Sentencia Penal 95/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 455/2024 de 28 de febrero del 2025

PRIMERO.-Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se oponga a los siguientes.

SEGUNDO.-La sentencia recurrida es la que pronunció la Audiencia Provincial de Madrid condenando a Abilio y Augusto como autores de un delito agravado de estafa, ex artículos 248, 249 y 250.1.6º del Código Penal, en los términos ya dichos, pronunciamiento frente al que se alzan ambos acusados; solicita el primero se declare la nulidad de la sentencia por vulneración de preceptos constitucionales, subsidiariamente se le absuelva y por último se suprima la aplicación de la modalidad agravada prevista en el artículo 250.1.6º del Código Penal, y el segundo impetra su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables, siendo coincidentes en buena parte los alegatos en que uno y otro fundan sus impugnaciones, por lo que serán tratadas de forma conjunta.

TERCERA.- 1.Razones de lógica jurídica exigen abordar en primer término la pretendida nulidad por vulneración de derechos fundamentales - también se denuncia quebranto de la legalidad ordinaria -, a saber, secreto de las comunicaciones e intimidad personal, reconocidos en el artículo 18.3 y 1 de la Constitución española, y a la tutela judicial efectiva sin indefensión y derecho de defensa, ex artículo 24.1 y 2, preceptos supuestamente quebrantados junto a la disciplina de los artículos 588 ter y quater de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la nulidad se predica de toda la prueba practicada, por conexión de antijuridicidad.

2.Este aspecto ya fue planteado ante la Sala de instancia como cuestión previa, y la sentencia ofrece una cumplida respuesta desestimatoria que, si bien se ve, no impugna con sólidos argumentos la parte en tanto se ciñe a reiterar la solicitud de nulidad partiendo del auto de fecha 25 de julio de 2019, dictado por el Juzgado de Instrucción nº4 de Alcobendas para la intervención, grabación y conservación de las conversaciones mantenidas en el teléfono móvil del denunciante Julián, y su prórroga dispuesta por auto de fecha 8 de agosto de 2019, nulidad extensiva al auto datado a 30 de julio de 2019, que ordena remitir oficio a Facebook, al auto de 6 de agosto de 2019, que autorizó la intervención del teléfono NUM003, y auto de 8 de agosto de 2019, que dispuso librar mandamiento a las compañías telefónicas para que facilitasen el tráfico de comunicaciones de voz, sms y datos a través de los repetidores o estaciones, y datos conservados de eventos de red o conexión de datos sin BTS, en el área de influencia de San Agustín de Guadalix, desde el 13 de julio de 2019 a las 21 horas hasta las 9 horas del día 14 de julio de 2019, así como las coordenadas geográficas de interés, correspondiente a la vivienda de Julián; asimismo reitera el apelante la nulidad del auto de fecha 9 de agosto autorizante de intervención de la línea telefónica NUM007, del auto de fecha 13 de agosto de 2019, erróneamente ubicado por el disconforme en 2023, que dispuso la intervención del teléfono NUM008 cuyo usuario habitual es el acusado Abilio y del Imei NUM009 e Imsi NUM010, cuyo usuario es Augusto, y el auto de 26 de noviembre de 2019 que autoriza el volcado de los teléfonos intervenidos y un dispositivo pen drive ocupado a Augusto, con consentimiento.

3.El recurrente pretende una nulidad general de todas las autorizaciones judiciales referidas y articula su solicitud con cita jurisprudencial, obviando sin embargo datos de significativo interés, como que el auto de fecha 25 de julio de 2019 autoriza una intervención telefónica sobre las líneas empleadas por el denunciante Sr. Julián y a solicitud suya tras haber puesto en conocimiento de la Guardia Civil el día 14 de julio de 2019 el intento de extorsión del que estaba siendo objeto, lo que motivó el comienzo de la investigación policial mediante vigilancias, inspección técnico ocular de la vivienda en que apareció la misiva amenazante, indagación mediante cámaras de seguridad, declaración de testigos y averiguación de la procedencia del hito kilométrico a través de la autoridad de Rumanía, que confirmó la desaparición del poste en ese país, llegando la investigación a un punto que exigía otros medios para avanzar, y en concreto la intervención telefónica solicitada por la Benemérita y autorizada por el Juez de Instrucción motivando extensamente su resolución, poniendo de relieve que la medida no lesionaba el derecho al secreto de las comunicaciones, la imprescindibilidad, por ausencia de medida menos gravosa que responda a criterios de eficacia y celeridad, para identificar a la persona que pudiera estar intimidando al denunciante. Razones extensivas al auto de prórroga de fecha 8 de agosto de 2019.

Ya la circunstancia de que la línea intervenida no perteneciese a ninguno de los recurrentes, sino antes bien al ofendido, siendo respuesta a su propia solicitud la intervención, desdibuja el supuesto quebranto del derecho al secreto de las comunicaciones, que sólo cabría, como hipótesis, predicar de los contactos propiciados por un tercero, cuya autoría niegan categóricamente los acusados.

Sobre esta cuestión existe copiosa doctrina legal; v.gr. la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2017 explica:

"Los requisitos, ya muy reiterados, que según doctrina de esta Sala han de concurrir para la legitimidad y validez de las intervenciones telefónicas son: 1') La exclusividad jurisdiccional, en el sentido de que únicamente por la autoridad judicial se pueden establecer restricciones y derogaciones al derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. 2') La finalidad exclusivamente probatoria de las interceptaciones para establecer la existencia de delito y descubrimiento de las personas responsables del mismo. 3') La excepcionalidad de la medida, que sólo habrá de adoptarse cuando no exista otro medio de investigación del delito, que sea de menor incidencia y causación de daños sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo que los que inciden sobre la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones (Auto de 18 junio de 1992). 4') La proporcionalidad de la medida que sólo habrá de adoptarse en el caso de delitos graves en los que las circunstancias que concurran y la importancia de la trascendencia social del hecho delictivo aconsejen la adopción de la misma, de tal manera que la derogación en el caso concreto del principio garantizador sea proporcionada a la finalidad legítima perseguida. 5') La limitación temporal de la utilización de la medida interceptadora de las comunicaciones telefónicas: la Ley de Enjuiciamiento Criminal autorizaba en el momento de su aplicación (artículo 579.3.º) períodos trimestrales individuales, pero no podrá prorrogarse la intervención de manera indefinida o excesiva porque ello la convertiría en desproporcionada e ilegal. 6') La especialidad del hecho delictivo que se investigue pues no cabe decretar una intervención telefónica para tratar de descubrir de manera general e indiscriminada actos delictivos (Auto de 18 junio de 1992 y Sentencia de 20 de mayo de 1994). 7') La medida además, recaerá únicamente sobre los teléfonos de las personas indiciariamente implicadas, ya sean los titulares de los teléfonos o sus usuarios habituales. 8') La existencia previa de indicios de la comisión de delito y no meras sospechas o conjeturas, de tal modo que se cuente con noticia racional del hecho delictivo que se quiera comprobar y de la probabilidad de su existencia así como de llegar por medio de las intervenciones al conocimiento de los autores del ilícito, pudiendo ser esos indicios los que facilita la policía, con la pertinente ampliación de los motivos que el juez estimase conveniente. 9') La existencia previa de un procedimiento de investigación penal, aunque cabe sea la intervención de las telecomunicaciones, la que ponga en marcha un verdadero procedimiento criminal, pero sin que puedan autorizarse intervenciones telefónicas de carácter previo a la iniciación de éste. 10') Que la resolución judicial acordando la intervención telefónica se halle suficientemente motivada; riguroso requisito para el sacrificio y derogación en casos concretos de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y cuya importancia exige del juez una explicación razonada y razonable de acuerdo con la Ley y los principios constitucionales y en la cual encontrarán lugar la explicitación de los indicios sobre cuya base la medida se adopte, si bien esta Sala Casacional, permite la motivación por remisión al escrito de solicitud de la policía judicial. 11') La exigencia de control judicial en la ordenación, desarrollo y cese de la medida de intervención.

En suma, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple estos requisitos: a) si la medida acordada puede conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); b) si es necesaria en el sentido de que no exista otro medio más moderado para conseguir el fin propuesto con igual eficacia (juicio de necesidad); c) si la medida es ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)".

Con anterioridad a la reforma introducida por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, reiterada Jurisprudencia abordaba los requisitos exigibles para la validez constitucional de la medida de intervención telefónica, y, así, en la sentencia de 3 de junio de 2015 y la sentencia de 13 de noviembre de 2014 perfilan en similares términos:

"De la nota de Excepcionalidad se deriva que la intervención telefónica no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con carácter limitado, ello supone que ni es tolerable la petición sistemática en sede judicial de tal autorización, ni menos se debe conceder de forma rutinaria. Ciertamente en la mayoría de los supuestos de petición se estará en los umbrales de la investigación judicial --normalmente tal petición será la cabeza de las correspondientes diligencias previas--, pero en todo caso debe acreditarse una previa y suficiente investigación policial que para avanzar necesita, por las dificultades del caso, de la intervención telefónica, por ello la nota de la excepcionalidad, se completa con las de idoneidad y necesidad y subsidiariedad formando un todo inseparable, que actúa como valladar ante el riesgo de expansión que suele tener todo lo excepcional , riesgo sobre el que esta Sala ha llamado la atención varias veces. SSTS 998/2002; 498/2003; 182/2004 y 1130/2009. Idoneidad porque este medio aparezca adecuado para los fines de la instrucción, necesidad porque no existe otro medio de investigación menos invasivo, y subsidiariedad porque ya se han agotado otros medios de investigación. Son garantías y cautelas para impedir que las intervenciones se conviertan en fuente de abusos de poder de la mano de estas modernas técnicas que si es claro que permiten avanzar investigatorias, también suponen nuevos riesgos para los derechos de las personas -- STS 1130/2009 --.

Complemento de la excepcionalidad es el de especialidad en relación al concreto delito objeto de investigación, con la consiguiente necesidad de solicitar al Juez la ampliación a otro delito del inicialmente investigado si así apareciese de la intervención".

Con posterioridad otras resoluciones judiciales acordaron sucesivas prórrogas y diligencias relativas a otras personas, siempre con la debida motivación y sin exceder los plazos legales.

Desde luego el auto inicial de la intervención telefónica debe ser valorado a la vista de los elementos y datos disponibles en el momento de su adopción, y la corrección jurídica de la autorización ha de operar con perspectiva ex ante, es decir, prescindiendo del resultado a la postre obtenido por la actuación policial en cuyo contexto se inscribe la medida, y en el caso de méritos, sin acudir al prisma ex post, se divisa la necesidad de que fuera autorizada la injerencia, pues verdaderamente, por la actuación de la trama delictiva, resultaban insuficientes los métodos de investigación usuales y hasta entonces empleados, y la actuación policial requería tácticas más sofisticadas y eficaces, sin que estuvieran disponibles, en función de las características de la investigación, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales e igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos, e ítem más, la comprobación y determinación de autores, se veía dificultada sin el recurso a esta medida.

4.Tampoco las restantes resoluciones y medidas que entrañan merecen reproche alguno.

En efecto, el auto de fecha 30 de julio de 2019 dispuso remitir oficio a Facebook, a fin de conocer el perfil con nombre de usuario Ariadna que había entrado en el perfil del denunciante cuando éste puso la bandera del país en el que quería hacer el pago. El recurrente censura esa resolución si bien sólo con la apodíctica afirmación de que "está contaminada", cuando en realidad daba respuesta a una solicitud motivada y coherente de la policía judicial.

Los autos de fecha 6 y 9 de agosto de 2019 autorizaron la intervención de dos líneas telefónicas, desde una de ellas se remitió un mensaje amenazante al Sr. Julián, y uno y otro teléfono fueron adquiridos por persona ignota en Vinaroz, sin que hayan sido reconocidos como propios por ninguno de los acusados; en esa tesitura mal puede sostenerse que sus derechos fueran quebrantados por la injerencia; además la solicitud policial y el auto autorizante están bien motivados, y resplandece la necesidad, utilidad y proporcionalidad de la medida tendente a conocer quién remitió el mensaje extorsionador desde la línea NUM003 y quien adquirió ésta y la línea NUM007 simultáneamente.

No otra cosa cabe decir del auto de fecha 8 de agosto de 2019, en que se acordó librar oficios a las compañías telefónicas para obtener información sobre posicionamientos en las coordenadas geográficas y temporales del primer escenario delictivo, determinando así las comunicaciones establecidas de voz, sms y datos, que pudieran coadyuvar al descubrimiento de la autoría, medida tecnológica necesaria y proporcionada, perfectamente motivada su adopción, y que por no haber arrojado ningún resultado positivo tampoco puede entenderse lesiva de los derechos concernidos.

Especial mención requiere el auto de fecha 13 de agosto de 2019 - que por error sitúan la sentencia y el recurso en el año 2023 -. La resolución vino precedida de solicitud policial de intervención del teléfono NUM008 cuyo usuario habitual era Abilio, y de un imei y un imsi cuyo usuario habitual era Augusto, oficio en que se mencionaban los indicios obrantes sobre su posible participación en el delito investigado, detalladamente, y ante la petición el Instructor, a quien incumbe entre otras funciones garantizar los derechos de los investigados, demandó información a los agentes de la Guardia Civil solicitantes sobre cómo se había determinado el imei y el imsi de referencia, y sólo tras recibir esta explicación fue concedida la autorización judicial.

Ningún reproche concreto se hace en el recurso para refrendar la nulidad del auto de fecha 26 de noviembre de 2019, que motivadamente autorizó el volcado de los teléfonos intervenidos y un dispositivo de almacenamiento masivo del acusado Augusto, con consentimiento.

5.En suma, son injustificadas las quejas por desacomodo de esas resoluciones a los principios rectores de las medidas de investigación dispuestas y falta de sujeción a los postulados de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme exige el artículo 588 bis a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Todas las autorizaciones fueron acordadas en razón de datos objetivos, más allá de la mera sospecha o difusa prospección, conjetura o suposición; eran precisas para el fructífero avance de la investigación y no sustituibles por otros métodos menos invasivos, además de acordes a la envergadura de los hechos investigados, y basadas en amplia motivación, extensa y razonada; los sucesivos oficios policiales solicitando medidas y prórrogas exponen los vínculos objetivados y el avance de las pesquisas que permitió descartar algunas líneas de investigación y centrarse en otras, y las autorizaciones judiciales son acordes.

6.En otro orden de cosas, sostienen ambos recurrentes que se vulneró el derecho a la intimidad ante la utilización de una grabadora por el denunciante, solicitada por él a la Guardia Civil para acudir a los encuentros con los acusados, lo que habría supuesto una instrumentalización preordenada a lograr una confesión extraprocesal y arrancada mediante engaño, e invoca la sentencia del Tribunal Supremo 214/2018 de 8 de mayo.

Subrayan que no se solicitó autorización judicial y la actuación del denunciante Sr. Julián fue intrusiva, tendió a obtener una declaración incriminatoria y además existen dudas sobre la integridad de las conversaciones; y todo esto a mayores de la reiterada negación expuesta por el testigo en el plenario en el sentido de que no solicitó medios técnicos para grabar a los acusados y pudieron ser instalados por la Guardia Civil sin enterarse él.

7.La meritada sentencia del Tribunal supremo de 8 de mayo de 2018 recopila los antecedentes jurisprudenciales a propósito de la validez de grabación de conversaciones por un interlocutor, la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión, y sintetiza las siguientes conclusiones:

"1º) La utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas grabadas por uno de los interlocutores, no vulnera en ningún caso el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.

2º) Tampoco vulnera el derecho constitucional a la intimidad, salvo casos excepcionales en que el contenido de la conversación afectase al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar de uno de los interlocutores.

3º) Vulneran el derecho fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable, y en consecuencia incurren en nulidad probatoria, cuando las grabaciones se han realizado desde una posición de superioridad institucional (agentes de la autoridad o superiores jerárquicos) para obtener una confesión extraprocesal arrancada mediante engaño, salvo los supuestos de grabaciones autorizadas por la autoridad judicial conforme a los art 588 y siguientes de la Lecrim .

4º) No vulneran el derecho fundamental a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable, cuando se han realizado en el ámbito particular.

5º) Pueden vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías, cuando la persona grabada ha sido conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra, en cuyo caso habrán de ponderarse el conjunto de circunstancias concurrentes.

6º) La doctrina jurisprudencial prescinde de calificar las manifestaciones realizadas por el inculpado en estas grabaciones como confesión, utilizando las grabaciones como ratificación de las declaraciones de los demás intervinientes en la conversación, que tienen el valor de testimonio de referencia sobre las declaraciones del inculpado".

8.En el supuesto de autos no se produjo la colocación y utilización de dispositivos electrónicos para la captación y grabación de las comunicaciones orales por los investigadores, que estaría sometida a los presupuestos, autorización y control judicial, como medida de investigación tecnológica regulada en los artículos 588 quater a y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino la puntual actuación del perjudicado, sin instancia policial previa.

La Sala de instancia explica su convencimiento de que fue el Sr. Julián quien solicitó a la Benemérita la grabadora de voz, partiendo la iniciativa de la víctima y sin provocación por parte de los agentes, por mucho que en el juicio Julián negara lo que evidencian el testimonio de los agentes y varios documentos - a los folios 257 y siguientes, 268 y ulteriores de la causa, en que se refleja la recepción y devolución del aparato-. La conclusión del tribunal de instancia es lógica y acorde al conjunto probatorio, pues efectivamente Julián actuó en interés propio tras recibir a domicilio el primer mensaje extorsionador y con posterioridad el de 6 de agosto de 2019, por SMS, en que se recogía datos sólo conocidos por Abilio, lo que le hizo sospechar de él, por lo que acudió al equipo de policía judicial de San Agustín de Guadalix, poco antes del encuentro propiciado por Abilio, pidiendo una grabadora, que le fue entregada sin solicitud de autorización judicial pero sin ocultar ese pormenor a la autoridad judicial; sin solución de continuidad tras la reunión fue devuelta la grabadora a la fuerza policial, lo que descarta cualquier manipulación pues el encuentro fue objeto de vigilancia por la Guardia Civil, y la Benemérita entregó al Juez de Instrucción las cintas y sus transcripciones.

En suma, no se produjo vulneración del derecho fundamental a la intimidad, ni del derecho a guardar silencio o a no declararse culpable, en la medida en que el Sr. Julián no fue instrumento de los agentes, actuó motu proprio. Aun guardando semejanzas el caso de autos con el que trata la sentencia del Tribunal Supremo 311, de 27 de junio de 2018, las diferencias fundamentales y decisivas estriban en la atribución de iniciativa, ocultación de la entrega de medios técnicos por la fuerza policial y silencio ante la autoridad judicial de una información irregularmente obtenida y piedra angular sobre la que se construyó toda la causa, mientras que en el supuesto objeto de nuestra atención la propuesta partió de la víctima, en un momento avanzado de la investigación, y no se enmascaró ante la autoridad judicial. También se distancia el caso de autos del estudiado por la STS 244, de 16 de marzo de 2022, en que el interlocutor actuó como un "verdadero instrumento de los agentes" buscando una declaración ajena que sirviera para desencadenar una investigación judicial intrusiva de los derechos fundamentales, lo que reprocha el alto tribunal, aunque advirtiendo que esas grabaciones no produjeron efecto contaminante del resto de pruebas, pues muchas ya habían sido aportadas y las demás están disociadas de la declaración de nulidad de la citada grabación, sin olvido del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por desconexión de antijuridicidad.

CUARTO. - 1.Ambos recurrentes denuncian error en la valoración de la prueba y quebranto del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución española. El planteamiento de estos motivos pasa por una apreciación alternativa de la prueba que sitúa al denunciante Sr. Julián como ejecutor de un plan contra sí mismo simulando una extorsión para extraer una cuantiosa suma de dinero con destino a deudas de juego, mientras que los denunciados nada habrían urdido, limitándose a seguir instrucciones de aquél y sin engaño alguno que pueda avalar una condena por delito de estafa.

2.Conforme, explica la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2014, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia ha de verificarse si la prueba de cargo en base a la cual el tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes al proceso debido, y por tanto:

- En primer lugar debe analizar el "juicio sobre la prueba ", es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.

- En segundo lugar, se ha de verificar " el juicio sobre la suficiencia", es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.

- En tercer lugar, debemos verificar "el juicio sobre la motivación y su razonabilidad", es decir, si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, o sea, si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia.

Bien entendido, como establece la STS. 1507/2005 de 9.12, con razonamientos aplicables al recurso de apelación, que "El único límite a esa función revisora lo constituye la inmediación en la percepción de la actividad probatoria, es decir, la percepción sensorial de la prueba practicada en el juicio oral. Lo que el testigo dice y que es oído por el tribunal, y cómo lo dice, esto es, las circunstancias que rodean a la expresión de unos hechos. Esa limitación es común a todos los órganos de revisión de la prueba, salvo que se reitere ante ellos la prueba de carácter personal, y a ella se refieren los arts. 741 y 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero cuando exige que la actividad probatoria a valorar sea la practicada "en el juicio". El segundo cuando exige una valoración racional de la prueba testifical. Ambos artículos delimitan claramente el ámbito de la valoración de la prueba diferenciando lo que es percepción sensorial, que sólo puede efectuar el órgano jurisdiccional presente en el juicio, de la valoración racional, que puede ser realizada tanto por el tribunal enjuiciador como el que desarrolla funciones de control".

Partiendo del presupuesto necesario de que han de existir medios de prueba válidos y lícitos, de contenido incriminador, no bastará para tener por desvirtuada la presunción de inocencia con constatar que el tribunal de instancia alcanzó la experiencia subjetiva de una íntima convicción firme sobre lo sucedido, sino que debe revisarse si esa convicción interna se justifica objetivamente desde la perspectiva de la coherencia lógica y de la razón.

Consecuentemente el control en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, por ello, la decisión obtenida por el tribunal sentenciador es en sí lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones, porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente si la decisión escogida por el tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena ( SSTC. 68/98, 117/2000, SSTS.1171/2001, 220/200, 711/2005, 866/2005, 476/2006, 548/2007, 1333/2009, 104/2010, 1071/2010, 365/2011, 1105/2011).

3.Cumple a la vez recordar que la presunción de inocencia que interinamente asiste a cualquier acusado puede ser enervada por prueba indiciaria, y los hechos soporte de la declaración de culpabilidad no exigen ser acreditados por prueba directa; la cuestión se centra en dilucidar si de los indicios, acreditados por prueba directa, puede racionalmente inferirse, como entendió la Sala a quo ejerciendo su soberanía para apreciar en conciencia la prueba, la participación en los hechos delictivos, y ello requiere un juicio lógico deductivo, del que emane sin duda racional, por el conjunto de circunstancias existentes, tal conclusión.

En suma, los hechos pueden ser acreditados mediante prueba directa o por prueba indiciaria y, sabido es que las inferencias lógicas están sometidas al cumplimiento de determinados presupuestos o, estándares mínimos, satisfechos los cuales la prueba indirecta, circunstancial o derivada de indicios puede ser tomada en consideración como prueba de cargo; tales requisitos, exigidos por la doctrina legal con unos términos u otros, son los siguientes: a) pluralidad de hechos base o indicios, pues la propia naturaleza periférica del hecho base priva de "perseidad" para fundar la convicción judicial, y de ahí que la existencia de uno solo y aislado de tal naturaleza no baste, salvo que goce de especial potencia acreditativa, b) tales hechos base han de estar acreditados por prueba directa, al objeto de evitar la concatenación de indicios, c) relevancia en cuanto al dato fáctico a probar, de tal suerte que sea periférico o concomitante al mismo, " circunstancial" por tanto a ese hecho oculto y cuya demostración se pretende, d) interrelación, pues de ser varios los indicios han de estar imbricados, repercutiendo en los restantes, no solo en el hecho nuclear precisado de prueba, e) racionalidad de la inferencia, pues entre los signos y el dato a acreditar ha de existir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, enlace consistente en que los hechos base o indicios no permitan otras interferencias contrarias también válidas epistemológicamente, f) expresión en la motivación de cómo se llegó a la inferencia. En definitiva se han de concitar como requisitos formales la expresión de los hechos base en la Sentencia, con explícito razonamiento a través del cual se obtenga el hecho consecuencia relativo al acaecimiento y participación del acusado, y materiales, como la plena acreditación del indicio, pluralidad - en general -, concomitancia al hecho que se trate de probar e interrelación cuando sean varios - vid. SSTS de 29 de octubre de 2001 y 31 de octubre de 2007 -, y en cuanto a la deducción o inferencia es preciso que sea razonable, respondiendo así a las reglas de la lógica y la experiencia, de manera que fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano.

En trance de estudiar la coherencia del vínculo la jurisprudencia habla de dos posibles tipos de irracionalidad; la falta de lógica y concurrencia de arbitrariedad o absurdo, y la falta de conclusividad, de tal forma que cabe estimar que la presunción de inocencia se ha vulnerado cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada, y, en definitiva, para que la tesis acusatoria pueda prosperar, dándose por enervada la presunción de inocencia, es exigible una probabilidad prevaleciente con respecto a aquellas otras hipótesis explicativas entre las que se cuenta la tesis fáctica de descargo.

4.Observamos que frente a la minuciosa exposición hecha por la Sala de las distintas pruebas directas e indiciarias que vinculan a los acusados con los hechos delictivos objeto de depuración hacen los acusados críticas e impugnaciones que, una vez aclarada la legitimidad de las líneas de investigación e injerencias autorizadas por la autoridad judicial, fracasan. Veámoslo.

La Sala de instancia analiza muy detalladamente la prueba practicada, tanto la declaración de los acusados y del denunciante, de los testigos Cecilia, Juan Ramón, Clemencia, Agustín, Anselmo, y los miembros de la Guardia Civil con TIP NUM011 - instructor del atestado -, NUM012 - jefe del equipo de la Policía Judicial -, NUM013 - secretario -, NUM014, NUM015, NUM016, NUM017, NUM018, NUM019, NUM020, NUM021, NUM022, NUM023, NUM024, todos ellos participantes en distintos actos de investigación, más el testigo Leonardo y los peritos Sr. Norberto - que tasó el vehículo sustraído - y Sra. Daniela - psiquiatra que hizo anamnesis psicológica al denunciante y a su esposa -.

De ese cuadro heurístico el tribunal de instancia obtiene como datos objetivos que fueron los acusados quienes se quedaron el vehículo Audi A7 propiedad del denunciante y lo ocultaron en Vinaroz y quienes fueron a recoger el dinero exigido a la víctima en el hotel B&B del aeropuerto, y que la organización criminal ubicada en Valencia y su integrante Sardina, con quien supuestamente se iban a entrevistar los acusados en Valencia, no existen; como indicios que desmienten la tesis exculpatoria de los acusados menciona la Sala hasta veintiuna pistas que con mayor o menor intensidad vinculan a los acusados con el intento de extorsión mediante comunicaciones, apoderamiento del automóvil a excusa de haberlo retenido la organización criminal supuestamente implicada, y protagonismo de los acusados en el pretendido pago de 100.000 euros mediante depósito en la caja fuerte de la habitación del hotel; alguno de estos signos no llegan a la categoría de indicios pero como piezas del puzle probatorio y por su evidente conexión lógica permiten reconstruir una tesis perfectamente racional sobre la secuencia de los hechos y la posición que las tres personas concernidas - denunciante y denunciados - ocupaban.

No nos pasan desapercibidos los argumentos de adverso cariz planteados mediante los recursos de Augusto y Abilio a modo de contraindicios, por cuanto subrayan la inicial apertura de varias líneas policiales de investigación - incluso por simulación de delito -, las relaciones conflictivas del Sr. Julián con terceros - Sres. Marco Antonio y Sr. Raúl, a quienes hizo extensiva la denuncia, Sr. Luis Pablo y Sra. Julia -, o la infructuosidad de algunas pesquisas para avalar la autoría, como la inexistencia de huellas o vestigios biológicos que vinculen a los acusados, o que determinen su protagonismo en la adquisición de los teléfonos vendidos en Vinaroz, o en la personal redacción de una nota amenazante en una servilleta; sin embargo el resultado de estas diligencias de investigación no hacen desmerecer el tenor inculpatorio de las pruebas, tampoco desdibujadas por extremos inanes como el depósito de armas realizado por el denunciante años antes tras encontrarlas en la vivienda de sus padres adoptivos, la solicitud de medios técnicos de grabación por el Sr. Julián o que éste por consejo de la Guardia civil no llevase el dinero al hotel punto de la fingida entrega.

En suma, la valoración en conciencia hecha por los juzgadores respecto a pruebas lícitamente obtenidas y de cargo no puede ser sustituida por la apreciación personal y en propio interés efectuada por los recurrentes.

QUINTO.- 1.Ambos apelantes aducen también error iuris ante la condena como autores de un delito consumado de estafa agravada ex artículos 248, 249 y 250.1.6º del Código Penal, negando de partida Abilio que concurran los requisitos de esa modalidad defraudatoria y poniendo el acento Augusto en la agravación por abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador. Además el primero aboga por la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y consiguiente mitigación de las penas.

2.Sin embargo, se concitan todos los elementos precisos para calificar la conducta desplegada como delito de estafa - engaño idóneo para producir error, precedente a la disposición patrimonial de la víctima, por tanto con nexo causal entre el error consecuencia del engaño y el perjuicio subsiguiente, dolo defraudatorio y ánimo de lucro-.

La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000 sistematiza su anterior doctrina en punto a los elementos configuradores del delito de estafa enumerando: "1º.) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno. 2.º) Dicho engaño ha de ser «bastante», es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto afectado y de las circunstancias todas del caso concreto; la maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia de seriedad y realidad suficientes; la idoneidad abstracta se complementa con la suficiencia en el específico supuesto contemplado, el doble módulo objetivo y subjetivo desempeñarán su función determinante. 3.º) Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad, por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo una falsa presuposición, a emitir una manifestación de voluntad partiendo de un motivo viciado, por cuya virtud se produce el traspaso patrimonial. 4.º) Acto de disposición patrimonial, con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, es decir, que la lesión del bien jurídico tutelado, el daño patrimonial, será producto de una actuación directa del propio afectado, consecuencia del error experimentado y, en definitiva, del engaño desencadenante de los diversos estadios del tipo; acto de disposición fundamental en la estructura típica de la estafa que ensambla o cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio irrogado, y que ha de ser entendido, genéricamente, como cualquier comportamiento de la persona inducida a error, que arrastre o conlleve de forma directa la producción de un daño patrimonial en sí misma o en un tercero, no siendo necesario que concurran en una misma persona la condición de engañado y de perjudicado. 5.º) Animo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del CP, entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio típico ocasionado, eliminándose, pues, la incriminación a título de imprudencia. 6.º) Nexo causal o relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, ofreciéndose éste cómo resultancia del primero, lo que implica que el dolo del agente tiene que arlteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente, en cuanto al tipo de estafa se refiere, el «dolo subsequens», es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trate; aquel dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta, es decir, la inducción que alienta al desprendimiento patrimonial como correlato del error provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa. A semejantes presupuestos aluden las Sentencias de esta Sala de 4 diciembre 1980, 28 mayo 1981, 9 mayo 1984, 5 junio 1985, 12 diciembre 1986, 26 abril 1988, 24 noviembre 1989, 29 marzo y 11 octubre 1990, 24 marzo 1992, 12 marzo y 18 octubre 1993."

A la vez, en punto al requisito del engaño recuerda que ha de existir y ser bastante, es decir suficiente y proporcional para la consecución del fin propuesto, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifiesta, y su idoneidad ha de valorarse atendiendo a módulos objetivos - en referencia a una persona media y al menester de seriedad y entidad - y también en función de las condiciones personales del sujeto afectado y circunstancias todas del caso concreto, de tal forma que el doble baremo objetivo y subjetivo desempeñará función determinante. El engaño además ha de ser causante del error y el desplazamiento patrimonial - vid. SSTS de 22 de diciembre del 2009, 16 de marzo de 2010, 10 de junio de 2012, 17 de enero, 12 y 30 de abril, 13 y 16 de junio de 2013-.

En cualquier caso únicamente queda excluido el engaño burdo, equivalente a una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia que descartan la idoneidad objetiva del engaño - STS de 26 de junio de 2000 -, sin que resulte admisible desplazar sobre la víctima la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.

Como compendio del enfoque de la autotutela de la víctima en el delito de estafa, indica la Sentencia del alto tribunal fechada a 24 de enero de 2013: "Baste ahora con recordar la doctrina de esta Sala acerca de la suficiencia del engaño y el fundamento del principio de autoprotección. Decíamos en nuestras SSTS 832/2011, 15 de julio, 1188/2009, 19 de noviembre; 687/2008, 30 de octubre y 425/2008, 27 de junio, que es entendible que la jurisprudencia de la Sala Segunda, en aquellos casos en los que la propia indolencia y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal hayan estado en el origen del acto dispositivo, niegue el juicio de tipicidad que define el delito de estafa. La STS 928/2005, 11 de julio recuerda que esta misma Sala, en diversas sentencias, ha delimitado la nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa, tratando de reconducir la capacidad de idoneidad del engaño desenvuelto por el agente y causante del error en la víctima que realiza el acto de disposición patrimonial, en adecuado nexo de causalidad y en su propio perjuicio, a la exigencia de su adecuación en cada caso concreto y en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia el juego que pueda tener el principio de autorresponsabilidad, como delimitador de la idoneidad típica del engaño. Como afirma un autor clásico de la doctrina penal española «...una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia para enterarse de las cosas, puede llegar a ser causa de que la defraudación, más que un producto de engaño, deba considerarse tanto efecto de censurable abandono, como falta de la debida diligencia», y en el mismo sentido la STS de 21 de septiembre de 1988 afirma que el derecho penal no debería constituirse en un instrumento de protección patrimonial de aquéllos que no se protegen a sí mismos. Más recientemente no faltan pronunciamientos de la Sala en este mismo sentido y así la STS 161/2002 de 4 de febrero , con cita de otras sentencias - SSTS 1285/98 de 29 de octubre , 529/2000 de 27 de marzo , 738/2000 de 6 de noviembre , 2006/2000 de 22 de diciembre , 1686/2001 de 24 de septiembre - tiene declarado que «no puede acogerse a la protección penal que invoca quien en las relaciones del tráfico jurídico económico no guarde la diligencia que le era exigida en atención al puesto que ocupaba en el contexto en el que se produce el engaño». En el mismo sentido SSTS 880/2002 de 14 de mayo y 449/2004 de 2 de abril.

En tales supuestos, la ponderación del grado de credulidad de la víctima no puede hacerse nunca conforme a reglas generales estereotipadas. De hacerlo así se corre el riesgo de desproteger a quien por razón de sus circunstancias personales es más vulnerable y precisa de mayor tutela, pues la metodología del fraude admite estrategias bien distintas, con un grado de sofisticación variado. La exclusión de la suficiencia del engaño a partir de la relajación del sujeto engañado no deja de encerrar importantes problemas. Llevando al extremo la idea de desprotección y, en definitiva, de no merecimiento de la tutela penal que reivindica la víctima de cualquier despojo, podríamos afirmar que aquel a quien se hurta su cartera porque descuidadamente le asoma en el bolsillo de su pantalón trasero, aquel que confiadamente se pasea en horas nocturnas en zona especialmente conflictiva o aquel que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las consecuencias de una acción delictiva ante la que el sistema jurídico no le proporciona defensa.

De ahí que, salvo supuestos excepcionales, la doctrina que ahora invoca el recurrente sea de aplicación preferente a aquellos casos en los que la estrategia engañosa del autor se desenvuelve de tal forma que convierte a la víctima en astuto aspirante a ser él quien de verdad defrauda. En efecto, la experiencia ofrece no pocos supuestos -algunos de ellos fiel expresión de una picaresca de doble recorrido- en los que la puesta en escena desplegada por el autor alienta en la víctima, en un momento dado, la posibilidad de ser ella la que obtenga una valiosa ganancia a costa del verdadero sujeto activo. Es quizás en estos casos cuando el derecho penal debe contemplar con verdadera prudencia el merecimiento de tutela de aquel que ha sido defraudado en su afán por ser él quien engañe a quien le ofrece una transacción irresistiblemente lucrativa."

3.Pues bien, resulta clara en el caso que centra nuestra atención la existencia de un engaño antecedente y concurrente, asaz causa del error y correlativo desplazamiento patrimonial. El factum describe una situación inicial de compulsión psíquica mediante un falaz anuncio de graves males si fueran incumplidas las órdenes de los extorsionadores, simulando la existencia de una peligrosa banda u organización criminal conocedora de las circunstancias personales del Sr. Julián, a partir de lo cual los acusados se ofrecieron como intermediarios en la negociación con el grupo impostado; por tanto el engaño fue doble y complementario pues de una parte se fingía la existencia de un peligro para la vida de familiares de la víctima, y de otro como ardid la supuesta ayuda para solucionar el problema, simulando por tanto un inexistente escenario extorsivo, situación en la cual el ofendido confió en la mediación y para facilitar el desplazamiento a Valencia, donde supuestamente radicaba la organización criminal, ofreció su vehículo marca Audi A7 matrícula NUM004, que los acusados se quedaron so capa de ser parte del pago; se consumó así el desplazamiento patrimonial lesivo, sin perjuicio de que más tarde el vehículo fuera hallado en su escondite. El elemento subjetivo del injusto, ánimo de lucro, se infiere naturalmente por tal conducta de enriquecimiento a costa de la víctima, y el nexo causal también pues el engaño hizo creer al perjudicado que cumpliendo las indicaciones de los acusados cesaría la amenaza.

4.En lo que hace a la modalidad agravada ex artículo 250.1. 6º del Código Penal, partimos de que esta cualificación sólo adquiere sentido para los casos de gravedad extrema, pues en toda conducta del tipo de la enjuiciada concurre abuso de la buena fe y credibilidad de la víctima y de las relaciones de confianza. A la vez la doctrina legal advierte de que esta agravación puede apreciarse con más claridad en los supuestos de estafa, pues existe una maquinación engañosa previa al desplazamiento patrimonial en que puede ser utilizada la facilidad que implica el abuso o aprovechamiento de tales circunstancias, que en los de apropiación indebida pues en estos la recepción de la cosa o dinero se produce siempre en atención a una relación de confianza previa posteriormente quebrantada. Además proclama la jurisprudencia que la agravación específica de abuso de relaciones personales ha de quedar reservada, exclusivamente, a casos de una especial situación de credibilidad o confianza superior a la propiamente necesaria para la eficacia del ardid defraudatorio o apropiativo. Así, en la sentencia de 7 de julio de 2009 se indica:

"La jurisprudencia de esta Sala tiene establecido sobre el subtipo agravado de estafa del art. 250.1.7º del C. Penal que se estructura sobre dos ideas claves. La primera de ellas -abuso de relaciones personales -, que miraría a un grado especial de vinculación entre autor y víctima; la segunda -abuso de la credibilidad empresarial o profesional-, que pondría el acento no tanto en la previa relación entre autor y víctima, sino en las propias cualidades del sujeto activo, cuya consideración en el mundo de las relaciones profesionales o empresariales harían explicable la rebaja en las prevenciones normales de cualquier víctima potencial frente a una estrategia engañosa ( STS 422/2009, de 21-4).

Y también ha incidido en la necesidad de ponderar cuidadosamente la aplicación de esta agravación, en la medida en que en la mayor parte de los casos, tanto el engaño que define el delito de estafa como el quebrantamiento de confianza que es propio de la apropiación indebida, presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, 2 de julio). De modo que la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del núm. 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa (STSS 1753/2000, de 8-11; 2549/2001, de 4-1; 626/2002, de 11-4; 890/2003, de ; y 383/2004, de 24-III).

También tiene dicho esta Sala que la confianza de la que se abusa y la lealtad que se quebranta deben estar meridianamente acreditadas, pudiendo corresponder a especiales relaciones profesionales, familiares, de amistad, compañerismo y equivalentes, pero han de ser objeto de interpretación restrictiva, reservándose su apreciación para casos en los que, verificada esa especial relación entre agente y víctima, se aprecie manifiestamente un atropello a la fidelidad con la que se contaba ( STS 371/2008, de 19-6 ). Junto al engaño característico del delito de estafa ha de existir alguna situación, anterior y ajena a los actos defraudatorios en sí mismos considerados, de la que abuse o se aproveche el sujeto activo para la comisión de tal delito ( SSTS 1169/2006, de 30-11; 785/2005, de 14-6; y 9/2008, de 18-1)."

El precepto recoge en realidad dos especificaciones de un genérico abuso de confianza, caracterizadas por la naturaleza de la fuente que provoca la esperanza quebrantada: de una parte la credibilidad empresarial o profesional del sujeto activo, que se aprovecha de la confianza que a la víctima produce la aparente capacidad y buen hacer profesional o como empresario, y de otra parte el abuso de las relaciones personales existentes.

En este caso el aprovechamiento de las relaciones personales y de confianza para la comisión del delito derivó de la amistad de Julián con Abilio y lógico conocimiento de su situación personal y económica, y ambos acusados rentabilizaron la información así obtenida y las consiguientes manipulaciones, tal y como relata el factum, lo que hace comunicable a ambos, también a Augusto, la modalidad agravada, ex artículo 65.2 del Código Penal.

5.Por último, en lo que hace a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que la Sala de instancia aplicó como simple en atención al transcurso de más de cuatro años desde que ocurrieron los hechos hasta su enjuiciamiento y en concreto a la demora de 15 meses desde la prueba anticipada a la celebración del plenario, sostiene uno de los apelantes la oportunidad de que sea asentada la circunstancia como muy cualificada, entendiendo que la paralización fue intensa, relevante y ajena a su conducta procesal pues siempre estuvo a disposición del tribunal, sin que llegue a señalar qué retraso amerita intensificar la atenuación de responsabilidad.

Como hemos reiterado el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).

Ahora bien, sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa , sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas, y ello porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y su daño no cabe reparación ( STS 654/2007, de 3-7 ; 890'/2007, de 31-10 , entre otras) debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

La doctrina legal - vid. SSTS de 21 de mayo de 2014 - recuerda que si para la atenuante ordinaria se exige que las dilaciones sean extraordinarias, es decir, que estén "fuera de toda normalidad", para la cualificada será necesario que sean desmesuradas, y atiende a la magnitud de los períodos de inactividad procesal y a la complejidad objetiva de la investigación como parámetros de medición.

En definitiva, como sintetiza la sentencia del Tribunal Supremo 223/2020, de 25 de mayo de 2020: "Es bien conocida la jurisprudencia de esta Sala acerca de la atenuante analógica por dilaciones indebidas, incorporada como atenuante simple en el artículo 21.6 tras la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010. La regulación exige que se trate de una dilación extraordinaria, no atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. La jurisprudencia ha resaltado la necesidad de examinar el caso concreto. Asimismo, se la ha relacionado con el perjuicio efectivo que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial. Ambos aspectos deben ser sopesados al determinar las consecuencias que en la pena debe tener la existencia de un retraso en el proceso no justificado ( STS 175/2011 de 17 de marzo).

Hay una confusión en el enfoque del motivo:

a) La atenuante se refiere a dilaciones en la tramitación del procedimiento. No hay tramitación mientras no se abren las diligencias. Por tanto el tiempo previo no es computable a estos efectos. No estamos ante dilaciones procesales, sino ante retrasos en la denuncia de un delito. No es eso lo que se contempla en el art. 21.6º, ni lo que se pretende compensar con tal atenuante.

b) Son reprochables las dilaciones indebidas causadas durante el proceso, no el tardío descubrimiento de los hechos o del autor. Si se efectúa una rebaja penológica es para compensar el padecimiento por el sometimiento a un proceso penal durante un largo periodo de tiempo. Por tanto invocar la fecha de los hechos (año 2012) es improcedente a estos efectos. El dies a quo para medir las dilaciones hay que situarlo en el comienzo del proceso ( STEDH de 15 de julio de 1982 o STEDH de 28 de octubre de 2003 caso López Sole y Martín de Vargas c. España). Cosa diferente es que una data de los hechos muy remota pueda ser ponderada a la hora de graduar la pena ( art. 66 CP) , aunque nunca por la vía de la atenuante por cuanto en ese caso no concurre su fundamento. El derecho se refiere al proceso sin dilaciones no, como hemos dicho ( STS 70/2013, de 21 de enero) a un supuesto y curioso derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido de la infracción penal y de su implicación. Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comienza cuando se adquiere la condición de parte pasiva del proceso. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud ( STS 940/2009 de 30 de septiembre)."

Por otra parte, en trance de sopesar las nociones de "dilación indebida" y "dilación indebida muy indebida" y "dilación indebida muy cualificada" recordemos la sentencia de 3 de diciembre de 2015, que, acopiando doctrina legal anterior expresa: "La STS 360/2014, de 21 de abril , con abundante cita jurisprudencial, explica que la "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional - derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de estos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica, la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, atendiendo para ello al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

Así como que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2. En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia.

También nos recuerda esta STS 360/2014 que la Sala tiene establecido en resoluciones precedentes que la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª del C. Penal . Y así se consideraron plazos irrazonables: nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo ; y 506/2002, de 21 de marzo ); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo ); 7 años ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 235/2010, de 1-2 ; 338/2010, de 16-4 ; y 590/2010, de 2-6 ); 5 años y medio ( STS 551/2008, de 29 de septiembre ); y 5 años ( SSTS 271/2010, de 30- 3 ; y 470/2010, de 20-5 ).

De otra parte, en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un período que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003, de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003, de 8 de mayo ( 9 años de tramitación); 506/2002, de 21 de marzo ( 9 años); 39/2007, de 15 de enero (10 años); 896/2008, de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008, de 12 de febrero (16 años); 440/2012, de 25 de mayo (diez años ); 805/2012, de 9 octubre (10 años ); y 37/2013, de 30 de enero (ocho años)."

Si aplicamos esas consideraciones legales y jurisprudenciales al caso de autos hemos de convenir en que la circunstancia atenuante fue bien aplicada como simple, pues no se constata la existencia de ralentizaciones justificativas de otra solución, ante una causa compleja y que en todas sus fases exigió una dedicación de tiempo y esfuerzo excepcional, con varios investigados, averiguaciones tecnológicas y precisadas de autorización judicial, seguimientos, auxilio internacional, pruebas especializadas biológica, grafológica y psicológica, tasación pericial etc y ya en fase de enjuiciamiento requirió prueba anticipada y la celebración del plenario en dos sesiones.

SEXTO. -En mérito a las anteriores consideraciones cumple desestimar el recurso y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada, ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.