Sentencia Penal 12/2025 Tribunal Superior de Justicia de Illes Baleares . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 11/2025 de 07 de marzo del 2025

PRIMERO.-La primera cuestión suscitada en el recurso de apelación atañe a la pretendida nulidad de la investigación realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) dependiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La nulidad se postula inicialmente (mediante un cuerpo alegatorio prolijo y reiterativo) por falta de competencia sobre el tráfico de drogas, en función de que tal supuesto no está incluido en el art. 7.1, X), 7º, de la Orden Pre/3581/2007, de 10 de diciembre, donde exclusivamente se le otorgan competencias en materia de fraude aduanero, contrabando, y blanqueo de capitales, en coordinación con los organismos competentes.

Alega la parte recurrente que los hechos investigados no están relacionados con el contrabando y sus derivados penales, de manera que para las pesquisas iniciales se debería haber delegado o cooperado con las fuerzas policiales especializadas en el tráfico de drogas, que no es contrabando; y se insiste en que el SVA inició las investigaciones sin atenerse a sus competencias y vulnerando el principio de especialidad en la investigación penal, por lo que el resultado de la investigación carece de validez.

A todo ello dio cabal respuesta la sentencia recurrida:

<>

Y sobre dicha problemática se pronunciaron también las siguientes sentencias:

<>. ( STS 2ª 3 Jun. 2014)

<> ( STS 2ª 22 Oct. 2015)

Como se ve, en el recurso se han reeditado las mismas cuestiones resueltas en la resolución apelada, pero sin análisis ni crítica alguna frente a los argumentos en aquella suministrados para rechazar la pretensión anulatoria.

Por tanto, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar.

SEGUNDO.-Además, sin enunciación formal como motivo autónomo, y sin separación argumental, durante el primer motivo del recurso se incluyen algunas alegaciones vinculadas con la cuestión ya tratada.

La primera de estas alusiones se refiere a que la investigación se inició por una información recibida de <>, que apuntaban al ahora recurrente como introductor y distribuidor de cocaína en Mallorca, lo que a entender de la parte recurrente determinó una actuación <>, que en el escrito de recurso resultó expuesta en los siguientes términos:

<>

En la sentencia recurrida se concluyó la validez de estas indagaciones:

<>

Y al respecto puede añadirse que la obtención de informaciones procedentes de fuentes confidenciales ha sido expresamente admitida en la jurisprudencia, según se recoge en la STS 2ª 27 Jun. 2019:

<>

La cuestión es que, frente a las explicaciones ofrecidas en la sentencia apelada, la parte recurrente no ha esgrimido contrariedad concreta alguna, limitándose a insistir -sin más- en su desproporción.

Con relación a la colocación de un dispositivo de geolocalización, el acceso a las declaraciones tributarias para conocer su estado patrimonial, el acceso a las redes sociales, y la verificación de seguimientos, en el recurso se insiste en que:

<<... carecen de amparo dichas motivaciones por estar fuera de las funciones y competencias que tienen asignadas.>>

Frente a ello se ha de insistir en que el SVA dependiente de la AEAT era competente para investigar los hechos en función de lo dispuesto en el art. 13.1 LO 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, dada la sospecha de infracción, puesto que la sustancia estupefaciente en cuestión (cocaína) es materia de ilícito comercio incluida expresamente en el art. 2.3, a) de dicha ley orgánica:

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Y ninguna de las actuaciones censuradas por la parte recurrente incurrió en actividades impropias de una simple investigación.

También se aduce la nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas, y la colocación de balizas para geolocalizar vehículos, todo con apoyo en que se ha presumido una organización inexistente, es decir, sin fundamento bastante para autorizar la injerencia en el derecho fundamental concernido.

Pero todo ello carece de consistencia una vez se comprueba que en poder de los investigadores había un material suficiente para generar una fuerte sospecha de involucración en el tráfico de estupefacientes, tal y como quedó reflejado en la sentencia apelada:

<< La investigación pone de manifiesto la relación del acusado Carlos Daniel con Alexander, con un punto de conexión muy claro en el domicilio del primero, y se constata en atención a los ingresos declarados, las cuentas bancarias y los registros de bienes, que ambos investigados llevan un nivel de vida incompatible con la información que consta en las bases de datos de la AEAT y que en su deambular diario realizan medidas contra vigilancia.

Continúa entonces una investigación policial que permite constar la verosimilitud de la información facilitada por una fuente humana respecto que los acusados, junto con un tercer individuo, estarían involucrados en una operativa de introducción de sustancias estupefacientes o drogas tóxicas en la isla de Mallorca a través de su transporte en vehículos embarcados en líneas marítimas regulares con origen en Barcelona y destino el puerto de Alcudia. Y tal constatación, como se pone de manifiesto con el examen de los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera con sus anexos nº 1 y 2 (informes operativos e información relativa a viajes) que constan en el acontecimiento nº 46, se realiza en atención a una investigación del todo minuciosa y sin diligencias restrictivas de derechos fundamentales. Investigación que evidencia con el histórico de viajes que los investigados en el año 2022 realizaron 27 viajes de ida y vuelta en naviera embarcando con vehículos, estando implicados 32 vehículos. Las estancias en la península sobre breves, en ocasiones simplemente un par de días y se constata de una disposición de dinero sin fuente declarada ni constatable que permite la adquisición de tal volumen de vehículos.

Todas estas razones, como evidentemente se valoraron por el Juez de Instrucción, justifican la solicitud y autorización de las medidas restrictivas de derechos fundamentales... >>

Como se ve, las investigaciones verificadas en la causa arrojan un alud de datos, los cuales se muestran idóneos para generar una sospecha suficientemente consistente sobre la involucración del recurrente en el tráfico de estupefacientes, y de ahí su idoneidad para determinar las injerencias judicialmente autorizadas en los derechos fundamentales del recurrente, frente a los que el escrito de recurso no contiene eco crítico alguno.

En consecuencia, este motivo del recurso también se habrá de desestimar.

TERCERO.-Seguidamente, en el escrito de recurso se plantean conjuntamente varios motivos, enlazados en torno a la valoración de la prueba, tanto por falta de motivación de la sentencia, cuanto por lesión de la presunción de inocencia.

A estos efectos se censura que, ante la ausencia de cualquier prueba directa sobre la participación del recurrente en los hechos enjuiciados, el pronunciamiento condenatorio se ha asentado sobre un material probatorio de naturaleza indiciaria, pero sin que se hayan expuesto los indicios determinantes de la decisión.

Este reproche se concreta en que la sentencia apelada contiene una exposición resumida del desarrollo probatorio, exponiendo lo que fue narrado, pero sin extraer conclusiones valorativas, ni exteriorizar los motivos de la decisión:

<

23/3/2023 y 5/4/2023 y, tan sólo se dedican unas líneas en justificar la decisión adoptada, sin exteriorizar los razonamientos que han llevado a la Sala a alcanzar tal conclusión, en concreto, se afirma: "Sin embargo, la implicación del acusado Carlos Daniel junto con Alexander también ha sido probada por el Ministerio Fiscal que se ha valido de prueba suficiente para tras su valoración tener por enervada la presunción de inocencia. "

(...)

...incluso que se da por probado que en el registro practicado en casa del Sr. Carlos Daniel se encontró una balanza de precisión, cuando tanto documentalmente (acta de registro) como en la declaración de los Agentes de Policia que intervinieron y como en la propia declaración del Sr. Carlos Daniel, cuando está documentado que se encontró en un parking anexo perteneciente al Sr. Héctor>>

Entiende la parte recurrente que, al no conocerse los motivos, se le ha generado indefensión en orden a combatir la decisión cuestionada, y que la condena ha supuesto una decisión arbitraria.

Además, en el escrito de recurso se denuncia una lesión de su presunción de inocencia, puesto que la condena por indicios exige una motivación reforzada que no se ha producido; máxime cuando el coacusado Sr. Alexander desvinculó de los hechos al recurrente y asumió toda la responsabilidad, y ninguno de los agentes de policía ha podido afirmar que el recurrente interviniese en ninguna transacción de droga, ni sus huellas hayan aparecido en los paquetes que había en la furgoneta incautada.

Para resolver estas alegaciones defensivas es preciso remitirse a lo que en la sentencia apelada se consigna respecto del resultado probatorio, y al hacerlo se constata que, contra lo pretendido desde el recurso, en ella se recogen una pléyade de elementos indiciarios de carácter incriminatorio.

Así, contiene una clara alusión a la situación patrimonial del recurrente, del todo inepta para justificar adquisiciones y usos cuyo valor resulta sensiblemente superior al de sus ingresos conocidos:

<<...empezando entonces la investigación de Alexander. Persona a la que se realizó una investigación patrimonial y se comprobó que solo le constaban rentas por trabajo en el año 2021 por unos 6.000 euros con años que ni siquiera tiene entradas en cuentas bancarias. Y pese a no contar con ingresos en los años 2021 y 2022 adquirió seis vehículos. (...) Se explicó que realizando una investigación patrimonial se constató que estaba empadronado en un domicilio de Palma de Mallorca, habiéndose trasladado recientemente desde Tarragona y que tenía escasos ingresos por renta de trabajo, una cuenta corriente con entradas de efectivo que muestra un descuadre en comparación con sus ingresos declarados, que carecía de inmuebles y contaba con participaciones en sociedades sin actividad empresarial en marcha. Se constaron gastos que no podían asumirse con los ingresos, en especial el alquiler del inmueble en que tenía su domicilio que ascendía a unos 15.000 euros mensuales. Y, a su vez, que frente a la titularidad de una motocicleta y un vehículo BMV 323 cabrio, las fuentes abiertas, en concreto, Facebook ponían de manifiesto el uso de una pluralidad de vehículos, motos de agua y de nieve.>>

También se alude, en la sentencia recurrida, a que los seguimientos desvelaron una dinámica repetitiva, desarrollada durante muchos meses, y mimética respecto de la producida con ocasión de los hechos enjuiciados:

<<...los seguimientos que fueron efectuados a los acusados. En concreto, el del 5 de abril de 2023 que cobró interés en la medida en que la noche antes el Sr. Alexander había embarcado en una naviera Barcelona-Alcudia, en un coche a nombre de una señora que tenía antecedentes por drogas, puesto a nombre de un investigado en la presente causa el día antes, el 4 de abril de 2023.

Asimismo, cuando en otra ocasión, en junio, tuvieron constancia que el Sr. Alexander iba a viajar de nuevo en naviera cubriendo ruta Barcelona-Alcudia y figuraba en la reserva con una Mercedes Citan que se había comprado el mismo día a nombre de la sociedad investigada por sus compañeros de La Coruña por vender vehículos calateados, con huecos ocultos. Y también una vigilancia estática que vio acceder esta Mercedes Citan entrar en la calle, ver descender de ella al Sr. Alexander y dirigirse aquél a la vivienda del Sr. Carlos Daniel. El agente afirmó que la mecánica del 31 de octubre de 2023 fue muy similar.

Del mismo modo se recoge, en la sentencia recurrida, que los dos acusados embarcaron a la vez, aunque en navieras distintas, y que la furgoneta -donde fue hallada la droga que se incautó- acabó en las inmediaciones del domicilio del recurrente:

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(...)

...un viaje parecido al del 31 de octubre de 2023, día en que el agente (agente de Vigilancia Aduanera CP núm. NUM005) ha explicado en juicio que se encontraba en un vehículo camuflado desde el que estuvieron esperando a que llegara cada uno de los dos acusados con un vehículo, primero viendo llegar a Carlos Daniel y luego a JAVIR Alexander. El agente CP núm. NUM009 sobre la vigilancia del día 5 de abril de 2023 en relación con el Sr. Alexander. Y el agente CP núm. NUM010 acerca de la intervención de 31 de octubre de 2023, cuando su perra y después el perro de su compañero encontraron droga escondida en el interior de la furgoneta Mercedes Citan.

(...)

El agente Cuerpo Nacional de Policía con núm. NUM011, tras explicar cómo detectaron que desde Vigilancia Aduanera se estaba investigando a los acusados, manifestando que les trasladaron toda la información, detalló el seguimiento efectuado el día 31 de octubre de 2023 y el concreto hallazgo de los paquetes con cocaína. El agente con núm. NUM012, quien esperaba en la DIRECCION001 el 31 de octubre de 2023, también relató en juicio cómo encontraron la caleta con los 15 paquetes de cocaína.

(...)

Fue interceptado por agentes de policía en las inmediaciones del domicilio sito en la DIRECCION001, domicilio del otro acusado y en el que la investigación había detectado su presencia. Y en tal interceptación tras desembarcar con el vehículo Mercedes Citán NUM004 después de haber viajado con él por mar desde Barcelona, se halló en la furgoneta, en una caleta abierta en su interior, 15.033,12 gramos de cocaína.>>

Y además, se incluye que se hallaron diversos utensilios habitualmente usados para la disposición de la cocaína en dosis adecuadas para su distribución a terceras personas, por lo que -en atención a la valoración conjunta del plural resultado probatorio- se considera desvirtuada la presunción de inocencia:

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La cuestionada referencia al hallazgo de útiles propiamente aptos para la preparación de la cocaína en dosis adecuadas en orden a su dispensación no puede ser interpretada en el sentido que le confiere la parte recurrente, pues bien claro está consignado en los hechos probados que la báscula fue hallada en el trastero del garaje usado por el coacusado no recurrente, mientras que en el domicilio del recurrente se encontró:

<<... el manual de instrucciones de la báscula de precisión tanita intervenida en el trastero sito en la DIRECCION003...>>

Es decir, que se ha dejado sin duda establecida la vinculación del recurrente con todo el procedimiento destinado al tráfico del estupefaciente, incluyendo en ello que en su poder se encontraba material indudablemente ligado al empleo de dichos utensilios, pues estaba siendo -siquiera puntualmente- compartido por ambos acusados.

Frente a ese cúmulo incriminatorio invectivo, en el escrito de recurso se oponen determinadas circunstancias que, a entender de la parte recurrente, demandaban una conclusión absolutoria, como son: a) que se trasladó a esta ciudad por fallecimiento de su hija, acudiendo a ella periódicamente para visitar la tumba; b) que su visita a barrios <> era para comprar la droga en función de su adicción; c) que poseía recursos justificantes de sus gastos porque desarrollaba su actividad en la economía sumergida; d) que ninguno de los agentes de policía ha podido afirmar que el recurrente interviniese en alguna transacción de droga; e) y que sus huellas no aparecieron en los paquetes con cocaína que había en la furgoneta incautada.

Al respecto, la sentencia recurrida se pronuncia, aunque sea brevemente, para dejar sentada la falta de potencial suasorio inherente a estos argumentos:

<<... el acusado Carlos Daniel simplemente manifestó en juicio no estar involucrado en los hechos, sin que de su declaración pueda determinarse que se privase de valor probatorio al resto del acervo de pruebas que le incrimina. >>

Pese a la brevedad, no se aprecia falta de motivación, y menos aún falta de lógica en la deducción, porque las circunstancias a) y b) no son propiamente impedientes para la dedicación al tráfico de estupefacientes; respecto de la c) no se ha probado, ni siquiera intentado, la realidad manifestada, pues no resulta verosímil que el volumen económico a que responde la situación patrimonial controvertida carezca de reflejo alguno susceptible de mayor o menor potencialidad probatoria, pese a su alegada opacidad tributaria; y tampoco las circunstancias d) y e) resultan determinantes para la prosperidad del motivo, en tanto se muestran ajenas a la dinámica resultante de los hechos probados, consistente en la obtención y el transporte de la droga en orden a su posterior distribución, pero sin incluir actos concretos de venta a terceros; y la falta de huellas también se explica por el momento en que se produjo la intervención, que fue previa a la manipulación de la cocaína incautada cuando se halló depositada en la furgoneta aparcada en las inmediaciones del domicilio del recurrente.

Por tanto, no se han dejado de expresar con claridad, rotundidad, y detalle, los indicios en que se basa el pronunciamiento condenatorio combatido; a partir de lo cual, no se observa el pretendido defecto motivación, y tampoco se aprecian trazas de irracionalidad en la obtención de la inferencia, del todo apta para desbancar el estado de inocencia del recurrente, dado que no se ha llegado a ofrecer una explicación alternativa viable en términos adecuados para suscitar alguna duda razonable.

En consecuencia, el motivo se habrá de desestimar.

CUARTO.-También se incluye, en el escrito de recurso, un motivo por infracción de norma que atañe a la no apreciación de la circunstancia atenuante de drogadicción ( art. 21.2 CP) , que se considera debida.

En pos de esta pretensión, se alega que el recurrente mencionó su adicción a las drogas y su visita a los barrios más sensibles a estos efectos, y que el informe pericial- elaborado 8 meses después de su detención e ingreso en prisión- acredita un consumo de larga duración que mantiene en el Centro Penitenciario.

El resultado de este informe pericial fue atendido en la resolución recurrida, pues en ella se estima probada su condición de consumidor habitual, bien que -a partir de ello- se constata falta de acreditación sobre una grave adicción que en el momento de los hechos afectase a sus capacidades intelectivas y/o volitivas, y asimismo falta de prueba sobre la relación funcional entre su drogodependencia y la comisión del delito, aparte de que la cantidad de estupefaciente dificulta la apreciación de la circunstancia postulada.

En cuanto a la circunstancia atenuante prevenida en el art. 21.2 CP, que es la propuesta, la jurisprudencia ha venido estableciendo la imprescindible relación funcional de la adicción con la conducta criminal desplegada, y en concreto la exigencia de que aquella influya en ésta de modo determinante, es decir que la adicción haya impelido o forzado la comisión del delito para procurar mantenerla.

Así queda expresado en la reciente STS 2ª 29 Ene. 2025:

< Código Penal es apreciable cuando el culpable actúe a causa de su grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas, de modo que, al margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia y sin considerar las alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto, la atenuante se configura por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto realizada "a causa" de aquélla ( SSTS 4.12.2000 y 29.5.2003). Se trataría así con esta atenuación de dar respuesta penal a lo que criminológicamente se ha denominado "delincuencia funcional" ( STS 23.2.99). Lo básico es la relevancia motivacional de la adicción, a diferencia del artículo 20.2 del Código Penal y su correlativa atenuante artículo 21.1 del Código Penal, en que el acento se pone más bien en la afectación a las facultades anímicas. Nuestra jurisprudencia ha declarado que lo característico de la drogadicción, a efectos penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible>>

A ello se refirió también la STS 2ª 783/2024, de 19 Sep. 2024:

< CP es una atenuante funcional, es decir, aplicable solo cuando el acusado ha actuado "a causa" de su grave adicción, condicionado o acuciado por ella para obtener la sustancia que necesita imperativamente. Para que se pueda apreciar la atenuante, la drogadicción debe incidir como un elemento desencadenante del delito, de tal manera que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión, como sucede en delitos menores contra el patrimonio, o bien trafique con drogas a pequeña escala con objeto de alcanzar posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta compulsión es la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible.">>

Y en la STS 2ª 794/2024, de 19 sep. 2024, también se expone la franca incompatibilidad de la atenuante solicitada con una dedicación al tráfico de estupefaciente de significativa importancia, puesto que tal dedicación está determinada por un ánimo de lucro excluyente de la acuciante necesidad compulsiva que es propia de esta atenuante, articulada para cubrir los supuestos en que la acción delictiva responde a supuestos de necesidad precaria:

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En consecuencia, el motivo no se podrá acoger.

QUINTO.-Finalmente, en el escrito de recurso se impetra una aminoración de la pena, sobre la base de la efectivamente impuesta es desproporcionada.

Las razones de la desproporción se depositan en que el recurrente carece de antecedentes penales computables, y que en orden a la individualización de la pena el juzgador puede introducir valoraciones subjetivas, cuyos aspectos han de ser razonados; añadiéndose que:

<<...en atención del principio de mínima intervención que rige el procedimiento penal, así como el principio de proporcionalidad, la pena a imponer debería ser la mínima prevista>>

La endeblez técnica de estos argumentos invita a precisar que la sentencia recurrida es diáfana en punto a explicar que la extensión de la pena, fruto de la correspondiente operación individualizadora, ha sido impuesta en atención a la significativa cantidad de estupefaciente intervenido:

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La falta de antecedentes penales computables no se erige en factor suficiente para enervar la justificación ofrecida en la sentencia apelada, que apunta -sin reservas- a un importante grado de desvalor, por la gravedad con que ha resultado afectado el bien jurídico protegido, dada la extraordinaria cantidad de cocaína con que traficaba el recurrente.

Por lo demás, el principio de intervención mínima constituye un mandato destinado al legislador, para que el establecimiento de los tipos penales responda a una lesión de suficiente entidad respecto de bienes jurídicos relevantes. Mientras que, si el escrito de recurso ha querido referirse al principio de insignificancia -ligado a una antijuridicidad solo formalmente presente-, cabría referirse a ello como verdaderamente descabellado, en función de la extraordinaria cantidad de droga en poder del recurrente.

En consecuencia, el motivo se habrá de desestimar.

SEXTO.-En cuanto a las costas procesales de esta segunda instancia, dado el contenido de los arts. 239 y 240 LECrim. , y en atención a su interpretación jurisprudencial, procede declararlas de oficio.

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y los demás de general y pertinente aplicación.