Sentencia Penal 36/2026 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 1/2026 de 04 de marzo del 2026

PRIMERO.-Plantea un único motivo de recurso la representación procesal de D. Carlos Francisco contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 16 de octubre de 2025, en el procedimiento abreviado nº 9/2024. Denuncia la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio ex artículo 18.2 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo la defensa sostiene que la entrada y registro en la vivienda del acusado se realizó sin ninguno de los títulos habilitantes constitucionalmente admitidos: ni autorización judicial, ni delito flagrante, ni consentimiento válido del titular. Por ello pide que se declare la nulidad de la diligencia de entrada y registro y, por conexión, de toda la prueba derivada ( art. 11.1 LOPJ), lo que llevaría a la absolución.?

La sentencia de instancia declara probado que, durante una intervención policial en la vía pública por motivos ajenos a este procedimiento, al acusado se le cae una pequeña bolsa con cocaína, lo que motiva que los agentes intenten identificarlo para incoar un expediente sancionador por tenencia de drogas en la vía pública. Como el acusado no llevaba el DNI encima y dijo tenerlo en su domicilio, sube con los agentes desde el portal hasta su piso para identificarse. Hasta aquí, acusado y agentes coinciden en su relato; la discrepancia comienza en cómo se produce la entrada de los policías en el domicilio.?

El acusado mantiene, en instrucción y en el juicio, que nunca autorizó la entrada; los agentes declaran en juicio que sí prestó consentimiento. La Audiencia da mayor credibilidad a los policías, apoyándose en la jurisprudencia sobre la especial fiabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones y concluye que hubo consentimiento válido para entrar.

Una vez dentro, la sentencia afirma que los agentes vieron a simple vista diversas sustancias estupefacientes en cantidades incompatibles con el autoconsumo y que se limitaron a "asegurar" la escena y los efectos, a la espera de la llegada, horas después, de la policía judicial, que realizó el registro ya con letrada y nuevo consentimiento del acusado.

La defensa despliega su argumentación en dos planos:?

1) La entrada en el domicilio fue ilícita porque el consentimiento no fue válido.

2) El registro fue igualmente ilícito porque los agentes de seguridad ciudadana realizaron en realidad un registro sin título habilitante, pese a alegarse hallazgo casual y flagrancia.?

Sostiene que entrada y registro son actos distintos, ambos necesitados de cobertura: autorización judicial, consentimiento o flagrancia delictiva; fuera de estos supuestos, la diligencia es nula de pleno derecho.?

Aunque el acusado niega cualquier consentimiento, la defensa asume, a efectos dialécticos, el relato fáctico de la sentencia (es decir, que sí consintió), pero discute la validez jurídica de ese consentimiento. Invoca la doctrina del Tribunal Supremo, citando expresamente la STS 440/2018, que fija requisitos para que el consentimiento domiciliario sea válido: debe prestarse por persona capaz, de modo libre y convincente, por escrito, de forma expresa, en condiciones de serenidad y libertad, y por el titular del domicilio; si la persona está detenida, requiere asistencia letrada.?

La defensa se centra en la situación de libertad del acusado: sostiene que, al acudir acompañado por varios agentes al domicilio para ser identificado y sancionado por tenencia de drogas, no se encontraba realmente en libertad, sino en una situación de privación de libertad "de facto"que equipara a la detención a efectos de validez del consentimiento. En apoyo, transcribe extensamente la STS 6/2021, que analiza un caso muy similar (intervención en vía pública, pequeña cantidad de droga, acompañamiento al domicilio, visualización de efectos de tráfico desde el umbral y posterior entrada con consentimiento).?

La sentencia del TS, según la reproducción que hace el recurso, afirma que entre libertad y detención no existen zonas intermedias: si una persona es requerida a acompañar a los agentes, con posibilidad de sanción si se niega, está privada de libertad y ello puede constituir detención, aunque no se formalice como tal. Sobre esta base, el TS concluye que, cuando una persona se halla detenida (o en situación equivalente) y presta consentimiento para un registro domiciliario sin asistencia letrada, dicho consentimiento es inválido y la diligencia de entrada y registro es nula, arrastrando la nulidad de las pruebas obtenidas.?

La defensa traslada esa doctrina al caso: quien sube a su domicilio escoltado por la policía para ser identificado, sin plena libertad de movimientos y bajo una evidente "intimidación ambiental", no está en condiciones de prestar un consentimiento libre y sereno. Al no haber asistencia letrada ni constancia escrita del consentimiento, entiende que se vulneran los estándares constitucionales y jurisprudenciales; las dudas sobre la libertad o serenidad han de resolverse a favor del derecho fundamental, por exigencia de la doctrina constitucional.?

El segundo eje del recurso es demostrar que, contra lo que sostiene la Audiencia, los agentes no se limitaron a constatar un hallazgo casual y asegurar la escena, sino que realizaron un registro completo o parcial de la vivienda sin consentimiento ni autorización judicial, sin concurrir tampoco delito flagrante en los términos exigidos por la jurisprudencia.?

La sentencia recurrida afirma que, una vez dentro, en un espacio reducido y abierto, los agentes perciben a simple vista resina de cannabis, marihuana y cocaína en cantidades no compatibles con el autoconsumo, sin abrir muebles ni manipular nada; se trataría de un hallazgo inmediato amparado en una actuación legítima por venir precedida de consentimiento. La defensa sostiene que esa reconstrucción choca con la documentación obrante en autos y con las declaraciones de los propios agentes y de la policía judicial.?

Apoyándose en el atestado y en el acta de registro, la defensa sostiene que, en la fotografía de la barra de la cocina tomada por la policía judicial al llegar, no solo aparecen la caja de plástico transparente y la bolsa con supuesta marihuana y la caja metálica, sino también una bolsa más grande con cocaína y tres pastillas, elementos que la sentencia sitúa, erróneamente, como hallados en el registro posterior.? En segundo lugar que la policía judicial distingue en su diligencia qué efectos se hallan ya en la barra al llegar (presuntamente por hallazgo casual previo) y cuáles se incautan en el registro posterior; entre los primeros figuran una bolsa de 11,7 gramos de cocaína y tres pastillas, cuya procedencia los agentes uniformados no supieron concretar en el juicio. Finalmente que la caja metálica negra, no translúcida, fue obtenida por los agentes de seguridad ciudadana accediendo a una estantería y abriéndola, lo que, según la defensa, no puede considerarse "simple percepción" ni flagrancia, sino un registro material de un contenedor opaco.?

A partir de esos datos, la defensa concluye que los agentes, una vez dentro, no se limitaron a "ver" y asegurar lo que estaba a la vista, sino que manipularon muebles, abrieron recipientes y localizaron más droga, es decir, practicaron un registro sin título habilitante. Recuerda que la flagrancia exige que el delito sea percibido de modo inmediato, evidente, sin necesidad de indagaciones ni aperturas de contenedores, y que exista urgencia que justifique la injerencia sin autorización judicial. Abrir una caja opaca o manipular bolsas adicionales excede ese marco.?

Además, la defensa apunta que, de haber existido realmente flagrancia, habría bastado con salir del domicilio con el acusado, cerrar la vivienda y esperar a la policía judicial y a la letrada para formalizar la diligencia con todas las garantías, sin necesidad de registrar por su cuenta.?

Sostiene, en consecuencia, que la nulidad de la actuación inicial (entrada y registro por los agentes de seguridad ciudadana) contamina también el registro posterior efectuado por la policía judicial con asistencia letrada. El acusado declaró que solo firmó el consentimiento posterior porque su vivienda ya había sido registrada por completo, incluida una habitación cuya previa entrada por los uniformados él afirma y que considera verosímil a la vista del proceder policial documentado.? Se añade que los testigos de la diligencia de registro posterior manifestaron que no se les permitió asistir al registro en el interior, sino que fueron mantenidos fuera y que, cuando accedieron, el registro estaba ya realizado, lo que refuerza la sospecha de irregularidad. En opinión de la defensa, la "intimidación ambiental e incluso física" sufrida por el acusado invalida también el consentimiento que se dice prestó ante la policía judicial.?

SEGUNDO.-La sentencia apelada se articula en torno a tres ejes fundamentales: la licitud de la entrada y registro en el domicilio, la suficiencia y validez de la prueba para destruir la presunción de inocencia y la calificación jurídico-penal de los hechos, con determinación de la pena correspondiente.

El tribunal afirma que los hechos probados integran un delito contra la salud pública del artículo 368 CP, en su modalidad de sustancias que causan grave daño y sustancias que no lo causan, por la tenencia de cocaína, resina de cannabis, cannabis y MDMA/2C-B con finalidad de tráfico. La convicción judicial se forma conforme al art. 741 LECrim, valorando en conciencia la prueba practicada en el juicio, respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y verificando que la prueba de cargo se obtuvo sin vulnerar derechos fundamentales, como exige el art. 11.1 LOPJ y el art. 24.2 CE sobre presunción de inocencia.?

La Sala recuerda doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia de un discurso argumental lógico y no basado en intuiciones o presentimientos: la condena debe apoyarse en un razonamiento coherente y en prueba suficiente, no en meras sospechas. También cita la jurisprudencia que permite inferir la intención de tráfico a partir de la cantidad, variedad de sustancias, forma de almacenamiento, presencia de útiles (báscula, bolsitas) y dinero en efectivo fraccionado, indicando que estas circunstancias, en el caso, excluyen razonablemente el destino exclusivo a autoconsumo y permiten afirmar una finalidad de distribución a terceros. En consecuencia, entiende que la prueba, tanto directa como indiciaria, genera un cuadro incriminatorio sólido, plural y concluyente, que descarta la duda razonable y, por tanto, la aplicación del principio pro reo.

El núcleo de la fundamentación es la respuesta a la alegación de la defensa sobre la nulidad de la prueba derivada de la entrada en el domicilio y el registro. La defensa sostiene que la entrada fue ilegítima (sin autorización judicial, sin flagrancia y sin consentimiento válido) y que, en consecuencia, toda la prueba quedaría afectada por nulidad radical. La Sala admite que, si prosperara esa tesis, la conclusión habría de ser absolutoria por la fuerte conexión de antijuridicidad, pero adelanta que dicha alegación debe ser desestimada.

En primer lugar, distingue entre la entrada inicial y el posterior registro formal. La entrada se produjo porque, tras caerle al acusado un envoltorio con aparente cocaína en la vía pública, los agentes le requirieron para identificarse con vistas a una sanción administrativa, y él manifestó que su documentación estaba en el domicilio, consintiendo ser acompañado al interior. La puerta estaba abierta, y el acusado permitió expresamente el acceso de varios agentes para recoger la documentación, en un contexto que el tribunal describe como ajeno a cualquier coacción, irrupción forzosa o finalidad investigadora en ese primer momento, pues se enmarcaba en una actuación de seguridad ciudadana y propuesta de sanción.

?Una vez dentro, en un único espacio reducido (salón-comedor al que daba directamente la puerta), los agentes observaron, a simple vista, una caja de plástico transparente con resina de cannabis, una bolsa que desprendía fuerte olor a marihuana y una caja metálica con bolsitas y dinero, todo ello accesible sin necesidad de abrir muebles ni manipular nada, según las declaraciones testificales valoradas por la Sala, incluida la de la pareja del acusado. El tribunal califica esta situación como un hallazgo inmediato en el curso de una actuación lícita, no fruto de un registro o búsqueda planificada. Los agentes se limitaron a asegurar las sustancias, colocándolas sobre la mesa, preservando la escena y comunicando con su superior, dentro de una función preventiva.?

A partir de ahí, se produce la detención del acusado, se le informa de la intención de registrar la vivienda «bien con su consentimiento, bien mediante autorización judicial»,y él manifiesta su voluntad de autorizar voluntariamente el registro. Posteriormente acuden agentes de la policía judicial (UDYCO) y una letrada de oficio, con quien el acusado se entrevista; ante ella reitera su consentimiento al registro, que se practica con su presencia, con dos testigos y documentando las sustancias y efectos intervenidos. El tribunal considera que esta segunda fase constituye un registro formal, diferenciado de la mera entrada inicial consentida y del hallazgo casual previo.?

Para justificar la licitud de ambas fases, la Sala se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento como causa legitimadora de entrada sin autorización judicial, siempre que sea libre, voluntario, consciente y sin coacción ( STS 278/2023, de 19 de abril, con cita de la 113/2018, de 13 de marzo)

La figura del hallazgo casual lícito, que permite asegurar lo ilícito visible a simple vista en el marco de una presencia policial legítima, incluso sin previa autorización judicial.

?En cuanto al registro, la sentencia reproduce los requisitos fijados por la STS 440/2018 para la validez del consentimiento domiciliario: otorgarlo persona capaz, de manera consciente y libre, sin error, violencia ni intimidación, reflejarlo por escrito, ser expreso o tácito inequívoco, prestarse en condiciones de serenidad y libertad ambiental, por el titular del domicilio, para un asunto concreto y, si se trata de persona detenida, con asistencia letrada. Recuerda también la doctrina de la STS 234/2016, según la cual la ausencia de letrado cuando el sujeto está detenido invalida el consentimiento y genera nulidad ex art. 11.1 LOPJ, pero subraya que en este caso sí hubo asistencia letrada antes del registro y que el consentimiento fue prestado tras esa asistencia.

Se constata que el acusado reconoció en el juicio, a preguntas de su defensa, que dio su consentimiento, aunque alegó presiones y golpes; estos extremos no se consideran acreditados. La letrada de oficio se acogió al secreto profesional, sin aportar datos que desvirtuaran la regularidad del acto. Los testigos del registro situaron su posición junto a la puerta y ofrecieron información parcial, sin confirmar irregularidades graves.?

Con base en ello, la Sala concluye que se cumplieron los requisitos jurisprudenciales: el acusado estaba asistido, fue informado, y su voluntad se manifestó de modo expreso, sin que existan indicios objetivos de coacción o intimidación ambiental que permitan anular el consentimiento. Además, siguiendo la STS 278/2023, se enfatiza que hay que diferenciar entre entrada y registro, y que el acusado consintió en dos momentos distintos, desplegando actos concluyentes de anuencia y no simple pasividad resignada.?

En cuanto al valor probatorio de los agentes policiales, la sentencia recuerda la jurisprudencia que atribuye a sus declaraciones el carácter de testimonio sometido a las reglas de la sana crítica, sin presunción de veracidad automática, pero con alto poder de convicción cuando no existen datos que permitan dudar de su profesionalidad e imparcialidad. Al no apreciarse contradicciones relevantes ni móviles espurios, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe su relato, la Sala otorga a esas declaraciones un peso decisivo en la fijación de los hechos probados. Rechaza, así, la tesis defensiva de una construcción artificial de la entrada y el registro.

TERCERO.-No podemos sino traer a colación el contenido de la sentencia 6/2021, de 6 de enero. Esta sentencia es, para la defensa, crucial para la resolución del asunto. En esta resolución se parte de que el 10 de agosto de 2016, agentes de la Guardia Civil paran a quien resultó acusado por control antidrogas. Tras negar inicialmente, admite portar hachís y cocaína (cantidades no precisadas), dos móviles y 370 € en billetes fraccionados. Para identificarle e incoar sanción administrativa por tenencia en vía pública ( art. 36 LO 4/2015), y dado que su domicilio no coincide con el del DNI y no lo recuerda con exactitud, los agentes le "sugieren" acompañarlos al cuartel o a su casa; opta por esta última, conduciendo su vehículo delante del coche policial hasta su domicilio. Allí, a requerimiento policial para verificar que la llave abre la cerradura, el acusado abre la puerta. Desde el umbral, ven una mesa con bote de cristal (sustancia blanca), bolsa transparente (sustancia blanca) y báscula de precisión. Informado de diligencias por delito contra la salud pública, consiente por escrito entrada y registro voluntario. Hallan drogas (113,42 g cocaína pura, 1,21 g hachís), 2.116 € y útiles de dosificación. Tras esto fue detenido formalmente.

El TS analiza si el consentimiento es válido pese a la ausencia de asistencia letrada, declarando su nulidad radical ( art. 11.1 LOPJ) . Reconoce la doctrina reiterada: el domicilio es inviolable salvo consentimiento del titular, autorización judicial o flagrancia ( art. 18.2 CE) . Cuando el titular está detenido, el consentimiento requiere presencia de letrado para ser válido, por la "intimidación ambiental" de la presencia policial que impide un consentimiento libre y consciente, afectando derechos de defensa e inviolabilidad (cita SSTS 845/2017, 11/2011, 1080/2005, 678/2001 y más).

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia en la resolución del recurso de apelación sostuvieron que el acusado, cuando se lleva a cabo el hallazgo de la sustancia prohibida en su domicilio, no se encontraba detenido, validando de esa forma el hallazgo. La cuestión crucial es la determinación de si el interesado se encontraba en aquel momento, acompañado por agentes policiales a su domicilio para una diligencia de identificación, detenido o no, a los efectos de considerar precisa la asistencia letrada para la prestación del consentimiento para el acceso a su domicilio. La Sala 2ª es clara al respecto, cuando el interesado es acompañado por los agentes policiales en el curso de la diligencia de identificación está, sin duda, privado de libertad y tal situación solo puede ser calificada como de detención. Se añade que no existe un tertium genuso categoría intermedia entre la libertad y la prisión y se afirma que: «Así, en su sentencia núm. 98/1986, de 10 de julio , --siguiendo en este punto la orientación de la STEDH de 6 de noviembre de 1.980 (caso Guzzardi )--, declaró que entre la libertad y la detención de una persona no cabían zonas intermedias, ya que no era tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad, --en las que, de cualquier modo, se impedía u obstaculizaba la autodeterminación de la conducta lícita--, quedaran sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución española. Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de enfrentar nuevamente este problema en su sentencia núm. 341/1993, de 18 de noviembre , valorando, precisamente, el acomodo a nuestra Constitución de la regulación ofrecida a este respecto por la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana entonces vigente. Dijo así el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales: "No es determinante, a estos efectos, la noción de "voluntariedad" que, en relación con lo dispuesto en el art. 20.4 de la LOPSC , ha empleado en sus alegaciones el Abogado del Estado para negar que estemos ante una privación de libertad. Sin duda que una comparecencia espontánea o a voluntad propia en dependencias policiales excluiría, de principio, todo asomo de privación de libertad, aunque ésta podría llegar a constatarse, claro está, desde el momento en que el sujeto quedara imposibilitado de abandonar aquellas dependencias. Pero el art. 20.2 no hace referencia a una personación de este género. La situación descrita en este precepto es la de un acompañamiento a los agentes, por orden de ellos (requerimiento), hasta "dependencias próximas" en las que el sujeto habrá de permanecer, si bien por "el tiempo imprescindible" para realizar las diligencias de identificación y debe hacerse constar que la desatención a aquella orden conminatoria se imponga o no por la coacción, puede dar lugar a responsabilidades penales o administrativas [ arts. 20.4 y 26 h) de la LOPSC ]. Siendo esto así, la actitud del requerido que acata la orden policial, expresa, claro es, una voluntad (la de no resistirse o no negarse a acompañar a los agentes), pero no necesariamente una voluntad libre en el sentido del art. 17.1 de la Constitución : volui, sed coactus volui.»Se dice igualmente que una privación de libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el interesado la acepte ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II, 65). En síntesis, dice la sentencia, el requerimiento previsto en el artículo 16.2 de la LOPSC constituye una privación de libertad, legítima y constitucional.

Pues bien, desde esa consideración, la consecuencia no puede ser otra que la de estimar que no cabe que el acusado hubiera prestado válidamente su consentimiento a la entrada en su domicilio a los agentes que le acompañaban porque tal eventualidad solo sería válida si Carlos Francisco hubiera contado con asistencia letrada. Sirva como muestra lo indicado en la sentencia 123/2025, de 13 de febrero que, con cita de las SSTS 1803/2002, de 4-11; 201/2006, de 14-3; 933/2010, de 28-10; 719/2013, de 9-10; 440/2018, de 4-10; 274/2021, de 8-4, enseña que los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizando la entrada y registro domiciliario son los siguientes: «a) otorgado por persona capaz, esto es mayor de edad y sin restricción alguna en su capacidad de obrar. En supuestos de discapacidad aparente, esté o no declarada jurídicamente, no puede considerarse válidamente prestada el consentimiento, todo ello en base al art. 25 CP , modificado por LO 1/2015, de 30-3. b) Otorgado consciente y libremente -lo cual requiere: que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; que no se considere a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; que si él que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial. "el consentimiento a la realización de la diligencia, sino de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y el alcance del acto de naturaleza procesal que realiza". ( STS 2-12-98 ). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente sobre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" ( STS 831/200, de 16-5). c) Puede prestarse oralmente o por escrito pero siempre se reflejan documentalmente para su constancia indeleble. d) Debe otorgarse expresamente -si bien el art. 551 autoriza el consentimiento prescrito, este artículo ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no posición, cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presente hay que resolverla a favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el TC de interpretar siempre las normas en el sentido más favorables a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada».

Y sobre la base anterior es incuestionable que la entrada por parte de los agentes policiales en el domicilio del acusado, aun dando por cierto que prestó su consentimiento, es nula por no estar presenta la asistencia letrada, requisito de validez.

La consecuencia no es otra que la nulidad de todas aquellas diligencias derivadas de este ilícito acceso domiciliario, esto es, del conocimiento que los agentes tuvieron en aquel momento de que existía sustancia prohibida en la morada del hoy apelante y fácilmente se colige que toda la prueba de cargo se apoya en aquella premisa inicial por lo que la conexión de antijuridicidad es patente y manifiesta. Si no hubiera existido el acceso no se hubiera descubierto aquello que a la postre motivó el ulterior registro, y entrada, y la incautación de los elementos que han sustentado la condena, todo ello en relación con el art 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia 711/2025, de 10 de septiembre, con cita de la 623/2018, de 5 de diciembre, explica cuando las pruebas derivadas pueden o no ser valoradas, esto es, cuando existe o no conexión de antijuridicidad. Ese análisis se verifica desde un punto de vista interno, si la inconstitucionalidad de la originaria se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla, y externo, si se dan o no las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho exige de modo que, con reflejo en la sentencia 161/1999, solo si la prueba refleja es ajena "a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de la tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configura el contenido del derecho fundamental sustantivo"(con cita de las S.S.T. precedentes 49/99 y 11/1981 ). Por su parte la sentencia 602/2025, de 30 de junio, indica que para determinar la conexión de antijuridicidad habrá que examinar el acto lesivo del derecho y su resultado, desde una perspectiva interna, con análisis de las características de la vulneración del derecho sustantivo, y también desde una perspectiva externa, en atención a las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). Y puede suceder que la nulidad de las pruebas originales no afecte a las derivadas cuando entre ellas no existe una relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

En este caso, entendemos que existe plena conexión de antijuridicidad desde el inicial acceso de las fuerzas policiales al domicilio del acusado, cuya nulidad se ha declarado, porque de no haber existido este la consecuencia de la diligencia policial de identificación habría sido únicamente esta, al margen del propio procedimiento gubernativo sancionador, de modo que el conocimiento determinante de la segunda medida de injerencia del derecho a la inviolabilidad del domicilio, momento de aprehensión de todo el material probatorio de cargo, no habría tenido lugar sin el primero. La relación causal es incuestionable y de no proceder a la declaración de nulidad de la segunda injerencia, el derecho del acusado a la inviolabilidad de su domicilio quedaría, de facto, extinguido.

CUARTO.-La consecuencia de lo expuesto no puede ser otra que la absolución del acusado, al no existir prueba incriminatoria pues la de tal signo ha sido anulada, con plena aplicación del contenido del derecho a la presunción de inocencia, ex artículo 24 de la Constitución, sin que sea preciso entrar a valorar las demás cuestiones esgrimidas en la causa, en concreto la flagrancia, y el propio hallazgo causal, ambos apoyados en diligencia nula de pleno derecho, y todo ello, reiteramos, sobre la base del art 11.1 de la LOPJ, ya citado..

QUINTO.-La determinación de la absolución del acusado conlleva la declaración de oficio de las costas procesales devengadas en la totalidad del procedimiento, ex artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Plantea un único motivo de recurso la representación procesal de D. Carlos Francisco contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 16 de octubre de 2025, en el procedimiento abreviado nº 9/2024. Denuncia la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio ex artículo 18.2 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo la defensa sostiene que la entrada y registro en la vivienda del acusado se realizó sin ninguno de los títulos habilitantes constitucionalmente admitidos: ni autorización judicial, ni delito flagrante, ni consentimiento válido del titular. Por ello pide que se declare la nulidad de la diligencia de entrada y registro y, por conexión, de toda la prueba derivada ( art. 11.1 LOPJ), lo que llevaría a la absolución.?

La sentencia de instancia declara probado que, durante una intervención policial en la vía pública por motivos ajenos a este procedimiento, al acusado se le cae una pequeña bolsa con cocaína, lo que motiva que los agentes intenten identificarlo para incoar un expediente sancionador por tenencia de drogas en la vía pública. Como el acusado no llevaba el DNI encima y dijo tenerlo en su domicilio, sube con los agentes desde el portal hasta su piso para identificarse. Hasta aquí, acusado y agentes coinciden en su relato; la discrepancia comienza en cómo se produce la entrada de los policías en el domicilio.?

El acusado mantiene, en instrucción y en el juicio, que nunca autorizó la entrada; los agentes declaran en juicio que sí prestó consentimiento. La Audiencia da mayor credibilidad a los policías, apoyándose en la jurisprudencia sobre la especial fiabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones y concluye que hubo consentimiento válido para entrar.

Una vez dentro, la sentencia afirma que los agentes vieron a simple vista diversas sustancias estupefacientes en cantidades incompatibles con el autoconsumo y que se limitaron a "asegurar" la escena y los efectos, a la espera de la llegada, horas después, de la policía judicial, que realizó el registro ya con letrada y nuevo consentimiento del acusado.

La defensa despliega su argumentación en dos planos:?

1) La entrada en el domicilio fue ilícita porque el consentimiento no fue válido.

2) El registro fue igualmente ilícito porque los agentes de seguridad ciudadana realizaron en realidad un registro sin título habilitante, pese a alegarse hallazgo casual y flagrancia.?

Sostiene que entrada y registro son actos distintos, ambos necesitados de cobertura: autorización judicial, consentimiento o flagrancia delictiva; fuera de estos supuestos, la diligencia es nula de pleno derecho.?

Aunque el acusado niega cualquier consentimiento, la defensa asume, a efectos dialécticos, el relato fáctico de la sentencia (es decir, que sí consintió), pero discute la validez jurídica de ese consentimiento. Invoca la doctrina del Tribunal Supremo, citando expresamente la STS 440/2018, que fija requisitos para que el consentimiento domiciliario sea válido: debe prestarse por persona capaz, de modo libre y convincente, por escrito, de forma expresa, en condiciones de serenidad y libertad, y por el titular del domicilio; si la persona está detenida, requiere asistencia letrada.?

La defensa se centra en la situación de libertad del acusado: sostiene que, al acudir acompañado por varios agentes al domicilio para ser identificado y sancionado por tenencia de drogas, no se encontraba realmente en libertad, sino en una situación de privación de libertad "de facto"que equipara a la detención a efectos de validez del consentimiento. En apoyo, transcribe extensamente la STS 6/2021, que analiza un caso muy similar (intervención en vía pública, pequeña cantidad de droga, acompañamiento al domicilio, visualización de efectos de tráfico desde el umbral y posterior entrada con consentimiento).?

La sentencia del TS, según la reproducción que hace el recurso, afirma que entre libertad y detención no existen zonas intermedias: si una persona es requerida a acompañar a los agentes, con posibilidad de sanción si se niega, está privada de libertad y ello puede constituir detención, aunque no se formalice como tal. Sobre esta base, el TS concluye que, cuando una persona se halla detenida (o en situación equivalente) y presta consentimiento para un registro domiciliario sin asistencia letrada, dicho consentimiento es inválido y la diligencia de entrada y registro es nula, arrastrando la nulidad de las pruebas obtenidas.?

La defensa traslada esa doctrina al caso: quien sube a su domicilio escoltado por la policía para ser identificado, sin plena libertad de movimientos y bajo una evidente "intimidación ambiental", no está en condiciones de prestar un consentimiento libre y sereno. Al no haber asistencia letrada ni constancia escrita del consentimiento, entiende que se vulneran los estándares constitucionales y jurisprudenciales; las dudas sobre la libertad o serenidad han de resolverse a favor del derecho fundamental, por exigencia de la doctrina constitucional.?

El segundo eje del recurso es demostrar que, contra lo que sostiene la Audiencia, los agentes no se limitaron a constatar un hallazgo casual y asegurar la escena, sino que realizaron un registro completo o parcial de la vivienda sin consentimiento ni autorización judicial, sin concurrir tampoco delito flagrante en los términos exigidos por la jurisprudencia.?

La sentencia recurrida afirma que, una vez dentro, en un espacio reducido y abierto, los agentes perciben a simple vista resina de cannabis, marihuana y cocaína en cantidades no compatibles con el autoconsumo, sin abrir muebles ni manipular nada; se trataría de un hallazgo inmediato amparado en una actuación legítima por venir precedida de consentimiento. La defensa sostiene que esa reconstrucción choca con la documentación obrante en autos y con las declaraciones de los propios agentes y de la policía judicial.?

Apoyándose en el atestado y en el acta de registro, la defensa sostiene que, en la fotografía de la barra de la cocina tomada por la policía judicial al llegar, no solo aparecen la caja de plástico transparente y la bolsa con supuesta marihuana y la caja metálica, sino también una bolsa más grande con cocaína y tres pastillas, elementos que la sentencia sitúa, erróneamente, como hallados en el registro posterior.? En segundo lugar que la policía judicial distingue en su diligencia qué efectos se hallan ya en la barra al llegar (presuntamente por hallazgo casual previo) y cuáles se incautan en el registro posterior; entre los primeros figuran una bolsa de 11,7 gramos de cocaína y tres pastillas, cuya procedencia los agentes uniformados no supieron concretar en el juicio. Finalmente que la caja metálica negra, no translúcida, fue obtenida por los agentes de seguridad ciudadana accediendo a una estantería y abriéndola, lo que, según la defensa, no puede considerarse "simple percepción" ni flagrancia, sino un registro material de un contenedor opaco.?

A partir de esos datos, la defensa concluye que los agentes, una vez dentro, no se limitaron a "ver" y asegurar lo que estaba a la vista, sino que manipularon muebles, abrieron recipientes y localizaron más droga, es decir, practicaron un registro sin título habilitante. Recuerda que la flagrancia exige que el delito sea percibido de modo inmediato, evidente, sin necesidad de indagaciones ni aperturas de contenedores, y que exista urgencia que justifique la injerencia sin autorización judicial. Abrir una caja opaca o manipular bolsas adicionales excede ese marco.?

Además, la defensa apunta que, de haber existido realmente flagrancia, habría bastado con salir del domicilio con el acusado, cerrar la vivienda y esperar a la policía judicial y a la letrada para formalizar la diligencia con todas las garantías, sin necesidad de registrar por su cuenta.?

Sostiene, en consecuencia, que la nulidad de la actuación inicial (entrada y registro por los agentes de seguridad ciudadana) contamina también el registro posterior efectuado por la policía judicial con asistencia letrada. El acusado declaró que solo firmó el consentimiento posterior porque su vivienda ya había sido registrada por completo, incluida una habitación cuya previa entrada por los uniformados él afirma y que considera verosímil a la vista del proceder policial documentado.? Se añade que los testigos de la diligencia de registro posterior manifestaron que no se les permitió asistir al registro en el interior, sino que fueron mantenidos fuera y que, cuando accedieron, el registro estaba ya realizado, lo que refuerza la sospecha de irregularidad. En opinión de la defensa, la "intimidación ambiental e incluso física" sufrida por el acusado invalida también el consentimiento que se dice prestó ante la policía judicial.?

SEGUNDO.-La sentencia apelada se articula en torno a tres ejes fundamentales: la licitud de la entrada y registro en el domicilio, la suficiencia y validez de la prueba para destruir la presunción de inocencia y la calificación jurídico-penal de los hechos, con determinación de la pena correspondiente.

El tribunal afirma que los hechos probados integran un delito contra la salud pública del artículo 368 CP, en su modalidad de sustancias que causan grave daño y sustancias que no lo causan, por la tenencia de cocaína, resina de cannabis, cannabis y MDMA/2C-B con finalidad de tráfico. La convicción judicial se forma conforme al art. 741 LECrim, valorando en conciencia la prueba practicada en el juicio, respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y verificando que la prueba de cargo se obtuvo sin vulnerar derechos fundamentales, como exige el art. 11.1 LOPJ y el art. 24.2 CE sobre presunción de inocencia.?

La Sala recuerda doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia de un discurso argumental lógico y no basado en intuiciones o presentimientos: la condena debe apoyarse en un razonamiento coherente y en prueba suficiente, no en meras sospechas. También cita la jurisprudencia que permite inferir la intención de tráfico a partir de la cantidad, variedad de sustancias, forma de almacenamiento, presencia de útiles (báscula, bolsitas) y dinero en efectivo fraccionado, indicando que estas circunstancias, en el caso, excluyen razonablemente el destino exclusivo a autoconsumo y permiten afirmar una finalidad de distribución a terceros. En consecuencia, entiende que la prueba, tanto directa como indiciaria, genera un cuadro incriminatorio sólido, plural y concluyente, que descarta la duda razonable y, por tanto, la aplicación del principio pro reo.

El núcleo de la fundamentación es la respuesta a la alegación de la defensa sobre la nulidad de la prueba derivada de la entrada en el domicilio y el registro. La defensa sostiene que la entrada fue ilegítima (sin autorización judicial, sin flagrancia y sin consentimiento válido) y que, en consecuencia, toda la prueba quedaría afectada por nulidad radical. La Sala admite que, si prosperara esa tesis, la conclusión habría de ser absolutoria por la fuerte conexión de antijuridicidad, pero adelanta que dicha alegación debe ser desestimada.

En primer lugar, distingue entre la entrada inicial y el posterior registro formal. La entrada se produjo porque, tras caerle al acusado un envoltorio con aparente cocaína en la vía pública, los agentes le requirieron para identificarse con vistas a una sanción administrativa, y él manifestó que su documentación estaba en el domicilio, consintiendo ser acompañado al interior. La puerta estaba abierta, y el acusado permitió expresamente el acceso de varios agentes para recoger la documentación, en un contexto que el tribunal describe como ajeno a cualquier coacción, irrupción forzosa o finalidad investigadora en ese primer momento, pues se enmarcaba en una actuación de seguridad ciudadana y propuesta de sanción.

?Una vez dentro, en un único espacio reducido (salón-comedor al que daba directamente la puerta), los agentes observaron, a simple vista, una caja de plástico transparente con resina de cannabis, una bolsa que desprendía fuerte olor a marihuana y una caja metálica con bolsitas y dinero, todo ello accesible sin necesidad de abrir muebles ni manipular nada, según las declaraciones testificales valoradas por la Sala, incluida la de la pareja del acusado. El tribunal califica esta situación como un hallazgo inmediato en el curso de una actuación lícita, no fruto de un registro o búsqueda planificada. Los agentes se limitaron a asegurar las sustancias, colocándolas sobre la mesa, preservando la escena y comunicando con su superior, dentro de una función preventiva.?

A partir de ahí, se produce la detención del acusado, se le informa de la intención de registrar la vivienda «bien con su consentimiento, bien mediante autorización judicial»,y él manifiesta su voluntad de autorizar voluntariamente el registro. Posteriormente acuden agentes de la policía judicial (UDYCO) y una letrada de oficio, con quien el acusado se entrevista; ante ella reitera su consentimiento al registro, que se practica con su presencia, con dos testigos y documentando las sustancias y efectos intervenidos. El tribunal considera que esta segunda fase constituye un registro formal, diferenciado de la mera entrada inicial consentida y del hallazgo casual previo.?

Para justificar la licitud de ambas fases, la Sala se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento como causa legitimadora de entrada sin autorización judicial, siempre que sea libre, voluntario, consciente y sin coacción ( STS 278/2023, de 19 de abril, con cita de la 113/2018, de 13 de marzo)

La figura del hallazgo casual lícito, que permite asegurar lo ilícito visible a simple vista en el marco de una presencia policial legítima, incluso sin previa autorización judicial.

?En cuanto al registro, la sentencia reproduce los requisitos fijados por la STS 440/2018 para la validez del consentimiento domiciliario: otorgarlo persona capaz, de manera consciente y libre, sin error, violencia ni intimidación, reflejarlo por escrito, ser expreso o tácito inequívoco, prestarse en condiciones de serenidad y libertad ambiental, por el titular del domicilio, para un asunto concreto y, si se trata de persona detenida, con asistencia letrada. Recuerda también la doctrina de la STS 234/2016, según la cual la ausencia de letrado cuando el sujeto está detenido invalida el consentimiento y genera nulidad ex art. 11.1 LOPJ, pero subraya que en este caso sí hubo asistencia letrada antes del registro y que el consentimiento fue prestado tras esa asistencia.

Se constata que el acusado reconoció en el juicio, a preguntas de su defensa, que dio su consentimiento, aunque alegó presiones y golpes; estos extremos no se consideran acreditados. La letrada de oficio se acogió al secreto profesional, sin aportar datos que desvirtuaran la regularidad del acto. Los testigos del registro situaron su posición junto a la puerta y ofrecieron información parcial, sin confirmar irregularidades graves.?

Con base en ello, la Sala concluye que se cumplieron los requisitos jurisprudenciales: el acusado estaba asistido, fue informado, y su voluntad se manifestó de modo expreso, sin que existan indicios objetivos de coacción o intimidación ambiental que permitan anular el consentimiento. Además, siguiendo la STS 278/2023, se enfatiza que hay que diferenciar entre entrada y registro, y que el acusado consintió en dos momentos distintos, desplegando actos concluyentes de anuencia y no simple pasividad resignada.?

En cuanto al valor probatorio de los agentes policiales, la sentencia recuerda la jurisprudencia que atribuye a sus declaraciones el carácter de testimonio sometido a las reglas de la sana crítica, sin presunción de veracidad automática, pero con alto poder de convicción cuando no existen datos que permitan dudar de su profesionalidad e imparcialidad. Al no apreciarse contradicciones relevantes ni móviles espurios, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe su relato, la Sala otorga a esas declaraciones un peso decisivo en la fijación de los hechos probados. Rechaza, así, la tesis defensiva de una construcción artificial de la entrada y el registro.

TERCERO.-No podemos sino traer a colación el contenido de la sentencia 6/2021, de 6 de enero. Esta sentencia es, para la defensa, crucial para la resolución del asunto. En esta resolución se parte de que el 10 de agosto de 2016, agentes de la Guardia Civil paran a quien resultó acusado por control antidrogas. Tras negar inicialmente, admite portar hachís y cocaína (cantidades no precisadas), dos móviles y 370 € en billetes fraccionados. Para identificarle e incoar sanción administrativa por tenencia en vía pública ( art. 36 LO 4/2015), y dado que su domicilio no coincide con el del DNI y no lo recuerda con exactitud, los agentes le "sugieren" acompañarlos al cuartel o a su casa; opta por esta última, conduciendo su vehículo delante del coche policial hasta su domicilio. Allí, a requerimiento policial para verificar que la llave abre la cerradura, el acusado abre la puerta. Desde el umbral, ven una mesa con bote de cristal (sustancia blanca), bolsa transparente (sustancia blanca) y báscula de precisión. Informado de diligencias por delito contra la salud pública, consiente por escrito entrada y registro voluntario. Hallan drogas (113,42 g cocaína pura, 1,21 g hachís), 2.116 € y útiles de dosificación. Tras esto fue detenido formalmente.

El TS analiza si el consentimiento es válido pese a la ausencia de asistencia letrada, declarando su nulidad radical ( art. 11.1 LOPJ) . Reconoce la doctrina reiterada: el domicilio es inviolable salvo consentimiento del titular, autorización judicial o flagrancia ( art. 18.2 CE) . Cuando el titular está detenido, el consentimiento requiere presencia de letrado para ser válido, por la "intimidación ambiental" de la presencia policial que impide un consentimiento libre y consciente, afectando derechos de defensa e inviolabilidad (cita SSTS 845/2017, 11/2011, 1080/2005, 678/2001 y más).

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia en la resolución del recurso de apelación sostuvieron que el acusado, cuando se lleva a cabo el hallazgo de la sustancia prohibida en su domicilio, no se encontraba detenido, validando de esa forma el hallazgo. La cuestión crucial es la determinación de si el interesado se encontraba en aquel momento, acompañado por agentes policiales a su domicilio para una diligencia de identificación, detenido o no, a los efectos de considerar precisa la asistencia letrada para la prestación del consentimiento para el acceso a su domicilio. La Sala 2ª es clara al respecto, cuando el interesado es acompañado por los agentes policiales en el curso de la diligencia de identificación está, sin duda, privado de libertad y tal situación solo puede ser calificada como de detención. Se añade que no existe un tertium genuso categoría intermedia entre la libertad y la prisión y se afirma que: «Así, en su sentencia núm. 98/1986, de 10 de julio , --siguiendo en este punto la orientación de la STEDH de 6 de noviembre de 1.980 (caso Guzzardi )--, declaró que entre la libertad y la detención de una persona no cabían zonas intermedias, ya que no era tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad, --en las que, de cualquier modo, se impedía u obstaculizaba la autodeterminación de la conducta lícita--, quedaran sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución española. Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de enfrentar nuevamente este problema en su sentencia núm. 341/1993, de 18 de noviembre , valorando, precisamente, el acomodo a nuestra Constitución de la regulación ofrecida a este respecto por la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana entonces vigente. Dijo así el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales: "No es determinante, a estos efectos, la noción de "voluntariedad" que, en relación con lo dispuesto en el art. 20.4 de la LOPSC , ha empleado en sus alegaciones el Abogado del Estado para negar que estemos ante una privación de libertad. Sin duda que una comparecencia espontánea o a voluntad propia en dependencias policiales excluiría, de principio, todo asomo de privación de libertad, aunque ésta podría llegar a constatarse, claro está, desde el momento en que el sujeto quedara imposibilitado de abandonar aquellas dependencias. Pero el art. 20.2 no hace referencia a una personación de este género. La situación descrita en este precepto es la de un acompañamiento a los agentes, por orden de ellos (requerimiento), hasta "dependencias próximas" en las que el sujeto habrá de permanecer, si bien por "el tiempo imprescindible" para realizar las diligencias de identificación y debe hacerse constar que la desatención a aquella orden conminatoria se imponga o no por la coacción, puede dar lugar a responsabilidades penales o administrativas [ arts. 20.4 y 26 h) de la LOPSC ]. Siendo esto así, la actitud del requerido que acata la orden policial, expresa, claro es, una voluntad (la de no resistirse o no negarse a acompañar a los agentes), pero no necesariamente una voluntad libre en el sentido del art. 17.1 de la Constitución : volui, sed coactus volui.»Se dice igualmente que una privación de libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el interesado la acepte ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II, 65). En síntesis, dice la sentencia, el requerimiento previsto en el artículo 16.2 de la LOPSC constituye una privación de libertad, legítima y constitucional.

Pues bien, desde esa consideración, la consecuencia no puede ser otra que la de estimar que no cabe que el acusado hubiera prestado válidamente su consentimiento a la entrada en su domicilio a los agentes que le acompañaban porque tal eventualidad solo sería válida si Carlos Francisco hubiera contado con asistencia letrada. Sirva como muestra lo indicado en la sentencia 123/2025, de 13 de febrero que, con cita de las SSTS 1803/2002, de 4-11; 201/2006, de 14-3; 933/2010, de 28-10; 719/2013, de 9-10; 440/2018, de 4-10; 274/2021, de 8-4, enseña que los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizando la entrada y registro domiciliario son los siguientes: «a) otorgado por persona capaz, esto es mayor de edad y sin restricción alguna en su capacidad de obrar. En supuestos de discapacidad aparente, esté o no declarada jurídicamente, no puede considerarse válidamente prestada el consentimiento, todo ello en base al art. 25 CP , modificado por LO 1/2015, de 30-3. b) Otorgado consciente y libremente -lo cual requiere: que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; que no se considere a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; que si él que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial. "el consentimiento a la realización de la diligencia, sino de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y el alcance del acto de naturaleza procesal que realiza". ( STS 2-12-98 ). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente sobre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" ( STS 831/200, de 16-5). c) Puede prestarse oralmente o por escrito pero siempre se reflejan documentalmente para su constancia indeleble. d) Debe otorgarse expresamente -si bien el art. 551 autoriza el consentimiento prescrito, este artículo ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no posición, cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presente hay que resolverla a favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el TC de interpretar siempre las normas en el sentido más favorables a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada».

Y sobre la base anterior es incuestionable que la entrada por parte de los agentes policiales en el domicilio del acusado, aun dando por cierto que prestó su consentimiento, es nula por no estar presenta la asistencia letrada, requisito de validez.

La consecuencia no es otra que la nulidad de todas aquellas diligencias derivadas de este ilícito acceso domiciliario, esto es, del conocimiento que los agentes tuvieron en aquel momento de que existía sustancia prohibida en la morada del hoy apelante y fácilmente se colige que toda la prueba de cargo se apoya en aquella premisa inicial por lo que la conexión de antijuridicidad es patente y manifiesta. Si no hubiera existido el acceso no se hubiera descubierto aquello que a la postre motivó el ulterior registro, y entrada, y la incautación de los elementos que han sustentado la condena, todo ello en relación con el art 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia 711/2025, de 10 de septiembre, con cita de la 623/2018, de 5 de diciembre, explica cuando las pruebas derivadas pueden o no ser valoradas, esto es, cuando existe o no conexión de antijuridicidad. Ese análisis se verifica desde un punto de vista interno, si la inconstitucionalidad de la originaria se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla, y externo, si se dan o no las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho exige de modo que, con reflejo en la sentencia 161/1999, solo si la prueba refleja es ajena "a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de la tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configura el contenido del derecho fundamental sustantivo"(con cita de las S.S.T. precedentes 49/99 y 11/1981 ). Por su parte la sentencia 602/2025, de 30 de junio, indica que para determinar la conexión de antijuridicidad habrá que examinar el acto lesivo del derecho y su resultado, desde una perspectiva interna, con análisis de las características de la vulneración del derecho sustantivo, y también desde una perspectiva externa, en atención a las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). Y puede suceder que la nulidad de las pruebas originales no afecte a las derivadas cuando entre ellas no existe una relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

En este caso, entendemos que existe plena conexión de antijuridicidad desde el inicial acceso de las fuerzas policiales al domicilio del acusado, cuya nulidad se ha declarado, porque de no haber existido este la consecuencia de la diligencia policial de identificación habría sido únicamente esta, al margen del propio procedimiento gubernativo sancionador, de modo que el conocimiento determinante de la segunda medida de injerencia del derecho a la inviolabilidad del domicilio, momento de aprehensión de todo el material probatorio de cargo, no habría tenido lugar sin el primero. La relación causal es incuestionable y de no proceder a la declaración de nulidad de la segunda injerencia, el derecho del acusado a la inviolabilidad de su domicilio quedaría, de facto, extinguido.

CUARTO.-La consecuencia de lo expuesto no puede ser otra que la absolución del acusado, al no existir prueba incriminatoria pues la de tal signo ha sido anulada, con plena aplicación del contenido del derecho a la presunción de inocencia, ex artículo 24 de la Constitución, sin que sea preciso entrar a valorar las demás cuestiones esgrimidas en la causa, en concreto la flagrancia, y el propio hallazgo causal, ambos apoyados en diligencia nula de pleno derecho, y todo ello, reiteramos, sobre la base del art 11.1 de la LOPJ, ya citado..

QUINTO.-La determinación de la absolución del acusado conlleva la declaración de oficio de las costas procesales devengadas en la totalidad del procedimiento, ex artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Plantea un único motivo de recurso la representación procesal de D. Carlos Francisco contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 16 de octubre de 2025, en el procedimiento abreviado nº 9/2024. Denuncia la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio ex artículo 18.2 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo la defensa sostiene que la entrada y registro en la vivienda del acusado se realizó sin ninguno de los títulos habilitantes constitucionalmente admitidos: ni autorización judicial, ni delito flagrante, ni consentimiento válido del titular. Por ello pide que se declare la nulidad de la diligencia de entrada y registro y, por conexión, de toda la prueba derivada ( art. 11.1 LOPJ), lo que llevaría a la absolución.?

La sentencia de instancia declara probado que, durante una intervención policial en la vía pública por motivos ajenos a este procedimiento, al acusado se le cae una pequeña bolsa con cocaína, lo que motiva que los agentes intenten identificarlo para incoar un expediente sancionador por tenencia de drogas en la vía pública. Como el acusado no llevaba el DNI encima y dijo tenerlo en su domicilio, sube con los agentes desde el portal hasta su piso para identificarse. Hasta aquí, acusado y agentes coinciden en su relato; la discrepancia comienza en cómo se produce la entrada de los policías en el domicilio.?

El acusado mantiene, en instrucción y en el juicio, que nunca autorizó la entrada; los agentes declaran en juicio que sí prestó consentimiento. La Audiencia da mayor credibilidad a los policías, apoyándose en la jurisprudencia sobre la especial fiabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones y concluye que hubo consentimiento válido para entrar.

Una vez dentro, la sentencia afirma que los agentes vieron a simple vista diversas sustancias estupefacientes en cantidades incompatibles con el autoconsumo y que se limitaron a "asegurar" la escena y los efectos, a la espera de la llegada, horas después, de la policía judicial, que realizó el registro ya con letrada y nuevo consentimiento del acusado.

La defensa despliega su argumentación en dos planos:?

1) La entrada en el domicilio fue ilícita porque el consentimiento no fue válido.

2) El registro fue igualmente ilícito porque los agentes de seguridad ciudadana realizaron en realidad un registro sin título habilitante, pese a alegarse hallazgo casual y flagrancia.?

Sostiene que entrada y registro son actos distintos, ambos necesitados de cobertura: autorización judicial, consentimiento o flagrancia delictiva; fuera de estos supuestos, la diligencia es nula de pleno derecho.?

Aunque el acusado niega cualquier consentimiento, la defensa asume, a efectos dialécticos, el relato fáctico de la sentencia (es decir, que sí consintió), pero discute la validez jurídica de ese consentimiento. Invoca la doctrina del Tribunal Supremo, citando expresamente la STS 440/2018, que fija requisitos para que el consentimiento domiciliario sea válido: debe prestarse por persona capaz, de modo libre y convincente, por escrito, de forma expresa, en condiciones de serenidad y libertad, y por el titular del domicilio; si la persona está detenida, requiere asistencia letrada.?

La defensa se centra en la situación de libertad del acusado: sostiene que, al acudir acompañado por varios agentes al domicilio para ser identificado y sancionado por tenencia de drogas, no se encontraba realmente en libertad, sino en una situación de privación de libertad "de facto"que equipara a la detención a efectos de validez del consentimiento. En apoyo, transcribe extensamente la STS 6/2021, que analiza un caso muy similar (intervención en vía pública, pequeña cantidad de droga, acompañamiento al domicilio, visualización de efectos de tráfico desde el umbral y posterior entrada con consentimiento).?

La sentencia del TS, según la reproducción que hace el recurso, afirma que entre libertad y detención no existen zonas intermedias: si una persona es requerida a acompañar a los agentes, con posibilidad de sanción si se niega, está privada de libertad y ello puede constituir detención, aunque no se formalice como tal. Sobre esta base, el TS concluye que, cuando una persona se halla detenida (o en situación equivalente) y presta consentimiento para un registro domiciliario sin asistencia letrada, dicho consentimiento es inválido y la diligencia de entrada y registro es nula, arrastrando la nulidad de las pruebas obtenidas.?

La defensa traslada esa doctrina al caso: quien sube a su domicilio escoltado por la policía para ser identificado, sin plena libertad de movimientos y bajo una evidente "intimidación ambiental", no está en condiciones de prestar un consentimiento libre y sereno. Al no haber asistencia letrada ni constancia escrita del consentimiento, entiende que se vulneran los estándares constitucionales y jurisprudenciales; las dudas sobre la libertad o serenidad han de resolverse a favor del derecho fundamental, por exigencia de la doctrina constitucional.?

El segundo eje del recurso es demostrar que, contra lo que sostiene la Audiencia, los agentes no se limitaron a constatar un hallazgo casual y asegurar la escena, sino que realizaron un registro completo o parcial de la vivienda sin consentimiento ni autorización judicial, sin concurrir tampoco delito flagrante en los términos exigidos por la jurisprudencia.?

La sentencia recurrida afirma que, una vez dentro, en un espacio reducido y abierto, los agentes perciben a simple vista resina de cannabis, marihuana y cocaína en cantidades no compatibles con el autoconsumo, sin abrir muebles ni manipular nada; se trataría de un hallazgo inmediato amparado en una actuación legítima por venir precedida de consentimiento. La defensa sostiene que esa reconstrucción choca con la documentación obrante en autos y con las declaraciones de los propios agentes y de la policía judicial.?

Apoyándose en el atestado y en el acta de registro, la defensa sostiene que, en la fotografía de la barra de la cocina tomada por la policía judicial al llegar, no solo aparecen la caja de plástico transparente y la bolsa con supuesta marihuana y la caja metálica, sino también una bolsa más grande con cocaína y tres pastillas, elementos que la sentencia sitúa, erróneamente, como hallados en el registro posterior.? En segundo lugar que la policía judicial distingue en su diligencia qué efectos se hallan ya en la barra al llegar (presuntamente por hallazgo casual previo) y cuáles se incautan en el registro posterior; entre los primeros figuran una bolsa de 11,7 gramos de cocaína y tres pastillas, cuya procedencia los agentes uniformados no supieron concretar en el juicio. Finalmente que la caja metálica negra, no translúcida, fue obtenida por los agentes de seguridad ciudadana accediendo a una estantería y abriéndola, lo que, según la defensa, no puede considerarse "simple percepción" ni flagrancia, sino un registro material de un contenedor opaco.?

A partir de esos datos, la defensa concluye que los agentes, una vez dentro, no se limitaron a "ver" y asegurar lo que estaba a la vista, sino que manipularon muebles, abrieron recipientes y localizaron más droga, es decir, practicaron un registro sin título habilitante. Recuerda que la flagrancia exige que el delito sea percibido de modo inmediato, evidente, sin necesidad de indagaciones ni aperturas de contenedores, y que exista urgencia que justifique la injerencia sin autorización judicial. Abrir una caja opaca o manipular bolsas adicionales excede ese marco.?

Además, la defensa apunta que, de haber existido realmente flagrancia, habría bastado con salir del domicilio con el acusado, cerrar la vivienda y esperar a la policía judicial y a la letrada para formalizar la diligencia con todas las garantías, sin necesidad de registrar por su cuenta.?

Sostiene, en consecuencia, que la nulidad de la actuación inicial (entrada y registro por los agentes de seguridad ciudadana) contamina también el registro posterior efectuado por la policía judicial con asistencia letrada. El acusado declaró que solo firmó el consentimiento posterior porque su vivienda ya había sido registrada por completo, incluida una habitación cuya previa entrada por los uniformados él afirma y que considera verosímil a la vista del proceder policial documentado.? Se añade que los testigos de la diligencia de registro posterior manifestaron que no se les permitió asistir al registro en el interior, sino que fueron mantenidos fuera y que, cuando accedieron, el registro estaba ya realizado, lo que refuerza la sospecha de irregularidad. En opinión de la defensa, la "intimidación ambiental e incluso física" sufrida por el acusado invalida también el consentimiento que se dice prestó ante la policía judicial.?

SEGUNDO.-La sentencia apelada se articula en torno a tres ejes fundamentales: la licitud de la entrada y registro en el domicilio, la suficiencia y validez de la prueba para destruir la presunción de inocencia y la calificación jurídico-penal de los hechos, con determinación de la pena correspondiente.

El tribunal afirma que los hechos probados integran un delito contra la salud pública del artículo 368 CP, en su modalidad de sustancias que causan grave daño y sustancias que no lo causan, por la tenencia de cocaína, resina de cannabis, cannabis y MDMA/2C-B con finalidad de tráfico. La convicción judicial se forma conforme al art. 741 LECrim, valorando en conciencia la prueba practicada en el juicio, respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y verificando que la prueba de cargo se obtuvo sin vulnerar derechos fundamentales, como exige el art. 11.1 LOPJ y el art. 24.2 CE sobre presunción de inocencia.?

La Sala recuerda doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia de un discurso argumental lógico y no basado en intuiciones o presentimientos: la condena debe apoyarse en un razonamiento coherente y en prueba suficiente, no en meras sospechas. También cita la jurisprudencia que permite inferir la intención de tráfico a partir de la cantidad, variedad de sustancias, forma de almacenamiento, presencia de útiles (báscula, bolsitas) y dinero en efectivo fraccionado, indicando que estas circunstancias, en el caso, excluyen razonablemente el destino exclusivo a autoconsumo y permiten afirmar una finalidad de distribución a terceros. En consecuencia, entiende que la prueba, tanto directa como indiciaria, genera un cuadro incriminatorio sólido, plural y concluyente, que descarta la duda razonable y, por tanto, la aplicación del principio pro reo.

El núcleo de la fundamentación es la respuesta a la alegación de la defensa sobre la nulidad de la prueba derivada de la entrada en el domicilio y el registro. La defensa sostiene que la entrada fue ilegítima (sin autorización judicial, sin flagrancia y sin consentimiento válido) y que, en consecuencia, toda la prueba quedaría afectada por nulidad radical. La Sala admite que, si prosperara esa tesis, la conclusión habría de ser absolutoria por la fuerte conexión de antijuridicidad, pero adelanta que dicha alegación debe ser desestimada.

En primer lugar, distingue entre la entrada inicial y el posterior registro formal. La entrada se produjo porque, tras caerle al acusado un envoltorio con aparente cocaína en la vía pública, los agentes le requirieron para identificarse con vistas a una sanción administrativa, y él manifestó que su documentación estaba en el domicilio, consintiendo ser acompañado al interior. La puerta estaba abierta, y el acusado permitió expresamente el acceso de varios agentes para recoger la documentación, en un contexto que el tribunal describe como ajeno a cualquier coacción, irrupción forzosa o finalidad investigadora en ese primer momento, pues se enmarcaba en una actuación de seguridad ciudadana y propuesta de sanción.

?Una vez dentro, en un único espacio reducido (salón-comedor al que daba directamente la puerta), los agentes observaron, a simple vista, una caja de plástico transparente con resina de cannabis, una bolsa que desprendía fuerte olor a marihuana y una caja metálica con bolsitas y dinero, todo ello accesible sin necesidad de abrir muebles ni manipular nada, según las declaraciones testificales valoradas por la Sala, incluida la de la pareja del acusado. El tribunal califica esta situación como un hallazgo inmediato en el curso de una actuación lícita, no fruto de un registro o búsqueda planificada. Los agentes se limitaron a asegurar las sustancias, colocándolas sobre la mesa, preservando la escena y comunicando con su superior, dentro de una función preventiva.?

A partir de ahí, se produce la detención del acusado, se le informa de la intención de registrar la vivienda «bien con su consentimiento, bien mediante autorización judicial»,y él manifiesta su voluntad de autorizar voluntariamente el registro. Posteriormente acuden agentes de la policía judicial (UDYCO) y una letrada de oficio, con quien el acusado se entrevista; ante ella reitera su consentimiento al registro, que se practica con su presencia, con dos testigos y documentando las sustancias y efectos intervenidos. El tribunal considera que esta segunda fase constituye un registro formal, diferenciado de la mera entrada inicial consentida y del hallazgo casual previo.?

Para justificar la licitud de ambas fases, la Sala se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento como causa legitimadora de entrada sin autorización judicial, siempre que sea libre, voluntario, consciente y sin coacción ( STS 278/2023, de 19 de abril, con cita de la 113/2018, de 13 de marzo)

La figura del hallazgo casual lícito, que permite asegurar lo ilícito visible a simple vista en el marco de una presencia policial legítima, incluso sin previa autorización judicial.

?En cuanto al registro, la sentencia reproduce los requisitos fijados por la STS 440/2018 para la validez del consentimiento domiciliario: otorgarlo persona capaz, de manera consciente y libre, sin error, violencia ni intimidación, reflejarlo por escrito, ser expreso o tácito inequívoco, prestarse en condiciones de serenidad y libertad ambiental, por el titular del domicilio, para un asunto concreto y, si se trata de persona detenida, con asistencia letrada. Recuerda también la doctrina de la STS 234/2016, según la cual la ausencia de letrado cuando el sujeto está detenido invalida el consentimiento y genera nulidad ex art. 11.1 LOPJ, pero subraya que en este caso sí hubo asistencia letrada antes del registro y que el consentimiento fue prestado tras esa asistencia.

Se constata que el acusado reconoció en el juicio, a preguntas de su defensa, que dio su consentimiento, aunque alegó presiones y golpes; estos extremos no se consideran acreditados. La letrada de oficio se acogió al secreto profesional, sin aportar datos que desvirtuaran la regularidad del acto. Los testigos del registro situaron su posición junto a la puerta y ofrecieron información parcial, sin confirmar irregularidades graves.?

Con base en ello, la Sala concluye que se cumplieron los requisitos jurisprudenciales: el acusado estaba asistido, fue informado, y su voluntad se manifestó de modo expreso, sin que existan indicios objetivos de coacción o intimidación ambiental que permitan anular el consentimiento. Además, siguiendo la STS 278/2023, se enfatiza que hay que diferenciar entre entrada y registro, y que el acusado consintió en dos momentos distintos, desplegando actos concluyentes de anuencia y no simple pasividad resignada.?

En cuanto al valor probatorio de los agentes policiales, la sentencia recuerda la jurisprudencia que atribuye a sus declaraciones el carácter de testimonio sometido a las reglas de la sana crítica, sin presunción de veracidad automática, pero con alto poder de convicción cuando no existen datos que permitan dudar de su profesionalidad e imparcialidad. Al no apreciarse contradicciones relevantes ni móviles espurios, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe su relato, la Sala otorga a esas declaraciones un peso decisivo en la fijación de los hechos probados. Rechaza, así, la tesis defensiva de una construcción artificial de la entrada y el registro.

TERCERO.-No podemos sino traer a colación el contenido de la sentencia 6/2021, de 6 de enero. Esta sentencia es, para la defensa, crucial para la resolución del asunto. En esta resolución se parte de que el 10 de agosto de 2016, agentes de la Guardia Civil paran a quien resultó acusado por control antidrogas. Tras negar inicialmente, admite portar hachís y cocaína (cantidades no precisadas), dos móviles y 370 € en billetes fraccionados. Para identificarle e incoar sanción administrativa por tenencia en vía pública ( art. 36 LO 4/2015), y dado que su domicilio no coincide con el del DNI y no lo recuerda con exactitud, los agentes le "sugieren" acompañarlos al cuartel o a su casa; opta por esta última, conduciendo su vehículo delante del coche policial hasta su domicilio. Allí, a requerimiento policial para verificar que la llave abre la cerradura, el acusado abre la puerta. Desde el umbral, ven una mesa con bote de cristal (sustancia blanca), bolsa transparente (sustancia blanca) y báscula de precisión. Informado de diligencias por delito contra la salud pública, consiente por escrito entrada y registro voluntario. Hallan drogas (113,42 g cocaína pura, 1,21 g hachís), 2.116 € y útiles de dosificación. Tras esto fue detenido formalmente.

El TS analiza si el consentimiento es válido pese a la ausencia de asistencia letrada, declarando su nulidad radical ( art. 11.1 LOPJ) . Reconoce la doctrina reiterada: el domicilio es inviolable salvo consentimiento del titular, autorización judicial o flagrancia ( art. 18.2 CE) . Cuando el titular está detenido, el consentimiento requiere presencia de letrado para ser válido, por la "intimidación ambiental" de la presencia policial que impide un consentimiento libre y consciente, afectando derechos de defensa e inviolabilidad (cita SSTS 845/2017, 11/2011, 1080/2005, 678/2001 y más).

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia en la resolución del recurso de apelación sostuvieron que el acusado, cuando se lleva a cabo el hallazgo de la sustancia prohibida en su domicilio, no se encontraba detenido, validando de esa forma el hallazgo. La cuestión crucial es la determinación de si el interesado se encontraba en aquel momento, acompañado por agentes policiales a su domicilio para una diligencia de identificación, detenido o no, a los efectos de considerar precisa la asistencia letrada para la prestación del consentimiento para el acceso a su domicilio. La Sala 2ª es clara al respecto, cuando el interesado es acompañado por los agentes policiales en el curso de la diligencia de identificación está, sin duda, privado de libertad y tal situación solo puede ser calificada como de detención. Se añade que no existe un tertium genuso categoría intermedia entre la libertad y la prisión y se afirma que: «Así, en su sentencia núm. 98/1986, de 10 de julio , --siguiendo en este punto la orientación de la STEDH de 6 de noviembre de 1.980 (caso Guzzardi )--, declaró que entre la libertad y la detención de una persona no cabían zonas intermedias, ya que no era tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad, --en las que, de cualquier modo, se impedía u obstaculizaba la autodeterminación de la conducta lícita--, quedaran sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución española. Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de enfrentar nuevamente este problema en su sentencia núm. 341/1993, de 18 de noviembre , valorando, precisamente, el acomodo a nuestra Constitución de la regulación ofrecida a este respecto por la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana entonces vigente. Dijo así el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales: "No es determinante, a estos efectos, la noción de "voluntariedad" que, en relación con lo dispuesto en el art. 20.4 de la LOPSC , ha empleado en sus alegaciones el Abogado del Estado para negar que estemos ante una privación de libertad. Sin duda que una comparecencia espontánea o a voluntad propia en dependencias policiales excluiría, de principio, todo asomo de privación de libertad, aunque ésta podría llegar a constatarse, claro está, desde el momento en que el sujeto quedara imposibilitado de abandonar aquellas dependencias. Pero el art. 20.2 no hace referencia a una personación de este género. La situación descrita en este precepto es la de un acompañamiento a los agentes, por orden de ellos (requerimiento), hasta "dependencias próximas" en las que el sujeto habrá de permanecer, si bien por "el tiempo imprescindible" para realizar las diligencias de identificación y debe hacerse constar que la desatención a aquella orden conminatoria se imponga o no por la coacción, puede dar lugar a responsabilidades penales o administrativas [ arts. 20.4 y 26 h) de la LOPSC ]. Siendo esto así, la actitud del requerido que acata la orden policial, expresa, claro es, una voluntad (la de no resistirse o no negarse a acompañar a los agentes), pero no necesariamente una voluntad libre en el sentido del art. 17.1 de la Constitución : volui, sed coactus volui.»Se dice igualmente que una privación de libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el interesado la acepte ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II, 65). En síntesis, dice la sentencia, el requerimiento previsto en el artículo 16.2 de la LOPSC constituye una privación de libertad, legítima y constitucional.

Pues bien, desde esa consideración, la consecuencia no puede ser otra que la de estimar que no cabe que el acusado hubiera prestado válidamente su consentimiento a la entrada en su domicilio a los agentes que le acompañaban porque tal eventualidad solo sería válida si Carlos Francisco hubiera contado con asistencia letrada. Sirva como muestra lo indicado en la sentencia 123/2025, de 13 de febrero que, con cita de las SSTS 1803/2002, de 4-11; 201/2006, de 14-3; 933/2010, de 28-10; 719/2013, de 9-10; 440/2018, de 4-10; 274/2021, de 8-4, enseña que los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizando la entrada y registro domiciliario son los siguientes: «a) otorgado por persona capaz, esto es mayor de edad y sin restricción alguna en su capacidad de obrar. En supuestos de discapacidad aparente, esté o no declarada jurídicamente, no puede considerarse válidamente prestada el consentimiento, todo ello en base al art. 25 CP , modificado por LO 1/2015, de 30-3. b) Otorgado consciente y libremente -lo cual requiere: que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; que no se considere a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; que si él que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial. "el consentimiento a la realización de la diligencia, sino de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y el alcance del acto de naturaleza procesal que realiza". ( STS 2-12-98 ). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente sobre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" ( STS 831/200, de 16-5). c) Puede prestarse oralmente o por escrito pero siempre se reflejan documentalmente para su constancia indeleble. d) Debe otorgarse expresamente -si bien el art. 551 autoriza el consentimiento prescrito, este artículo ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no posición, cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presente hay que resolverla a favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el TC de interpretar siempre las normas en el sentido más favorables a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada».

Y sobre la base anterior es incuestionable que la entrada por parte de los agentes policiales en el domicilio del acusado, aun dando por cierto que prestó su consentimiento, es nula por no estar presenta la asistencia letrada, requisito de validez.

La consecuencia no es otra que la nulidad de todas aquellas diligencias derivadas de este ilícito acceso domiciliario, esto es, del conocimiento que los agentes tuvieron en aquel momento de que existía sustancia prohibida en la morada del hoy apelante y fácilmente se colige que toda la prueba de cargo se apoya en aquella premisa inicial por lo que la conexión de antijuridicidad es patente y manifiesta. Si no hubiera existido el acceso no se hubiera descubierto aquello que a la postre motivó el ulterior registro, y entrada, y la incautación de los elementos que han sustentado la condena, todo ello en relación con el art 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia 711/2025, de 10 de septiembre, con cita de la 623/2018, de 5 de diciembre, explica cuando las pruebas derivadas pueden o no ser valoradas, esto es, cuando existe o no conexión de antijuridicidad. Ese análisis se verifica desde un punto de vista interno, si la inconstitucionalidad de la originaria se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla, y externo, si se dan o no las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho exige de modo que, con reflejo en la sentencia 161/1999, solo si la prueba refleja es ajena "a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de la tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configura el contenido del derecho fundamental sustantivo"(con cita de las S.S.T. precedentes 49/99 y 11/1981 ). Por su parte la sentencia 602/2025, de 30 de junio, indica que para determinar la conexión de antijuridicidad habrá que examinar el acto lesivo del derecho y su resultado, desde una perspectiva interna, con análisis de las características de la vulneración del derecho sustantivo, y también desde una perspectiva externa, en atención a las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). Y puede suceder que la nulidad de las pruebas originales no afecte a las derivadas cuando entre ellas no existe una relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

En este caso, entendemos que existe plena conexión de antijuridicidad desde el inicial acceso de las fuerzas policiales al domicilio del acusado, cuya nulidad se ha declarado, porque de no haber existido este la consecuencia de la diligencia policial de identificación habría sido únicamente esta, al margen del propio procedimiento gubernativo sancionador, de modo que el conocimiento determinante de la segunda medida de injerencia del derecho a la inviolabilidad del domicilio, momento de aprehensión de todo el material probatorio de cargo, no habría tenido lugar sin el primero. La relación causal es incuestionable y de no proceder a la declaración de nulidad de la segunda injerencia, el derecho del acusado a la inviolabilidad de su domicilio quedaría, de facto, extinguido.

CUARTO.-La consecuencia de lo expuesto no puede ser otra que la absolución del acusado, al no existir prueba incriminatoria pues la de tal signo ha sido anulada, con plena aplicación del contenido del derecho a la presunción de inocencia, ex artículo 24 de la Constitución, sin que sea preciso entrar a valorar las demás cuestiones esgrimidas en la causa, en concreto la flagrancia, y el propio hallazgo causal, ambos apoyados en diligencia nula de pleno derecho, y todo ello, reiteramos, sobre la base del art 11.1 de la LOPJ, ya citado..

QUINTO.-La determinación de la absolución del acusado conlleva la declaración de oficio de las costas procesales devengadas en la totalidad del procedimiento, ex artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos

PRIMERO.-Plantea un único motivo de recurso la representación procesal de D. Carlos Francisco contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña de fecha 16 de octubre de 2025, en el procedimiento abreviado nº 9/2024. Denuncia la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio ex artículo 18.2 de la Constitución.

En el desarrollo del motivo la defensa sostiene que la entrada y registro en la vivienda del acusado se realizó sin ninguno de los títulos habilitantes constitucionalmente admitidos: ni autorización judicial, ni delito flagrante, ni consentimiento válido del titular. Por ello pide que se declare la nulidad de la diligencia de entrada y registro y, por conexión, de toda la prueba derivada ( art. 11.1 LOPJ), lo que llevaría a la absolución.?

La sentencia de instancia declara probado que, durante una intervención policial en la vía pública por motivos ajenos a este procedimiento, al acusado se le cae una pequeña bolsa con cocaína, lo que motiva que los agentes intenten identificarlo para incoar un expediente sancionador por tenencia de drogas en la vía pública. Como el acusado no llevaba el DNI encima y dijo tenerlo en su domicilio, sube con los agentes desde el portal hasta su piso para identificarse. Hasta aquí, acusado y agentes coinciden en su relato; la discrepancia comienza en cómo se produce la entrada de los policías en el domicilio.?

El acusado mantiene, en instrucción y en el juicio, que nunca autorizó la entrada; los agentes declaran en juicio que sí prestó consentimiento. La Audiencia da mayor credibilidad a los policías, apoyándose en la jurisprudencia sobre la especial fiabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones y concluye que hubo consentimiento válido para entrar.

Una vez dentro, la sentencia afirma que los agentes vieron a simple vista diversas sustancias estupefacientes en cantidades incompatibles con el autoconsumo y que se limitaron a "asegurar" la escena y los efectos, a la espera de la llegada, horas después, de la policía judicial, que realizó el registro ya con letrada y nuevo consentimiento del acusado.

La defensa despliega su argumentación en dos planos:?

1) La entrada en el domicilio fue ilícita porque el consentimiento no fue válido.

2) El registro fue igualmente ilícito porque los agentes de seguridad ciudadana realizaron en realidad un registro sin título habilitante, pese a alegarse hallazgo casual y flagrancia.?

Sostiene que entrada y registro son actos distintos, ambos necesitados de cobertura: autorización judicial, consentimiento o flagrancia delictiva; fuera de estos supuestos, la diligencia es nula de pleno derecho.?

Aunque el acusado niega cualquier consentimiento, la defensa asume, a efectos dialécticos, el relato fáctico de la sentencia (es decir, que sí consintió), pero discute la validez jurídica de ese consentimiento. Invoca la doctrina del Tribunal Supremo, citando expresamente la STS 440/2018, que fija requisitos para que el consentimiento domiciliario sea válido: debe prestarse por persona capaz, de modo libre y convincente, por escrito, de forma expresa, en condiciones de serenidad y libertad, y por el titular del domicilio; si la persona está detenida, requiere asistencia letrada.?

La defensa se centra en la situación de libertad del acusado: sostiene que, al acudir acompañado por varios agentes al domicilio para ser identificado y sancionado por tenencia de drogas, no se encontraba realmente en libertad, sino en una situación de privación de libertad "de facto"que equipara a la detención a efectos de validez del consentimiento. En apoyo, transcribe extensamente la STS 6/2021, que analiza un caso muy similar (intervención en vía pública, pequeña cantidad de droga, acompañamiento al domicilio, visualización de efectos de tráfico desde el umbral y posterior entrada con consentimiento).?

La sentencia del TS, según la reproducción que hace el recurso, afirma que entre libertad y detención no existen zonas intermedias: si una persona es requerida a acompañar a los agentes, con posibilidad de sanción si se niega, está privada de libertad y ello puede constituir detención, aunque no se formalice como tal. Sobre esta base, el TS concluye que, cuando una persona se halla detenida (o en situación equivalente) y presta consentimiento para un registro domiciliario sin asistencia letrada, dicho consentimiento es inválido y la diligencia de entrada y registro es nula, arrastrando la nulidad de las pruebas obtenidas.?

La defensa traslada esa doctrina al caso: quien sube a su domicilio escoltado por la policía para ser identificado, sin plena libertad de movimientos y bajo una evidente "intimidación ambiental", no está en condiciones de prestar un consentimiento libre y sereno. Al no haber asistencia letrada ni constancia escrita del consentimiento, entiende que se vulneran los estándares constitucionales y jurisprudenciales; las dudas sobre la libertad o serenidad han de resolverse a favor del derecho fundamental, por exigencia de la doctrina constitucional.?

El segundo eje del recurso es demostrar que, contra lo que sostiene la Audiencia, los agentes no se limitaron a constatar un hallazgo casual y asegurar la escena, sino que realizaron un registro completo o parcial de la vivienda sin consentimiento ni autorización judicial, sin concurrir tampoco delito flagrante en los términos exigidos por la jurisprudencia.?

La sentencia recurrida afirma que, una vez dentro, en un espacio reducido y abierto, los agentes perciben a simple vista resina de cannabis, marihuana y cocaína en cantidades no compatibles con el autoconsumo, sin abrir muebles ni manipular nada; se trataría de un hallazgo inmediato amparado en una actuación legítima por venir precedida de consentimiento. La defensa sostiene que esa reconstrucción choca con la documentación obrante en autos y con las declaraciones de los propios agentes y de la policía judicial.?

Apoyándose en el atestado y en el acta de registro, la defensa sostiene que, en la fotografía de la barra de la cocina tomada por la policía judicial al llegar, no solo aparecen la caja de plástico transparente y la bolsa con supuesta marihuana y la caja metálica, sino también una bolsa más grande con cocaína y tres pastillas, elementos que la sentencia sitúa, erróneamente, como hallados en el registro posterior.? En segundo lugar que la policía judicial distingue en su diligencia qué efectos se hallan ya en la barra al llegar (presuntamente por hallazgo casual previo) y cuáles se incautan en el registro posterior; entre los primeros figuran una bolsa de 11,7 gramos de cocaína y tres pastillas, cuya procedencia los agentes uniformados no supieron concretar en el juicio. Finalmente que la caja metálica negra, no translúcida, fue obtenida por los agentes de seguridad ciudadana accediendo a una estantería y abriéndola, lo que, según la defensa, no puede considerarse "simple percepción" ni flagrancia, sino un registro material de un contenedor opaco.?

A partir de esos datos, la defensa concluye que los agentes, una vez dentro, no se limitaron a "ver" y asegurar lo que estaba a la vista, sino que manipularon muebles, abrieron recipientes y localizaron más droga, es decir, practicaron un registro sin título habilitante. Recuerda que la flagrancia exige que el delito sea percibido de modo inmediato, evidente, sin necesidad de indagaciones ni aperturas de contenedores, y que exista urgencia que justifique la injerencia sin autorización judicial. Abrir una caja opaca o manipular bolsas adicionales excede ese marco.?

Además, la defensa apunta que, de haber existido realmente flagrancia, habría bastado con salir del domicilio con el acusado, cerrar la vivienda y esperar a la policía judicial y a la letrada para formalizar la diligencia con todas las garantías, sin necesidad de registrar por su cuenta.?

Sostiene, en consecuencia, que la nulidad de la actuación inicial (entrada y registro por los agentes de seguridad ciudadana) contamina también el registro posterior efectuado por la policía judicial con asistencia letrada. El acusado declaró que solo firmó el consentimiento posterior porque su vivienda ya había sido registrada por completo, incluida una habitación cuya previa entrada por los uniformados él afirma y que considera verosímil a la vista del proceder policial documentado.? Se añade que los testigos de la diligencia de registro posterior manifestaron que no se les permitió asistir al registro en el interior, sino que fueron mantenidos fuera y que, cuando accedieron, el registro estaba ya realizado, lo que refuerza la sospecha de irregularidad. En opinión de la defensa, la "intimidación ambiental e incluso física" sufrida por el acusado invalida también el consentimiento que se dice prestó ante la policía judicial.?

SEGUNDO.-La sentencia apelada se articula en torno a tres ejes fundamentales: la licitud de la entrada y registro en el domicilio, la suficiencia y validez de la prueba para destruir la presunción de inocencia y la calificación jurídico-penal de los hechos, con determinación de la pena correspondiente.

El tribunal afirma que los hechos probados integran un delito contra la salud pública del artículo 368 CP, en su modalidad de sustancias que causan grave daño y sustancias que no lo causan, por la tenencia de cocaína, resina de cannabis, cannabis y MDMA/2C-B con finalidad de tráfico. La convicción judicial se forma conforme al art. 741 LECrim, valorando en conciencia la prueba practicada en el juicio, respetando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y verificando que la prueba de cargo se obtuvo sin vulnerar derechos fundamentales, como exige el art. 11.1 LOPJ y el art. 24.2 CE sobre presunción de inocencia.?

La Sala recuerda doctrina del Tribunal Supremo sobre la exigencia de un discurso argumental lógico y no basado en intuiciones o presentimientos: la condena debe apoyarse en un razonamiento coherente y en prueba suficiente, no en meras sospechas. También cita la jurisprudencia que permite inferir la intención de tráfico a partir de la cantidad, variedad de sustancias, forma de almacenamiento, presencia de útiles (báscula, bolsitas) y dinero en efectivo fraccionado, indicando que estas circunstancias, en el caso, excluyen razonablemente el destino exclusivo a autoconsumo y permiten afirmar una finalidad de distribución a terceros. En consecuencia, entiende que la prueba, tanto directa como indiciaria, genera un cuadro incriminatorio sólido, plural y concluyente, que descarta la duda razonable y, por tanto, la aplicación del principio pro reo.

El núcleo de la fundamentación es la respuesta a la alegación de la defensa sobre la nulidad de la prueba derivada de la entrada en el domicilio y el registro. La defensa sostiene que la entrada fue ilegítima (sin autorización judicial, sin flagrancia y sin consentimiento válido) y que, en consecuencia, toda la prueba quedaría afectada por nulidad radical. La Sala admite que, si prosperara esa tesis, la conclusión habría de ser absolutoria por la fuerte conexión de antijuridicidad, pero adelanta que dicha alegación debe ser desestimada.

En primer lugar, distingue entre la entrada inicial y el posterior registro formal. La entrada se produjo porque, tras caerle al acusado un envoltorio con aparente cocaína en la vía pública, los agentes le requirieron para identificarse con vistas a una sanción administrativa, y él manifestó que su documentación estaba en el domicilio, consintiendo ser acompañado al interior. La puerta estaba abierta, y el acusado permitió expresamente el acceso de varios agentes para recoger la documentación, en un contexto que el tribunal describe como ajeno a cualquier coacción, irrupción forzosa o finalidad investigadora en ese primer momento, pues se enmarcaba en una actuación de seguridad ciudadana y propuesta de sanción.

?Una vez dentro, en un único espacio reducido (salón-comedor al que daba directamente la puerta), los agentes observaron, a simple vista, una caja de plástico transparente con resina de cannabis, una bolsa que desprendía fuerte olor a marihuana y una caja metálica con bolsitas y dinero, todo ello accesible sin necesidad de abrir muebles ni manipular nada, según las declaraciones testificales valoradas por la Sala, incluida la de la pareja del acusado. El tribunal califica esta situación como un hallazgo inmediato en el curso de una actuación lícita, no fruto de un registro o búsqueda planificada. Los agentes se limitaron a asegurar las sustancias, colocándolas sobre la mesa, preservando la escena y comunicando con su superior, dentro de una función preventiva.?

A partir de ahí, se produce la detención del acusado, se le informa de la intención de registrar la vivienda «bien con su consentimiento, bien mediante autorización judicial»,y él manifiesta su voluntad de autorizar voluntariamente el registro. Posteriormente acuden agentes de la policía judicial (UDYCO) y una letrada de oficio, con quien el acusado se entrevista; ante ella reitera su consentimiento al registro, que se practica con su presencia, con dos testigos y documentando las sustancias y efectos intervenidos. El tribunal considera que esta segunda fase constituye un registro formal, diferenciado de la mera entrada inicial consentida y del hallazgo casual previo.?

Para justificar la licitud de ambas fases, la Sala se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento como causa legitimadora de entrada sin autorización judicial, siempre que sea libre, voluntario, consciente y sin coacción ( STS 278/2023, de 19 de abril, con cita de la 113/2018, de 13 de marzo)

La figura del hallazgo casual lícito, que permite asegurar lo ilícito visible a simple vista en el marco de una presencia policial legítima, incluso sin previa autorización judicial.

?En cuanto al registro, la sentencia reproduce los requisitos fijados por la STS 440/2018 para la validez del consentimiento domiciliario: otorgarlo persona capaz, de manera consciente y libre, sin error, violencia ni intimidación, reflejarlo por escrito, ser expreso o tácito inequívoco, prestarse en condiciones de serenidad y libertad ambiental, por el titular del domicilio, para un asunto concreto y, si se trata de persona detenida, con asistencia letrada. Recuerda también la doctrina de la STS 234/2016, según la cual la ausencia de letrado cuando el sujeto está detenido invalida el consentimiento y genera nulidad ex art. 11.1 LOPJ, pero subraya que en este caso sí hubo asistencia letrada antes del registro y que el consentimiento fue prestado tras esa asistencia.

Se constata que el acusado reconoció en el juicio, a preguntas de su defensa, que dio su consentimiento, aunque alegó presiones y golpes; estos extremos no se consideran acreditados. La letrada de oficio se acogió al secreto profesional, sin aportar datos que desvirtuaran la regularidad del acto. Los testigos del registro situaron su posición junto a la puerta y ofrecieron información parcial, sin confirmar irregularidades graves.?

Con base en ello, la Sala concluye que se cumplieron los requisitos jurisprudenciales: el acusado estaba asistido, fue informado, y su voluntad se manifestó de modo expreso, sin que existan indicios objetivos de coacción o intimidación ambiental que permitan anular el consentimiento. Además, siguiendo la STS 278/2023, se enfatiza que hay que diferenciar entre entrada y registro, y que el acusado consintió en dos momentos distintos, desplegando actos concluyentes de anuencia y no simple pasividad resignada.?

En cuanto al valor probatorio de los agentes policiales, la sentencia recuerda la jurisprudencia que atribuye a sus declaraciones el carácter de testimonio sometido a las reglas de la sana crítica, sin presunción de veracidad automática, pero con alto poder de convicción cuando no existen datos que permitan dudar de su profesionalidad e imparcialidad. Al no apreciarse contradicciones relevantes ni móviles espurios, y ante la ausencia de prueba que desvirtúe su relato, la Sala otorga a esas declaraciones un peso decisivo en la fijación de los hechos probados. Rechaza, así, la tesis defensiva de una construcción artificial de la entrada y el registro.

TERCERO.-No podemos sino traer a colación el contenido de la sentencia 6/2021, de 6 de enero. Esta sentencia es, para la defensa, crucial para la resolución del asunto. En esta resolución se parte de que el 10 de agosto de 2016, agentes de la Guardia Civil paran a quien resultó acusado por control antidrogas. Tras negar inicialmente, admite portar hachís y cocaína (cantidades no precisadas), dos móviles y 370 € en billetes fraccionados. Para identificarle e incoar sanción administrativa por tenencia en vía pública ( art. 36 LO 4/2015), y dado que su domicilio no coincide con el del DNI y no lo recuerda con exactitud, los agentes le "sugieren" acompañarlos al cuartel o a su casa; opta por esta última, conduciendo su vehículo delante del coche policial hasta su domicilio. Allí, a requerimiento policial para verificar que la llave abre la cerradura, el acusado abre la puerta. Desde el umbral, ven una mesa con bote de cristal (sustancia blanca), bolsa transparente (sustancia blanca) y báscula de precisión. Informado de diligencias por delito contra la salud pública, consiente por escrito entrada y registro voluntario. Hallan drogas (113,42 g cocaína pura, 1,21 g hachís), 2.116 € y útiles de dosificación. Tras esto fue detenido formalmente.

El TS analiza si el consentimiento es válido pese a la ausencia de asistencia letrada, declarando su nulidad radical ( art. 11.1 LOPJ) . Reconoce la doctrina reiterada: el domicilio es inviolable salvo consentimiento del titular, autorización judicial o flagrancia ( art. 18.2 CE) . Cuando el titular está detenido, el consentimiento requiere presencia de letrado para ser válido, por la "intimidación ambiental" de la presencia policial que impide un consentimiento libre y consciente, afectando derechos de defensa e inviolabilidad (cita SSTS 845/2017, 11/2011, 1080/2005, 678/2001 y más).

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia en la resolución del recurso de apelación sostuvieron que el acusado, cuando se lleva a cabo el hallazgo de la sustancia prohibida en su domicilio, no se encontraba detenido, validando de esa forma el hallazgo. La cuestión crucial es la determinación de si el interesado se encontraba en aquel momento, acompañado por agentes policiales a su domicilio para una diligencia de identificación, detenido o no, a los efectos de considerar precisa la asistencia letrada para la prestación del consentimiento para el acceso a su domicilio. La Sala 2ª es clara al respecto, cuando el interesado es acompañado por los agentes policiales en el curso de la diligencia de identificación está, sin duda, privado de libertad y tal situación solo puede ser calificada como de detención. Se añade que no existe un tertium genuso categoría intermedia entre la libertad y la prisión y se afirma que: «Así, en su sentencia núm. 98/1986, de 10 de julio , --siguiendo en este punto la orientación de la STEDH de 6 de noviembre de 1.980 (caso Guzzardi )--, declaró que entre la libertad y la detención de una persona no cabían zonas intermedias, ya que no era tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad, --en las que, de cualquier modo, se impedía u obstaculizaba la autodeterminación de la conducta lícita--, quedaran sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución española. Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional tuvo ocasión de enfrentar nuevamente este problema en su sentencia núm. 341/1993, de 18 de noviembre , valorando, precisamente, el acomodo a nuestra Constitución de la regulación ofrecida a este respecto por la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana entonces vigente. Dijo así el máximo intérprete de nuestras garantías constitucionales: "No es determinante, a estos efectos, la noción de "voluntariedad" que, en relación con lo dispuesto en el art. 20.4 de la LOPSC , ha empleado en sus alegaciones el Abogado del Estado para negar que estemos ante una privación de libertad. Sin duda que una comparecencia espontánea o a voluntad propia en dependencias policiales excluiría, de principio, todo asomo de privación de libertad, aunque ésta podría llegar a constatarse, claro está, desde el momento en que el sujeto quedara imposibilitado de abandonar aquellas dependencias. Pero el art. 20.2 no hace referencia a una personación de este género. La situación descrita en este precepto es la de un acompañamiento a los agentes, por orden de ellos (requerimiento), hasta "dependencias próximas" en las que el sujeto habrá de permanecer, si bien por "el tiempo imprescindible" para realizar las diligencias de identificación y debe hacerse constar que la desatención a aquella orden conminatoria se imponga o no por la coacción, puede dar lugar a responsabilidades penales o administrativas [ arts. 20.4 y 26 h) de la LOPSC ]. Siendo esto así, la actitud del requerido que acata la orden policial, expresa, claro es, una voluntad (la de no resistirse o no negarse a acompañar a los agentes), pero no necesariamente una voluntad libre en el sentido del art. 17.1 de la Constitución : volui, sed coactus volui.»Se dice igualmente que una privación de libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el interesado la acepte ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II, 65). En síntesis, dice la sentencia, el requerimiento previsto en el artículo 16.2 de la LOPSC constituye una privación de libertad, legítima y constitucional.

Pues bien, desde esa consideración, la consecuencia no puede ser otra que la de estimar que no cabe que el acusado hubiera prestado válidamente su consentimiento a la entrada en su domicilio a los agentes que le acompañaban porque tal eventualidad solo sería válida si Carlos Francisco hubiera contado con asistencia letrada. Sirva como muestra lo indicado en la sentencia 123/2025, de 13 de febrero que, con cita de las SSTS 1803/2002, de 4-11; 201/2006, de 14-3; 933/2010, de 28-10; 719/2013, de 9-10; 440/2018, de 4-10; 274/2021, de 8-4, enseña que los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizando la entrada y registro domiciliario son los siguientes: «a) otorgado por persona capaz, esto es mayor de edad y sin restricción alguna en su capacidad de obrar. En supuestos de discapacidad aparente, esté o no declarada jurídicamente, no puede considerarse válidamente prestada el consentimiento, todo ello en base al art. 25 CP , modificado por LO 1/2015, de 30-3. b) Otorgado consciente y libremente -lo cual requiere: que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; que no se considere a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; que si él que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial. "el consentimiento a la realización de la diligencia, sino de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y el alcance del acto de naturaleza procesal que realiza". ( STS 2-12-98 ). Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente sobre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la coacción que la presencia de los agentes de la actividad representan" ( STS 831/200, de 16-5). c) Puede prestarse oralmente o por escrito pero siempre se reflejan documentalmente para su constancia indeleble. d) Debe otorgarse expresamente -si bien el art. 551 autoriza el consentimiento prescrito, este artículo ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no posición, cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presente hay que resolverla a favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el TC de interpretar siempre las normas en el sentido más favorables a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada».

Y sobre la base anterior es incuestionable que la entrada por parte de los agentes policiales en el domicilio del acusado, aun dando por cierto que prestó su consentimiento, es nula por no estar presenta la asistencia letrada, requisito de validez.

La consecuencia no es otra que la nulidad de todas aquellas diligencias derivadas de este ilícito acceso domiciliario, esto es, del conocimiento que los agentes tuvieron en aquel momento de que existía sustancia prohibida en la morada del hoy apelante y fácilmente se colige que toda la prueba de cargo se apoya en aquella premisa inicial por lo que la conexión de antijuridicidad es patente y manifiesta. Si no hubiera existido el acceso no se hubiera descubierto aquello que a la postre motivó el ulterior registro, y entrada, y la incautación de los elementos que han sustentado la condena, todo ello en relación con el art 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sentencia 711/2025, de 10 de septiembre, con cita de la 623/2018, de 5 de diciembre, explica cuando las pruebas derivadas pueden o no ser valoradas, esto es, cuando existe o no conexión de antijuridicidad. Ese análisis se verifica desde un punto de vista interno, si la inconstitucionalidad de la originaria se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla, y externo, si se dan o no las necesidades esenciales de tutela que la realidad y efectividad del derecho exige de modo que, con reflejo en la sentencia 161/1999, solo si la prueba refleja es ajena "a la vulneración del derecho y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de la tutela del mismo cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que configura el contenido del derecho fundamental sustantivo"(con cita de las S.S.T. precedentes 49/99 y 11/1981 ). Por su parte la sentencia 602/2025, de 30 de junio, indica que para determinar la conexión de antijuridicidad habrá que examinar el acto lesivo del derecho y su resultado, desde una perspectiva interna, con análisis de las características de la vulneración del derecho sustantivo, y también desde una perspectiva externa, en atención a las necesidades esenciales de tutela exigidas por la realidad y efectividad de este derecho ( STC 81/1998, FJ 4, 121/1998, FJ 5, 49/1999, FJ 14, 94/1999, de 31 de mayo, FJ 6, 166/1999, FJ 4, 171/1999, FJ 4). Y puede suceder que la nulidad de las pruebas originales no afecte a las derivadas cuando entre ellas no existe una relación natural, o si, en segundo lugar, no se da la conexión de antijuridicidad ( SSTC 81/1998, 121/1998, 151/1998, de 13 de julio, 49/1999, 166/1999, 171/1999).

En este caso, entendemos que existe plena conexión de antijuridicidad desde el inicial acceso de las fuerzas policiales al domicilio del acusado, cuya nulidad se ha declarado, porque de no haber existido este la consecuencia de la diligencia policial de identificación habría sido únicamente esta, al margen del propio procedimiento gubernativo sancionador, de modo que el conocimiento determinante de la segunda medida de injerencia del derecho a la inviolabilidad del domicilio, momento de aprehensión de todo el material probatorio de cargo, no habría tenido lugar sin el primero. La relación causal es incuestionable y de no proceder a la declaración de nulidad de la segunda injerencia, el derecho del acusado a la inviolabilidad de su domicilio quedaría, de facto, extinguido.

CUARTO.-La consecuencia de lo expuesto no puede ser otra que la absolución del acusado, al no existir prueba incriminatoria pues la de tal signo ha sido anulada, con plena aplicación del contenido del derecho a la presunción de inocencia, ex artículo 24 de la Constitución, sin que sea preciso entrar a valorar las demás cuestiones esgrimidas en la causa, en concreto la flagrancia, y el propio hallazgo causal, ambos apoyados en diligencia nula de pleno derecho, y todo ello, reiteramos, sobre la base del art 11.1 de la LOPJ, ya citado..

QUINTO.-La determinación de la absolución del acusado conlleva la declaración de oficio de las costas procesales devengadas en la totalidad del procedimiento, ex artículo 240 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de Autos