Sentencia Penal 754/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6147/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Esteban frente a la sentencia de la Sección 3ª Audiencia Provincial de Murcia Sentencia 204/21, de de 28 Jun. 2021.

SEGUNDO.- 1.- Por infracción de ley, sustentado en el apartado 2º del art. 849 LECRIM.

Esta Sala se ha pronunciado sobre el valor del documento a efectos casacionales, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo 1159/2005 de 10 Oct. 2005, Rec. 2295/2004, donde recogemos que el art. 849.2 LECrim recoge los motivos basados en error en la apreciación de la prueba, respecto de los que exige que dicho error se encuentre basado en "documentos que obren en autos", que tales documentos demuestren la equivocación del Juzgador, y que tales documentos no resulten "contradichos por otros elementos probatorios". Así pues, en el recurso debe designarse el documento que acredite el error en la apreciación de la prueba que se alega ( art. 855, párrafo 3º LECrim).

La jurisprudencia exige para que el motivo basado en error de hecho del art. 849.2 LECrim. pueda prosperar los siguientes requisitos:

1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa;

2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones;

3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal; y

4) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo ( Sentencias de 24 de enero de 1991; 22 de septiembre de 1992; 13 de mayo y 21 de noviembre de 1996; 11 de noviembre de 1997; 27 de abril y 19 de junio de 1998; STS nº 496/1999, de 5 de abril).

Pues bien, frente al alegado error que refiere el recurrente hay que puntualizar, como bien apunta el fiscal de sala, que en los hechos probados se relata la existencia de la deuda de la sociedad del acusado, su cuantificación en procedimiento judicial en la cantidad de 40.566,84 euros y su reclamación en un procedimiento de ejecución de título judicial.

En ese contexto y tras contactos entre recurrente y denunciante a fin de que se saldara la deuda de forma amistosa y al margen del procedimiento ejecutivo, se dice que el 10 de noviembre de 2011 el acusado hizo entrega al denunciante de 6.000 euros mediante un talón bancario que se identifica y fechado el día antes, firmándole el acusado un recibo que contenía el siguiente texto literal:

"Yo D. Felicisimo ... he recibido de la mercantil Word Tizona SL la cantidad de 6.000 euros como parte del pago de a deuda contraída conmigo según sentencia del procedimiento ordinario 1139/2009 mediante cheque bancario ... con fecha 10/11/2011. Beniaján 10 de noviembre de 2011. Fdo. Felicisimo.". (Doc. 1, f. 49)

A continuación, se relata que el 2 de diciembre de 2011 el acusado le entregó otro talón bancario por importe de 3.000 euros y que, en esta segunda ocasión, el acusado le presentó a la firma varios recibos, con la excusa de que uno de ellos era para la empresa, otro para él y otro para la contabilidad (Doc. 3, f. 50).

Pues bien, ante el pago únicamente de 9.000 euros de la deuda (los 6.000 entregados el 10-11-2011 y los 3.000 entregados el 2-12-2011), el denunciante hizo valer en el procedimiento ejecutivo el abono parcial de la deuda por ese importe de 9000 euros, pero reclamó la ejecución por el restante de la deuda.

Es ahí cuando el acusado procedió a manipular -falsear- el recibo de fecha 10 de noviembre de 2011 para introducir un nuevo párrafo que no constaba en el redactado inicial firmado por el denunciante y en el que se añadió que, además, se habían entregado 15.000 euros en efectivo, que la deuda total se fijaba en 24.000 euros y que el restante de deuda era de tan solo 3.000 euros, datos estos que no se correspondían con la realidad. El documento, con este añadido, fue aportado por el acusado al procedimiento ejecutivo para neutralizar la reclamación del denunciante-acreedor.

Los hechos probados de la sentencia reflejan que:

"Al mismo tiempo, el acusado, guiado por el ánimo de perjudicar al acreedor, procedió a confeccionar un nuevo documento sobre la base del firmado por Felicisimo en fecha 10 de noviembre de 2011 y en el espacio en blanco existente entre el texto escrito y la fecha del mismo, añadió ' ... y la cantidad de 15.000 € en efectivo, acordando las partes dejar dicha deuda en total 24.000 € sirviendo este documento como la más eficaz carta de pago, quedando un resto pendiente de pago de 3.000 €' aportando dicho documento al procedimiento de ejecución mediante escrito fechado el día 5 de Diciembre de 2011"

Los documentos reflejados en los hechos probados son los que constan como Doc. 1 y 3 a los folios 49 y 50. No se aprecia que los hechos probados incurran en error alguno, pues ese fragmento del factum coincide con la literalidad el recibo de 10 de noviembre de 2011 (Doc. 1, f. 49). Y la referencia al pago que se efectuó en fecha 2 de diciembre de 2011 por importe de 3.000 euros se corresponde con el contenido del recibo de esa fecha (Doc. 3, f. 50).

No existe confusión en la sentencia sobre tales documentos, como alega el recurrente. Hubo dos entregas por importe de 6.000 (10-11-2011) y 3.000 euros (2-12-2011) y dos recibos que las documentaron por esos mismos importes que dan un total de 9.000 euros. Y, como ya se ha apuntado, sobre el recibo de 10-11-2011 se realizó un añadido falsario para hacer constar que la deuda total se fijaba en 24.000 euros y que se hacía una entrega en efectivo de 15.000 euros.

De esta forma, sumadas las entregas reales de 6.000 y 3.000 euros más la no real de 15.000 euros se alcanzaba la cifra de 24.000 euros que falsariamente el acusado hizo constar en el añadido como importe total de la deuda. Y esos dos recibos se hicieron hacer valer por el acusado en el procedimiento judicial ejecutivo para acreditar -falsamente- que la deuda había sido saldada por completo.

En ningún lugar de los hechos probados consta que el recibo de 10 de noviembre de 2011 fuera un "finiquito", como sostiene el recurrente. Lo que se dice es que ese documento alterado (unido al recibo de 2-12-2011) fue aportado por el acusado al procedimiento ejecutivo "solicitando, sobre la base de dicho documento, el archivo del procedimiento al haber procedido al pago completo de lo adeudado".

La palabra "finiquito" aparece en el recibo posterior de 2-12-2011, no en el de 10-11-2012. Y ello es coherente con dinámica engañosa que desplegó el acusado puesto que documenta la entrega de 3.000 euros, cantidad restante de deuda que surge de la alteración cometida en el primer recibo.

Las alegaciones contenidas en el motivo no alteran la realidad de la falsedad y de la estafa procesal, habida cuenta que en nada se hace mención a que la actividad delictiva se perpetra respecto del documento de 2-12-2011, sino del documento de fecha 10-11-2011.

La clave del ilícito penal está en la descripción de los hechos probados cuando señalan que:

El acusado, guiado por el ánimo de perjudicar al acreedor, procedió a confeccionar un nuevo documento sobre la base del firmado por Felicisimo en fecha 10 de noviembre de 2.011 y en el espacio en blanco existente entre el texto escrito y la fecha del mismo, añadió, "... y la cantidad de 15.000 € en efectivo, acordando las partes dejar dicha deuda en total 24.000 € sirviendo este documento como la más eficaz carta de pago, quedando un resto pendiente de pago de 3.000€", aportando dicho documento al procedimiento de ejecución mediante escrito fechado el día 5 de diciembre de 2.011, solicitando, sobre la base de dicho documento, el archivo del procedimiento al haber procedido al pago completo de lo adeudado.

El recurrente confiere la existencia de un error que no lo es tal, porque el documento falsario aportado al procedimiento judicial es el de fecha 10-11-2011, y no el de fecha 2-12-2011.

No existe, en consecuencia, el pretendido error valorativo. Sobre el inicial de 10-11-2011 es sobre el que se produce el añadido en el que se pretende por el recurrente "cuadrar" cantidades para aparentar pagado lo que no lo estaba.

El motivo se desestima.

TERCERO.- 2.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º LECRIM por vulneración del artículo 395, en relación con el artículo 390.1º, 2º y 3º del código penal.

Al plantearse el recurso por la vía del art. 849.1 LECRIM debemos recordar a estos efectos que el cauce casacional elegido implica la aceptación de los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que con base en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueda pretenderse una modificación de dicho relato fáctico, ya que lo que se denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 171/2008; 380/2008 y 131/2016, de 23 de febrero, entre otras).

Con ello, el cauce procesal que habilita el artículo 849.1 LECRIM sólo permite cuestionar el juicio de tipicidad, esto es, la subsunción proclamada por el Tribunal de instancia. No autoriza a censurar el sostén probatorio del factum. La discrepancia que habilita no tiene que ver con el significado y la suficiencia incriminatoria de la prueba sobre la que se asientan los hechos, sino con la calificación jurídica de éstos. Por ello, no es este el momento de analizar el soporte probatorio de la secuencia histórica que la sentencia recurrida reproduce.

El cauce procesal que habilita el artículo 849.1 LECRIM sólo permite cuestionar el juicio de tipicidad, esto es, la subsunción proclamada por el Tribunal de instancia. No autoriza a censurar el sostén probatorio del factum. La discrepancia que habilita no tiene que ver con el significado y la suficiencia incriminatoria de la prueba sobre la que se asientan los hechos, sino con la calificación jurídica de éstos.

Por ello, no es este el momento de analizar el soporte probatorio de la secuencia histórica que la sentencia recurrida reproduce.

El motivo discute la tipificación de los hechos conforme al delito de falsedad en documento privado del art. 395 en relación con el art. 390.1.1º y 2º CP alegando que no concurre uno de los elementos esenciales de ese delito cual es el ánimo de perjudicar a otro.

Resulta obvia la existencia del ánimo de perjudicar al que fue perjudicado por la falsedad documental y la estafa procesal, por cuanto de haber prosperado el fin de aportar el documento falso al procedimiento judicial de reclamación de débito se había saldado la existencia de la deuda cuando en realidad no estaba satisfecha. Y ello merced a la confección extensiva de un documento inicialmente válido, pero que fue complementado para llevar al juez al error de aparentar que la deuda estaba pagada cuando no lo estaba.

Consta en los hechos probados de forma específica el "ánimo de perjudicar a tercero". Y, así, se refiere en los hechos probados, y sin ánimo de "predeterminar el fallo" que:

El acusado, guiado por el ánimo de perjudicar al acreedor, procedió a confeccionar un nuevo documento sobre la base del firmado por Felicisimo en fecha 10 de noviembre de 2.011 y en el espacio en blanco existente entre el texto escrito y la fecha del mismo, añadió, "... y la cantidad de 15.000 € en efectivo, acordando las partes dejar dicha deuda en total 24.000 € sirviendo este documento como la más eficaz carta de pago, quedando un resto pendiente de pago de 3.000€", aportando dicho documento al procedimiento de ejecución mediante escrito fechado el día 5 de diciembre de 2.011, solicitando, sobre la base de dicho documento, el archivo del procedimiento al haber procedido al pago completo de lo adeudado. Siendo en ese momento procesal cuando Felicisimo se percató del añadido realizado por el acusado en el primer recibo firmado por este el día 10 de noviembre de 2010, por lo cual en escrito adecuado su representación procesal alegó la falsedad parcial del contenido del recibo aportado por el acusado, acordando por el titular del Juzgado de Primera Instancia ante la solicitud de ambas partes en resolución de fecha 30-10-2012 la suspensión del proceso de ejecución por causa de prejudicialidad penal en tanto se sustanciase el presente procedimiento."

Resulta obvio y palmario el ánimo de perjudicar a tercero si sobre la base de un documento donde consta el pago parcial de una deuda se adiciona falsamente que se pagó mayor cantidad que la realmente abonada, lo que determinaría que en el procedimiento judicial la reclamación real efectuada sobre la base de deuda, también, real, se anularía si el recurrente había añadido falsamente un pago pretendido que fuera por él, cuando en realidad no se había realizado con la pretensión de dar por extinguida una deuda; es esta una práctica desgraciadamente habitual que existe hoy en día en las relaciones comerciales entre partes en las que en lugar de satisfacer la deuda que tiene una persona frente a otra aprovechan documentos suscritos entre las partes para adicionar a los documentos originales apartados no reales y que pretenden cumplimentar pagos de deudas no realizados para dar por extinguidas deudas cuando el acreedor efectúa el procedimiento judicial de reclamación, lo cual está abocado al más absoluto de los fracasos cuando las pruebas periciales evidencian, luego, la falsedad llevada a cabo y la introducción de menciones mendaces y falsarias por el deudor para aparentar el pago de la deuda cuando no está satisfecha, que es lo que en este caso ha ocurrido.

Señala el tribunal al respecto que:

"Cabe concluir a través de la prueba analizada que el acusado elaboró el recibo cuestionado como así lo reconoce y, por otra parte, las periciales elaborada por el Inspector de la policía nacional junto con las periciales de los peritos de la acusación particular en el presente caso, alterado el recibo ya confeccionado a fin de añadir en el mismo unas menciones que no se correspondían con la realidad. Tal acción constituye un delito de falsedad en documento privado, cuya modificación aditiva fue efectuada con plena conciencia y conocimiento de que estaba alterando el contenido de este, conducta que sólo se explica por la necesidad de apoyar con el documento falsario el finiquito de la deuda, de manera que, primeramente, confecciona el documento falso y, luego, lo presenta junto con la oposición a la demanda ejecutiva para que se desestime dicha ejecución."

En consecuencia, se alteró un documento para neutralizar y oponerse a una demanda ejecutiva basada en título judicial, intentando aparentar ante el órgano judicial que se había saldado por completo una deuda que, en realidad, solo parcialmente había sido satisfecha. Es claro que tal comportamiento perseguía un perjuicio para el acreedor de la deuda que, de haberse dictado una sentencia en el sentido que pretendía el deudor aquí acusado gracias a su manipulación del documento, hubiese resultado afectado en sus legítimas expectativas de cobro sufriendo un evidente perjuicio económico por privación de su derecho de crédito.

Sobre el perjuicio al acreedor vuelve el tribunal a incidir en que:

El acusado tras efectuar una manipulación en el recibo de pago, añadiendo en adición a su texto la falsa existencia de un finiquito de la deuda declarada y reclamada en ejecución civil, la aportación de dicho documento alterado de forma falsa al proceso ejecutivo, con evidente intención de engañar al juez para que dicte una resolución desestimando la pretensión de ejecución dineraria, al estar ya cumplida extrajudicialmente, con evidente perjuicio económico al actor, con esta argucia se le impediría la tutela judicial efectiva que reclama.

Por ello, el tribunal calificó con acierto los hechos declarados probados son constitutivos de a) un delito de falsedad en documento privado del artículo 395 en relación con el artículo 390.1, 2º y 3º del Código Penal en concurso de normas del artículo 8.4 del Código Penal con b) un delito intentado de estafa procesal de los artículos 248.1 y 250.1. 7º del CP, en relación con los artículos 16 y 62 del Código Penal.

Resulta notorio y notable el perjuicio a tercero determinante de la concurrencia de la falsedad, por cuanto de haber prosperado el falaz intento de elevar la suma pagada, siendo falso, se habría extinguido una deuda por el recurrente que no había pagado en su totalidad, siendo falsa la documentación presentada al procedimiento judicial y habiendo engañado al juez de haber prosperado el ilícito proceder que fue interrumpido y detectado a tiempo.

El motivo se desestima.

CUARTO.- 3.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849, 1º LECRIM por vulneración de los artículos 248, 249 y 250.7º del código penal.

Nos remitimos a lo expuesto en el FD anterior respecto al más absoluto respeto que se exige de los hechos probados.

Continúa el recurrente con su referencia a la cuestión atinente al finiquito cuando consta probada la existencia de la falsedad del documento de fecha 10-11-2011 sobre el que se construyó la falsedad y fue desencadenante de la tentativa de estafa procesal.

Existe en este caso tentativa de estafa procesal.

Señala el tribunal la actuación del recurrente relativa a que:

"...aportando documento manipulado, para conseguir la desestimación de la demanda ejecutiva, entra de lleno en la tipicidad del art. 250.1.7° Código Penal , pues ha quedado acreditado la existencia de un intento idóneo para engañar al juez y un evidente perjuicio patrimonial al actor, por cuanto vería desestimada su demanda ejecutiva y, con ello, su pretensión de contenido económico con un evidente perjuicio patrimonial al no poder ver resuelta favorablemente su reclamación de pago de la deuda, el uso del acusado demandado ejecutado del recibo manipulado de forma mendaz aportado en el mismo, para conseguir, o intentar, engañar al juez con esta aportación del recibo manipulado. Luego los hechos declarados probados son constitutivos de a) un delito de falsedad en documento privado del artículo 395 en relación con el artículo 390.1 , 2 º y 3º del Código Penal en concurso de normas del artículo 8.4 del Código Penal con b) un delito intentado de estafa procesal de los artículos 248.1 y 250.1. 7º del CP , en relación con los artículos 16 y 62 del Código Penal ..."

Así, sobre el delito de estafa procesal señalamos en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 431/2019, de 1 de Octubre que:

"En relación a la estafa procesal recordaba esta Sala en las STS 72/2010 de 9-2 que la llamada estafa procesal se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quién a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado).

Es más, también la jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia ( STS 878/2004, 12 de julio)".

En sentido similar la STS nº 603/2008; y la STS nº 7202008. De todos modos, deberán quedar excluidos de la estafa los casos en los que el acto de disposición no venga motivado por el engaño.

Por otra parte, la existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante. Se decía en la STS nº 572/2007 que "En el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico".

En definitiva, en el subtipo agravado, conocido como estafa procesal, el engaño se dirige al Juez con la finalidad de obtener una resolución que incluya un acto de disposición a favor del autor o de un tercero y en perjuicio también de tercero. Como se ha dicho más arriba, también se considera estafa procesal el supuesto en el que, sobre la base de argucias procesales, se induzca a la contraparte a adoptar una decisión basada en el engaño que implique un acto de disposición. El carácter bastante del engaño, deberá ser determinado también en atención a estas circunstancias específicas del subtipo agravado.

Consecuentemente, conforme a la doctrina jurisprudencial ( STS 670/2006, de 21-6, 758/2006, de 4-7; 754/2007, de 2-10; 603/2008, de 10.10; 1019/2009 de 28-10; 35/2010, de 4-2), la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición.

La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 es decir, el engaño, el error debido al engaño, el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error; el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición; el ánimo de lucro -siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, dada su amplia interpretación que prevalece al sopesar la específica intención lucrativa la cooperación culpable de lucro ajeno, pues no es preciso con lucro propio, ya que basta que sea para beneficiar a un tercero ( STS 5629/2002 de 20-2; 297/2022, de 20-2; 577/2002, de 8-3; 238/2003, de 12-2; 348/2003 de 12-3); y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.

Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.2º, modificado por LO 5/2010, de 22-6 considera que "incurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero".

El fundamento de este subtipo agravado no es otro que el hecho de que en esta modalidad de estafa no solo se daña el patrimonio privado, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al Juez, razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa como se afirma en STS de 9-5-2003, la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria."

Pues bien, como características del delito de estafa procesal podemos citar las siguientes a tenor de la evolución de la doctrina de esta Sala de lo penal del Tribunal Supremo en torno al subtipo agravado de la estafa procesal del art. 250.1.7º CP. Veamos.

1.- La acción típica se caracteriza porque el comportamiento del autor del delito que genera el engaño causal del desplazamiento patrimonial tiene como escenario un procedimiento judicial y el sujeto al que se le causa el error es el Juez. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016).

2.- El comportamiento podía consistir en manipular las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones, o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016).

3.- En relación a la estafa procesal, en SSTS 72/2010 de 4 febrero, 1100/2011 del 27 octubre, 366/2012 de 3 mayo, y 327/2014 de 24 abril, hemos recordado que se caracteriza porque el sujeto pasivo engañado es en realidad el órgano judicial a quien a través de una maniobra procesal idónea, se la induce a seguir un procedimiento y/o dictar una resolución que de otro modo no hubiera sido dictada. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 252/2018 de 24 May. 2018, Rec. 1574/2017).

4.- El engaño ha de ser en todo caso idóneo, lo que implica en la estafa procesal propia que tenga la entidad suficiente como para superar la profesionalidad del Juez y las garantías del procedimiento (Sª 5 de diciembre de 2005).

En efecto es opinión aceptada en la doctrina que el Juez puede ser sujeto de engaño en cuanto resuelve en función de la información suministrada por las partes, y no de un eventual conocimiento extraprocesal, de modo que la inexactitud de la realidad puesta de manifiesto al Juez en el proceso puede llevarle a la equivocación en la decisión.

Pero de acuerdo con la mejor doctrina son necesarias dos precisiones al respecto:

a) que la cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para valorar la idoneidad del engaño, por lo cual la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto que se presente con la entidad suficiente como para contrarrestar la función de control que compete al Juez. La cuestión de si un engaño en esos términos es o no es bastante requiere una valoración en cada caso;

b) Que si es el Juez quien se equivoca en la interpretación del derecho, el error solo será imputable a su propia acción interpretativa porque, como es sabido, el art. 1.7 del Código Civil establece el principio iura novit curia, conforme al cual compete al Juez averiguar el derecho aplicable, al margen de cuál haya sido el comportamiento de las partes y las interpretaciones torticeras del derecho que pretendan frente al Juez. ( STS 25/03/2011, de 25 de marzo). ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 638/2018 de 12 Dic. 2018, Rec. 3064/2017).

5.- El resultado de ello es que no coincide la persona del engañado, quien por el error inducido realiza el acto de disposición en sentido amplio (el juez), con quien en definitiva ha de sufrir el perjuicio (el particular afectado). ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 252/2018 de 24 May. 2018, Rec. 1574/2017).

6.- La jurisprudencia, en contra de parte de la doctrina, ha estimado que puede producirse el fraude procesal cuando el engañado no es el juez sino la parte contraria, a la cual por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento (ordinariamente pruebas falsas o por simulación de un contrato) se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, llegue a una transacción o, en cualquier caso, determine un cambio de su voluntad procesal como solución más favorable, lo que se denomina estafa procesal impropia ( STS 878/2004, 12 de julio)". En sentido similar la STS nº 603/2008; y la STS nº 7202008. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 252/2018 de 24 May. 2018, Rec. 1574/2017). ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 232/2014 de 25 Mar. 2014, Rec. 1592/2013).

7.- La existencia de la estafa procesal como figura agravada no supone la posibilidad de prescindir de los requisitos generales de la estafa, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante. Se decía en la STS nº 572/2007 que "En el delito de estafa procesal, como en la estafa genérica, el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos y conceptualmente no se diferencia del engaño del tipo básico".

8.- En el subtipo agravado, conocido como estafa procesal, el engaño se dirige al Juez con la finalidad de obtener una resolución que incluya un acto de disposición a favor del autor o de un tercero y en perjuicio también de tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 252/2018 de 24 May. 2018, Rec. 1574/2017).

9.- La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 es decir, el engaño, el error debido al engaño, el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error; el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición; el ánimo de lucro- siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, dada su amplia interpretación que prevalece al sopesar la específica intención lucrativa la cooperación culpable de lucro ajeno, pues no es preciso con lucro propio, ya que hasta que sea para beneficiar a un tercero ( STS 5629/2002 de 20-2; 297/2022, de 20-2; 577/2002, de 8-3; 238/2003, de 12-2; 348/2003 de 12-3; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal).

10.- El fundamento de este subtipo agravado no es otro que el hecho de que en esta modalidad de estafa no solo se daña el patrimonio privado, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al Juez. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 899/2021 de 18 Nov. 2021, Rec. 5467/2019).

11.- El delito de estafa procesal se consuma en el momento en que se dicta la resolución judicial en primera instancia, puesto que la obligación que la misma conlleva incide ya de manera directa sobre el patrimonio con el consiguiente perjuicio. Frente a otros criterios doctrinales este es el criterio seguido por la jurisprudencia de esta sala, al afirmar que el subtipo agravado de estafa se consuma cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, induciendo al Juez a dictar una resolución que de otro modo no hubiera dictado.

Así, el delito se encuentra consumado cuando sí se alcanza el propósito perseguido que no es otro que el de determinar un error en el juzgador y obtener la correspondiente resolución en perjuicio de la otra parte. Por lo expuesto la perfección delictiva se ha de situar cuando el Juez inducido por la maniobra fraudulenta del acusado, dicta sentencia con beneficio efectivo para el sujeto pasivo, y en los casos de formas imperfectas de ejecución, cuando en los que, pese al artificio engañoso no se logra el propósito perseguido con la resolución judicial desestimatoria de la pretensión del sujeto activo.

El delito se consuma, pues, cuando se pronuncia la resolución judicial motivada por el engaño, sin que deba confundirse con el agotamiento del delito consistente en el efectivo y material perjuicio ocasionado por la maniobra fraudulenta. o que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos, puede producirse en grado de perfección imperfecta. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 252/2018 de 24 May. 2018, Rec. 1574/2017).

12.- El delito de estafa procesal admite formas imperfectas de ejecución, en todos aquellos supuestos en que el sujeto activo realiza, en todo o en parte, las maniobras fraudulentas que objetivamente debieran producir el resultado pretendido, es decir, el acto de disposición patrimonial y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor ( STS 9.1.2003). La tentativa está en la no consecución del error en la autoridad judicial porque ésta se aperciba del engaño bastante o porque, aun dándose el error, la resolución judicial dictada no es injusta.

Con ello, conduce a la tentativa en todos aquellos supuestos en los que se despliegue un engaño bastante que no llegue a generar error en la autoridad judicial o en los que, pese a generarlo, la resolución judicial dictada no sea injusta ( SSTS 381/2013, de 10 de abril, 5/2015, de 26 de enero; 232/2016, de 17 de marzo). ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 539/2016 de 17 Jun. 2016, Rec. 2296/2015).

13.- El delito puede ser perpetrado por quien ostenta la posición de demandado en el proceso judicial en el que se debate el derecho, cuando evite torticeramente ser condenado. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 539/2016 de 17 Jun. 2016, Rec. 2296/2015).

La estafa procesal puede ser cometida por el demandado en un proceso judicial. La STS 431/2019, de 1 de octubre, declara que la conexión de la estafa procesal con la estafa básica, cuando estamos en presencia, como en nuestro caso, de los actos procesales de un demandado en un procedimiento judicial, nos permite advertir que la naturaleza de la estafa o fraude se enraíza en la privación del derecho de crédito que se impone al demandante en un procedimiento si se admite que el demandado pudiera aportar documentos inexactos para producir engaño en el juez, aunque finalmente no lo consiga, ya que de consumarse el engaño habría un delito consumado, y, con ello, habría privado al actor de su derecho de crédito.

"Nótese -expresa la citada STS 431/2019- que cuando el art. 250.1.7º señala que el delito de "estafa" será castigado... cuando:... y se remite al nº 7 para destacar la "estafa procesal", viene a definirla con una grado relevante de autonomía y poniendo el énfasis en sus elementos básicos, que aunque no desconectado absolutamente de la estafa básica del art. 248 CP, sí que les dota de autonomía, reconociéndose ese desplazamiento patrimonial que sería inherente a la privación del derecho de crédito que se produciría si se produjera por el demandado la presentación de documentos falsos a un procedimiento judicial, ya que ello integraría la estafa procesal, con perfecto encaje en el cumplimiento de los requisitos de la estafa básica y los propios de la estafa procesal por la inherente privación del crédito del actor cuando se intenta engañar al juez de que su reclamación es infundada y se postula el rechazo de la pretensión del actor con la "manipulación de pruebas en que pretenda fundar sus alegaciones" el demandado". ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 353/2020 de 25 Jun. 2020, Rec. 4023/2018).

14.- En un procedimiento civil, inspirado por el principio de rogación, no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse típica. De ahí que -decíamos en la STS 853/2008, 9 de diciembre- una versión parcial y, como tal, interesada de los hechos, una omisión de cuestiones fácticas o jurídicas de importancia para el tratamiento jurisdiccional del objeto del proceso o, simplemente, una selección del procedimiento afectada por el particular interés de quien lo promueve, no integran, sin más, la acción típica. Se dejan fuera de su ámbito estrategias defensivas que se limitan a valerse de alegaciones no siempre compatibles con el principio general de la buena fe ( art. 11 de la LOPJ) ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 232/2014 de 25 Mar. 2014, Rec. 1592/2013).

15.- El resultado de esta modalidad de estafa no es un perjuicio producido a través de un desplazamiento patrimonial; sino un perjuicio derivado de una resolución judicial (vid. STS 381/2013, de 10 de abril). ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 591/2021 de 2 Jul. 2021, Rec. 3564/2019).

Apunta, así, el tribunal que:

"Concurren los requisitos de tal delito en el presente caso como hemos adelantado, puesto que el acusado tras efectuar una manipulación en el recibo de pago, añadiendo en adición a su texto la falsa existencia de un finiquito de la deuda declarada y reclamada en ejecución civil, la aportación de dicho documento alterado de forma falsa al proceso ejecutivo, con evidente intención de engañar al juez para que dicte una resolución desestimando la pretensión de ejecución dineraria, al estar ya cumplida extrajudicialmente, con evidente perjuicio económico al actor, con esta argucia se le impediría la tutela judicial efectiva que reclama.

La acción se encuentra en grado de tentativa, puesto que no ha sido dictada resolución adecuada en el proceso ejecutivo que lo resuelva y ponga termino al mismo, ante la petición de falsedad en la documentación aportada por el ejecutado demandado alegada adecuadamente por el demandante ejecutante el procedimiento ejecutivo, se encuentra suspendido por prejudicialidad penal."

Resulta irrelevante a los efectos que pretende el recurrente de la expresión "finiquito", ya que aunque hubiera otro documento posterior la realidad falsaria se perpetra sobre el documento de fecha 10-11-2011 sobre el que se construyó la falsedad y fue desencadenante de la tentativa de estafa procesal.

Con ello, de los hechos probados se evidencia que hubo manipulación -falsificación- de documento que se incorporó a un procedimiento para oponerse a la correspondiente demanda ejecutiva de título judicial. Esta manipulación se hizo de forma que integró un engaño bastante con aptitud para provocar error en el órgano judicial. Y consta la intención de perjudicar al acreedor y el efectivo perjuicio económico para este que se hubiese producido de haberse dictado sentencia como pretendía el acusado. Además, como antes se ha expuesto, hay que precisar que no existe obstáculo a la aplicación de este tipo cuando el autor es el demandado en el procedimiento judicial.

El motivo se desestima.

QUINTO.- 4.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la ley de enjuiciamiento criminal, en relación con el artículo 5.4 de la ley orgánica del poder judicial, consistente en la violación del artículo 24 de la constitución, por haberse vulnerado los derechos de mínima actividad probatoria y a la presunción de inocencia.

Cuestiona el recurrente la prueba valorada por el tribunal para la condena.

Pues bien, siguiendo con el alegato del recurrente en torno a la presunción de inocencia que se alega es preciso atender con la doctrina anglosajona en este terreno a lo que denominan en el terreno de la exigencia de cuánta prueba y de qué calidad, que no cantidad se debe exigir para tener por enervada la presunción de inocencia. Así, se apunta que La dosis de prueba es la regla que establece el nivel de suficiencia probatoria, y tiene su equivalente en la expresión anglosajona standard of proof que, en palabras del Tribunal Supremo americano, tiene por finalidad "instruir al jurado sobre el grado de confianza que la sociedad piensa que debería tener en la certeza de las conclusiones de los hechos en una particular declaración" ( In re Wip). Se cita también la expresión proof leaving no doubt, que podría ser traducida por prueba fuera de toda duda.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha declarado que para vencer la presunción de inocencia, recogida en el art. 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la acusación debe practicar una prueba que esté más allá de toda duda razonable ( STEDH de 6 de diciembre de 1988, caso Barberá, Messegue y Jabardo vs. España).

Es evidente, así, y se ha expuesto, que la dosis de prueba es una medida subjetiva judicial, y que se plasma con la debida motivación de la sentencia en donde se lleva a cabo un desarrollo de la prueba que se ha tenido en cuenta por el tribunal para dictar sentencia, y que en el caso de condena en razón a que se entiende que se alcanza el grado de suficiencia y calidad de la prueba de cargo que no ha sido destruida por la de descargo expuesta por la defensa.

En cuanto a la razón de la convicción judicial expresada en la sentencia sobre la prueba de cargo es preciso recordar que la mejor doctrina expresa que no es fácil medir la intensidad de la convicción de una persona, ni ello puede desprenderse de un estándar legal, con lo que al final lo relevante es que existan mecanismos que nos permitan objetivar el proceso -subjetivo- de la formación de la convicción judicial, que es lo que se refleja en la sentencia con la motivación de la valoración probatoria en la medida en que en esta es donde debe el juez o tribunal reflejar cuál ha sido la prueba de cargo tenida en cuenta para la condena, y mediante un esfuerzo de concretar la prueba de cargo, explicar la concatenación entre la misma, reflejar la prueba de descargo de la defensa y el proceso objetivable de convicción, que aunque esta sea subjetiva es preciso que en su plasmación en la sentencia se objetive.

Se apunta de esta manera que se ha definido el estándar de prueba como la "medida del grado de certeza o probabilidad que la prueba debe generar en el tribunal de los hechos" y también como "el umbral mínimo para afirmar que una hipótesis ha sido probada". El término estándar de prueba debe relacionarse con el de la carga de la prueba que se exige para poder tener por enervada la presunción de inocencia, que es lo que discute el recurrente que no ha llegado al grado de "suficiencia", "entidad", y "calidad de la prueba" para poder entenderse que se ha alcanzado en el juicio oral la necesaria para destruir la inocencia del acusado.

De todos modos, la doctrina también destaca que no hay estándares absolutos en ningún proceso y dentro de cada estándar de prueba - beyond any reasonable doubt (penal) y preponderance of evidence (civil)- pueden existir grados (o intensidades) distintas de prueba, en función de la materia objeto de decisión.

Debemos dirigirnos en estos casos a evaluar la existencia de prueba bastante, y al proceso de inferencia llevado a cabo por el tribunal para construir el "edificio de las pruebas concurrentes al caso concreto" que da lugar y permite que en la arquitectura de la sentencia el Tribunal haya tenido un soporte válido y sólido para fundar una resolución con las pruebas recogidas en la base motivacional.

También podemos hablar de "capacidad de la prueba para enervar la presunción de inocencia y de "virtualidad" para llevarlo a cabo, y ambas deberán expresarse en la sentencia dentro de la exigencia de motivación y conclusividad expresiva que se exige del juzgador en el reflejo en la sentencia de su valoración probatoria trasladada a la misma.

Con ello, a la hora de evaluar la prueba y su reflejo en la sentencia para examinar si permite la aportada por la acusación enervar la presunción de inocencia debemos reflejar los siguientes parámetros:

1.- La "calidad" de la prueba aportada por la acusación frente a la presunción de inocencia del acusado.

2.- El tipo de prueba que se va a tener en cuenta. Si se trata de prueba directa, de referencia, indiciaria, pericial.

3.- Si se trata de pericial la confrontación de las periciales existentes.

4.- La "capacidad de la prueba tenida en cuenta para enervar la presunción de inocencia y de "virtualidad" para llevarlo a cabo.

5.- La inexistencia de la duda razonable.

6. Las máximas de experiencia reflejadas en la sentencia.

7.- El proceso deductivo del tribunal y el juicio de inferencia de conclusividad.

8.- Comparación de prueba de cargo y descargo.

9.- Desarrollo entrelazado y numerado de la prueba indiciaria tenida en cuenta con expresión del valor del contraindicio.

10.- Desarrollo de las razones para aceptar como creíble y valorativa la declaración de la víctima frente a la negativa del acusado a reconocer los hechos.

El tribunal basa su condena en la siguiente prueba de cargo que es suficientemente descriptiva y concluyente para tener por enervada la presunción de inocencia. Señala, así, el tribunal basándose en la prueba pericial que es la que determina si ha habido falsedad documental y en base a ello tentativa de estafa procesal que:

"Procede acudir a la prueba pericial practicadas, ciertamente, los dictámenes periciales de las acusaciones avalan la tesis acusatoria, examinados los mismos hemos de decir que todos ellos coinciden en afirmar:

1. El interlineado no es idéntico en todo el texto, produciéndose una alteración en la quinta línea del párrafo que coincide con el comienzo del fragmento dubitado.

2. La tinta empleada en el fragmento indubitado es distinta de la empleada en el dubitado, y

3. El texto dubitado y el indubitado han sido impresos en periodos temporales diferentes.

El informe pericial del inspector de la policía nacional concluye que las firmas de los dos recibos estudiados han sido realizadas por el autor del cuerpo de escritura remitido por Felicisimo, siendo reconocido tal extremo en el acto del juicio por el denunciante y respecto del estudio del recibo cuestionado, del análisis del texto dubitado con el video espectro comparador al objeto de determinar la posibilidad de que se trata de tintas distintas se hace constar y se afirma que se observa una diferencia en la tonalidad de tinta utilizada para la impresión de la última parte del párrafo que comienza con " y la cantidad de... " y finaliza con " pendiente de pago de 3.000-€. ", es decir, no hay duda de que se tratan de tintas diferentes. 2.- En lo relativo a la "determinación del tamaño exacto de la tipografía utilizada" se afirma que hasta "vencimiento 10/11/2011" el tamaño es mayor que a continuación de la citada fecha, es decir, a partir de "y la cantidad... " y hasta el final de párrafo, el tamaño de letra es menor, lo que significa que no hay duda de que hay una diferencia en el tamaño de las grafías utilizadas. Y 3.- Finalmente en cuanto a alineaciones, márgenes e interlineados está escrito en el Informe que no se ha observado alteración en el margen izquierdo que conforman las líneas horizontales del párrafo pero si se ha comparado la limitante basilar (línea que une la base de todas las letras que componen un renglón) de la quinta línea del párrafo observándose un salto hacia arriba a partir de "y la... , así como, la distancia entre las líneas quinta y sexta del párrafo es menor que entre el resto de líneas que es igual, por lo tanto, no hay duda para de que existen tales diferencias.

El informe pericial de Iván en primer lugar se advierte que el documento se trata de una impresión compuesta por el anagrama y la identificación de la sociedad World Tizona, seguido de un texto breve circunscrito a un mismo párrafo y un espacio final para la fecha, el nombre y el DNI. Observando que se aprecia una tonalidad más clara en la parte inicial, seguida de un fragmento más oscuro que finaliza junto con el párrafo, volviendo la fecha y nombre y DNI a la tonalidad inicial. Luego se observa una diferencia en la tonalidad de tinta utilizada para la impresión de la última parte del párrafo que comienza con y la cantidad de... Y finaliza con pendiente de pago de 3.000€, es decir, no hay duda de que se trata de tintas diferentes. "Se observa hasta "...vencimiento 10/11/2011, el tamaño de la letra es mayor que a continuación de la citada fecha, es decir, a partir de y la cantidad..., y hasta el final del párrafo, el tamaño de la letra es menor. Entre los cuatro primeros renglones del párrafo el interlineado es de 0,6 cm, patrón que se repite hasta llegar al final del quinto, donde tras la cifra 2011 se produce un salto de 0,06 cm en la limitante basilar que coincide con las palabras y la, alterando de este modo la constante de interlineado que se produce en el texto, ya que entre la quinta y sexta frase la distancia es de 0,54cm. Que la alteración del interlineado horizontal entre el elemento indubitado y dubitado de 0,06cm modifica el patrón, ya que, si en vez de tomar como referencia el total de la línea tomamos la limitante basilar de y la se continúa cumpliendo la constante de 0,6cm con el renglón siguiente. La conclusión deducible de los datos es que el alineado horizontal no es el mismo en todo el texto. Se afirma que el tamaño de las grafías del fragmento indubitado es distinto al del dubitado.

El informe pericial de Lucas y Dr. Marcos.. "El documento cuestionado ha sufrido una alteración aditiva por interpolación. El texto escrito existente en el cuerpo central del documento está formado en dos actos diferentes, el primero compuesto por las cinco primeras líneas impreso en modo a color (cyan, magenta y amarillo), posteriormente en un segundo momento, se añadió las tres últimas líneas comenzando por las letras " y la..", impreso en este caso usando el modo negro".

Por último el inspector del Cuerpo Nacional de Policía concluye en su último informe, a raíz de las pruebas practicadas con la impresora recogida a don Esteban una HP Deskjet D2460 y un cartucho de recambio de color negro HP C9351 21 XL, que en las diferentes impresiones obtenidas durante estas pruebas se ha apreciado un problema de cambio de tonalidad en las impresiones, pero en todos los casos estos cambios, una vez iniciados, se reproducían desde un punto de la impresión hasta el final del documento y no en bandas ", para seguidamente concluir que: "por todo lo se puede afirmar que no se ha podido obtener un documento semejante al documento dubitado, pero que, en base a las diferencias apreciadas durante las pruebas, es más que probable que el documento en cuestión haya sido realizado en dos actos distintos.

El tribunal analiza, asimismo, la prueba pericial de descargo de la defensa, pero la descarta apuntando que:

"La lógica y las máximas de experiencia impiden compartir la conclusión que alcanza perito Roberto que admite hipótesis de solución a las diferencias apreciadas en el documento y no da una explicación adecuada a como se pudo concebir la tonalidad menor que se encontrada en el centro del recibo cuestionado, mientras que la parte superior y la parte inferior tienen un color fuerte de tinta en una impresión continuada."

Se otorga, en consecuencia, mayor peso valorativo al resto de la prueba pericial aportada que ha sido concluyente y definitivo en orden a la falsedad introducida en el documento de fecha 10-11-2011.

Señala, pues, el tribunal tras el análisis de la prueba pericial que:

"Cabe concluir a través de la prueba analizada que el acusado elaboró el recibo cuestionado como así lo reconoce y, por otra parte, las periciales elaborada por el Inspector de la policía nacional junto con las periciales de los peritos de la acusación particular en el presente caso, alterado el recibo ya confeccionado a fin de añadir en el mismo unas menciones que no se correspondían con la realidad. Tal acción constituye un delito de falsedad en documento privado, cuya modificación aditiva fue efectuada con plena conciencia y conocimiento de que estaba alterando el contenido de este, conducta que sólo se explica por la necesidad de apoyar con el documento falsario el finiquito de la deuda, de manera que, primeramente, confecciona el documento falso y, luego, lo presenta junto con la oposición a la demanda ejecutiva para que se desestime dicha ejecución.

El acusado al realizar en el documento cuestionado, la manipulación mendaz de añadir en su contenido el finiquito de la deuda declarada y reclamada en ejecución procesal, junto con su aportación al proceso ejecutivo, solicitando la desestimación de este, al sostener que la deuda estaba pagada y extinguida por acuerdo extrajudicial, dicha conducta acreditada, de oponerse a la pretensión del actor en un procedimiento ejecutivo civil, aportando documento manipulado, para conseguir la desestimación de la demanda ejecutiva, entra de lleno en la tipicidad del art. 250.1.7° Código Penal ..."

De esta manera, lo que concluyen las periciales es la existencia de un añadido a ese documento de fecha 10-11-2011 que más tarde se incorpora por el acusado al procedimiento civil de ejecución de la deuda que se seguía contra él y que constituye la estafa procesal intentada.

No es cierto, por otro lado, que el tribunal se ha decantado por una pericial contraria al recurrente por el mero hecho de que, según el juzgador "la práctica forense demuestra que es mayor la imparcialidad que adorna la labor de los miembros el Cuerpo Nacional de Policía". En modo alguno, sino porque el tribunal valora la pericial de cargo y la de descargo y explica y motiva las periciales practicadas, como se ha expuesto, concluyendo la existencia de la alteración documental para presentarlas en el procedimiento judicial para conseguir engañar al juez aparentando que la reclamación de deuda efectuada estaba pagada por un reconocimiento falso del perjudicado, cuando en realidad no había cobrado la deuda. Las conclusiones de las tres periciales son coincidentes y avalan el juicio realizado por el tribunal.

Pese al extenso alegato del recurrente que pone el acento en el documento de fecha 2-12-2011 hay que apuntar, como con acierto añade el Fiscal de Sala que si bien es cierto que el denunciante firmó los dos recibos de fechas 10-11- 2011 y 2-12-2011 no puede olvidarse que el primero fue objeto de alteración falsaria y que el denunciante reconoció la realidad de las dos entregas de 6.000 y 3.000 euros, pero no que se pactara fijar la deuda en 24.000 euros, que hubiese recibido 15.000 euros en efectivo ni que se diera por saldada la deuda. En relación con el recibo de 2-12-2011 donde, efectivamente, consta que queda saldada la deuda, debe tenerse en cuenta que en los hechos probados se dice que bajo excusa le fueron entregados a la firma varios recibos. Aun habiendo sido firmado ese documento, resultó claro para el tribunal, dada la declaración del denunciante y la alteración falsaria del recibo de 10-11-2011, que ni la deuda se fijó en 24.000 euros ni si la deuda real se había saldado.

Existe una realidad incontestable y es que en el devenir del operativo llevado a cabo por el recurrente estaba clara la mecánica del fraude, alterando el primer documento para tratar de engañar luego al juez cuando le reclamara la deuda, porque era consciente de que era falso el contenido del documento y que, finalmente, le iba a reclamar el perjudicado judicialmente la deuda, como así ocurrió y es en ese instante cuando en su defensa el recurrente presenta ese documento para tratar de convencer al juez de que la deuda reclamada estaba pagada cuando no era así.

La prueba de cargo ha sido suficiente y en dosis adecuada para enervar la presunción de inocencia, pese a la disidencia valorativa del recurrente quien pone el acento en cuestiones terminológicas relativas a la expresión "finiquito" que quedan incluidas en el modus operandi del fraude o la presentación de recibos posteriores a la firma cuando la realidad es que se pagó lo que consta realmente pagado y que el exceso era falso, así como que no era cierta la reducción de la deuda real.

El motivo se desestima.

SEXTO.- 5.- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la ley de enjuiciamiento criminal, por vulneración del artículo 21.6ª del código penal (atenuante de dilaciones indebidas), como muy cualificada, en relación con el artículo 66 de dicho texto penal.

Entiende el recurrente que "los retrasos en la tramitación del proceso, en concreto, tanto por el Juzgado de Instrucción como por parte de la Sala enjuiciadora, que afectan al derecho fundamental del procesado a un proceso sin dilaciones indebidas, debe tener mayor repercusión y estimarse una atenuante como muy cualificada."

Sobre esta atenuante dio debida respuesta el órgano judicial en el FD nº 3 de la sentencia señalando que:

En el caso de autos, ha tenido una tramitación dilatada en el tiempo, por incidencias propias de la compleja de la misma y por las circunstancias acontecidas en su devenir, habiendo transcurrido cerca de siete años desde la fecha de incoación del procedimiento por auto de 29 de mayo del 2012, hasta la celebración del juicio oral 23 y 24 de mayo de 2019. Su dilata tramitación ha contribuido el cruce de denuncias efectuadas por las partes intervinientes, por un lado Felicisimo denuncia 4/01/2012 a Esteban por falsedad en los recibos aportado al procedimiento ejecutivo y este último en calidad de legal representante de la mercantil World Tizona SL denuncia con fecha 22/06/2021 a Felicisimo por un delito de estafa procesal y falsedad documental, se provoca pues la duplicación en tomar de declaraciones y diligencias practicadas, así como las diligencias de cuerpo de escritura realizadas, realizándose dos cuerpos de escritura y firmas. Por otro lado es causa compleja, al requerir para su investigación de la práctica de las periciales de grafía de firma y documentoscópica de los recibos aportados, con intervención de peritos, en instrucción comparecen dos peritos designados por el Juzgado, inspector de policía nacional y criminólogo, aun pese a su complejidad el Juzgado de Instrucción acuerda incoar Procedimiento Abreviado contra Esteban por un delito de falsedad documental y delito de estafa procesal así como también acuerda el archivo y sobreseimiento provisional respecto de Felicisimo en resolución de fecha 3/11/2015, es decir trascurrido tres años en su instrucción.

Las acusaciones comparecidas; Ministerio Fiscal presenta escrito de acusación provisional y proposición de prueba con fecha 14/12/2015, la acusación particular en nombre Felicisimo presenta escrito de acusación y proposición de prueba con fecha 8/03/2016. La defensa del acusado si bien al ser emplazado, acontece el cambio de letrado defensor, con designación de uno nuevo, tras la venia del anterior, presentando escrito de defensa con fecha 2/05/2016.

El Juzgado de Instrucción en resolución de fecha 16/03/2016 acuerda la apertura del juicio oral con el acusado con remisión de las actuaciones a Juzgado de lo Penal que corresponda por turno de reparto de Murcia. El titular del Juzgado de lo Penal con fecha 31 de mayo de 2017, acordó apartarse del conocimiento de la causa y remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 8 para su elevación a la Audiencia Provincial de Murcia, por no tener competencia objetiva. El titular del Juzgado de Instrucción dicto resolución con fecha 06/06/2017, acordando rectificar el auto de apertura de juicio oral de fecha 16 de marzo de 2016 en el extremo de declarar órgano competente para el conocimiento y fallo la Audiencia Provincial de Murcia, remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial de Murcia, correspondiendo su reparto a la Sección Tercera, habiendo comparecido las partes ante la Sección Tercera, se ordenó incoar Procedimiento Abreviado nº 53/2017, por Auto de fecha 01/08/2017. La Sala admitió la ampliación pericial solicitada, y por razones de carga competencial por proveído de 3 de diciembre del 2018, se acordó señalar inicio del juicio oral para el día 23 mayo de 2019.

Del examen de las actuaciones, se constata que no aparecen paralizaciones extraordinarias en los términos expuestos por la defensa del acusado, por lo que tal circunstancia invocada no ha lugar, máxime si se atiende a las dificultades que ha comportado la tramitación de la causa por el elevado número de pericias, solicitadas, admitidas y practicadas.

Hay que tener en cuenta que el transcurso del tiempo no es el único parámetro para tomar en cuenta a la hora de analizar esta atenuante, sino si la causa es compleja, si ha requerido de pruebas periciales varias, o determinadas circunstancias que han sido explicadas con detalle por el tribunal sentenciador y excluyen la posibilidad de aplicar la atenuante, ya que en modo alguno existe una opción de beneficio al recurrente en cuanto al parámetro objetivo de la duración temporal, debido a que la motivación de la sentencia razona las circunstancias por las que el procedimiento se ha retrasado y que no le hacen al recurrente merecedor de la rebaja penal por esta razón ante la motivada explicación del tribunal sobre su rechazo que debe ser confirmada.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO.- Desestimándose el recurso, las costas se imponen al recurrente incluidas las de la acusación particular ( art. 901 LECrim).