Sentencia Penal 43/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 12/2025 de 28 de mayo del 2025

Primero.-Con fecha 20 de diciembre de 2024 la Audiencia Provincial de Guadalajara dictó sentencia en el procedimiento de referencia, cuyos hechos probados literalmente transcritos son los siguientes:

HECHOS PROBADOS

I. El acusado, D. Juan Carlos, mayor de edad, con antecedentes penales computables al haber sido condenado en sentencia firme de fecha 14 de abril de 2016, dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Langreo , por un delito de estafa a la pena de 6 meses de prisión, entre el mes de septiembre de 2017 y el mes de septiembre de 2018, guiado por un ánimo de ilícito beneficio, simuló mantener una relación sentimental con Dña. Encarna, a quien había conocido a través de una página web de contactos; se hizo pasar por un importante empresario, con un elevado nivel y poder adquisitivo, que dirigía un holding empresarial denominado "Magnum industrial partners".

El acusado, aprovechando la relación sentimental, manifestó a Dña. Encarna que su vivienda estaba en obras y por ello Dña. Encarna le invitó a convivir con ella y con sus padres, D. Benjamín y Dña. Elena, en el domicilio familiar de todos ellos, sito en la DIRECCION000, en la localidad de Horche (Guadalajara).

El acusado, tras lograr forjar una relación de confianza con todos los miembros de la familia Elena Benjamín Tarsila Encarna, fue exponiendo a estos diversas circunstancias tales como que tenía un importantísimo nivel adquisitivo, que sus cuentas bancarias habían sido embargadas por el Gobierno Argelino como consecuencia de un negocio fallido, que su letrado le había aconsejado no movilizar cuentas que el acusado tenía fuera de España, principalmente en Panamá, viniendo a solicitar de la familia Elena Benjamín Tarsila Encarna la entrega de cantidades de dinero con la promesa de su devolución, lo que, sin embargo, el acusado no tenía intención de cumplir.

Así, en una primera ocasión, en el mes de marzo de 2018, D. Benjamín y Dña. Elena sacaron de la caja fuerte que tienen en su vivienda, la cantidad de 30.000 euros, que entregaron en mano al acusado, ya que éste les manifestó que necesitaba dicha cantidad urgentemente y que les devolvería el dinero ese mismo día.

El acusado no devolvió los 30.000 euros recibidos y, por el contrario, continuó pidiéndoles nuevas cantidades. De esta forma, en el mes de agosto de 2018, el acusado volvió a pedirles más dinero, motivo por el cual, el día 9 de ese mes de agosto, Dña. Elena y Dña. Encarna se personaron en la oficina de la entidad IBERCAJA sita en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara, retirando Dña. Elena de su cuenta bancaria la cantidad de 30.000 euros, cantidad que entregó en mano al acusado.

El 19 de septiembre de 2018, Dña. Elena volvió a acudir a la sucursal de la entidad IBERCAJA sita en la calle Virgen del Amparo en Guadalajara, retirando de su cuenta bancaria la cantidad de 20.000 euros, que también entregó en mano al acusado confiando de nuevo en el acusado, que continuaba manifestando que podían confiar en él, tanto personal, como profesionalmente.

Por otro lado, D. Juan Carlos manifestó de forma mendaz a la familia de Dña. Encarna que una de sus empresas estaba construyendo unas viviendas, e hizo creer a la tía de Dña. Encarna y hermana de D. Benjamín, Dña. Tarsila, que le podía facilitar la adquisición de una vivienda en dicha promoción. Dña. Tarsila, confiando en la veracidad de las manifestaciones realizadas por el acusado y a la vista de la relación sentimental que el mismo mantenía con su sobrina, le entregó distintas cantidades de dinero a través de tres transferencias bancarias a dos cuentas corrientes que eran titularidad del acusado en la entidad CAIXABANK, S.A.

En concreto, con destino a la cuenta número NUM000, abierta en la citada CAIXABANK, S.A., Dña. Tarsila realizó dos transferencias, una el 31 de mayo de 2018, por importe de 50.738,42 euros, y otra el día 2 de julio de 2018, por importe de 14.687,45 euros. A la cuenta corriente NUM001, también a nombre del acusado en la entidad CAIXABANK, S.A., Dña. Tarsila ordenó una transferencia con fecha 8 de junio de 2018, por importe de 36.972,78 euros.

De esta forma, el acusado recibió un importe total de 102.398,15 euros, que Dña. Tarsila le transfirió para la compra de una vivienda en Madrid. D. Juan Carlos nunca utilizó el dinero recibido de Dña. Tarsila para la adquisición de una vivienda, pues el citado señor carecía de cualquier relación con empresa constructora alguna y no se hallaba desarrollando ninguna promoción inmobiliaria.

En octubre de 2018, encontrándose el acusado en compañía de Dña. Encarna en la ciudad de Santiago de Compostela, fue detenido al existir una requisitoria de ingreso en prisión acordada frente al mismo.

Desplazados a Santiago de Compostela los padres de Dña. Encarna, todos ellos, a través del letrado que asistió al acusado, vinieron en conocimiento de que D. Juan Carlos no era un importante empresario con un alto nivel de vida, sino que pudieron conocer el engaño sufrido y que este tipo de actuación había sido realizada por el acusado en otras ocasiones anteriores.

El acusado no ha reintegrado cantidad alguna a los perjudicados.

II. Los perjudicados reclaman la devolución de las cantidades entregadas.

III. El acusado se encuentra en prisión por la presente causa desde el 23 de noviembre de 2024 por auto de 12 de noviembre de 2024, que acordó su busca, captura e ingreso en prisión, lo que fue ratificado por auto de 26 de noviembre de 2024.

Segundo.-La sentencia estimó que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248, 1 en relación con las modalidades agravadas previstas en el artículo 250. 1, 1º, 5º y 6º del CP con aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del CP para la figura del delito continuado, del que estimó responsable en concepto de autor al acusado Juan Carlos, por su participación personal, material y directa en su perpetración, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Y en base a todo lo expuesto en los Fundamentos de Derecho, terminó dictando el siguiente FALLO:

FALLAMOS

1. QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a D. Juan Carlos cuyas circunstancias personales ya constan, como autor responsable de un delito continuado de ESTAFA AGRAVADA, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de SIETE AÑOS Y UN DIA DE PRISIÓN e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y MULTA DE VEINTIUN MESES Y UN DIA, con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Condenándolo además a indemnizar a:

a) Dña. Encarna, y a sus padres, D. Benjamín y Elena, en la cantidad de 80.000 €, con aplicación del interés legal previsto en el art. 576 LEC .

b) Dña. Tarsila en la cantidad de 102.398,15 € con aplicación del interés legal previsto en el artículo 576 LEC .

Así como al pago de una tercera parte de las costas causadas incluyendo las de la Acusación Particular, en esa proporción.

2.- QUE DEBEMOS ABSOLVERLO Y ABSOLVEMOS A D. Juan Carlos de los delitos de falsedad documental y de estafa informática no agravada, de los que venía siendo acusado por la Acusación Particular.

Se declaran de oficio las dos terceras partes de las costas procesales.

Por auto de fecha 26 de noviembre y a la vista de la incomparecencia del acusado al acto del juicio oral pese a haber sido citado personalmente, la Sala acordó ratificar la situación personal de prisión provisional comunicada y sin fianza de D. Juan Carlos. Habida cuenta de la grave pena privativa de libertad que se impone al acusado, siendo previsible que éste trate de sustraerse de la acción de la justicia y considerando que concurre también el riesgo de reiteración delictiva, la Sala considera que concurren los requisitos establecidos en el art. 503 LECrim para acordar el mantenimiento de la prisión provisional de D. Juan Carlos; en particular, no es lo mismo a efectos de valorar el riesgo de fuga, el periodo previo al enjuiciamiento de los hechos, que una vez que éstos han sido ya juzgados y de ello ha resultado la confirmación de una condena que implica la privación de libertad durante un período de 7 años y un día. Por tanto, la Sala acuerda confirmar la situación personal de prisión provisional comunicada y sin fianza de D. Juan Carlos.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Apelación, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en el plazo de DIEZ DÍAS, a contar desde la última notificación.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Tercero.-Contra la anterior sentencia por la representación procesal del condenado Juan Carlos, se interpuso recurso de apelación con base a los siguientes motivos:

PREVIO I.- Nulidad de actuaciones por infracción de los artículos 118 y 520 de la ley de enjuiciamiento criminal con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la CE en relación a los artículos 238 y 240 de la LOPJ al haberse celebrado el acto de plenario pese a la voluntad del acusado de no ser defendido por abogado de oficio, expresando su deseo expreso de ser defendido por abogado particular, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la infracción esto es la celebración de juicio oral, esto es, se deje sin efecto y se revoque la sentencia dictada con la finalidad de que se convoque nuevamente a la celebración de juicio de plenario con la asistencia letrada designada, ya personada en autos y se celebre el mismo con la dirección letrada que designe el acusado con las garantías imprescindibles de audiencia, publicidad y contradicción, permitiendo su derecho a la defensa.

En el procedimiento al margen referenciado, tuvo lugar la celebración de Juicio Oral con fecha 18 de diciembre de 2024, en donde, el acusado D. Juan Carlos renunció, de manera expresa, a la dirección letrada del mismo, toda vez que se trataba de un abogado designado de oficio, manifestando, acorde a su voluntad, su deseo expreso de no ser defendido en el acto de juicio por el letrado de oficio designado en esos momentos y sí por un abogado particular. Sin embargo, pese a dicha manifestación, no se suspendió la vista señalada.

Esta solicitud, que - se afirma - tuvo lugar en el propio acto de la vista, no responde a un intento fraudulento contrario a la buena fe o a intenciones dilatorias del procedimiento, sino todo lo contrario, a hacer valer un derecho de defensa que desde el principio se ha visto vulnerado en las presentes.

El abogado designado fue un abogado de oficio; y como abogado de oficio colegiado y con despacho en Guadalajara, no fue a ver al ahora condenado desde su detención en primer lugar en Mansilla de las Mulas (León), desde donde se le dio traslado a Alcalá de Henares para la celebración de juicio, estando hasta en dos centros penitenciarios en los cuales nunca recibió visita alguna del abogado designado de oficio.

Pues bien, el día que D. Juan Carlos fue detenido lo es a raíz de una busca y captura por un accidente de circulación con rotura de clavícula, donde se le traslada directamente a Mansilla de las Mulas (León). Por lo tanto, no pudo tener contacto ni con abogado designado de oficio ni con cualquier otro, se encontraba en el departamento de enfermería y de ahí lo trasladaron para la celebración de juicio en el mes de diciembre a Alcalá de Henares, donde tampoco tiene visita alguna con su abogado designado de oficio; sin posibilidad de dejarle designar particularmente ni poder entrabar ningún tipo de contacto o reunión con el abogado particular.

Y es que, la detención e ingreso en prisión de D. Juan Carlos tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2024, el día 26 de noviembre de 2024 tuvo lugar la comparecencia donde se ratificó su situación de prisión provisional y el día 18 de diciembre de 2024 tuvo lugar el acto de juicio oral, no habiendo preparado su defensa el acusado, al no haber mantenido contacto alguno con el abogado designado en ese momento procesal; es decir, D. Juan Carlos no tuvo ocasión de preparar ni entrevistarse con su abogado, la primera y única reunión con el mismo fue momentos antes de la celebración de plenario, en los propios calabozos del Juzgado, no habiendo coincidido con anterioridad para preparar ni informarle de su situación, máxime tratándose de la elevada pena solicitada por las acusaciones.

Por ello, no puede hablarse de dilación o ánimo de entorpecer el procedimiento por cuanto la imposibilidad de nombrar abogado de confianza al haber sido directamente ingresado en prisión y habiéndose celebrado el juicio prácticamente de inmediato, lo que, genera una flagrante vulneración del derecho de defensa, toda vez que la primera vez que el acusado renuncia a su dirección letrada no es el acto de plenario el día 18 de diciembre de 2024, sino con anterioridad, exponiendo que el mismo no es de su confianza y renunciando a él.

PRIMERO.- La sentencia dictada omite la debida argumentación fáctica y jurídica que permita a esta parte conocer los hechos que han quedado acreditados a través de la prueba practicada en el acto de juicio oral y que destruyen la presunción de inocencia que a mi representado le corresponde. Lo que causa infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el artículo 9.3 de la constitución española. Y es vicio de nulidad de pleno derecho al amparo de lo establecido en los artículos 238.3 y 240 de la ley orgánica del poder judicial al haberse eludido normas esenciales del procedimiento causando manifiesta indefensión a mi representado. Y con vulneración del derecho de a la tutela judicial efectiva con prohibición de indefensión consagrado en el artículo 24.1 de la CE, así como de las garantías esenciales de todo proceso judicial reconocidas en el artículo 24.2 de la misma.

La sentencia ahora recurrida, se afirma, de 23 páginas, en su gran mayoría ocupando con teoría y norma jurídica, de manera escueta expone los motivos que han servido para condenar a D. Juan Carlos, empleando para ello NUEVE fundamentos de derecho, siendo lo siguiente te lo más relevante el fundamento segundo. Califica la argumentación judicial llevada a cabo en la sentencia objeto de impugnación, además de desacertada, por las razones que más adelante se expondrán, de manifiestamente insuficiente y por ello manifiestamente inmotivada y arbitraria.

SEGUNDO. - Error patente y manifiesto en la apreciación y valoración de la prueba, con la consiguiente infracción del artículo 741 de la LECRIM. Lo que lleva a la vulneración del principio de presunción de inocencia. Además en su caso se vulnera el principio in dubio pro reo y del principio de intervención mínima del derecho penal.

Considera que el testimonio de la víctima está carente de los requisitos de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación y del mismo modo descalifica los testimonios otorgados por los familiares de la misma, carentes dice de corroboración de ningún tipo. Al mismo tiempo sostiene que se ha valorado solo dicho testimonio obviando el resto de las pruebas, pero solo cita la declaración del acusado.

Por todo ello conforme a la prueba practicada en el acto de plenario la sentencia debe ser absolutoria, ya que no se ha desvirtuado a su juicio el principio de presunción de inocencia.

TERCERO. - Infracción de los artículos 74, 248, 249, 250 y 252 del CP que prevé el delito continuado de estafa, al no darse ninguno de los elementos previstos en el referido tipo penal para poder subsumir, en él, la conducta de mi representado. infracción del principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la CE.

CUARTO.- Subsidiariamente para el caso que se considere responsable criminalmente a mi representado de los hechos denunciados, concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada prevista en el artículo 21.6 del código penal, debiéndose aplicar la pena inferior en dos grados por aplicación del artículo 66.1.2º del Código penal.

En atención a todo lo expuesto solicito:

Se dicte en su día Sentencia por la que, con estimación del presente recurso y de los motivos contenidos en el mismo: a) acuerde la nulidad de pleno derecho de la referida sentencia, al amparo de lo establecido en los artículos 238.3 y 240 de la LOPJ, y ello por previo

i) Nulidad por infracción de los artículos 118 y 520 de la ley de enjuiciamiento criminal con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la CE en relación a los artículos 238 y 240 de la ley orgánica del poder judicial al haberse celebrado el acto de plenario pese a la voluntad del acusado de no ser defendido por abogado de oficio, expresando su deseo expreso de ser defendido por abogado particular debiéndose acordar, en tal caso, la retroacción del presente procedimiento al momento inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, este es, la celebración de juicio oral y se deje sin efecto y se revoque la sentencia dictada con la finalidad de que se convoque nuevamente a la celebración de juicio de plenario con la asistencia letrada designada, ya personada en autos y se celebre el mismo con la dirección letrada que designe el acusado con las garantías imprescindibles de audiencia, publicidad y contradicción, permitiendo su derecho a la defensa; y por i) infracción del artículo 248.3 de la ley orgánica del poder judicial y del artículo 142 de la ley de enjuiciamiento criminal relativos a la forma de las sentencias con la consiguiente infracción del artículo 120.3 de la constitución española, al no contener la sentencia dictada la debida argumentación fáctica y jurídica que permita a esta parte conocer los hechos que han quedado acreditados a través de la prueba practicada en el acto de juicio oral y que destruyen la presunción de inocencia que a mi representado le corresponde, con la consiguiente vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el artículo 9.3 de la constitución española y del derecho de a la tutela judicial efectiva con prohibición de indefensión consagrado en el artículo 24.1 de la misma, así como de las garantías esenciales de todo proceso judicial reconocidas en el apartado segundo de dicho artículo, debiéndose acordar, en tal caso, la retroacción del presente procedimiento al momento inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, este es, el dictado de la sentencia, a fin de que se dicte otra debidamente motivada, o en su caso,

b) Acuerde revocar la sentencia apelada, absolviendo a don Juan Carlos del delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 74, 248, 249 y 250 del código penal, y ello por: ii) error patente y manifiesto en la apreciación y valoración de la prueba, con la consiguiente infracción del artículo 741 de la ley de enjuiciamiento criminal, así como del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio "pro reo" y del principio de intervención mínima del derecho penal; y por iii) infracción de los artículos 74, 248, 249 y 250 del código penal que prevé el delito continuado de estafa, al no darse ninguno de los elementos previstos en el referido tipo penal para poder subsumir, en él, la conducta de mi representado. infracción del principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la constitución española, interesando, por consiguiente, el dictado de una sentencia absolutoria respecto de mi mandante con todos los pronunciamientos a él favorables, no procediendo, en consecuencia, tampoco la condena al pago de la responsabilidad civil ni de las costas procesales; y/o subsidiariamente, para el caso en el que se aprecie que mi representado cometió los hechos por los que ha sido condenado, o subsidiariamente

c) Acuerde revocar la sentencia impugnada, apreciando la atenuante analógica muy cualificada prevista en el artículo 21.6 del código penal debiéndose aplicar la pena inferior en dos grados por aplicación del artículo 66.1.2º del Código penal, al haberse producido dilaciones indebidas en el trascurso del presente procedimiento, todo ello a los efectos procesales oportunos.

Cuarto.-Del anterior recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opuso al mismo al mismo solicitando su desestimación en sus propios términos y a la representación de la acusación particular, como parte apelada que igualmente lo impugnó; y emplazadas todas ellas en legal forma y comparecidas dentro de plazo ante esta Sala, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 20 de mayo de 2025, en que tuvo lugar