Sentencia Penal 756/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 10042/2023 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso de casación se interpone por el Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros, contra el auto de fecha 22 de julio de 2022, dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Zaragoza en el expediente de ejecución núm. 42/2021, por el que se fijó como límite máximo a cumplir por el penado D. José la pena de cuarenta y cinco meses de prisión correspondiente al triplo de la más grave de las impuestas en la sentencia que era objeto de ejecución.

SEGUNDO.- El único motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por aplicación indebida del art. 76 CP y del art. 988 LECrim.

Señala que la sentencia núm. 45/2021 dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Zaragoza, fue una sentencia de conformidad que ya venía precedida por una disminución de las penas solicitadas por las acusaciones. Entiende por ello que la aplicación del art. 76 CP, supone aun una reducción mayor al pasar la privación total de libertad de setenta y cinco a cuarenta y cinco meses. Así pues, considera que aplicar el límite contenido en el art. 76 CP no sería sino dejar en una posición de impunidad una multitud de delitos por los que ha sido condenado el encausado, los que además han sido objeto de enjuiciamiento en un solo procedimiento y sentenciados en conformidad.

Afirma que no existe más que una única condena por una multitud de hechos delictivos enjuiciados en un solo procedimiento.

Igualmente estima que admitir la posterior limitación de las penas supone una modificación de la sentencia de conformidad.

TERCERO.- Frente a las consideraciones efectuadas por el recurrente debe ponerse de manifiesto en primer lugar que la firmeza y vinculación de una sentencia dictada en trámite de conformidad no difieren de la dictada tras la celebración de un juicio contradictorio.

Conforme señala el art. 988 LECrim, hecha la declaración de firmeza de la sentencia, se procederá a ejecutarla.

Por su parte, los arts. 73 y siguientes CP establecen las reglas especiales para la aplicación de las penas.

En concreto, a los efectos que ahora nos interesan, el art. 76 establece los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos. Junto al límite general del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que se haya incurrido, que no podrá exceder de veinte años, o, excepcionalmente, de veinticinco, treinta o cuarenta años, según los casos.

A su vez, el apartado segundo del citado precepto dispone que la limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.

Es evidente pues que los límites de cumplimiento que el precepto establece se refieren a todas las condenas impuestas en una misma sentencia por diversos delitos, así como a aquellas que fueron impuestas en distintos procesos siempre, en este caso, que guarden determinada conexión temporal.

Como expresábamos en la sentencia núm. 571/2013, de 1 de julio, la respuesta de la sociedad, mediante la imposición y cumplimiento de la pena no es incompatible con los fines de resocialización previstos en el art. 25 CE, aplicando las previsiones de la legislación penitenciaria, relativas a la ejecución de las penas privativas de libertad, cuando sean procedentes en atención a las particularidades del caso concreto.

Igualmente, la sentencia de esta Sala núm. 23/2010, de 20 de enero, recordaba que "La necesidad de arbitrar una fórmula jurídica que modere los inaceptables efectos propios de un sistema de cumplimiento basado en la mera acumulación cuantitativa, está en el origen de los distintos preceptos que, desde el Código Penal de 1870, han introducido límites jurídicos a la idea de idea del cumplimiento sucesivo de las penas privativas de libertad. La doctrina histórica ya había advertido, en contra del estricto sistema de acumulación material, razones basadas, de una parte en el desprestigio en el que podían incurrir unos órganos judiciales, capaces de imponer penas superiores a la duración ordinaria de la vida humana. También se recordaba el desvalor mensaje dirigido al delincuente obligado a eliminar toda esperanza de reinserción social y en fin, el contrasentido que implicaba la posibilidad de llegar a castigar de forma más grave una sucesión de delitos en menor entidad, frente a otros de mucha mayor eficacia, lesiva.

Es entendible, pues, que los sucesivos códigos penales de 1870, 1928, 1932 y 1944, insistieran, con uno u otro matiz, en la fijación de ciertos topes cuantitativos también presentes en la fórmula que inspira el artículo 76.1 del vigente Código Penal".

No hay duda de que la fijación del límite máximo de cumplimiento de las penas impuestas es conveniente hacerla en la propia sentencia condenatoria. Y ello, en aras a una mayor claridad, en evitación de equívocos y para una mejor ejecución de lo acordado. Ahora bien, la ley no lo impone expresamente, por lo que ninguna infracción legal se ha cometido al proceder a su fijación en trámite de ejecución.

Por lo demás, no habiéndose llevado a cabo en la misma sentencia, su determinación en ejecución de la misma responde al cumplimiento del mandato legal contenido en el art. 76 CP, que el recurrente conocía o debía conocer al pactar la conformidad con el acusado, por lo que no puede suponer para él un acontecimiento imprevisto.

Conforme a lo expuesto, procede la desestimación del recurso.

CUARTO.- La desestimación del recurso formulado por el Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros, conlleva a la imposición al mismo de las costas de su recurso, así como a la pérdida del depósito constituido. Todo ello, de conformidad con las previsiones del art. 901 de la LECrim.