Sentencia Penal 5/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 103/2024 de 05 de febrero del 2025

Se aceptan e incorporan a la presente resolución los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los contenidos en la presente resolución.

PRIMERO. -La sentencia apelada absuelve al acusado del delito de estafa que se le imputaba por la acusación particular, ejercitada en estos autos por la representación procesal de D. Ambrosio y Dª. Mercedes.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la representación de la misma, que articula su recurso de apelación en tres motivos:

- Quebrantamiento de las normas y garantías procesales por la denegación indebida de la práctica de pruebas propuestas por la acusación particular, que produjo indefensión y vulneró el art. 24.2 de la Constitución Española (CE) y violación del derecho a la inviolabilidad de domicilio previsto en el art. 18 CE. , por la entrada no autorizada de un perito en el domicilio de los denunciantes, para la práctica de una prueba pericial.

- Error en la apreciación de la prueba, porque, a su entender, la sentencia apelada se aparta en su valoración de las máximas de la experiencia y omite valorar pruebas que resultarían relevantes para acreditar la existencia del delito.

-Infracción de los arts. 248.1 y 253 del Código Penal (CP).

El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Consideraciones previas

Ya hemos dicho en nuestras sentencias del 12 de abril de 2023 y del 17 de enero de 2024, que cuando la sentencia impugnada es absolutoria, como ocurre en este caso, antes de entrar a conocer sobre el recurso resulta imprescindible fijar las premisas básicas para delimitar el ámbito de conocimiento que corresponde a este tribunal de apelación.

1ª) La doctrina constitucional, en aplicación de los principios que integran el derecho a un proceso con las debidas garantías ( art. 24.2 CE) -en particular los de inmediación y contradicción-, exige que la condena penal vaya precedida de una actividad probatoria practicada ante el tribunal sentenciador, que permita a este percibir directamente las pruebas personales practicadas y en la que se garantice la contradicción.

2ª) La doctrina constitucional expuesta ha dado lugar a la modificación de la regulación del recurso de apelación frente a sentencias absolutorias cuando este se fundamenta en la existencia de error en la valoración de la prueba. En estos supuestos -al igual que cuando el recurso pretenda agravar las condiciones fijadas en una sentencia condenatoria- al tribunal de apelación sólo le está permitido anular la sentencia recurrida justificando la insuficiencia o falta de racionalidad de la misma o su apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas, siempre que fueran relevantes, o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente declarada. Además, el tribunal de apelación debe fijar el alcance de la declaración de nulidad, definiendo si afecta exclusivamente a la resolución del órgano a quo o si ha de extenderse al juicio oral y, en este último caso, si debe darse una nueva composición a ese órgano al objeto de garantizar su imparcialidad.

Así, el nuevo párrafo tercero del apartado 2 del art. 790 LECrim, tras la reforma efectuada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, dispone:

"Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada."

Esta regulación determina que el control del tribunal de apelación penal sobre la sentencia de primera instancia difiere según se trate de sentencias condenatorias o absolutorias. En estas últimas, cuando la decisión se funda en una valoración razonable, razonada y motivada de los medios de prueba personal, el órgano de apelación no puede subrogarse en la posición valorativa del de primera instancia. Por tanto, la doctrina constitucional expuesta, plasmada en la reforma de la LECrim, limita el control de la valoración de la prueba en las sentencias absolutorias a la calidad y completitud de su motivación fáctica.

3ª) Pero, en el ámbito de la motivación debemos tomar en consideración otro aspecto relevante, resultado de la necesidad de que el razonamiento sobre la prueba conduzca como conclusión a la superación de la presunción de inocencia. Evidentemente esta exigencia sólo es predicable de las sentencias condenatorias, lo que introduce una diferencia importante en la intensidad de la motivación entre las sentencias condenatorias y las absolutorias, puesta de relieve por nuestro Tribunal Supremo en numerosas resoluciones.

Conforme a esta doctrina jurisprudencial se establece una menor intensidad en la exigencia motivadora en las sentencias absolutorias que en las condenatorias, puesto que en estas últimas es necesario enervar la presunción de inocencia que favorece al inculpado. Por el contrario, en las absolutorias la motivación se satisface en cuanto expresa una duda sobre los hechos de la acusación, porque la consecuencia de esa duda es la no enervación del derecho a la presunción de inocencia. Esta doctrina viene recogida, entre otras, en la STS de 10 de abril de 2014 (recurso de casación núm. 2002/2013), con mención a sentencias anteriores.

TERCERO. - Quebrantamiento de garantías procesales.

La acusación recurrente estima que se le denegaron indebidamente pruebas documentales y testificales, que la Audiencia estimó como irrelevantes, y que ello le ha producido indefensión, lo que a su entender debería dar lugar a la nulidad del juicio.

Este planteamiento no puede ser asumido por el Tribunal. La impugnación de la parte interesada a la inadmisión de medios de prueba en primera instancia tiene previsto un cauce específico ad hoc en los artículos 790.3 y 791.1 de la LECR. Tales preceptos no prevén la alegación por la parte de esta denegación como posible motivo de recurso, sino la petición de admisión de la prueba en segunda instancia, de modo que, lógicamente, el tribunal de apelación debe decidir tal cuestión, sobre la posible admisión o no de la práctica en segunda instancia de la prueba de que se trate, antes de resolver sobre el recurso presentado. Sólo así podrá, en su caso, tener en cuenta la prueba de que se trate cuando conozca del fondo del recurso de apelación presentado, previa la posibilidad de las demás partes de alegar lo que estimen oportuno respecto de la nueva prueba que pudiera llegar a practicarse.

En el presente caso, el recurso presentado por la acusación no contiene petición alguna de prueba, por lo que no puede sostenerse la existencia de una presunta indefensión cuando la parte recurrente no ha sometido las pruebas en las que se basa la infracción a una valoración previa de su pertinencia por este Tribunal.

Estima igualmente que se ha vulnerado su derecho a la inviolabilidad de domicilio de los denunciantes, porque se llevó a efecto una prueba pericial sobre el mismo sin su autorización.

Este planteamiento tampoco puede ser acogido por el Tribunal. La prueba pericial cuestionada, que consistía en un dictamen pericial sobre las obras ejecutadas sobre la vivienda de los denunciantes para lo cual se requería que el perito girase visita sobre la misma, fue acordada por la Audiencia, y se llevó a efecto por el perito en presencia y con la anuencia de los propietarios, y en presencia de su letrado, por lo que difícilmente esa visita, a los solos efectos de determinar las obras que en se realizaron en la vivienda, puede constituir una violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que por otra parte no fue denunciada en su momento procesal oportuno, ya que aun siendo cierto que la parte impugnó la prueba al inicio del juicio oral, lo hizo únicamente por el hecho de haber sido presentada con premura de tiempo, y porque el perito no hizo juramento o promesa de actuar de forma imparcial, pero en ningún caso se alegó la vulneración de derecho fundamental alguno.

Pero es que, al margen de ello, esta alegación tan solo podría tener como consecuencia la expulsión del proceso de la prueba ilícitamente obtenida para que no fuera tenida en cuenta en la resolución, y ya hemos dicho que la función de este Tribunal en las sentencias absolutorias no es revalorar la prueba practicada en la primera instancia sino comprobar la racionalidad y completitud de la motivación sobre las pruebas practicadas, por lo que el hecho de que este Tribunal no la tuviera en cuenta, carecería de relevancia.

CUARTO. - Error en la valoración de la prueba

En este apartado, la parte recurrente afirma que la Audiencia al valorar la prueba practicada se ha apartado de las máximas de la experiencia e igualmente ha omitido cualquier razonamiento sobre pruebas que pudieran tener relevancia para la resolución del proceso.

En su extenso alegato efectúa una reevaluación de la declaración de acusado, de las pruebas testificales y de las pruebas periciales, criticando que la Audiencia no haya asumido su propio criterio valorativo, que necesariamente llevaría a estimar sus pretensiones.

Respecto a los errores manifiestos que afirma cometidos en su valoración destaca:

-Que declara probado que el acusado actuaba como profesional autónomo, cuando se presentó a los denunciantes como titular de una empresa mercantil, Reformas Taller SL, aparentando una solvencia que no tenia

-Que califica al acusado como albañil, cuando se trataba de un ingeniero técnico, ya que en esta condición es quien planifica la obra y recibe la financiación de los denunciantes, paga a los gremios, y procura por éstos la adquisición de materiales, por lo que, a juicio de la parte, toda distracción de los pagos, cantidades, ingresos hechos por los denunciantes, constituye apropiación indebida.

- Que declara probado que los denunciantes concertaron con el denunciado una obra de acondicionamiento de la casa cuando se trataba de una reforma integral de la misma.

- Que declara probado que los denunciantes suscribieron nuevos presupuestos rebajados con el acusado, cuando lo cierto es que es que pidieron presupuestos de menos obra porque vieron que el acusado no podía cumplir con la obra en los plazos, y no era viable

En cuanto al apartado de las omisiones la recurrente refiere:

-La declaración de los denunciantes, entendiendo que "es que es sabido que la declaración de los denunciantes en el proceso penal está sometida a la misma exigencia que los testigos, esto es, a guardar juramento y promesa de decir la verdad..... y dicha declaración solo puede ser contradicha mediante prueba en contra aportada por la contraparte, en este caso el acusado. Y si esto no se ha producido, como es el caso, la denuncia ratificada por los denunciantes se convierte en hechos probados e incontrovertidos";es decir que la declaración de hechos probados debería responder en su integridad al contenido de la denuncia, toda vez que los denunciantes prestaron su declaración bajo juramento

-La certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que acredita que el acusado carecía de bienes o de actividad económica.

- El Acta notarial de manifestaciones, presencia y protocolización de fotografías de 22/11/2022, que justificaría que solo se había hecho trabajos de demolición y embaldosado parcial de dos baños, y demolición de dos armarios, techo planta superior.

-Los albaranes de las empresas Azulejos San José y Saltoki SL y correos electrónicos, que justificarían que el acusado no llegó a comprar el material necesario para la ejecución de la obra; a lo sumo lo encargó en un momento determinado.

-El extracto de cuenta bancaria del acusado de la entidad Ibercaja donde se comprueba el ingreso de 20.000 € por parte de los denunciantes que el acusado saca en efectivo o lo desvía, sin que conste pago de impuestos, nominas, o facturas de gremios o proveedores.

--La documentación completa aportada por la empresa Modos Equipamientos SLU que justificaría el abono por los denunciantes de unas facturas pormenorizadas de pagos, por importe de 73.400 € para terminar la obra inacabada.

-Los correos electrónicos cruzados entre los denunciantes y el acusados entre noviembre y diciembre de 2022, que a su entender pondría en evidencia el tipo de relación contractual tenían las partes en este caso, donde el papel desempeñado por el acusado era el de dirigir los gremios que hacían la ejecución material, adquirir los materiales por sí mismo o mediante dichos gremios, y procurar que la, obra llegase a buen término, administrando para ello los fondos entregados por los denunciantes.

En definitiva, entiende la parte recurrente que existe irracionalidad manifiesta por parte de la Audiencia en la valoración de las pruebas, que tiene entidad suficiente, para vulnerar la tutela judicial efectiva de los denunciantes, y ha dado lugar a una sentencia errónea con unos hechos declarados probados que no se corresponden con la realidad de la prueba

practicada.

Esta propuesta no puede ser asumida por el Tribunal

El planteamiento de la acusación particular es que el acusado, aparentando una solvencia que no tenía, anunciándose a través de una página Web como titular de una empresa de reformas de construcción, consiguió doblegar la voluntad de los denunciantes para que firmasen una suerte de contrato en el que el acusado intervendría como intermediario entre los denunciantes y los distintos gremios que llevarían a efecto la ejecución de la obra, administrando los fondos recibidos de los primeros para pagar a los segundos y adquirir los materiales, efectuado los denunciantes un desembolso inicial de 20.000 € de los que se apropió el acusado, enriqueciéndose ilícitamente.

Este punto de partida es erróneo. Lo que se desprende de los documentos aportados por los denunciantes en el atestado policial es que los denunciantes y acusado, a título individual, y no como titular de ninguna empresa, concertaron un contrato de arrendamiento de obra que, de acuerdo con los arts. 1588 y ss del Código Civil, es en el que una persona (contratista) se compromete a realizar una obra para otra (el comitente), a cambio de una remuneración previamente acordada, con o sin aportación de materiales.

Es indiferente, a los efectos de la calificación del contrato, que el contratista sea un profesional autónomo o una empresa mercantil; que sea un albañil, un ingeniero técnico o un simple particular. Es indiferente también que el contratista ejecute la obra con medios propios o que subcontrate la misma.

La primera consecuencia de esta calificación es que debe descartarse la posible comisión de un delito de apropiación indebida, pues los fondos que recibe el contratista de los comitentes no son en depósito, comisión o custodia ( art. 253 del CP) , sino en concepto de pago del precio, aun cuando sea anticipado, por lo que su apropiación por contratista no podría integrar en ningún caso el tipo de este delito, sino, en todo caso, un incumplimiento contractual, o, en su caso, un eventual delito de estafa.

La segunda consecuencia es que para incardinar la defraudación articulada a través de ese contrato en el tipo del delito de estafa debemos acudir a la doctrina de los negocios jurídicos criminalizados definida por la Jurisprudencia, como acertadamente razona la sentencia recurrida.

En la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado" el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, y desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo ( STS 12 de mayo de 1998, 23 y 2 de noviembre de 2000 y 16 de octubre de 2007 y 18 de marzo de 2024)

Pues bien, el resultado de la prueba practicada no permite concluir que cuando las partes concertaron las obras para la reforma de los denunciantes hubiera una voluntad deliberada del acusado de incumplirlo para lucrarse con el adelanto percibido, como así lo ha entendido la sentencia apelada.

Así, descarta que el acusado utilizase como pantalla una sociedad mercantil inexistente para fingir una solvencia que no tenía, pues el contrato lo hizo como contratista autónomo, a su nombre y con su NIF, y así lo aceptaron los denunciantes, que abonaron el pago inicial en su cuenta personal. Estima igualmente que el acusado inició las obras en la fecha pactada, momento en el que acudieron a la vivienda los distintos gremios que debían realizarla, que habían sido subcontratados por el acusado, ejecutando trabajos de demolición, instalación de cañerías, embaldosando suelo, alicatando y alisado Entiende también que los denunciantes no cumplieron con el calendario de pagos pactado con el acusado, surgiendo entre ambos discrepancias que llevaron a los denunciantes a resolver el contrato.

En definitiva, no puede sostenerse que, si como ha quedado acreditado, el acusado ejecutó, al menos en parte, las obras de reforma encomendadas, como así se desprende del informe pericial, abandonando su ejecución por las divergencias mantenidas con los denunciantes, tuviera un propósito inicial de defraudar a los mismos con el fin de enriquecerse con las cantidades que le fueron entregadas a cuenta.

Por el contrario, estima este Tribunal que lo que se produjo en este caso fue un descuerdo sobrevenido entre las partes, que no puede reconducirse al ámbito del Derecho Penal, sino que tiene su cauce propio de resolución en el Derecho Civil.

En consecuencia, debe confirmarse el criterio de la sentencia recurrida en el sentido de que los hechos denunciados no pueden subsumirse en el tipo penal de la estafa ni de la apropiación indebida.

QUINTO. - Infracción de los arts. 248.1 y 253 del CP

Sostiene la parte recurrente que se ha vulnerado el art. 248. 1 del CP, con relación al art. 251.1 del mismo texto legal, porque el acusado, en el momento de concertar la obra no estaba en situación de poder llevarla a efecto, porque ni siquiera estaba con una actividad económica, ni se encontraba de alta de obligaciones ante la AEAT y la TGSS.

De igual modo estima que se ha infringido los arts. 253 y 254 del CP porque no estamos ante un mero y sencillo contrato de ejecución de obra y compra de materiales, sino que en verdad la mecánica de la consumación del contrato fue la propia de un sistema de asunción de gestión y supervisión por parte del acusado, actuando como gestor de fondos económicos y director de los gremios.

En definitiva, estas alegaciones no se basan en una errónea interpretación por la Audiencia de los preceptos citados, sino en una discrepancia con la valoración de los hechos efectuada por la misma, y que ya ha sido analizada y rechazada en el Fundamento Jurídico anterior, por lo que el motivo de recurso debe ser desestimado sin mayor discurso.

SEXTO. -Por las razones expuestas procede la desestimación del recurso planteado por el acusado, declarando de oficio las costas de esta apelación, conforme a los arts. 239 y 40 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOSlos preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,