Sentencia Penal 80/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 29/2026 de 08 de junio del 2026

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Con carácter previo al examen de los motivos de impugnación, procede señalar que la sentencia de instancia ha sido objeto de la oportuna rectificación en cuanto incurre en un error material en el relato de los hechos probados respecto de la identificación de uno de los acusados y la entidad mercantil, en los términos ya precisados. Ha quedado también corregido el Fundamento de derecho quinto párrafo sexto en cuanto se refiere al acta notarial firmada por uno de los acusados cuando erróneamente debió mencionarse al otro. Dichos errores materiales, que podían haber sido solicitados en vía de aclaración de sentencia, se corrigen en esta resolución antes de proceder al análisis del recurso, limitándose la rectificación a la sustitución de los datos incorrectos por los que correctamente corresponden, sin alterar el contenido de los hechos declarados probados, ni la valoración probatoria, ni la fundamentación jurídica de la sentencia.

2)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 27 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª), en la que se absuelve a don Blas y a don Hernan de los delitos continuados de alzamiento de bienes y estafa que se les imputaban.

El recurso de apelación lo interpone la representación procesal de la entidad Lartarengo S.L que ejerce en el proceso la Acusación Particular, adhiriéndose en la parte relativa al delito de alzamiento de bienes el Ministerio Fiscal. Se alega, en primer lugar, error en la valoración de la prueba; en segundo lugar, infracción de ley por inaplicación del art. 248 CP en relación con el art. 250 CP; y, en tercer lugar, infracción de ley por vulneración del art. 28 CP en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. En definitiva, la parte apelante considera que la resolución impugnada incurre en una valoración fragmentaria, insuficiente y no racional del acervo probatorio, vulnerando las exigencias del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEcrim.) y el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que justificaría la nulidad de la sentencia y la retroacción de actuaciones o, subsidiariamente, la condena de los acusados en los términos interesados.

3)Tanto la representación de don Hernan como la de don Blas impugnan íntegramente los recursos de apelación interpuestos, solicitando la confirmación de la sentencia absolutoria por ser ajustada a Derecho y encontrarse debidamente motivada.

SEGUNDO: RECURSO CONTRA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA

1)En relación con el recurso de apelación contra sentencias absolutorias, este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal, ha señalado reiteradamente que la adaptación a las exigencias constitucionales y europeas, llevada a cabo por la reforma operada en la LECrim . por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, impide condenar o agravar la sentencia de un acusado absuelto en primera instancia basándose únicamente en un error en la valoración de las pruebas.

En estos casos, el Tribunal Superior podrá anular la sentencia cuando se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada ( art. 790. 2). Asimismo, deberá concretar si la nulidad afecta al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del tribunal en el nuevo enjuiciamiento ( artículo 792.2 LECrim. ).

Por su parte, la STS 58/2017, de 7 de febrero, establece que el motivo adecuado para impugnar una sentencia absolutoria y sustituirla por condena es la infracción de ley prevista en el artículo 849.1 LECrim.

Por otro lado, la STS 363/2017, de 19 de mayo -con cita de las SSTC 167/2002, 21/2009, 24/2009 y 191/2014, entre otras- recuerda que se vulneran los principios de publicidad, inmediación y contradicción ( art. 24.2 CE) si se dicta condena ex novoen apelación revocando una absolución sin que el tribunal de segunda instancia haya tenido contacto directo con la prueba personal. Toda condena debe fundamentarse en una actividad probatoria desarrollada en debate público con posibilidad de contradicción.

Por ello, cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relativas a la valoración de pruebas personales, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia, para que el tribunal de apelación pueda oír directamente a testigos, peritos y acusados que declararon en el juicio. No puede el órgano de apelación modificar los hechos probados para convertir una absolución en condena sin un examen directo y personal de la prueba en debate público.

De lo anterior se deduce que existen dos vías para modificar una sentencia absolutoria: una basada en la errónea valoración del material probatorio y otra en la diversa interpretación de una norma. En el primer caso, para revisar los hechos, debe respetarse estrictamente lo antes expuesto para evitar nulidades señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), entre ellas las sentencias de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) y 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández).

En el segundo caso, es admisible revisar una sentencia absolutoria sin nueva audiencia cuando el debate es exclusivamente jurídico, como la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll contra España; de 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios contra España; de 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández contra España; de 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez contra España; de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Caler contra España; de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo contra España; de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España; de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García contra España y muy recientemente Sentencia de 14 de enero de 2020, caso Pardo Campoy c. España).

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha declarado en sus SSTC 143/2005, de 6 de junio; 2/2013, de 14 de enero; y 88/2013, de 11 de abril, que no se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso -sin vista pública- se basa en cuestiones estrictamente jurídicas y no en alteración del sustrato fáctico. Así, cuando el debate en segunda instancia versa exclusivamente sobre interpretación normativa, la intervención personal del acusado no es imprescindible, bastando la presencia de su abogado para garantizar el derecho de defensa (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril y 153/2011, de 17 de octubre).

El artículo 846 terde la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con las apelaciones contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, remite a los artículos 790, 791 y 792 de la LECrim. En particular, el artículo 792.2 establece que la sentencia de apelación no podrá revocar una absolución ni agravar una condena basándose en un error en la valoración de la prueba, salvo que se declare la nulidad de la resolución por motivación insuficiente o irracional, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, u omisión de razonamiento sobre prueba relevante (artículo 790.2, párrafo 3º). En caso de anulación, el tribunal debe precisar si afecta al juicio oral y si es necesario un nuevo tribunal para garantizar imparcialidad en el nuevo enjuiciamiento.

Por tanto, no tiene encaje en este motivo la mera discrepancia con la valoración probatoria realizada por el tribunal, ya que lo que debe analizarse en alzada no es si dicha valoración es compartida por la parte apelante, sino si se ajusta a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y la racionalidad. Como sostiene la jurisprudencia, solo procede la anulación si las inferencias del tribunal de instancia resultan irracionales, arbitrarias o absurdas.

Además, en sentencias absolutorias el estándar de exigencia en la motivación no puede ser el mismo que en las condenatorias, dado que toda persona goza de la presunción de inocencia. Mientras que las sentencias condenatorias deben contener una fundamentación especialmente rigurosa para justificar la enervación de ese derecho, las absolutorias solo han de cumplir el principio de interdicción de la arbitrariedad.

En consecuencia, en los supuestos de sentencias absolutorias, la acusación no puede pretender una nueva valoración de la prueba con revisión de los hechos probados, como si existiera un derecho inverso a la presunción de inocencia.

2)En definitiva, la pretensión anulatoria no puede fundarse únicamente, como ocurre en este caso, en que la parte apelante defienda una conclusión probatoria diferente de la obtenida por el tribunal de instancia, proponiendo una versión alternativa que considera más ajustada a Derecho. En el presente caso, puede anticiparse el rechazo a que la valoración de la prueba realizada por la sentencia impugnada no se adecúe a las reglas de la lógica o se haya apartado de máximas de experiencia o haya omitido valoración sobre prueba relevante. Las inferencias del tribunal no resultan irracionales, arbitrarias ni absurdas. Por el contrario, la sentencia motiva la valoración de los medios probatorios practicados. En primer lugar, las declaraciones testificales (Fundamento de Derecho Tercero y Sexto) de don Carlos Manuel, representante legal de Lartarengo; doña Silvia, esposa del fallecido Jeronimo; don Inocencio, cuñado del fallecido Jeronimo; don Daniel, quien trabajó como auxiliar administrativo de Hormibusa; don Evaristo y don Matías, gerentes de la empresa Gestión Integral de Vivienda; doña Concepción, representante legal de la asesoría fiscal Anta-3 SL; doña Petra, empleada de Anta 3 SL. En segundo lugar, la prueba documental, la pericial de don Luis María, economista, forense y auditor (Fundamento de Derecho Cuarto). En tercer término, las declaraciones de los dos acusados (Fundamento de Derecho Sexto) quienes, en su legítimo derecho de defensa, optaron por responder únicamente a sus correspondientes letrados. Lo que en realidad plantean las apelantes es una valoración alternativa de dichos medios probatorios, exponiendo en el recurso el desarrollo de la trama orquestada que, a su juicio, aconteció.

3)Conforme a la doctrina expuesta y al marco legal aplicable - artículos 790.2 y 792.2 de la LECrim. -, la revisión en segunda instancia de una sentencia absolutoria basada en una distinta valoración de la prueba solo es posible si se acredita que la motivación fáctica de la resolución recurrida resulta insuficiente o carente de racionalidad, que se ha producido un apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, o que se ha omitido todo razonamiento sobre alguna prueba practicada que pudiera resultar verdaderamente relevante.

Por tanto, la función revisora atribuida a esta Sala queda constreñida a valorar si concurren defectos estructurales en la fundamentación de la sentencia que justifiquen su anulación. De apreciarse alguno de los vicios anteriormente descritos, las opciones quedarían limitadas a declarar la nulidad de la sentencia para su sustitución por una nueva que subsane los defectos advertidos, o, en su caso, acordar la repetición del juicio con nuevo tribunal, si se considerara que la imparcialidad pudiera verse comprometida.

4)La cuestión nuclear que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si, a la vista del conjunto de la prueba practicada, concurren elementos de cargo suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados y, en particular, si ha quedado acreditado que su intervención en los hechos respondió a una participación consciente y voluntaria en la actuación ilícita desarrollada por el autor principal: el fallecido don Jeronimo. Es decir, debe determinarse la existencia del necesario elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo, entendido como conocimiento y voluntad de contribuir a la estrategia defraudatoria, pues, en su ausencia, la eventual intervención de los acusados quedaría reducida, en el mejor de los casos, a una participación meramente imprudente o negligente, modalidad que carece de relevancia penal.

5)El recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Lartarengo S.L. presenta una notable extensión, dedicando la mayor parte de su desarrollo a una exposición detallada de la prueba practicada en el acto del juicio oral, en la que la parte recurrente describe la operativa que, a su juicio, permitió la descapitalización de la mercantil Hormibusa S.L., mediante la utilización de diversas sociedades instrumentales.

A partir de dicha exposición, el recurso articula su impugnación en torno a dos motivos principales, claramente identificables en su escrito:

En primer lugar, un motivo por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim., cuyo desarrollo consiste esencialmente en una reconstrucción alternativa de los hechos.

En segundo lugar, un motivo por infracción de ley, en el que se sostiene, de una parte, la indebida inaplicación del delito de estafa y, de otra, la concurrencia del delito de alzamiento de bienes con participación de los acusados en concepto de cooperadores necesarios. Dentro de este motivo se incluyen diversas consideraciones relativas al elemento subjetivo, entre ellas referencias a la doctrina de la ignorancia deliberada, que no constituyen motivo autónomo, sino argumento dirigido a fundamentar la existencia de dolo.

El Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite conferido, pone de relieve el alcance limitado del control revisor en apelación cuando se impugnan sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba, conforme a los artículos 790.2 y 792 LECrim. , señalando que la Sala no puede sustituir la valoración del tribunal de instancia ni dictar sentencia condenatoria, sino únicamente acordar, en su caso, la nulidad cuando se aprecie insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación.

Por su parte, las defensas de los acusados interesan la íntegra desestimación del recurso, mostrando su conformidad con la sentencia recurrida, destacando la corrección de la valoración probatoria y, de forma expresa, la ausencia de prueba del elemento subjetivo del delito, así como la inexistencia de participación material de sus representados en la gestión de las sociedades.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO AL ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1)Como primer motivo de impugnación se alega error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim. En tal sentido, se denuncian, en primer lugar, errores materiales contenidos en la sentencia, particularmente en la identificación de los intervinientes en determinadas actuaciones notariales, tema este al que ya nos hemos referido. En segundo lugar, se pone de relieve un error relevante en la determinación del momento en que se inician los impagos, que el Tribunal sentenciador sitúa incorrectamente, a su juicio, alterando con ello la correcta secuencia temporal de los hechos y su ulterior valoración jurídica. En tercer lugar, se cuestiona la conclusión absolutoria relativa a la falta de conocimiento y participación de los acusados en la operativa de descapitalización, al considerar la recurrente que dicha valoración resulta ilógica, contraria a las reglas de la experiencia y no acorde con el conjunto del material probatorio, que, a su juicio, evidenciaría su intervención mediante la constitución y utilización de sociedades instrumentales. Asimismo, se denuncia la omisión o insuficiente valoración de determinados elementos probatorios, singularmente en relación con la operación de compraventa de la cantera, los movimientos de fondos entre sociedades y los beneficios obtenidos, lo que determinaría una motivación incompleta y no racional del relato fáctico.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que el motivo se fundamenta en una nueva valoración de la prueba practicada, lo que excede del ámbito propio del recurso de apelación, recordando que la Sala no puede sustituir el juicio de convicción del tribunal de instancia, limitándose su función a verificar la racionalidad de la motivación.

3)La defensa de los acusados sostiene que la sentencia contiene una valoración minuciosa y coherente de la prueba, practicada bajo los principios de inmediación y contradicción, destacando la inexistencia de prueba de conocimiento ni de participación de sus representados, así como la falta de dolo.

4)El motivo no puede prosperar.

En efecto, el desarrollo del recurso evidencia que la impugnación se centra fundamentalmente en una relectura completa del material probatorio, en la que la parte recurrente expone su propia interpretación de los hechos, sin identificar concretos déficits de motivación, omisiones relevantes ni quiebras lógicas en el razonamiento de la sentencia, lo que, como acertadamente se pone de relieve en el escrito de impugnación, resulta ajeno al ámbito propio del recurso de apelación contra sentencias absolutorias.

Debe partirse, además, de un elemento esencial que no es objeto de controversia: la propia sentencia declara acreditada la existencia de un entramado de sociedades instrumentales o «pantalla» utilizadas para la descapitalización de la mercantil HORMIBUSA S.L., atribuyendo dicha actuación al administrador de hecho, Jeronimo. La cuestión controvertida no radica, por tanto, en la realidad del entramado ni en su funcionalidad, sino en determinar si los acusados conocían dicha operativa y participaron voluntariamente en ella, es decir, en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo de injusto.

A este respecto, la Audiencia Provincial concluye de forma expresa, en el hecho probado séptimo, que no ha quedado suficientemente acreditado que los acusados tuvieran conocimiento ni participaran voluntariamente en las actuaciones de descapitalización, conclusión que se apoya en una valoración conjunta de la prueba testifical, documental y pericial, desarrollada de forma extensa y razonada en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.

Examinada dicha valoración, no se aprecia ni vacío valorativo ni quiebra lógica alguna. Antes al contrario, el órgano de instancia explica de forma coherente por qué atribuye el control efectivo de las sociedades y de la operativa económica a Jeronimo, destacando que era este quien adoptaba las decisiones, impartía instrucciones, manejaba la contabilidad y disponía de las claves bancarias, sin que conste la intervención efectiva de los administradores formales.

Por lo que respecta a los errores materiales denunciados, aun pudiendo apreciarse determinadas imprecisiones en la identificación de intervinientes o sociedades, las mismas carecen de entidad suficiente para alterar el sentido del fallo, al no afectar al núcleo del relato fáctico ni al razonamiento decisorio en lo relativo a la ausencia de dolo. Dichos errores han sido ya corregidos por esta Sala.

En cuanto a la discusión sobre el momento de inicio de los impagos, que la recurrente sitúa en fechas distintas a las recogidas en la sentencia, no desvirtúa la conclusión esencial alcanzada por el tribunal, pues, aunque se admitiesen variaciones en la secuencia temporal, ello no permitiría inferir por sí mismo el conocimiento por parte de los acusados de la estrategia defraudatoria ni su participación en la misma.

En relación con la operación de la cantera, a la que el recurso otorga especial relevancia, consta que dicha circunstancia fue expresamente considerada por el tribunal de instancia, que analizó tanto el contrato de compraventa como la prueba pericial practicada (acontecimiento número 442, DPA 3187/2015). La transmisión se fijó en un importe nominal de 180.000 euros, comprensivo de diversos elementos -incluidas existencias o acopios- y con asunción de obligaciones relevantes vinculadas a la explotación, especialmente en materia de restauración y adecuación medioambiental, lo que incide en la determinación de su valor económico efectivo. En tales condiciones, las discrepancias que formula la parte recurrente en torno a la valoración económica de la operación o a la articulación de los pagos no permiten, por sí solas, inferir la existencia de un acuerdo defraudatorio ni, menos aún, el conocimiento del mismo por parte de los acusados, tratándose de una operación susceptible de una explicación económica autónoma razonable.

Finalmente, la recurrente pretende sustituir la conclusión alcanzada por la Audiencia, concretamente la inexistencia de conocimiento y participación dolosa, por otra basada en una serie de inferencias construidas a partir de datos aislados, tales como la constitución de sociedades, la existencia de operaciones económicas cuestionadas o la eventual obtención de beneficios. Sin embargo, tales inferencias no excluyen de forma concluyente la hipótesis exculpatoria acogida en la sentencia, máxime cuando la prueba practicada pone de relieve que: el control efectivo de las sociedades correspondía a Jeronimo; las decisiones operativas, contables y financieras eran adoptadas por este; los acusados no intervenían en la gestión real ni mantenían relación con los terceros implicados; y no se ha acreditado con la necesaria certeza la obtención de un beneficio personal derivado de la actividad ilícita.

En consecuencia, no puede apreciarse una valoración ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de la experiencia, sino una opción interpretativa razonada y plenamente sustentada en la prueba practicada, que debe ser respetada en esta instancia.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LEY EN RELACIÓN CON EL DELITO DE ESTAFA

1)Como segundo motivo se alega infracción de ley por inaplicación del artículo 248 CP, en relación con el artículo 250 del mismo texto legal, al entender la parte recurrente que la sentencia excluye indebidamente la concurrencia del elemento del engaño en el delito de estafa. Sostiene que la Sala efectúa una interpretación restrictiva contraria a la doctrina jurisprudencial, al exigir un engaño antecedente al inicio de la relación contractual, ignorando la posibilidad del denominado engaño sobrevenido en relaciones de tracto sucesivo. Afirma que, en el caso enjuiciado, la ocultación de la situación de insolvencia provocada y la continuidad en la solicitud de suministros determinaron un error en la perjudicada que motivó nuevos desplazamientos patrimoniales, concurriendo así los elementos típicos del delito.

2)El Ministerio Fiscal señala que el motivo no es autónomo, al basarse en una alteración del relato fáctico.

Las defensas sostienen la inexistencia de engaño y la corrección de la sentencia.

3)Como se desprende del recurso, se sostiene que la sentencia incurre en error al excluir la existencia de engaño, defendiendo la concurrencia de un engaño sobrevenido propio de relaciones de tracto sucesivo, basado en la ocultación de la situación de insolvencia y en la continuidad de los suministros.

Sin embargo, tal argumentación parte nuevamente de un presupuesto que no ha sido declarado probado: que los acusados conocieran y participaran en dicha ocultación.

La sentencia no niega en abstracto la posibilidad del engaño sobrevenido, figura admitida por la jurisprudencia, sino que concluye que, en el caso concreto, no ha quedado acreditado que los acusados intervinieran en la generación o mantenimiento de dicho engaño.

En efecto, de los hechos probados resulta que: la relación comercial entre HORMIBUSA y LARTARENGO se prolongó durante más de una década en un marco de normalidad; que el proceso de impagos y eventual descapitalización se vincula a la actuación unilateral de Jeronimo; que no consta que los acusados mantuvieran relación alguna con la mercantil perjudicada ni que intervinieran en las decisiones de contratación o pago; tampoco consta que realizaran actos idóneos para generar o mantener una apariencia de solvencia frente al acreedor.

Por tanto, aun aceptando la tesis del engaño sobrevenido, faltaría en todo caso el elemento esencial de imputación subjetiva, esto es, la participación consciente de los acusados en la conducta engañosa.

La pretensión de la recurrente conduce en realidad a una indebida traslación automática de la conducta del autor principal a los coacusados, sin prueba suficiente de su intervención en el engaño, lo que resulta incompatible con el principio de responsabilidad penal personal.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA IMPUTACIÓN POR EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES COMO COOPERADORES NECESARIOS

1)Como tercer motivo se invoca infracción de ley por vulneración del artículo 28 CP, en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, al considerar que la sentencia, pese a tener por acreditada la conducta defraudatoria del autor principal, excluye de forma incorrecta la responsabilidad de los acusados. Sostiene la recurrente que la creación y utilización de las sociedades instrumentales resultó imprescindible para la ejecución del plan de descapitalización, de modo que la intervención de los acusados no puede reputarse ajena o meramente formal, sino constitutiva, al menos, de cooperación necesaria. Añade que la sentencia incurre en una valoración ilógica al considerar que los acusados carecieron de beneficio o conocimiento, pese a la existencia de indicios documentales que, en su conjunto, apuntarían a su participación consciente en la dinámica defraudatoria.

El Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso en este extremo, pero exclusivamente a efectos de una eventual nulidad en caso de apreciarse insuficiencia de motivación.

2)La defensa insiste en la inexistencia de participación efectiva y, especialmente, en la falta de elemento subjetivo, destacando que la simple constitución de sociedades no constituye delito alguno y que no existe prueba del conocimiento.

3)El motivo debe ser igualmente desestimado.

La cuestión central que plantea la parte recurrente se sitúa en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, pues no se discute la existencia de un entramado de sociedades instrumentales ni la operativa de descapitalización llevada a cabo, sino en si los acusados conocían dicha finalidad y participaron voluntariamente en su ejecución.

Desde esta premisa, la parte apelante sostiene que la creación y utilización de dichas sociedades determina necesariamente la existencia de cooperación necesaria, argumentación que no puede ser compartida.

Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, la cooperación necesaria exige no solo una aportación objetivamente relevante, sino también el dolo, consistente en el conocimiento del plan delictivo y la voluntad de contribuir a su ejecución. No basta, por tanto, la mera intervención formal o la realización de actos que, en abstracto, puedan facilitar la conducta del autor.

En el presente caso, la sentencia declara probado que Jeronimo actuaba como administrador de hecho con control efectivo y exclusivo de la operativa empresarial, que los acusados ostentaban una posición meramente formal, que no ejercían funciones reales de administración ni control sobre las sociedades, y, fundamentalmente, que no ha quedado acreditado que tuvieran conocimiento de la estrategia de descapitalización ni que participaran en la adopción de decisiones patrimoniales relevantes.

Tal conclusión aparece razonada y sustentada en la valoración conjunta del material probatorio, sin que haya sido desvirtuada por el recurso, cuyos argumentos se limitan, insistimos, a proponer una reconstrucción alternativa basada en inferencias que no excluyen hipótesis exculpatorias razonables compatibles con la ausencia de conocimiento.

En este contexto, no puede acogerse la invocación de la doctrina de la ignorancia deliberada, introducida por la parte recurrente como mecanismo de integración del elemento subjetivo, pues no consta acreditado que los acusados se encontraran ante una situación de alta probabilidad de ilicitud ni que adoptaran una conducta encaminada a evitar su conocimiento. La mera posición formal en las sociedades o la existencia de irregularidades en la operativa empresarial no permiten, por sí solas, inferir la concurrencia de dicha figura sin incurrir en una indebida flexibilización del estándar de prueba exigido en el proceso penal.

En definitiva, no puede estimarse acreditado el elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo exigible para fundamentar un pronunciamiento condenatorio. La prueba practicada, aun revelando determinadas circunstancias que pudieran considerarse anómalas o sospechosas desde una perspectiva meramente indiciaria, no alcanza el umbral de certeza que el orden jurisdiccional penal exige, al no permitir afirmar, más allá de toda duda razonable, que los acusados actuaran con conocimiento y voluntad de participar en una conducta ilícita dirigida a perjudicar a los acreedores.

La concurrencia de irregularidades formales no puede suplir la ausencia de prueba concluyente sobre la existencia de una actuación dolosa, ni autoriza a inferir, por sí sola, la participación consciente en un plan defraudatorio. En este sentido, debe recordarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia impone que toda duda razonable sobre la concurrencia de los elementos del tipo penal, singularmente el elemento intencional, se resuelva en favor del acusado, de conformidad asimismo con el principio in dubio pro reo.

En consecuencia, la insuficiencia probatoria respecto del dolo determina necesariamente la absolución, y excluye, por ende, la posibilidad de apreciar una cooperación necesaria en los términos pretendidos por la parte recurrente.

SEXTO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, aunque los recursos de apelación se hayan desestimado totalmente, entendemos que no existe temeridad o mala fe en su planteamiento, y que los recursos son manifestación del derecho la tutela judicial efectiva. Por ello, las costas de esta segunda instancia deben declararse de oficio ( art. 901 LECrim. ).

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Con carácter previo al examen de los motivos de impugnación, procede señalar que la sentencia de instancia ha sido objeto de la oportuna rectificación en cuanto incurre en un error material en el relato de los hechos probados respecto de la identificación de uno de los acusados y la entidad mercantil, en los términos ya precisados. Ha quedado también corregido el Fundamento de derecho quinto párrafo sexto en cuanto se refiere al acta notarial firmada por uno de los acusados cuando erróneamente debió mencionarse al otro. Dichos errores materiales, que podían haber sido solicitados en vía de aclaración de sentencia, se corrigen en esta resolución antes de proceder al análisis del recurso, limitándose la rectificación a la sustitución de los datos incorrectos por los que correctamente corresponden, sin alterar el contenido de los hechos declarados probados, ni la valoración probatoria, ni la fundamentación jurídica de la sentencia.

2)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 27 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª), en la que se absuelve a don Blas y a don Hernan de los delitos continuados de alzamiento de bienes y estafa que se les imputaban.

El recurso de apelación lo interpone la representación procesal de la entidad Lartarengo S.L que ejerce en el proceso la Acusación Particular, adhiriéndose en la parte relativa al delito de alzamiento de bienes el Ministerio Fiscal. Se alega, en primer lugar, error en la valoración de la prueba; en segundo lugar, infracción de ley por inaplicación del art. 248 CP en relación con el art. 250 CP; y, en tercer lugar, infracción de ley por vulneración del art. 28 CP en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. En definitiva, la parte apelante considera que la resolución impugnada incurre en una valoración fragmentaria, insuficiente y no racional del acervo probatorio, vulnerando las exigencias del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEcrim.) y el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que justificaría la nulidad de la sentencia y la retroacción de actuaciones o, subsidiariamente, la condena de los acusados en los términos interesados.

3)Tanto la representación de don Hernan como la de don Blas impugnan íntegramente los recursos de apelación interpuestos, solicitando la confirmación de la sentencia absolutoria por ser ajustada a Derecho y encontrarse debidamente motivada.

SEGUNDO: RECURSO CONTRA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA

1)En relación con el recurso de apelación contra sentencias absolutorias, este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal, ha señalado reiteradamente que la adaptación a las exigencias constitucionales y europeas, llevada a cabo por la reforma operada en la LECrim . por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, impide condenar o agravar la sentencia de un acusado absuelto en primera instancia basándose únicamente en un error en la valoración de las pruebas.

En estos casos, el Tribunal Superior podrá anular la sentencia cuando se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada ( art. 790. 2). Asimismo, deberá concretar si la nulidad afecta al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del tribunal en el nuevo enjuiciamiento ( artículo 792.2 LECrim. ).

Por su parte, la STS 58/2017, de 7 de febrero, establece que el motivo adecuado para impugnar una sentencia absolutoria y sustituirla por condena es la infracción de ley prevista en el artículo 849.1 LECrim.

Por otro lado, la STS 363/2017, de 19 de mayo -con cita de las SSTC 167/2002, 21/2009, 24/2009 y 191/2014, entre otras- recuerda que se vulneran los principios de publicidad, inmediación y contradicción ( art. 24.2 CE) si se dicta condena ex novoen apelación revocando una absolución sin que el tribunal de segunda instancia haya tenido contacto directo con la prueba personal. Toda condena debe fundamentarse en una actividad probatoria desarrollada en debate público con posibilidad de contradicción.

Por ello, cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relativas a la valoración de pruebas personales, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia, para que el tribunal de apelación pueda oír directamente a testigos, peritos y acusados que declararon en el juicio. No puede el órgano de apelación modificar los hechos probados para convertir una absolución en condena sin un examen directo y personal de la prueba en debate público.

De lo anterior se deduce que existen dos vías para modificar una sentencia absolutoria: una basada en la errónea valoración del material probatorio y otra en la diversa interpretación de una norma. En el primer caso, para revisar los hechos, debe respetarse estrictamente lo antes expuesto para evitar nulidades señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), entre ellas las sentencias de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) y 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández).

En el segundo caso, es admisible revisar una sentencia absolutoria sin nueva audiencia cuando el debate es exclusivamente jurídico, como la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll contra España; de 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios contra España; de 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández contra España; de 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez contra España; de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Caler contra España; de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo contra España; de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España; de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García contra España y muy recientemente Sentencia de 14 de enero de 2020, caso Pardo Campoy c. España).

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha declarado en sus SSTC 143/2005, de 6 de junio; 2/2013, de 14 de enero; y 88/2013, de 11 de abril, que no se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso -sin vista pública- se basa en cuestiones estrictamente jurídicas y no en alteración del sustrato fáctico. Así, cuando el debate en segunda instancia versa exclusivamente sobre interpretación normativa, la intervención personal del acusado no es imprescindible, bastando la presencia de su abogado para garantizar el derecho de defensa (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril y 153/2011, de 17 de octubre).

El artículo 846 terde la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con las apelaciones contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, remite a los artículos 790, 791 y 792 de la LECrim. En particular, el artículo 792.2 establece que la sentencia de apelación no podrá revocar una absolución ni agravar una condena basándose en un error en la valoración de la prueba, salvo que se declare la nulidad de la resolución por motivación insuficiente o irracional, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, u omisión de razonamiento sobre prueba relevante (artículo 790.2, párrafo 3º). En caso de anulación, el tribunal debe precisar si afecta al juicio oral y si es necesario un nuevo tribunal para garantizar imparcialidad en el nuevo enjuiciamiento.

Por tanto, no tiene encaje en este motivo la mera discrepancia con la valoración probatoria realizada por el tribunal, ya que lo que debe analizarse en alzada no es si dicha valoración es compartida por la parte apelante, sino si se ajusta a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y la racionalidad. Como sostiene la jurisprudencia, solo procede la anulación si las inferencias del tribunal de instancia resultan irracionales, arbitrarias o absurdas.

Además, en sentencias absolutorias el estándar de exigencia en la motivación no puede ser el mismo que en las condenatorias, dado que toda persona goza de la presunción de inocencia. Mientras que las sentencias condenatorias deben contener una fundamentación especialmente rigurosa para justificar la enervación de ese derecho, las absolutorias solo han de cumplir el principio de interdicción de la arbitrariedad.

En consecuencia, en los supuestos de sentencias absolutorias, la acusación no puede pretender una nueva valoración de la prueba con revisión de los hechos probados, como si existiera un derecho inverso a la presunción de inocencia.

2)En definitiva, la pretensión anulatoria no puede fundarse únicamente, como ocurre en este caso, en que la parte apelante defienda una conclusión probatoria diferente de la obtenida por el tribunal de instancia, proponiendo una versión alternativa que considera más ajustada a Derecho. En el presente caso, puede anticiparse el rechazo a que la valoración de la prueba realizada por la sentencia impugnada no se adecúe a las reglas de la lógica o se haya apartado de máximas de experiencia o haya omitido valoración sobre prueba relevante. Las inferencias del tribunal no resultan irracionales, arbitrarias ni absurdas. Por el contrario, la sentencia motiva la valoración de los medios probatorios practicados. En primer lugar, las declaraciones testificales (Fundamento de Derecho Tercero y Sexto) de don Carlos Manuel, representante legal de Lartarengo; doña Silvia, esposa del fallecido Jeronimo; don Inocencio, cuñado del fallecido Jeronimo; don Daniel, quien trabajó como auxiliar administrativo de Hormibusa; don Evaristo y don Matías, gerentes de la empresa Gestión Integral de Vivienda; doña Concepción, representante legal de la asesoría fiscal Anta-3 SL; doña Petra, empleada de Anta 3 SL. En segundo lugar, la prueba documental, la pericial de don Luis María, economista, forense y auditor (Fundamento de Derecho Cuarto). En tercer término, las declaraciones de los dos acusados (Fundamento de Derecho Sexto) quienes, en su legítimo derecho de defensa, optaron por responder únicamente a sus correspondientes letrados. Lo que en realidad plantean las apelantes es una valoración alternativa de dichos medios probatorios, exponiendo en el recurso el desarrollo de la trama orquestada que, a su juicio, aconteció.

3)Conforme a la doctrina expuesta y al marco legal aplicable - artículos 790.2 y 792.2 de la LECrim. -, la revisión en segunda instancia de una sentencia absolutoria basada en una distinta valoración de la prueba solo es posible si se acredita que la motivación fáctica de la resolución recurrida resulta insuficiente o carente de racionalidad, que se ha producido un apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, o que se ha omitido todo razonamiento sobre alguna prueba practicada que pudiera resultar verdaderamente relevante.

Por tanto, la función revisora atribuida a esta Sala queda constreñida a valorar si concurren defectos estructurales en la fundamentación de la sentencia que justifiquen su anulación. De apreciarse alguno de los vicios anteriormente descritos, las opciones quedarían limitadas a declarar la nulidad de la sentencia para su sustitución por una nueva que subsane los defectos advertidos, o, en su caso, acordar la repetición del juicio con nuevo tribunal, si se considerara que la imparcialidad pudiera verse comprometida.

4)La cuestión nuclear que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si, a la vista del conjunto de la prueba practicada, concurren elementos de cargo suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados y, en particular, si ha quedado acreditado que su intervención en los hechos respondió a una participación consciente y voluntaria en la actuación ilícita desarrollada por el autor principal: el fallecido don Jeronimo. Es decir, debe determinarse la existencia del necesario elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo, entendido como conocimiento y voluntad de contribuir a la estrategia defraudatoria, pues, en su ausencia, la eventual intervención de los acusados quedaría reducida, en el mejor de los casos, a una participación meramente imprudente o negligente, modalidad que carece de relevancia penal.

5)El recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Lartarengo S.L. presenta una notable extensión, dedicando la mayor parte de su desarrollo a una exposición detallada de la prueba practicada en el acto del juicio oral, en la que la parte recurrente describe la operativa que, a su juicio, permitió la descapitalización de la mercantil Hormibusa S.L., mediante la utilización de diversas sociedades instrumentales.

A partir de dicha exposición, el recurso articula su impugnación en torno a dos motivos principales, claramente identificables en su escrito:

En primer lugar, un motivo por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim., cuyo desarrollo consiste esencialmente en una reconstrucción alternativa de los hechos.

En segundo lugar, un motivo por infracción de ley, en el que se sostiene, de una parte, la indebida inaplicación del delito de estafa y, de otra, la concurrencia del delito de alzamiento de bienes con participación de los acusados en concepto de cooperadores necesarios. Dentro de este motivo se incluyen diversas consideraciones relativas al elemento subjetivo, entre ellas referencias a la doctrina de la ignorancia deliberada, que no constituyen motivo autónomo, sino argumento dirigido a fundamentar la existencia de dolo.

El Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite conferido, pone de relieve el alcance limitado del control revisor en apelación cuando se impugnan sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba, conforme a los artículos 790.2 y 792 LECrim. , señalando que la Sala no puede sustituir la valoración del tribunal de instancia ni dictar sentencia condenatoria, sino únicamente acordar, en su caso, la nulidad cuando se aprecie insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación.

Por su parte, las defensas de los acusados interesan la íntegra desestimación del recurso, mostrando su conformidad con la sentencia recurrida, destacando la corrección de la valoración probatoria y, de forma expresa, la ausencia de prueba del elemento subjetivo del delito, así como la inexistencia de participación material de sus representados en la gestión de las sociedades.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO AL ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1)Como primer motivo de impugnación se alega error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim. En tal sentido, se denuncian, en primer lugar, errores materiales contenidos en la sentencia, particularmente en la identificación de los intervinientes en determinadas actuaciones notariales, tema este al que ya nos hemos referido. En segundo lugar, se pone de relieve un error relevante en la determinación del momento en que se inician los impagos, que el Tribunal sentenciador sitúa incorrectamente, a su juicio, alterando con ello la correcta secuencia temporal de los hechos y su ulterior valoración jurídica. En tercer lugar, se cuestiona la conclusión absolutoria relativa a la falta de conocimiento y participación de los acusados en la operativa de descapitalización, al considerar la recurrente que dicha valoración resulta ilógica, contraria a las reglas de la experiencia y no acorde con el conjunto del material probatorio, que, a su juicio, evidenciaría su intervención mediante la constitución y utilización de sociedades instrumentales. Asimismo, se denuncia la omisión o insuficiente valoración de determinados elementos probatorios, singularmente en relación con la operación de compraventa de la cantera, los movimientos de fondos entre sociedades y los beneficios obtenidos, lo que determinaría una motivación incompleta y no racional del relato fáctico.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que el motivo se fundamenta en una nueva valoración de la prueba practicada, lo que excede del ámbito propio del recurso de apelación, recordando que la Sala no puede sustituir el juicio de convicción del tribunal de instancia, limitándose su función a verificar la racionalidad de la motivación.

3)La defensa de los acusados sostiene que la sentencia contiene una valoración minuciosa y coherente de la prueba, practicada bajo los principios de inmediación y contradicción, destacando la inexistencia de prueba de conocimiento ni de participación de sus representados, así como la falta de dolo.

4)El motivo no puede prosperar.

En efecto, el desarrollo del recurso evidencia que la impugnación se centra fundamentalmente en una relectura completa del material probatorio, en la que la parte recurrente expone su propia interpretación de los hechos, sin identificar concretos déficits de motivación, omisiones relevantes ni quiebras lógicas en el razonamiento de la sentencia, lo que, como acertadamente se pone de relieve en el escrito de impugnación, resulta ajeno al ámbito propio del recurso de apelación contra sentencias absolutorias.

Debe partirse, además, de un elemento esencial que no es objeto de controversia: la propia sentencia declara acreditada la existencia de un entramado de sociedades instrumentales o «pantalla» utilizadas para la descapitalización de la mercantil HORMIBUSA S.L., atribuyendo dicha actuación al administrador de hecho, Jeronimo. La cuestión controvertida no radica, por tanto, en la realidad del entramado ni en su funcionalidad, sino en determinar si los acusados conocían dicha operativa y participaron voluntariamente en ella, es decir, en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo de injusto.

A este respecto, la Audiencia Provincial concluye de forma expresa, en el hecho probado séptimo, que no ha quedado suficientemente acreditado que los acusados tuvieran conocimiento ni participaran voluntariamente en las actuaciones de descapitalización, conclusión que se apoya en una valoración conjunta de la prueba testifical, documental y pericial, desarrollada de forma extensa y razonada en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.

Examinada dicha valoración, no se aprecia ni vacío valorativo ni quiebra lógica alguna. Antes al contrario, el órgano de instancia explica de forma coherente por qué atribuye el control efectivo de las sociedades y de la operativa económica a Jeronimo, destacando que era este quien adoptaba las decisiones, impartía instrucciones, manejaba la contabilidad y disponía de las claves bancarias, sin que conste la intervención efectiva de los administradores formales.

Por lo que respecta a los errores materiales denunciados, aun pudiendo apreciarse determinadas imprecisiones en la identificación de intervinientes o sociedades, las mismas carecen de entidad suficiente para alterar el sentido del fallo, al no afectar al núcleo del relato fáctico ni al razonamiento decisorio en lo relativo a la ausencia de dolo. Dichos errores han sido ya corregidos por esta Sala.

En cuanto a la discusión sobre el momento de inicio de los impagos, que la recurrente sitúa en fechas distintas a las recogidas en la sentencia, no desvirtúa la conclusión esencial alcanzada por el tribunal, pues, aunque se admitiesen variaciones en la secuencia temporal, ello no permitiría inferir por sí mismo el conocimiento por parte de los acusados de la estrategia defraudatoria ni su participación en la misma.

En relación con la operación de la cantera, a la que el recurso otorga especial relevancia, consta que dicha circunstancia fue expresamente considerada por el tribunal de instancia, que analizó tanto el contrato de compraventa como la prueba pericial practicada (acontecimiento número 442, DPA 3187/2015). La transmisión se fijó en un importe nominal de 180.000 euros, comprensivo de diversos elementos -incluidas existencias o acopios- y con asunción de obligaciones relevantes vinculadas a la explotación, especialmente en materia de restauración y adecuación medioambiental, lo que incide en la determinación de su valor económico efectivo. En tales condiciones, las discrepancias que formula la parte recurrente en torno a la valoración económica de la operación o a la articulación de los pagos no permiten, por sí solas, inferir la existencia de un acuerdo defraudatorio ni, menos aún, el conocimiento del mismo por parte de los acusados, tratándose de una operación susceptible de una explicación económica autónoma razonable.

Finalmente, la recurrente pretende sustituir la conclusión alcanzada por la Audiencia, concretamente la inexistencia de conocimiento y participación dolosa, por otra basada en una serie de inferencias construidas a partir de datos aislados, tales como la constitución de sociedades, la existencia de operaciones económicas cuestionadas o la eventual obtención de beneficios. Sin embargo, tales inferencias no excluyen de forma concluyente la hipótesis exculpatoria acogida en la sentencia, máxime cuando la prueba practicada pone de relieve que: el control efectivo de las sociedades correspondía a Jeronimo; las decisiones operativas, contables y financieras eran adoptadas por este; los acusados no intervenían en la gestión real ni mantenían relación con los terceros implicados; y no se ha acreditado con la necesaria certeza la obtención de un beneficio personal derivado de la actividad ilícita.

En consecuencia, no puede apreciarse una valoración ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de la experiencia, sino una opción interpretativa razonada y plenamente sustentada en la prueba practicada, que debe ser respetada en esta instancia.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LEY EN RELACIÓN CON EL DELITO DE ESTAFA

1)Como segundo motivo se alega infracción de ley por inaplicación del artículo 248 CP, en relación con el artículo 250 del mismo texto legal, al entender la parte recurrente que la sentencia excluye indebidamente la concurrencia del elemento del engaño en el delito de estafa. Sostiene que la Sala efectúa una interpretación restrictiva contraria a la doctrina jurisprudencial, al exigir un engaño antecedente al inicio de la relación contractual, ignorando la posibilidad del denominado engaño sobrevenido en relaciones de tracto sucesivo. Afirma que, en el caso enjuiciado, la ocultación de la situación de insolvencia provocada y la continuidad en la solicitud de suministros determinaron un error en la perjudicada que motivó nuevos desplazamientos patrimoniales, concurriendo así los elementos típicos del delito.

2)El Ministerio Fiscal señala que el motivo no es autónomo, al basarse en una alteración del relato fáctico.

Las defensas sostienen la inexistencia de engaño y la corrección de la sentencia.

3)Como se desprende del recurso, se sostiene que la sentencia incurre en error al excluir la existencia de engaño, defendiendo la concurrencia de un engaño sobrevenido propio de relaciones de tracto sucesivo, basado en la ocultación de la situación de insolvencia y en la continuidad de los suministros.

Sin embargo, tal argumentación parte nuevamente de un presupuesto que no ha sido declarado probado: que los acusados conocieran y participaran en dicha ocultación.

La sentencia no niega en abstracto la posibilidad del engaño sobrevenido, figura admitida por la jurisprudencia, sino que concluye que, en el caso concreto, no ha quedado acreditado que los acusados intervinieran en la generación o mantenimiento de dicho engaño.

En efecto, de los hechos probados resulta que: la relación comercial entre HORMIBUSA y LARTARENGO se prolongó durante más de una década en un marco de normalidad; que el proceso de impagos y eventual descapitalización se vincula a la actuación unilateral de Jeronimo; que no consta que los acusados mantuvieran relación alguna con la mercantil perjudicada ni que intervinieran en las decisiones de contratación o pago; tampoco consta que realizaran actos idóneos para generar o mantener una apariencia de solvencia frente al acreedor.

Por tanto, aun aceptando la tesis del engaño sobrevenido, faltaría en todo caso el elemento esencial de imputación subjetiva, esto es, la participación consciente de los acusados en la conducta engañosa.

La pretensión de la recurrente conduce en realidad a una indebida traslación automática de la conducta del autor principal a los coacusados, sin prueba suficiente de su intervención en el engaño, lo que resulta incompatible con el principio de responsabilidad penal personal.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA IMPUTACIÓN POR EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES COMO COOPERADORES NECESARIOS

1)Como tercer motivo se invoca infracción de ley por vulneración del artículo 28 CP, en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, al considerar que la sentencia, pese a tener por acreditada la conducta defraudatoria del autor principal, excluye de forma incorrecta la responsabilidad de los acusados. Sostiene la recurrente que la creación y utilización de las sociedades instrumentales resultó imprescindible para la ejecución del plan de descapitalización, de modo que la intervención de los acusados no puede reputarse ajena o meramente formal, sino constitutiva, al menos, de cooperación necesaria. Añade que la sentencia incurre en una valoración ilógica al considerar que los acusados carecieron de beneficio o conocimiento, pese a la existencia de indicios documentales que, en su conjunto, apuntarían a su participación consciente en la dinámica defraudatoria.

El Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso en este extremo, pero exclusivamente a efectos de una eventual nulidad en caso de apreciarse insuficiencia de motivación.

2)La defensa insiste en la inexistencia de participación efectiva y, especialmente, en la falta de elemento subjetivo, destacando que la simple constitución de sociedades no constituye delito alguno y que no existe prueba del conocimiento.

3)El motivo debe ser igualmente desestimado.

La cuestión central que plantea la parte recurrente se sitúa en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, pues no se discute la existencia de un entramado de sociedades instrumentales ni la operativa de descapitalización llevada a cabo, sino en si los acusados conocían dicha finalidad y participaron voluntariamente en su ejecución.

Desde esta premisa, la parte apelante sostiene que la creación y utilización de dichas sociedades determina necesariamente la existencia de cooperación necesaria, argumentación que no puede ser compartida.

Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, la cooperación necesaria exige no solo una aportación objetivamente relevante, sino también el dolo, consistente en el conocimiento del plan delictivo y la voluntad de contribuir a su ejecución. No basta, por tanto, la mera intervención formal o la realización de actos que, en abstracto, puedan facilitar la conducta del autor.

En el presente caso, la sentencia declara probado que Jeronimo actuaba como administrador de hecho con control efectivo y exclusivo de la operativa empresarial, que los acusados ostentaban una posición meramente formal, que no ejercían funciones reales de administración ni control sobre las sociedades, y, fundamentalmente, que no ha quedado acreditado que tuvieran conocimiento de la estrategia de descapitalización ni que participaran en la adopción de decisiones patrimoniales relevantes.

Tal conclusión aparece razonada y sustentada en la valoración conjunta del material probatorio, sin que haya sido desvirtuada por el recurso, cuyos argumentos se limitan, insistimos, a proponer una reconstrucción alternativa basada en inferencias que no excluyen hipótesis exculpatorias razonables compatibles con la ausencia de conocimiento.

En este contexto, no puede acogerse la invocación de la doctrina de la ignorancia deliberada, introducida por la parte recurrente como mecanismo de integración del elemento subjetivo, pues no consta acreditado que los acusados se encontraran ante una situación de alta probabilidad de ilicitud ni que adoptaran una conducta encaminada a evitar su conocimiento. La mera posición formal en las sociedades o la existencia de irregularidades en la operativa empresarial no permiten, por sí solas, inferir la concurrencia de dicha figura sin incurrir en una indebida flexibilización del estándar de prueba exigido en el proceso penal.

En definitiva, no puede estimarse acreditado el elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo exigible para fundamentar un pronunciamiento condenatorio. La prueba practicada, aun revelando determinadas circunstancias que pudieran considerarse anómalas o sospechosas desde una perspectiva meramente indiciaria, no alcanza el umbral de certeza que el orden jurisdiccional penal exige, al no permitir afirmar, más allá de toda duda razonable, que los acusados actuaran con conocimiento y voluntad de participar en una conducta ilícita dirigida a perjudicar a los acreedores.

La concurrencia de irregularidades formales no puede suplir la ausencia de prueba concluyente sobre la existencia de una actuación dolosa, ni autoriza a inferir, por sí sola, la participación consciente en un plan defraudatorio. En este sentido, debe recordarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia impone que toda duda razonable sobre la concurrencia de los elementos del tipo penal, singularmente el elemento intencional, se resuelva en favor del acusado, de conformidad asimismo con el principio in dubio pro reo.

En consecuencia, la insuficiencia probatoria respecto del dolo determina necesariamente la absolución, y excluye, por ende, la posibilidad de apreciar una cooperación necesaria en los términos pretendidos por la parte recurrente.

SEXTO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, aunque los recursos de apelación se hayan desestimado totalmente, entendemos que no existe temeridad o mala fe en su planteamiento, y que los recursos son manifestación del derecho la tutela judicial efectiva. Por ello, las costas de esta segunda instancia deben declararse de oficio ( art. 901 LECrim. ).

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,

PRIMERO: OBJETO DE LA SEGUNDA INSTANCIA Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

1)Con carácter previo al examen de los motivos de impugnación, procede señalar que la sentencia de instancia ha sido objeto de la oportuna rectificación en cuanto incurre en un error material en el relato de los hechos probados respecto de la identificación de uno de los acusados y la entidad mercantil, en los términos ya precisados. Ha quedado también corregido el Fundamento de derecho quinto párrafo sexto en cuanto se refiere al acta notarial firmada por uno de los acusados cuando erróneamente debió mencionarse al otro. Dichos errores materiales, que podían haber sido solicitados en vía de aclaración de sentencia, se corrigen en esta resolución antes de proceder al análisis del recurso, limitándose la rectificación a la sustitución de los datos incorrectos por los que correctamente corresponden, sin alterar el contenido de los hechos declarados probados, ni la valoración probatoria, ni la fundamentación jurídica de la sentencia.

2)Es objeto del presente recurso de apelación, que pende ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia dictada, en fecha 27 de octubre de 2025, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª), en la que se absuelve a don Blas y a don Hernan de los delitos continuados de alzamiento de bienes y estafa que se les imputaban.

El recurso de apelación lo interpone la representación procesal de la entidad Lartarengo S.L que ejerce en el proceso la Acusación Particular, adhiriéndose en la parte relativa al delito de alzamiento de bienes el Ministerio Fiscal. Se alega, en primer lugar, error en la valoración de la prueba; en segundo lugar, infracción de ley por inaplicación del art. 248 CP en relación con el art. 250 CP; y, en tercer lugar, infracción de ley por vulneración del art. 28 CP en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. En definitiva, la parte apelante considera que la resolución impugnada incurre en una valoración fragmentaria, insuficiente y no racional del acervo probatorio, vulnerando las exigencias del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEcrim.) y el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que justificaría la nulidad de la sentencia y la retroacción de actuaciones o, subsidiariamente, la condena de los acusados en los términos interesados.

3)Tanto la representación de don Hernan como la de don Blas impugnan íntegramente los recursos de apelación interpuestos, solicitando la confirmación de la sentencia absolutoria por ser ajustada a Derecho y encontrarse debidamente motivada.

SEGUNDO: RECURSO CONTRA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA

1)En relación con el recurso de apelación contra sentencias absolutorias, este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal, ha señalado reiteradamente que la adaptación a las exigencias constitucionales y europeas, llevada a cabo por la reforma operada en la LECrim . por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, impide condenar o agravar la sentencia de un acusado absuelto en primera instancia basándose únicamente en un error en la valoración de las pruebas.

En estos casos, el Tribunal Superior podrá anular la sentencia cuando se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada ( art. 790. 2). Asimismo, deberá concretar si la nulidad afecta al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del tribunal en el nuevo enjuiciamiento ( artículo 792.2 LECrim. ).

Por su parte, la STS 58/2017, de 7 de febrero, establece que el motivo adecuado para impugnar una sentencia absolutoria y sustituirla por condena es la infracción de ley prevista en el artículo 849.1 LECrim.

Por otro lado, la STS 363/2017, de 19 de mayo -con cita de las SSTC 167/2002, 21/2009, 24/2009 y 191/2014, entre otras- recuerda que se vulneran los principios de publicidad, inmediación y contradicción ( art. 24.2 CE) si se dicta condena ex novoen apelación revocando una absolución sin que el tribunal de segunda instancia haya tenido contacto directo con la prueba personal. Toda condena debe fundamentarse en una actividad probatoria desarrollada en debate público con posibilidad de contradicción.

Por ello, cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relativas a la valoración de pruebas personales, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia, para que el tribunal de apelación pueda oír directamente a testigos, peritos y acusados que declararon en el juicio. No puede el órgano de apelación modificar los hechos probados para convertir una absolución en condena sin un examen directo y personal de la prueba en debate público.

De lo anterior se deduce que existen dos vías para modificar una sentencia absolutoria: una basada en la errónea valoración del material probatorio y otra en la diversa interpretación de una norma. En el primer caso, para revisar los hechos, debe respetarse estrictamente lo antes expuesto para evitar nulidades señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), entre ellas las sentencias de 10 de marzo de 2009 (caso Igual Coll), 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani), 21 de septiembre de 2010 (caso Marcos Barrios) y 16 de noviembre de 2010 (caso García Hernández).

En el segundo caso, es admisible revisar una sentencia absolutoria sin nueva audiencia cuando el debate es exclusivamente jurídico, como la interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el Tribunal de Instancia, ( SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll contra España; de 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios contra España; de 16 de noviembre de 2010, caso García Hernández contra España; de 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez contra España; de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Caler contra España; de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo contra España; de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España; de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García contra España y muy recientemente Sentencia de 14 de enero de 2020, caso Pardo Campoy c. España).

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha declarado en sus SSTC 143/2005, de 6 de junio; 2/2013, de 14 de enero; y 88/2013, de 11 de abril, que no se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando la condena o agravación en vía de recurso -sin vista pública- se basa en cuestiones estrictamente jurídicas y no en alteración del sustrato fáctico. Así, cuando el debate en segunda instancia versa exclusivamente sobre interpretación normativa, la intervención personal del acusado no es imprescindible, bastando la presencia de su abogado para garantizar el derecho de defensa (así, SSTC 45/2011, de 11 de abril y 153/2011, de 17 de octubre).

El artículo 846 terde la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con las apelaciones contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, remite a los artículos 790, 791 y 792 de la LECrim. En particular, el artículo 792.2 establece que la sentencia de apelación no podrá revocar una absolución ni agravar una condena basándose en un error en la valoración de la prueba, salvo que se declare la nulidad de la resolución por motivación insuficiente o irracional, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, u omisión de razonamiento sobre prueba relevante (artículo 790.2, párrafo 3º). En caso de anulación, el tribunal debe precisar si afecta al juicio oral y si es necesario un nuevo tribunal para garantizar imparcialidad en el nuevo enjuiciamiento.

Por tanto, no tiene encaje en este motivo la mera discrepancia con la valoración probatoria realizada por el tribunal, ya que lo que debe analizarse en alzada no es si dicha valoración es compartida por la parte apelante, sino si se ajusta a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y la racionalidad. Como sostiene la jurisprudencia, solo procede la anulación si las inferencias del tribunal de instancia resultan irracionales, arbitrarias o absurdas.

Además, en sentencias absolutorias el estándar de exigencia en la motivación no puede ser el mismo que en las condenatorias, dado que toda persona goza de la presunción de inocencia. Mientras que las sentencias condenatorias deben contener una fundamentación especialmente rigurosa para justificar la enervación de ese derecho, las absolutorias solo han de cumplir el principio de interdicción de la arbitrariedad.

En consecuencia, en los supuestos de sentencias absolutorias, la acusación no puede pretender una nueva valoración de la prueba con revisión de los hechos probados, como si existiera un derecho inverso a la presunción de inocencia.

2)En definitiva, la pretensión anulatoria no puede fundarse únicamente, como ocurre en este caso, en que la parte apelante defienda una conclusión probatoria diferente de la obtenida por el tribunal de instancia, proponiendo una versión alternativa que considera más ajustada a Derecho. En el presente caso, puede anticiparse el rechazo a que la valoración de la prueba realizada por la sentencia impugnada no se adecúe a las reglas de la lógica o se haya apartado de máximas de experiencia o haya omitido valoración sobre prueba relevante. Las inferencias del tribunal no resultan irracionales, arbitrarias ni absurdas. Por el contrario, la sentencia motiva la valoración de los medios probatorios practicados. En primer lugar, las declaraciones testificales (Fundamento de Derecho Tercero y Sexto) de don Carlos Manuel, representante legal de Lartarengo; doña Silvia, esposa del fallecido Jeronimo; don Inocencio, cuñado del fallecido Jeronimo; don Daniel, quien trabajó como auxiliar administrativo de Hormibusa; don Evaristo y don Matías, gerentes de la empresa Gestión Integral de Vivienda; doña Concepción, representante legal de la asesoría fiscal Anta-3 SL; doña Petra, empleada de Anta 3 SL. En segundo lugar, la prueba documental, la pericial de don Luis María, economista, forense y auditor (Fundamento de Derecho Cuarto). En tercer término, las declaraciones de los dos acusados (Fundamento de Derecho Sexto) quienes, en su legítimo derecho de defensa, optaron por responder únicamente a sus correspondientes letrados. Lo que en realidad plantean las apelantes es una valoración alternativa de dichos medios probatorios, exponiendo en el recurso el desarrollo de la trama orquestada que, a su juicio, aconteció.

3)Conforme a la doctrina expuesta y al marco legal aplicable - artículos 790.2 y 792.2 de la LECrim. -, la revisión en segunda instancia de una sentencia absolutoria basada en una distinta valoración de la prueba solo es posible si se acredita que la motivación fáctica de la resolución recurrida resulta insuficiente o carente de racionalidad, que se ha producido un apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, o que se ha omitido todo razonamiento sobre alguna prueba practicada que pudiera resultar verdaderamente relevante.

Por tanto, la función revisora atribuida a esta Sala queda constreñida a valorar si concurren defectos estructurales en la fundamentación de la sentencia que justifiquen su anulación. De apreciarse alguno de los vicios anteriormente descritos, las opciones quedarían limitadas a declarar la nulidad de la sentencia para su sustitución por una nueva que subsane los defectos advertidos, o, en su caso, acordar la repetición del juicio con nuevo tribunal, si se considerara que la imparcialidad pudiera verse comprometida.

4)La cuestión nuclear que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si, a la vista del conjunto de la prueba practicada, concurren elementos de cargo suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados y, en particular, si ha quedado acreditado que su intervención en los hechos respondió a una participación consciente y voluntaria en la actuación ilícita desarrollada por el autor principal: el fallecido don Jeronimo. Es decir, debe determinarse la existencia del necesario elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo, entendido como conocimiento y voluntad de contribuir a la estrategia defraudatoria, pues, en su ausencia, la eventual intervención de los acusados quedaría reducida, en el mejor de los casos, a una participación meramente imprudente o negligente, modalidad que carece de relevancia penal.

5)El recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Lartarengo S.L. presenta una notable extensión, dedicando la mayor parte de su desarrollo a una exposición detallada de la prueba practicada en el acto del juicio oral, en la que la parte recurrente describe la operativa que, a su juicio, permitió la descapitalización de la mercantil Hormibusa S.L., mediante la utilización de diversas sociedades instrumentales.

A partir de dicha exposición, el recurso articula su impugnación en torno a dos motivos principales, claramente identificables en su escrito:

En primer lugar, un motivo por error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim., cuyo desarrollo consiste esencialmente en una reconstrucción alternativa de los hechos.

En segundo lugar, un motivo por infracción de ley, en el que se sostiene, de una parte, la indebida inaplicación del delito de estafa y, de otra, la concurrencia del delito de alzamiento de bienes con participación de los acusados en concepto de cooperadores necesarios. Dentro de este motivo se incluyen diversas consideraciones relativas al elemento subjetivo, entre ellas referencias a la doctrina de la ignorancia deliberada, que no constituyen motivo autónomo, sino argumento dirigido a fundamentar la existencia de dolo.

El Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite conferido, pone de relieve el alcance limitado del control revisor en apelación cuando se impugnan sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba, conforme a los artículos 790.2 y 792 LECrim. , señalando que la Sala no puede sustituir la valoración del tribunal de instancia ni dictar sentencia condenatoria, sino únicamente acordar, en su caso, la nulidad cuando se aprecie insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación.

Por su parte, las defensas de los acusados interesan la íntegra desestimación del recurso, mostrando su conformidad con la sentencia recurrida, destacando la corrección de la valoración probatoria y, de forma expresa, la ausencia de prueba del elemento subjetivo del delito, así como la inexistencia de participación material de sus representados en la gestión de las sociedades.

TERCERO: MOTIVO RELATIVO AL ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

1)Como primer motivo de impugnación se alega error en la valoración de la prueba, al amparo del artículo 790.2 LEcrim. En tal sentido, se denuncian, en primer lugar, errores materiales contenidos en la sentencia, particularmente en la identificación de los intervinientes en determinadas actuaciones notariales, tema este al que ya nos hemos referido. En segundo lugar, se pone de relieve un error relevante en la determinación del momento en que se inician los impagos, que el Tribunal sentenciador sitúa incorrectamente, a su juicio, alterando con ello la correcta secuencia temporal de los hechos y su ulterior valoración jurídica. En tercer lugar, se cuestiona la conclusión absolutoria relativa a la falta de conocimiento y participación de los acusados en la operativa de descapitalización, al considerar la recurrente que dicha valoración resulta ilógica, contraria a las reglas de la experiencia y no acorde con el conjunto del material probatorio, que, a su juicio, evidenciaría su intervención mediante la constitución y utilización de sociedades instrumentales. Asimismo, se denuncia la omisión o insuficiente valoración de determinados elementos probatorios, singularmente en relación con la operación de compraventa de la cantera, los movimientos de fondos entre sociedades y los beneficios obtenidos, lo que determinaría una motivación incompleta y no racional del relato fáctico.

2)El Ministerio Fiscal sostiene que el motivo se fundamenta en una nueva valoración de la prueba practicada, lo que excede del ámbito propio del recurso de apelación, recordando que la Sala no puede sustituir el juicio de convicción del tribunal de instancia, limitándose su función a verificar la racionalidad de la motivación.

3)La defensa de los acusados sostiene que la sentencia contiene una valoración minuciosa y coherente de la prueba, practicada bajo los principios de inmediación y contradicción, destacando la inexistencia de prueba de conocimiento ni de participación de sus representados, así como la falta de dolo.

4)El motivo no puede prosperar.

En efecto, el desarrollo del recurso evidencia que la impugnación se centra fundamentalmente en una relectura completa del material probatorio, en la que la parte recurrente expone su propia interpretación de los hechos, sin identificar concretos déficits de motivación, omisiones relevantes ni quiebras lógicas en el razonamiento de la sentencia, lo que, como acertadamente se pone de relieve en el escrito de impugnación, resulta ajeno al ámbito propio del recurso de apelación contra sentencias absolutorias.

Debe partirse, además, de un elemento esencial que no es objeto de controversia: la propia sentencia declara acreditada la existencia de un entramado de sociedades instrumentales o «pantalla» utilizadas para la descapitalización de la mercantil HORMIBUSA S.L., atribuyendo dicha actuación al administrador de hecho, Jeronimo. La cuestión controvertida no radica, por tanto, en la realidad del entramado ni en su funcionalidad, sino en determinar si los acusados conocían dicha operativa y participaron voluntariamente en ella, es decir, en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo de injusto.

A este respecto, la Audiencia Provincial concluye de forma expresa, en el hecho probado séptimo, que no ha quedado suficientemente acreditado que los acusados tuvieran conocimiento ni participaran voluntariamente en las actuaciones de descapitalización, conclusión que se apoya en una valoración conjunta de la prueba testifical, documental y pericial, desarrollada de forma extensa y razonada en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.

Examinada dicha valoración, no se aprecia ni vacío valorativo ni quiebra lógica alguna. Antes al contrario, el órgano de instancia explica de forma coherente por qué atribuye el control efectivo de las sociedades y de la operativa económica a Jeronimo, destacando que era este quien adoptaba las decisiones, impartía instrucciones, manejaba la contabilidad y disponía de las claves bancarias, sin que conste la intervención efectiva de los administradores formales.

Por lo que respecta a los errores materiales denunciados, aun pudiendo apreciarse determinadas imprecisiones en la identificación de intervinientes o sociedades, las mismas carecen de entidad suficiente para alterar el sentido del fallo, al no afectar al núcleo del relato fáctico ni al razonamiento decisorio en lo relativo a la ausencia de dolo. Dichos errores han sido ya corregidos por esta Sala.

En cuanto a la discusión sobre el momento de inicio de los impagos, que la recurrente sitúa en fechas distintas a las recogidas en la sentencia, no desvirtúa la conclusión esencial alcanzada por el tribunal, pues, aunque se admitiesen variaciones en la secuencia temporal, ello no permitiría inferir por sí mismo el conocimiento por parte de los acusados de la estrategia defraudatoria ni su participación en la misma.

En relación con la operación de la cantera, a la que el recurso otorga especial relevancia, consta que dicha circunstancia fue expresamente considerada por el tribunal de instancia, que analizó tanto el contrato de compraventa como la prueba pericial practicada (acontecimiento número 442, DPA 3187/2015). La transmisión se fijó en un importe nominal de 180.000 euros, comprensivo de diversos elementos -incluidas existencias o acopios- y con asunción de obligaciones relevantes vinculadas a la explotación, especialmente en materia de restauración y adecuación medioambiental, lo que incide en la determinación de su valor económico efectivo. En tales condiciones, las discrepancias que formula la parte recurrente en torno a la valoración económica de la operación o a la articulación de los pagos no permiten, por sí solas, inferir la existencia de un acuerdo defraudatorio ni, menos aún, el conocimiento del mismo por parte de los acusados, tratándose de una operación susceptible de una explicación económica autónoma razonable.

Finalmente, la recurrente pretende sustituir la conclusión alcanzada por la Audiencia, concretamente la inexistencia de conocimiento y participación dolosa, por otra basada en una serie de inferencias construidas a partir de datos aislados, tales como la constitución de sociedades, la existencia de operaciones económicas cuestionadas o la eventual obtención de beneficios. Sin embargo, tales inferencias no excluyen de forma concluyente la hipótesis exculpatoria acogida en la sentencia, máxime cuando la prueba practicada pone de relieve que: el control efectivo de las sociedades correspondía a Jeronimo; las decisiones operativas, contables y financieras eran adoptadas por este; los acusados no intervenían en la gestión real ni mantenían relación con los terceros implicados; y no se ha acreditado con la necesaria certeza la obtención de un beneficio personal derivado de la actividad ilícita.

En consecuencia, no puede apreciarse una valoración ilógica, arbitraria o contraria a las reglas de la experiencia, sino una opción interpretativa razonada y plenamente sustentada en la prueba practicada, que debe ser respetada en esta instancia.

CUARTO: MOTIVO RELATIVO A LA INFRACCIÓN DE LEY EN RELACIÓN CON EL DELITO DE ESTAFA

1)Como segundo motivo se alega infracción de ley por inaplicación del artículo 248 CP, en relación con el artículo 250 del mismo texto legal, al entender la parte recurrente que la sentencia excluye indebidamente la concurrencia del elemento del engaño en el delito de estafa. Sostiene que la Sala efectúa una interpretación restrictiva contraria a la doctrina jurisprudencial, al exigir un engaño antecedente al inicio de la relación contractual, ignorando la posibilidad del denominado engaño sobrevenido en relaciones de tracto sucesivo. Afirma que, en el caso enjuiciado, la ocultación de la situación de insolvencia provocada y la continuidad en la solicitud de suministros determinaron un error en la perjudicada que motivó nuevos desplazamientos patrimoniales, concurriendo así los elementos típicos del delito.

2)El Ministerio Fiscal señala que el motivo no es autónomo, al basarse en una alteración del relato fáctico.

Las defensas sostienen la inexistencia de engaño y la corrección de la sentencia.

3)Como se desprende del recurso, se sostiene que la sentencia incurre en error al excluir la existencia de engaño, defendiendo la concurrencia de un engaño sobrevenido propio de relaciones de tracto sucesivo, basado en la ocultación de la situación de insolvencia y en la continuidad de los suministros.

Sin embargo, tal argumentación parte nuevamente de un presupuesto que no ha sido declarado probado: que los acusados conocieran y participaran en dicha ocultación.

La sentencia no niega en abstracto la posibilidad del engaño sobrevenido, figura admitida por la jurisprudencia, sino que concluye que, en el caso concreto, no ha quedado acreditado que los acusados intervinieran en la generación o mantenimiento de dicho engaño.

En efecto, de los hechos probados resulta que: la relación comercial entre HORMIBUSA y LARTARENGO se prolongó durante más de una década en un marco de normalidad; que el proceso de impagos y eventual descapitalización se vincula a la actuación unilateral de Jeronimo; que no consta que los acusados mantuvieran relación alguna con la mercantil perjudicada ni que intervinieran en las decisiones de contratación o pago; tampoco consta que realizaran actos idóneos para generar o mantener una apariencia de solvencia frente al acreedor.

Por tanto, aun aceptando la tesis del engaño sobrevenido, faltaría en todo caso el elemento esencial de imputación subjetiva, esto es, la participación consciente de los acusados en la conducta engañosa.

La pretensión de la recurrente conduce en realidad a una indebida traslación automática de la conducta del autor principal a los coacusados, sin prueba suficiente de su intervención en el engaño, lo que resulta incompatible con el principio de responsabilidad penal personal.

QUINTO: MOTIVO RELATIVO A LA IMPUTACIÓN POR EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES COMO COOPERADORES NECESARIOS

1)Como tercer motivo se invoca infracción de ley por vulneración del artículo 28 CP, en relación con los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible, al considerar que la sentencia, pese a tener por acreditada la conducta defraudatoria del autor principal, excluye de forma incorrecta la responsabilidad de los acusados. Sostiene la recurrente que la creación y utilización de las sociedades instrumentales resultó imprescindible para la ejecución del plan de descapitalización, de modo que la intervención de los acusados no puede reputarse ajena o meramente formal, sino constitutiva, al menos, de cooperación necesaria. Añade que la sentencia incurre en una valoración ilógica al considerar que los acusados carecieron de beneficio o conocimiento, pese a la existencia de indicios documentales que, en su conjunto, apuntarían a su participación consciente en la dinámica defraudatoria.

El Ministerio Fiscal se adhiere parcialmente al recurso en este extremo, pero exclusivamente a efectos de una eventual nulidad en caso de apreciarse insuficiencia de motivación.

2)La defensa insiste en la inexistencia de participación efectiva y, especialmente, en la falta de elemento subjetivo, destacando que la simple constitución de sociedades no constituye delito alguno y que no existe prueba del conocimiento.

3)El motivo debe ser igualmente desestimado.

La cuestión central que plantea la parte recurrente se sitúa en la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, pues no se discute la existencia de un entramado de sociedades instrumentales ni la operativa de descapitalización llevada a cabo, sino en si los acusados conocían dicha finalidad y participaron voluntariamente en su ejecución.

Desde esta premisa, la parte apelante sostiene que la creación y utilización de dichas sociedades determina necesariamente la existencia de cooperación necesaria, argumentación que no puede ser compartida.

Como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, la cooperación necesaria exige no solo una aportación objetivamente relevante, sino también el dolo, consistente en el conocimiento del plan delictivo y la voluntad de contribuir a su ejecución. No basta, por tanto, la mera intervención formal o la realización de actos que, en abstracto, puedan facilitar la conducta del autor.

En el presente caso, la sentencia declara probado que Jeronimo actuaba como administrador de hecho con control efectivo y exclusivo de la operativa empresarial, que los acusados ostentaban una posición meramente formal, que no ejercían funciones reales de administración ni control sobre las sociedades, y, fundamentalmente, que no ha quedado acreditado que tuvieran conocimiento de la estrategia de descapitalización ni que participaran en la adopción de decisiones patrimoniales relevantes.

Tal conclusión aparece razonada y sustentada en la valoración conjunta del material probatorio, sin que haya sido desvirtuada por el recurso, cuyos argumentos se limitan, insistimos, a proponer una reconstrucción alternativa basada en inferencias que no excluyen hipótesis exculpatorias razonables compatibles con la ausencia de conocimiento.

En este contexto, no puede acogerse la invocación de la doctrina de la ignorancia deliberada, introducida por la parte recurrente como mecanismo de integración del elemento subjetivo, pues no consta acreditado que los acusados se encontraran ante una situación de alta probabilidad de ilicitud ni que adoptaran una conducta encaminada a evitar su conocimiento. La mera posición formal en las sociedades o la existencia de irregularidades en la operativa empresarial no permiten, por sí solas, inferir la concurrencia de dicha figura sin incurrir en una indebida flexibilización del estándar de prueba exigido en el proceso penal.

En definitiva, no puede estimarse acreditado el elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo exigible para fundamentar un pronunciamiento condenatorio. La prueba practicada, aun revelando determinadas circunstancias que pudieran considerarse anómalas o sospechosas desde una perspectiva meramente indiciaria, no alcanza el umbral de certeza que el orden jurisdiccional penal exige, al no permitir afirmar, más allá de toda duda razonable, que los acusados actuaran con conocimiento y voluntad de participar en una conducta ilícita dirigida a perjudicar a los acreedores.

La concurrencia de irregularidades formales no puede suplir la ausencia de prueba concluyente sobre la existencia de una actuación dolosa, ni autoriza a inferir, por sí sola, la participación consciente en un plan defraudatorio. En este sentido, debe recordarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia impone que toda duda razonable sobre la concurrencia de los elementos del tipo penal, singularmente el elemento intencional, se resuelva en favor del acusado, de conformidad asimismo con el principio in dubio pro reo.

En consecuencia, la insuficiencia probatoria respecto del dolo determina necesariamente la absolución, y excluye, por ende, la posibilidad de apreciar una cooperación necesaria en los términos pretendidos por la parte recurrente.

SEXTO: COSTAS

Por lo que se refiere a las costas procesales, aunque los recursos de apelación se hayan desestimado totalmente, entendemos que no existe temeridad o mala fe en su planteamiento, y que los recursos son manifestación del derecho la tutela judicial efectiva. Por ello, las costas de esta segunda instancia deben declararse de oficio ( art. 901 LECrim. ).

En atención a lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey,