Sentencia Penal 486/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 435/2024 de 09 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Quienes fueran condenados en la instancia como autores de un delito de estafa, concurriendo la circunstancia de reincidencia, y agravada por la cuantía de la cantidad defraudada, despliegan motivos, entre sí vinculados, y que por similitud, aconsejan -por razones de sistemática y metodología- una común respuesta.

Tales motivos son respectivamente titulados: error en la valoración de la prueba con vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la necesidad de condenar en base a una prueba de cargo eficaz y suficiente ( art. 24.2 CE) , en relación con el principio de in dubio pro reo; infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación) art. 24 de la Constitución; e infracción de ley por aplicación indebida de los artículos 248 y 250 del Código Penal al faltar un elemento fundamental del tipo.

Se reprocha, en primer término, que la condena de la coacusada se centre y sustente, principalmente, en la prueba testifical desarrollada en el plenario. Se alude al testigo Adriano, y se hace notar que declaró no conocer ni haber visto nunca a la acusada recurrente; que habló con ella en alguna ocasión en la que se identificaba como " Brigida", en el contacto del teléfono, pero durante el plenario no se ha practica prueba que acredite e identifique el aludido teléfono.

En cuanto a el presunto alquiler del vehículo del que se afirma disfrutó el recurrente, le es atribuido el uso a la recurrente por el aludido testigo, por figurar su nombre como conductora habitual y su DN como requisito para que el seguro figurase a su nombre; aunque se añade que no se ha practicado prueba alguna que acredite que dicho vehículo fue retirado o conducido por" Dª Brigida"

Por otro lado, añade que tanto el viaje a DIRECCION013, como a Eurodisney, fueron realizados en familia, desconociendo quien pago o de parte de quien eran los viajes, pensando que era su marido quien los sufragaba; admitiendo la recurrente, en definitiva y a lo sumo, una participación a título lucrativo.

En lo que respecta al recurrente Silvio, este reprocha haber sido condenado "única y exclusivamente" por el testimonio de las víctimas y declaraciones de unos testigos de referencia. El recurrente plantea que caso de admitir como mera hipótesis que se hiciera pasar por un alto directivo capaz de organizar futuros eventos para la empresa en la que trabajaba, ello no sería sino "burdo intento" de pretender engañar al sujeto pasivo pues a este le hubiera bastado una simple comprobación telefónica de que el cargo que decía ostentar no era real.

Discute, del mismo modo, que se produjera en ningún momento un desplazamiento patrimonial del sujeto pasivo a favor del recurrente, más allá de poder estar pendiente -a día de hoy- el abono de facturas correspondientes a los gastos personales de las estancias y viajes del acusado recurrente.

En definitiva, niega el engaño, el desplazamiento patrimonio, limitando los hechos enjuiciados a un mero caso de impago de facturas, correspondientes a gastos, de los que afirma, igualmente, que pudieran haber sido asumidos por la propia parte denunciante, aun en el supuesto de que finalmente no se materializaran los eventos

Pues bien, esta Sala -examinada la sentencia y material probatorio analizado en la misma- no puede, ab initio, sino adelantar su desacuerdo con lo expuesto, en cuanto ha sido en realidad desmentido después de un examen de lo racionalmente valorado por el tribunal de instancia y tras una variada prueba personal y documental, y su correcto traslado al relato fáctico.

La Sala ha de comenzar advirtiendo, que, como en otras ocasiones, hemos apreciado un exceso de optimismo en el recurso tanto en la expuesta convicción de que las tesis que propone hayan de prevalecer sobre las conclusiones extraídas por el tribunal enjuiciador tras un examen más objetivo y desinteresado sobre el material probatorio, como una desmedida aspiración en las pretensiones revisoras que se impetran, en relación con los límites competenciales que, al respecto, este tribunal revisor dispone.

Y ello es así, en cuanto que es cierto que el recurso de apelación previsto en el artículo 846 ter de la LECrim , tiene un carácter ordinario, tanto en su tramitación, -por remisión a los artículos 790 a 792 de la LECrim -, como a su contenido; no queda concernido por motivos tasados (como el de casación) ni afecto a las singularidades que para la apelación, en materia del Tribunal del Jurado, dispone el artículo 846 bis c) de la LECrim ; y nos otorga plenas facultades para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, al permitir un novum iuditium ( SSTC 124/83 , 54/85 , 145/87 , 194/90 y 21/93 , 120/1994 , 272/1994 y 157/1995); y que, en esta dirección, el TC tiene asimismo declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 ), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez ad quem se halla "en idéntica situación que el Juez a quo" ( STC 172/1997 , fundamento jurídico 4º); y asimismo, ( SSTC 102/1994 , 120/1994 , 272/1994 , 157/1995 , 176/1995 ) y, en consecuencia "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo" ( SSTC 124/1983 , 23/1985 , 54/1985 , 145/1987 , 194/1990 , 323/1993 , 172/1993 , 172/1997 y 120/1999 ).

Ahora bien, no es menos cierto que, cuando el Tribunal ad quem ha de entrar en el examen del contenido de la prueba subjetiva practicada en el proceso; la desmesurada relevancia que constitucionalmente se otorga al principio de inmediación, limitan sobremanera la posibilidad de que el Juez "ad quem" entre y revise la propia valoración de la prueba practicada en la primera instancia; jurisprudencialmente ( STC de 21 de diciembre de 1989 , citada por la STS de 24 de mayo de 1196 ) esta limitación viene sustentada en que la oralidad, la publicidad, la contradicción y sobre todo, la inmediación, representan las ventajas de un proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán.

En definitiva, este órgano de apelación sólo podrá interferir en el proceso valorativo, en caso de apreciar un error notorio en dicha valoración y se excedería al hacerlo ex novo, prescindiendo de dicha premisa respecto de actividad probatoria que no ha percibido directamente ( SSTS de 24 de octubre de 2000 y 2047/2002 , de 10-12); no pudiendo revisar la valoración de pruebas personales directas practicadas en el primer grado jurisdiccional (testificales, periciales o declaraciones de imputados) vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el rendimiento de cada medio de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Juez de instancia ( STS de 23 de abril de 2003 ).

SEGUNDO.-Un nuevo estudio de la causa permite constatar sin dificultad que ha existido prueba de cargo suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia y permitir la construcción del relato fáctico, base del análisis y conclusión condenatoria. El juicio de certeza sobre el factum, en contra de lo argumentado en el recurso, es el resultado de una valoración razonada y razonable del acervo probatorio de cargo, siendo tal juicio acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, en garantía de la interdicción de toda decisión arbitraria, lo que equivale al juicio sobre la motivación y razonabilidad.

El tribunal de instancia ha valorado, en contra de lo que el recurso reprocha, la prueba que el recurrente enumera, por más que motivada y racionalmente excluya el efecto y alcance de descargo pretendido.

Así, se valora la declaración de los dos acusados; de siete testigos contestes y unánimes que detallan de forma muy precisa los sucesivos hechos y la participación en ellos de los recurrentes; una prueba pericial y una extensa prueba documental.

La valoración de la prueba conduce al tribunal a considerar acreditado que los acusados recurrentes, de común acuerdo, y con el ánimo de engañar a la empresa DIRECCION002 y enriquecerse, desplegaron un plan delictivo en el que Silvio se hizo pasar mendazmente por Directivo de la compañía DIRECCION000 ( DIRECCION004) como jefe de operaciones de la línea de belleza en Europa y Oriente próximo. Se ganó la confianza de la empresa organizadora de viajes y eventos a través de numerosos contactos, conversaciones telefónicas, reuniones, y envíos de numerosos correos electrónicos bajo el dominio y direcciones de correo electrónico falsas que aquél creo. Simuló la organización y contratación de diversos eventos de viajes ficticios de alto nivel a realizar supuestamente durante los años 2019 y 2020.

De este modo, consiguieron que la empresa DIRECCION002, como agencia de viajes y empresa dedicada a la organización de eventos, realizara numerosas disposiciones patrimoniales e incurriera en numerosos gastos.

Consta y ha sido valorado un primer wasap enviado desde su el móvil de fecha 12 junio de 2019 al testigo Sr. Jacobo donde la acusada señala que su marido trabaja en DIRECCION004 y que es el Jefe de operaciones de la línea de belleza de Europa y Oriente próximo, y en el que ya decía que se quería organizar un evento en Escocia a través de DIRECCION002.

El testigo Sr. Adriano, manifestó que fue la acusada ahora recurrente quien contactó con Jacobo, uno de sus socios, y le dijo que su marido era un alto cargo de DIRECCION004, que no estaba contento con El Corte Inglés y que requería el servicio de DIRECCION002 para llevar a cabo multitud de eventos; lo que es confirmado por el testigo Sr. Jacobo, quien aportó detalles muy específicos.

Pese a la negativa de la acusada recurrente de toda comunicación con los testigos y la afirmación de ser ajena a los hechos que narran, es lo cierto que estos trasladan con sus declaraciones la convicción del tribunal que traslada al relato fáctico cuando, tras la valoración de la prueba, constata que el momento inicial del engaño se produce cuando la acusada contacta el 12 de junio con el Sr. Jacobo y le dice que su marido trabaja en DIRECCION000 ( DIRECCION004), como alto directivo de tal empresa multinacional, Director de la Línea de Belleza de la empresa en Europa y Oriente Medio, resultando así de lo declarado por el testigo Sr. Jacobo y los testigos administradores de DIRECCION002, el Sr. Adriano y la Sra. Serafina, y de las comunicaciones de wasap obrantes en la causa (folio 168), primera comunicación en la que la acusada ya decía que su marido quería organizar un evento de Golf en Escocía, y quería trabajar con la empresa DIRECCION002 a la que pertenece el Sr. Jacobo, puesto que su marido no estaba contento con El Corte Inglés, que era la empresa que decía le organizaba los viajes. (...).

El Sr. Jacobo declara en el plenario que la acusada había sido despedida de la empresa y se puso en contacto en él por wasap para decirle que su marido era directivo de DIRECCION004 y tenía que organizar un viaje muy importante para directivos porque él era responsable de la línea de belleza para Europa y Oriente Medio. Que conocía a la acusada porque la, empresa en la que trabajaba - DIRECCION003, del grupo DIRECCION019- había sido cliente de DIRECCION002, siendo tal conocimiento personal la razón esencial de la confianza inspirada a DIRECCION002.

TERCERO.-Un similar rotundo desmentido cabe destacar respecto de la alegada inexistencia de acreditación respecto de la utilización de un coche de alquiler, al no constar su DNI junto con el contrato de alquiler ni tampoco su firma. La sentencia valora y desgrana como la recurrente se benefició de las disposiciones patrimoniales que DIRECCION002 realizó mediante engaño, refiriendo, en concreto, el alquiler de un coche durante los meses de septiembre y parte de octubre de 2019, gastos sufragados por DIRECCION002; infiriendo con lógica y racionalidad, que no siendo abonados por los acusados, estos ciertamente nunca tuvieron intención de abonarlos.

El alquiler del vehículo a favor de la acusada, consta documentalmente y al mismo se refieren los testigos Sres Adriano y Jacobo.

La empresa perjudicada realiza por ello, numerosas disposiciones patrimoniales e incurre en numerosos gastos por viajes de inspección para supuestos eventos a realizar en:

· ESCOCIA: Supuesto Torneo de Golf para 70 personas, en DIRECCION011 Escocia con numerosos personajes públicos, del 24 al 27 octubre de 2019. Viaje de inspección realizado del 23 al 26 Julio de 2019

· BARCELONA: Supuesto Crucero para 1560 personas a realizar del 13 al 19 septiembre del 2020 para la convención de ventas Empresa DIRECCION004. Viaje de inspección 15/09/2019.

· DIRECCION013: Supuesta contratación para torneo de Golf del 20 al 23 febrero 2020. Viaje de inspección 03/10/19 y 04/10/19 al campo de golf de DIRECCION014 y al Hotel DIRECCION015.

- Gastos personales asumidos a cuenta de los acusados: Billetes de tren de numerosos viajes, hoteles, viajes personales a Eurodisney, a DIRECCION013, alquiler de coches, apartamento vacacional en DIRECCION013, compra de iPhones y iPads.

De otra parte, el tribunal ha valorado los correos electrónicos intercambiados por el acusado donde constan las peticiones de todos los viajes y gastos que asumió DIRECCION002, como la documentación solicitada por el acusado a DIRECCION002 requiriendo la Homologación como proveedor de DIRECCION004; las fotografías ratificadas en el Juicio Oral de los distintos viajes que se realizaron a Escocia, Barcelona y DIRECCION013, así como la entrega de los aludidos dispositivos que el acusado solicitó a DIRECCION002 en concepto de regalos a pretendidos clientes de DIRECCION004, que fueron adquiridos por DIRECCION002 y entregados en el domicilio que en el año 2019 los acusados tenían en Sevilla, y que hicieron suyos.

La conclusión condenatoria emanada en la instancia es racional, lógica y conforme a las reglas de experiencia y consecuente a un motivado análisis de la prueba en su conjunto; por tanto, inmutable por este tribunal revisor.

Se descarta en absolutos términos la aplicación al caso de la teoría, sobre la que se insiste en los recursos, de la autoprotección, en cuanto el perjudicado no utilizara medios salvaguarda o tutela, en orden a enervar o relativizar el engaño y el error que causó el desplazamiento patrimonial.

Se concluye sin dificultad la presencia de un dolo inequívoco de los acusados, propio de la estafa y se descarta con rotundidad existiera un mero incumplimiento contractual.

El T.S, ya en la st. 341/2007 de 27/04/2007 establecía: "...La piedra clave para determinar si nos hallamos o no ante alguna de estas estafas radica precisamente en la prueba de tal ánimo inicial de incumplimiento que, ordinariamente ha de quedar de relieve a través de una prueba de indicios, es decir, por medio de una inferencia que ha de construirse a partir de hechos que ordinariamente solo se conocen después de haberse realizado la operación engañosa..."

La trama engañosa no sólo puede construirse sobre actuaciones positivas, encaminadas a formar una apariencia de realidad, que se ofrezca como cebo a los que se intenta defraudar, sino que también se nos presenta como elemento determinante de la estafa, en los supuestos en los que, sin haber una actividad idónea para montar un escenario aparente, nos encontramos con una actitud omisiva o de ocultación de situaciones reales, que si hubieran sido conocidas por las personas, a las que va dirigido el ardid, hubieran impedido que éstas hicieran el acto de disposición de su patrimonio propio o cuya administración y disponibilidad ejercía, o por, como sucede en éste, por imperativo legal y designación judicial.

CUARTO.-Cabe sin duda hablar, inserto en el delito de estafa, de un elemental y consciente incumplimiento del deber de despejar los elementos fácticos relevantes, contribuyendo así a crear un error en los destinatarios, sujetos pasivos del delito que, confiados en el cumplimiento de la norma, son pasto del engaño que tal omisión origina. El delito de estafa es un delito de autolesión en el que es el propio sujeto engañado el que realiza un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o del tercero que aparezca como víctima. La defraudación o estafa ha supuesto que la víctima ha sido engañada tanto por el despliegue de la descrita actuación como también del incumplimiento un deber de información propio referido a riesgos procedentes de su mismo ámbito de organización; y la adopción por parte de la víctima de una decisión de disposición patrimonial.

En el presente caso, el engaño, que constituye uno de los elementos de la estafa, ha sido cometido por acción y omisión, por más que la posición de garante, surgiera al haber generado el acusado una confianza que constituye un riesgo para el patrimonio del perjudicado.

Basta que el sujeto sepa que ofrece o presenta al perjudicado una realidad distorsionada que, con ello, en un grado de alta probabilidad, le impulsa a realizar un acto de disposición que no realizaría de conocer la distorsión, y que con ese acto de disposición, también con alta probabilidad, se causará un perjuicio a sí mismo o a un tercero. El elemento volitivo del dolo se ha vinculado, en el campo probatorio, con la verificación de que, con ese conocimiento, el sujeto ha procedido a ejecutar la conducta.

Concurren en el caso todos los elementos del tipo penal de Estafa, dado que existió un ánimo de lucro de los condenados, que utilizando engaño bastante produjeron error en DIRECCION002, induciéndolo a realizar actos de disposición en su perjuicio y en favor de aquellos.

Descarta, en definitiva, este tribunal revisor que se haya producido vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, al constatar una exhaustivo análisis de la prueba practicada que ha llevado a emanar, con lógica y racionalidad, una conclusión condenatoria motivada que resulta por todo lo expuesto inmutable.

Es por todo ello, que, desestimando los recursos interpuestos, procede la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.-De conformidad con lo expuesto resulta obligada la desestimación del recurso y la consecuente confirmación de la resolución impugnada, debiendo esta Sala declarar de oficio las costas que en la alzada se hubieran podido causar, ex artículos 239 y 240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos y doctrina jurisprudencial citada y demás de general y pertinente aplicación.