Sentencia Penal 333/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 123/2024 de 04 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes.

SEGUNDO.-La sentencia de primer grado jurisdiccional condenó a Alfredo como autor de un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, pronunciamiento objeto del presente recurso de apelación cuyo suplico pretende la absolución y en defecto se acuerde la reducción de la condena, por error facti y error iuris.

TERCERO.- I.Los dos primeros motivos guardan relación, en tanto el primero denuncia error en la valoración de la prueba y el segundo vulneración del derecho a la presunción de inocencia ex artículo 24.2 de la Constitución española y del principio in dubio pro reo, pues entiende el disconforme que de la actividad probatoria practicada no se deduce, ni de manera indiciaria, su participación en los hechos.

En resumen sostiene el Sr. Alfredo que el error de la Sala en trance de apreciar las pruebas practicadas ha determinado su condena con material incriminatorio insuficiente, y para combatir el razonamiento judicial, tras disertar sobre al ámbito del recurso de apelación como remedio ante una equivocada valoración probatoria, subraya que los medios practicados consistieron en declaraciones testificales y documentos, y a propósito de su declaración insiste en negar que tuviera conocimiento de que el cheque litigioso hubiera sido falsificado, y antes bien, toda vez que administra la mercantil Xio Way International, dedicada a la gestión de inversiones en el mercado de importación de metales, tuvo noticia a través de un tercero - Ramón - de que Fluvial Fluídos y Valvulería, S.L tenía interés en invertir en metales preciosos, y facilitado que fue el cheque lo presentó, dando después por cancelada la operación al no percibir su importe; sobre el testimonio de Jesús Manuel, administrador de Fluvial Fluídos y Valvulería, S.L, libradora del cheque en cuestión, resalta que envió el documento a Vitrotec SLU por correo ordinario y quedó ingresado sin obstáculo, de donde resultaría en su criterio la imposibilidad de que el recurrente lo haya obtenido ni manipulado.

Más adelante insiste en la inexistencia de prueba que lo señale como falsificador del cheque, a falta de prueba pericial caligráfica, ni tan siquiera conocedor, pues se habría limitado a acudir a una oficina bancaria para cobrarlo estimando que era legítimo y porfía en que no se ha desvirtuado su presunción de inocencia, señalando in fine que ha acreditado el volumen de negocio que desarrolla la mercantil Xio Way International, con facturación acorde a operaciones como la que dice le fue encargada.

II.Como advierte la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2024 respecto al recurso de casación, con argumentos extrapolables al recurso de apelación, " Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala, la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a cualquiera de los elementos del delito que el recurso cuestione; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, lo que permite al Tribunal analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas con vulneración constitucional directa o con conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el nexo analítico entre la prueba y el hecho que de ella se extrae.

1.6. Debe recordarse también que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la de esta Sala han reconocido la validez de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. A falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria también puede sustentar un pronunciamiento condenatorio siempre que se cumplan determinados requisitos: a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.

1.7. Es cierto, que la inserción del elemento de la razonabilidad dentro del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia genera un espacio común en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que aunque el control por parte del Tribunal de apelación sobre la coherencia del juicio probatorio del Tribunal de instancia no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han presentado, sí debe confirmar que el órgano de enjuiciamiento haya fijado con claridad las razones contempladas para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos, muy especialmente cuando hayan sido controvertidos. De modo que las pruebas a considerar al verificar la racionalidad del proceso valorativo no son sólo aquellas que lógicamente conduzcan a la conclusión obtenida por el Tribunal, sino todas aquellas que hayan sido traídas por las partes y que puedan destruir o debilitar la convicción hasta conducirla al campo de lo incierto, lo remoto o lo especulativo. Todo ello cribado por el tamiz de la racionalidad y solidez de la inferencia en la que se sustenta la prueba indiciaria, no sólo desde su cohesión lógica, esto es, que es irrazonable la conclusión si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él, sino desde su calidad concluyente, pues el desenlace propuesto nunca puede ser válido si la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa.

En todo caso, la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta Sala han proclamado que el control de la calidad concluyente de la inferencia debe de ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales de instancia quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías, del acervo probatorio, de modo que sólo puede considerarse insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre o 123/2006, de 24 de abril , entre otras)".

Para terminar, en cuanto a la operatividad del principio in dubio pro reo, reiterada jurisprudencia de la que son representativas las SSTS de 1 de junio y 17 de julio de 2012, 5 de marzo de 2013, 22 de junio de 2015 y 28 de octubre de 2022, señala que sólo puede invocarse en casación en su vertiente normativa, es decir, cuando el propio tribunal admite en la resolución, expresa o implícitamente, la existencia de dudas sobre la participación de un acusado o sobre la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, y sin embargo no resuelve dicha duda en favor del reo, pero no en aquellos casos en que es la parte recurrente quien considera que el Tribunal debió dudar, cuando no lo hizo, pues había a su entender motivos para ello. En suma correspondiendo al tribunal y no a las partes valorar la prueba y obtener la convicción resultante, si se practicó prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y el tribunal obtuvo convicción para fundar su sentencia condenatoria no entra en escena el postulado "in dubio pro reo".

III.Si aplicamos esas consideraciones legales y jurisprudenciales el motivo es de obligado rechazo. El juicio oral fue escenario de prueba y, correctamente valorada, es suficiente para enervar la presunción de inocencia que sólo de forma interina amparaba al acusado.

En efecto, el Sr. Alfredo acogiéndose a sus derechos declinó prestar declaración en un primer momento y en el plenario ha negado toda implicación en la falsedad e intento de cobro del título, atribuyendo a una persona ignota, de nombre Ramón, supuesto intermediario en la operación mercantil que pretendidamente daría cobertura material a la entrega del medio de pago, la transmisión del documento, siendo mero receptor el acusado en la confianza de que se trataba de un acto rutinario, de ahí que lo ingresara en la cuenta bancaria de la que era titular Xio Way International.

Sin embargo el testigo Sr. Jesús Manuel, administrador de Fluvial Fluídos y Valvulería, S.L, explicó en el juicio que el documento en su origen fue librado por importe de 836,93 euros para abono de esa cantidad a Vitrotec SLU, y que no existió relación entre aquella entidad y Xia Way International o el acusado, e incluso que con ese tenor original el título fue hecho efectivo - tal y como se sostiene en el recurso -, por lo que según todos los signos la manipulación fue posterior y, como expresa el factum, haciéndose con el cheque en circunstancias no determinadas, lo que resulta indiferente para atribuir la responsabilidad al acusado en tanto pruebas y datos periféricos lo sitúan como partícipe protagonista de la mendacidad e intento depredatorio: el acusado estaba autorizado en la cuenta bancaria en que ingresó el cheque para su cobro, era el administrador único, de hecho y de derecho, de la sociedad a cuyo favor tras el amaño aparecía librado el cheque, y titular único de la mercantil, y fue él mismo quien presentó e ingresó el documento en el banco para cobro de su importe, una vez manipulado en extremos fundamentales, cuales son la identificación de la entidad beneficiaria, -titularidad y administración del reo - y el quantum. Por tanto el Sr. Alfredo era la única persona con interés en la alteración, para lucrarse ilícitamente, de ahí se infiere que conocía la manipulación fraudulenta aunque no hubiera, como hipótesis, participado en la confección, lo que es irrelevante por no tratarse de un delito de propia mano la falsedad documental.

A mayor abundamiento la conclusión inculpatoria resulta reforzada por la falta de credibilidad de la versión alternativa mantenida por el acusado, por completo inverosímil, implicando a un tercero del que nada se sabe y cuyo nombre se proporciona en el plenario, no antes.

CUARTO.- I.El tercer motivo objeta infracción de ley por aplicación indebida del artículo 248.1 del Código Penal.

Sostiene el disconforme que el relato de hechos probados no alberga los elementos del delito de estafa ni su participación en los mismos, complementados y contradichos en los fundamentos jurídicos, y esto porque no se acreditó que conociera la falsedad del cheque ni si fue autor de la falsificación, de donde colige no resulta ajustada a Derecho la condena por un delito tipificado en el artículo 248.1 del Código Penal. Por añadidura hace hincapié en el requisito del engaño, que sería insuficiente conforme a las circunstancias para obtener el desplazamiento patrimonial.

II.Sin embargo en el factum figuran ciertos pormenores que colman la modalidad delictiva apuntada, por cuanto describe además de la tenencia no aclarada del cheque la alteración de extremos cruciales, cuales son la beneficiaria - que pasó de ser Vitrotec SLU a ser Xio Way Intenational - y la cantidad a pagar - que mutó de 836,93 euros a 100.036, 93 euros -, y seguidamente narra el intento de cobro mediante ingreso en la cuenta bancaria titularidad de Xio Way International, en la que figuraba como autorizado el Sr. Alfredo, y la firma por él en el reverso del cheque, relato histórico que sin predeterminar el fallo y evitando la locución "engaño bastante" con que el legislador perfila el núcleo del tipo alude a la mendacidad puesta en escena al servicio del fraude, sin perjuicio, claro está, de que con posterioridad en la motivación fáctica el tribunal a quo desvele pormenorizadamente qué elementos probatorios refrendan la existencia del ardid, valoración que no ha de figurar en la narración histórica, suficiente para asentar la condena sin mayor integración. En suma, obsérvese que la fundamentación jurídica no "complementa" ni "contradice" el relato fáctico, como sin precisión ni desarrollo alguno se afirma en el recurso.

Por lo demás, el protagonismo del Sr. Alfredo en el fraude resulta sin esfuerzos de la narración histórica, que lo sitúa como tenedor "en circunstancias no determinadas", alterador del contenido literal - recuérdese que la falsificación no precisa ser de propia mano - y artífice del intento de cobro.

En suma, no vemos deficiencia o ineptitud del factum, que es conciso, para propiciar la calificación como delito de estafa.

III.Téngase en cuenta que se concitan cuantos elementos conforman la modalidad defraudatoria aplicada.

En la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de julio de 2024 podemos leer:

"Tal como hemos expuesto en pacífica jurisprudencia de este Tribunal (SSTS 220/2010, de 2 de marzo; 752/2011, de 26 de julio; y 465/2012, de 1 de junio o 563/2013, de 18 de junio , entre muchas otras), los elementos que estructuran el delito de estafa son los siguientes: 1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de imputación objetiva); 2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción; 3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de un tercero; 4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro y 5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, el cual debe estar vinculado con la acción engañosa (nexo causal o naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo (relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva).

Con respecto a la primera y última de estas exigencias, que son aquellas cuya concurrencia cuestiona el motivo, la STS 928/2005, de 11 de julio , subraya que esta misma Sala ha delimitado la nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa, tratando de reconducir la idoneidad o suficiencia del engaño a su adecuación en cada caso concreto, por lo que en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia la operatividad que resulte del principio de autorresponsabilidad.

En la Sentencia 900/2006, de 22 de septiembre , se argumenta que en el delito de estafa no basta con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que resulta normativamente exigido que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose a tal efecto en el artículo 248 del Código Penal que ello tenga lugar mediante un engaño "bastante". Por tanto, el contexto teórico adecuado para resolver los problemas a que da lugar esta exigencia típica es el de la imputación objetiva del resultado, que -como se indica en la sentencia de referencia- parte de la idea de que la mera verificación de una causalidad natural no es suficiente para la atribución del resultado, requiriéndose constatar que la acción haya creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, esto es, que se trate de uno de los resultados que quiere evitar la norma penal. En consecuencia, el juicio de idoneidad del engaño, en orden a la producción del error y a la imputación de la disposición patrimonial perjudicial, comienza a partir de la constatación de que el engaño no es de los socialmente adecuados o permitidos.

La doctrina de esta Sala (SSTS 17 de noviembre de 1999; 634/2000, de 26 de junio; 564/2007, de 25 de junio o 162/2012, de 15 de marzo, entre muchas otras), ha declarado también que, a la hora de estimar concurrente el elemento del engaño, es "bastante" aquel que se muestra suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, para lo que debe ofrecer una suficiente entidad que permita apreciar -en la convivencia social- que actúa como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad, tanto atendiendo a módulos objetivos, como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto ( STS 344/2013, de 30 de abril).

Por todo ello, es comprensible que la jurisprudencia de esta Sala niegue el juicio de tipicidad que define el delito de estafa en aquellos casos en los que la propia indolencia, y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal, hayan estado en el origen del acto dispositivo ( Sentencia 1024/2007, de 30 de noviembre ); si bien, de adverso, se ha dicho también que la suficiencia del engaño no impone que no exista posibilidad de desvelarlo, antes al contrario, será éste bastante si es capaz de inducir a confusión a quien preste una atención o diligencia que pueda ser considerada normal o razonable en el concreto ámbito en que la actividad se desarrolle ( STS 948/2002, de 8 de julio), esto es, si resulta tan convincente que pueda romper la barrera de desconfianza que el sujeto pasivo pueda tener frente a un extraño y realizar por ello un acto de disposición patrimonial ( STS 659/2005, de 8 de abril)".

IV.Trata el recurrente la cuestión de la aptitud o idoneidad del engaño, afirmando que "no resulta lo suficientemente creíble como para que sea punible", siendo antes bien imposible que creyera, de saber que el cheque era falso o haberlo falsificado, que sería viable llevar a cabo el cobro, por lo que con este argumento parece medir la suficiencia del engaño con su propia percepción del mismo, cuando en realidad la calidad de "bastante" exigida por la norma en la tipificación del delito de estafa toma como referente a la víctima.

Conforme a reiterada doctrina legal de la que es fiel exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000, el engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor y sustancia del delito de estafa, ha de existir y ser bastante, es decir suficiente y proporcional para la consecución del fin propuesto, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifiesta, y su idoneidad ha de valorarse atendiendo a módulos objetivos - en referencia a una persona media y al menester de seriedad y entidad - y también en función de las condiciones personales del sujeto afectado y circunstancias todas del caso concreto, de tal forma que el doble baremo objetivo y subjetivo desempeñará función determinante. El engaño además ha de ser causante del error y el desplazamiento patrimonial - vid. SSTS de 22 de diciembre del 2009, 16 de marzo de 2010, 10 de junio de 2012, 17 de enero, 12 y 30 de abril, 13 y 16 de junio de 2013-.

En cualquier caso únicamente queda excluido el engaño burdo, equivalente a una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria indolencia que descartan la idoneidad objetiva del engaño - STS de 26 de junio de 2000 -, sin que resulte admisible desplazar sobre la víctima la responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está definido en el tipo ni se reclama en otras infracciones patrimoniales.

En el presente caso resulta paladino no sólo la existencia de engaño antecedente y concurrente, causa idónea de error y correlativo desplazamiento patrimonial frustrado, sino también la aptitud de la farsa, aunque cupiera a la entidad bancaria la indagación y comprobación de fiabilidad, como es propio en el tráfico jurídico económico, singularmente en el contexto de las entidades financieras, cautela que evitó la consumación del delito.

En suma, el motivo es de necesario rechazo.

QUINTO.-En mérito a las anteriores consideraciones procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución impugnada, declarando de oficio las costas de esta alzada ex artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.