSTC 290/1993, 187/1996, 70/2002, 359/2006, 77/2007, 1373/2009 y 246/2012 y SSTS 474/2004, 1031/2006, 281 y 1373/2009, 154/2012 y 620 y 58/2016, con unos términos u otros) siendo de constante cita en la doctrina legal la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos representada por las sentencias de 7 de julio de 1989 (caso Bricmont), 20 de noviembre de 1989 (caso Kotovski), 27 de septiembre de 1990 (caso Windisch) y 19 de diciembre de 1990 (caso Delta), que asimismo subraya el derecho a la prueba no es absoluto.

En definitiva, también conforme a la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en las sentencias de 26 de junio de 2014, 25 de septiembre de 2015 y 30 de septiembre de 2016, se ha de valorar no sólo la pertinencia de la prueba, sino asimismo y singularmente su indispensabilidad en el sentido de eventual potencialidad para alterar el fallo; es decir la prueba debe aparecer como indispensable para formar un juicio correcto sobre los hechos, de tal forma que el criterio de " pertinencia" que rige en el momento de admitir la prueba se muta por "relevancia" o "necesidad" en el momento de resolver sobre un recurso por tal razón. Las pruebas propuestas no superan ese filtro".

3.Argumenta el disconforme que se ha vulnerado su derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa, e invoca el artículo 24.2 de la Constitución española, insistiendo en la pertinencia y utilidad de los testimonios denegados en tanto que Héctor es el administrador único de la mercantil DIRECCION003, que pactó la realización de obras en las dos comunidades de propietarios concernidas, y aprobados los presupuestos fueron satisfechos pagos por banco y otra serie de partidas sin factura, siendo el modus operandi la expedición de cheques al portador, que eran cobrados por ventanilla por el acusado y abonados en metálico, mientras que Bienvenido fue presidente de la comunidad de DIRECCION000 durante más de diez años y es perfecto conocedor de la forma de pago pactada con la constructora.

Denuncia también el recurrente falta de motivación y justificación en el rechazo de la prueba propuesta, con vulneración del artículo 24 de la Constitución española, pues tanto la fundamentación del auto de fecha 19 de diciembre de 2023 como la motivación in voce al resolver en el plenario la cuestión previa, con frase estereotipada en aquella ocasión y una lacónica referencia en ésta, y en la sentencia, no satisfacen el deber de motivación, y la dada es arbitraria e irrazonable además de contraria a la realidad pues aduce el tribunal que no fue aportado un mínimo de prueba documental acreditativa de los pagos siendo así que en el sumario constan facturas del DIRECCION004 y existen cheques percibidos por el Sr. Héctor.

4.Este discurso es improsperable. Las razones que justificaron la denegación de la prueba han sido puestas de manifiesto y son acordes a la lógica. Respecto al testigo Sr. Héctor se pretende su declaración para que acredite verbalmente una relación negocial que por lo común se documenta y es fuente de obligaciones entre las que se cuenta el pago del precio, insinuando el proponente que se satisfizo sin rastro, en "dinero B", práctica irregular que en ningún caso daría cobertura a las disposiciones por importe de 15.750 euros mediante cheques falsificados. Por otro lado la información que eventualmente pudiera proporcionar Bienvenido sobre la materialización de pagos en efectivo vendría referida a una etapa distinta y anterior, pues la forma de operar al tiempo de los hechos enjuiciados fue explicada por quien entonces era presidente de la Comunidad de Propietarios de DIRECCION000, Sr. Casimiro, cuyas firmas fueron impostadas, y, por otro lado, declaró en el juicio Rodolfo, presidente hasta el día 15 de febrero del 2019, quien reconoció que en su etapa se operaba con cheques que poseía el acusado y le pasaba a la firma, sin que pudiera precisar si a manos del acreedor llegaba cheque o metálico; en suma, el empleo de instrumentos de pago se ha acreditado mas a propósito de un mandato anterior en el tiempo, no respecto a la etapa enjuiciada, en que, además, Bienvenido no tenía protagonismo.

Y en lo que hace a la comunidad de propietarios del inmueble sito en DIRECCION001, con la que ningún vínculo tendría Bienvenido, se pretende interrogar a Héctor como administrador de la mercantil DIRECCION003, en punto a obras que sin otro respaldo se dice pagadas de forma que escondería irregularidades fiscales y prácticas sancionables, cuando en realidad obran en autos facturas emitidas regularmente por dicha mercantil a la Comunidad de la DIRECCION000 , y constancia de algún cheque - NUM007- que cobró de la otra comunidad, según oficio de la entidad financiera.

En suma, se ha agotado el mecanismo previsto en la ley para afrontar el rechazo pretendidamente indebido de prueba, sin atisbo de lesión del derecho a la prueba en las distintas fases de proceso, pues el artículo 24.2 de la Constitución española condiciona su realización a que sean pertinentes, lo cual debe examinarse desde un doble aspecto, funcional, o posibilidad de su realización, y material, que exige relevancia respecto al tema a decidir.

CUARTO. - 1.El siguiente motivo interesa la nulidad de la sentencia recurrida por infracción de los artículos 24 de la Constitución española y 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los artículos 238.3 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su desarrollo el apelante, tras expresar la necesidad legalmente impuesta de que en las sentencias se consigne los hechos probados, y el carácter de piedra angular que la Ley y la jurisprudencia reconocen al factum, exigiendo declaración expresa y terminante de los mismos, aborda la valoración de la prueba, distinguiendo cada comunidad de propietarios concernida; por tanto en realidad no denuncia insuficiencia del relato histórico sino desacuerdo con lo que la Sala estimó acreditado. Lo analizaremos distinguiendo ambas comunidades.

2.Así, respecto a la comunidad de DIRECCION000 de Madrid, reexamina la apreciación de la prueba pretendiendo quebrar el discurso del tribunal a quo, en punto a cuatro cuestiones:

A- Falsedad de las firmas obrantes en los cheques número NUM001 y NUM002 atribuidas al presidente de la comunidad, sobre lo cual la Sala atendió al testimonio del Sr. Casimiro, quien negó su firma aun reconociendo que no residía en el inmueble, y frente a esta negación el disconforme rescata la declaración de Ramona - acreditativa del cobro de alguna factura en metálico - y el relato de Rodolfo, asertivo del empleo de cheques en el tráfico económico de la Comunidad de propietarios.

Siendo cierto lo uno y lo otro - la Sra. Ramona manifestó en el juicio que sus empresas prestaron dos servicios a la comunidad de DIRECCION000, por importes de 145,20 y 147,30 euros, que fueron abonados en metálico, y el Sr. Bienvenido aceptó el empleó de ese instrumento de pago con intervención directa del acusado- no lo es menos que a tal mecánica puso fin el cese del Sr. Bienvenido como presidente, pues el Sr. Casimiro tenía otro criterio y manifestó en el juicio que los pagos se materializaban con transferencias, pudiendo tratarse de una situación puntual el abono en metálico de las facturas reconocidas por la Sra. Ramona, a remolque del sistema empleado con anterioridad. Por lo demás el informe pericial evacuado por los especialistas de la Policía Local de Madrid con carnet profesional NUM008 y NUM009 concluye que las firmas atribuidas al Sr. Casimiro no fueron plasmadas por él, en consonancia al testimonio de Adela, directora de Ibercaja, quien además de afirmar la falsedad de las firmas señala que el abono se hizo en otra sucursal y para la cuenta del acusado.

Por tanto la conclusión judicial de la falsedad de las firmas tiene un sólido refrendo probatorio.

B- Imputación de la falsificación, sobre lo cual los peritos manifestaron desconocer la autoría, pues no fue objeto de su dictamen, y el tribunal a quo subraya como datos de interés que el único beneficiario de la impostura era el acusado - cuya firma fue reconocida en ambos documentos además y resultó destinatario de los ingresos - y descarta que el Sr. Jesús Carlos tomase el dinero para hacer pagos de la Comunidad, meollo de la excusa aducida por él carente de respaldo probatorio a pesar de que le incumbía acreditarla, e, ítem más, el tribunal trae a colación el testimonio de la Sra. Florencia, única propietaria que vivía en el inmueble, quien manifiesta desconocer si se pagaba con cheques ni si se hacía en metálico, lo que permite descartar la mecánica de depósito en manos de esa propietaria para que el presidente, quien residía fuera, firmara los instrumentos de pago.

Con este escenario probatorio la inferencia que vincula al acusado con la mendacidad es razonable, máxime en presencia de un delito que no es de propia mano, y palidecen los alegatos autoexculpatorios en el sentido de que el destino era pagar una cuantiosa obra en las bajantes del edificio, pues esto - en parte desmentido por la Sra. Florencia, quien manifiesta que la obra no se hizo - no justificaría el ingreso en propia cuenta del importe de los efectos, y, en otro orden de cosas, el pago por la entidad bancaria no demuestra sino un error de Ibercaja, quizá posibilitado por la circunstancia de que intervino sucursal distinta y la comprobación de firma no fue correcta.

C- La existencia de causa justificativa de la disposición, sobre lo cual reitera el apelante que se le ha impedido justificar la existencia de un presupuesto y la aceptación y que el destino del importe de los cheques era el pago, recibido por la empresa DIRECCION004.

Sin embargo la mera existencia de un presupuesto, aun si fue aceptado, cosa que el Sr. Jesús Carlos podía acreditar de ser cierto, no demuestra un pago solutorio carente de todo refrendo, máxime si la obra no fue realizada, como atestigua la vecina Sra. Florencia, y, respecto a otros pagos y servicios el Sr. Casimiro explicó que se hacían por transferencia, cuales son los honorarios de la empleada de la limpieza y del administrador.

D- Por último, respecto al daño económico sufrido por la Comunidad de DIRECCION000, sostiene el disconforme que el importe de los efectos fue devuelto a la cuenta corriente de la Comunidad y se cargó en la del acusado, sin embargo lo desmiente el testimonio de la directora de Ibercaja por cuanto explica que sólo se devolvió el importe de los adeudos indebidos y no el de los cheques, aunque se intentara, y hubo un bloqueo de la cuenta.

3.Respecto a la Comunidad de Propietarios de DIRECCION001, el recurrente estima que la Sala de instancia llegó a conclusiones erróneas y contradictorias con la prueba practicada, pues el factum declara acreditada la presentación al cobro en la cuenta bancaria de la comunidad en Ibercaja de 19 cheques de diferente importe, por un total de 57.605,36 euros, en el periodo comprendido entre el día 19 de septiembre de 2019 y el día 26 de agosto de 2020, y al parecer del apelante la prueba permite descartar que la entonces presidenta Sra. Edurne expidiera cheques en blanco o fuera engañada, y antes bien el testimonio de la portera de la finca, Sra. Andrea, y del vicepresidente Sr. Abel habría acreditado la existencia de pagos en metálico a la conserje y a Héctor como consecuencia de las obras, y, añade, ningún documento acredita se haya apropiado de suma alguna ni existe prueba pericial contable que demuestre un descubierto en las cuentas de la comunidad, y reitera su versión de haber empleado los efectos para obtener numerario y satisfacer los servicios en metálico, honorarios de la portera, gastos de limpieza, sus propios emolumentos etc y termina apelando a su presunción de inocencia y al postulado pro reo.

Como ya indicábamos en otras resoluciones - v-gr, nuestra sentencia de fecha de 25 de mayo de 2023 - el derecho a la presunción de inocencia reconocido como fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución española implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley, y, por lo tanto, tras un proceso con todas las garantías - vid. artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -; esto supone el desarrollo previo de actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, cuyo contenido incriminatorio, expresa y racionalmente valorado conforme a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea bastante para desvirtuar aquella presunción inicial, permitiendo al Tribunal alcanzar una certeza que puede considerarse objetiva, en tanto que asumible por la generalidad, sobre la realidad de los hechos ocurridos y la participación del acusado, tanto en los aspectos objetivos como subjetivos, sin dudas que pueda calificarse de razonables.

Como órgano de apelación nos incumbe, ante una queja por quebranto de la presunción de inocencia, comprobar si la Sala de instancia respetó las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo, y si la valoración fue racional, sujeta a la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, por tanto acorde a la sana crítica, más si atendió la obligación de motivar la valoración de la prueba al fundar su decisión.

Importa consecuentemente insistir en que nuestro control sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia no consiste en una nueva valoración de las pruebas practicadas ante el tribunal de instancia, pues sólo a él compete esa función, y esta Sala de apelación ha de comprobar únicamente la existencia de prueba de cargo adecuada, y su suficiencia, partiendo de que cumplirá aquella exigencia cuando haya sido obtenida con acatamiento de los principios estructurales que informan el desarrollo de la actividad probatoria ante los órganos jurisdiccionales y ésta cuando su contenido sea netamente incriminatorio. Además la Sala de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza preciso para fundar una condena penal.

Cumple destacar que el acusado no ha demostrado el empleo del importe de los efectos en gastos comunitarios, aunque en el curso de la investigación se comprobó que otros cheques fueron empleados para pagar el sueldo de la conserje y sobre su importe nada se reclama al Sr. Jesús Carlos.

El fracaso de una coartada o en general la carencia de verosimilitud de un pretexto o excusa puede ser ponderado, sin que por ello sufra la presunción de inocencia; en ese entendimiento, las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo y 15 de octubre de 2021 reiteran - incluso para supuestos de prueba indiciaria - que la valoración de la manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica invertir la carga de la prueba, cuando existen otros indicios relevantes de cargo; se trata únicamente de constatar que existiendo prueba de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba indiciaria constitucionalmente válida, suficiente y convincente, acerca de la participación en el hecho del acusado, a dicha prueba no se le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino por el contrario las manifestaciones del acusado, que en total ausencia de explicación alternativa plausible, refuerzan la convicción, ya racionalmente deducida de la prueba practicada.

Desde luego correspondía al acusado acreditar el destino de los movimientos bancarios propiciados por él mediante cheques contra la cuenta de la comunidad de propietarios, a qué se dedicó cada una de esas detracciones, que, además, por su monto no parecen responder a rutinas económicas fijas, pues varían los importes aunque alguno es repetitivo, de todo lo cual no se da cumplida explicación más allá de una genérica y confusa imputación a pagos regulares.

Por otra parte la anomalía de algunos cargos se ha puesto de manifiesto por el conjunto de pruebas practicadas, adversas a la tesis autoexculpatoria del acusado, de singular importancia los testimonios de Adela, sobre los movimientos anómalos en remesas recibos, algunas correspondientes a otra comunidad de propietarios, con detección de cheques con firmas correctas pero no acordes al tráfico de la Comunidad titular de la cuenta, y testimonio de Abel, vicepresidente, sobre la actitud del acusado y la confusión que generaba al no justificar los pagos, y testimonio de la conserje Carmen, quien manifiesta haber cobrado por distintos métodos, talones, transferencias y efectivo, y se desentiende de un posible cobro de 2000 euros mediante cheque, dando además el dato revelador de que en una ocasión el administrador, ante sus quejas por retraso en el pago de la nómina, le manifestó que tenía que pagar unas cosas del niño en el colegio, y hubo de quejarse a la presidenta porque no le pagaban, recomendándole la Sra. Edurne que debía tener confianza en las personas.

5.Es necesario insistir en que existen resguardos acreditativos de haber girado recibos a la Comunidad de Propietarios de DIRECCION000 que aparecen como documentos de cobro en la cuenta bancaria de la Comunidad de DIRECCION001 - así, los adeudos de fecha 8 y 15 de julio de 2020 por importes de 9000 y 3000 euros -, y aunque se alega que fue una equivocación lo desmiente la correlación de las datas con el cobro de cheques, lo que permite inferior razonablemente la intención de dotar de fondos esta última cuenta para afrontar el pago de los cheques no justificados; en igual sentido abunda la absurda respuesta ofrecida por el Sr. Jesús Carlos al presidente Sr. Casimiro explicando que eran movimientos que solía hacer y en verano lo aclararía.

QUINTO. -En mérito a las anteriores consideraciones cumple desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada, ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.