Sentencia Penal 907/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 6262/2021 de 12 de diciembre del 2023

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción n.º 4 de Lleida incoó Diligencias Previas 928/2019 por presunto delito de frustración de la ejecución (alzamiento de bienes) y delito continuado de estafa contra, entre otros, Jose Augusto y Segundo, que una vez concluido remitió para su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal n.º 1 de Lleida. Incoado Procedimiento Abreviado 78/2020, con fecha 26 de abril de 2021 dictó Sentencia n.º 155/21 en la que se contienen los siguientes HECHOS PROBADOS:

"A partir de las pruebas desplegadas en el plenario, con observancia de todas las garantías formales del juicio oral, se declara probado que:

PRIMERO.- Los encausados Jose Augusto, Segundo y Luis Enrique, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, eran, en el año 2015, responsables de la mercantil CUCHI INSTALACIONES S.L. con sede en Fraga, donde prestaban también sus servicios profesionales en diversas funciones. La citada sociedad mantenía relaciones comerciales desde, aproximadamente, el año 2004 con la empresa SALTOKI LLEIDA S.A., quien suministraba a la sociedad de los encausados diverso material para que esta pudiera realizar sus tareas, entre otras, de fabricación de calderería o instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado y gas.

Como consecuencia de las citadas relaciones, se acordó entre ambas partes la firma de un contrato de suministro con fianza, suscrito en fecha 1 de septiembre de 2015, en el que Jose Augusto, Segundo y Luis Enrique, como representantes de CUCHI INSTALACIONES S.L., concertaban dicho vínculo para el "suministro sobre las mercancías habituales de comercio entre ambas entidades". En el citado documento, los tres encausados, asimismo, lo suscribían en su calidad de fiador, comprometiéndose, en su Estipulación III que, en el caso que "el suministrado incumpla cualquiera de los pagos suscritos de las mercaderías suministradas", procederían a "cubrir el pago del monto de la mercancía adeudada, sus intereses y la indemnización de daños y perjuicios en calidad de fiador universal", siendo una fianza solidaria.

Durante los siguientes meses, SALTOKI LLEIDA S.A. siguió suministrando bienes y materiales a CUCHI INSTALACIONES S.L. para que esta última continuara realizando sus labores profesionales en diferentes obras. Sin embargo, la situación económica de CUCHI INSTALACIONES S.L. conllevó que ésta dejara de abonar el precio de diversas comandas a partir de agosto de 2016 y hasta abril de 2017 y sin que se haya acreditado que hubiera una voluntad inicial de la empresa suministrada de dejar de cumplir con sus obligaciones de pago. Una morosidad que derivaba de los problemas financieros que presentaba la sociedad de los encausados.

Esta problemática fue analizada por el Departamento de Riesgos de SALTOKI LLEIDA S.A., tras serle comunicada por los responsables en Lleida. Ante ello, y tras mantenerse contactos por los representantes de la sociedad suministradora y los encausados, se presentó por la primera un documento consistente en un contrato de garantía de pago de fecha 10 de mayo de 2017 en el que los encausados Jose Augusto, Segundo y Luis Enrique, en nombre propio y como administradores de CUCHI INSTALACIONES S.L. reconocían una deuda a favor de SALTOKI LLEIDA S.A. por valor de 77.785,54 euros. Para el pago se establecía un sistema consistente en 43 giros domiciliados consecutivos. Un documento privado que las partes se comprometían a elevar a escritura pública.

Sin embargo, el citado documento y en el que constan las firmas de los encausados, no fue elevado a escritura pública. Ante ello, SALTOKI LLEIDA S.A. presentó, en fecha 29 de enero de 2018 una demanda de juicio monitorio contra CUCHI INSTALACIONES S.L. y los encausados reclamando la cantidad de 75.763,41 euros ( Monitorio núm. 244/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Fraga). Esta demanda dio origen posteriormente, y ante la oposición de los deudores a la anterior petición, a la incoación del Procedimiento Ordinario núm. 37/2018 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Fraga. En dichas actuaciones se dictó la sentencia de fecha 7 de mayo de 2018 por la que se condenaba a Jose Augusto, Segundo y Luis Enrique al pago de la cuantía reclamada y los intereses.

Tras la sentencia citada, se instó la ejecución de la misma por el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 46/2018 del mismo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Fraga en el que se despacha ejecución por Auto de fecha 24 de septiembre de 2018.

Previamente a estos dos procedimientos que tuvo que instar la parte acreedora para ver satisfecho su derecho a percibir el cobro de los bienes suministrados, los encausados Jose Augusto y Segundo, conociendo sus obligaciones como fiadores que ya estaban establecidas en el contrato de 1 de septiembre de 2015 y que habían dejado de pagar los suministros del período comprendido entre agosto de 2016 y abril de 2017, establecieron un plan de despatrimonialización.

Así, Jose Augusto:

1.- Adquirió por compraventa de cien participaciones la mercantil BEAT GREEN S.L. por Escritura Pública de fecha 30 de octubre de 2017 a Arturo.

2.- La sociedad BEAT GREEN S.L. había sido constituido por Arturo en Escritura Pública de fecha 6 de octubre de 2017.

3.- Jose Augusto y su esposa Eulalia aportaron a BEAT GREEN S.L. una finca rústica de la que eran dueños en pleno dominio ubicada en la partida DIRECCION001 e inscrita en el Tomo NUM000, folio NUM001, finca NUM002. del Registro de la Propiedad de Fraga. Una operación que se formaliza en Escritura Pública de fecha 22 de noviembre de 2017 y en la que también se nombra administradora única a Eulalia.

4.- Esa misma jornada de 22 de noviembre de 2017, y por otro Escritura Pública, se transfirieron cien participaciones de la mercantil a cada una de las dos hijas del matrimonio, Leocadia e Lucía.

5.- Finalmente, Jose Augusto y Eulalia, y en Escritura Pública de fecha 21 de marzo de 2018 aportan a la mercantil BEAT GREEN S.L. una finca urbana de la que eran dueños en pleno dominio y que constituía su domicilio familiar. En este caso, un inmueble ubicado en la PLAZA000 núm. NUM006 de Fraga e inscrita en el Tomo NUM003, folio NUM004, finca NUM005 del Registro de la Propiedad de Fraga.

Por su parte, Segundo:

1.- Adquirió por compraventa de cien participaciones, la mercantil NORTE GLOBAL PROPERTIES S.L. por Escritura Pública de fecha 30 de octubre de 2017 a Arturo.

2.- NORTE GLOBAL PROPERTIES S.L. había sido constituido por Arturo en Escritura Pública de fecha 6 de octubre de 2017.

3.- Segundo y su esposa Amanda aportan a la sociedad BEAT GREEN S.L. una finca urbana de la que eran dueños en pleno dominio y que constituía su domicilio familiar. En este caso, un inmueble ubicado en la partida DIRECCION000 e inscrita en el Tomo NUM007 folio NUM008, finca NUM009 del Registro de la Propiedad de Fraga. Una operación que se formaliza en Escritura Pública de fecha 22 de noviembre de 2017 y en la que también se nombra administradora única a Amanda.

Una actuación asumida por los deudores que tenía como objetivo un resultado prohibido como era la frustración de la ejecución de créditos preexistentes por parte de SALTOKI LLEIDA S.A. y ánimo de no satisfacer sus deudas.

Por su parte, ha quedado probado que Luis Enrique vendió, mediante escritura de compraventa de fecha 7 de junio de 2016, dos fincas urbanas de su propiedad (un apartamento y un parking) ubicadas en la CALLE000, núm. NUM010 de Fraga e inscritos en el Tomo NUM011, folio NUM012, finca NUM013 y folio NUM014, fincas NUM015, respectivamente del Registro de la Propiedad de Fraga. Sin embargo, no ha quedado acreditado que efectuara esta operación patrimonial con el ánimo de impedir la satisfacción de su derecho de cobro por la mercantil SALTOKI LLEIDA S.A. porque éste se generó a partir de los impagos realizados en agosto de 2016, varios meses posteriores a la venta.".

SEGUNDO.- Dicho Juzgado emitió el siguiente pronunciamiento:

"FALLO

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Jose Augusto como autor criminalmente responsable de un delito de frustración de la ejecución, previsto y penado en el artículo 257.1, ordinal segundo, del Código Penal en relación a la agravación prevista en el artículo 250.1, numeral quinto de la misma norma penal ya definido y sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

1.- DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES de PRISIÓN e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de la condena.

2.- DIECIOCHO (18) MESES (540 DÍAS) de MULTA a razón de OCHO (8) EUROS diarios, resultando un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE (4.320) euros.

En caso de impago de la pena de multa, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, es decir, 9 meses de privación de libertad.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Segundo como autor criminalmente responsable de un delito de frustración de la ejecución, previsto y penado en el artículo 257.1, ordinal segundo, del Código Penal en relación a la agravación prevista en el artículo 250.1, numeral quinto de la misma norma penal ya definido y sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

1.- DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES de PRISIÓN e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO durante el tiempo de la condena.

2.- DIECIOCHO (18) MESES (540 DÍAS) de MULTA a razón de OCHO (2) EUROS diarios, resultando un total de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE (4.320) euros.

En caso de impago de la pena de multa, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, es decir, 9 meses de privación de libertad.

Asimismo, Jose Augusto y Segundo deberá indemnizar, de forma conjunta y solidaria y en concepto de responsabilidad civil, a la mercantil SALTOKI LLEIDA S.A. en la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (75.763,41), por el perjuicio sufrido.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Luis Enrique de los hechos y del delito de frustración de la ejecución que se les venía atribuyendo con todos los pronunciamientos favorables.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Jose Augusto, Segundo y Luis Enrique de los hechos y. del delito continuado de estafa de los que se le venía atribuyendo, con todos los pronunciamientos favorables.

Se acuerda la imposición a los condenados Jose Augusto y Segundo de dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluyendo las de la acusación particular, declarando el resto de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, contra la que cabe interponer recurso de apelación, dentro de los diez días siguientes a contar de su notificación, en la forma prevenida en los artículos 790 a 792 de la misma norma ante este mismo Juzgado, y para la Iltma. Audiencia Provincial de Lleida.".

TERCERO.- Recurrida la anterior sentencia en apelación por la representación procesal de Segundo y Jose Augusto, y completado el trámite de alegaciones, se remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Primera, que incoado Rollo de Apelación 93/2021, con fecha 13 de septiembre de 2021, dictó Sentencia n.º 261/21, en la que declaró los siguientes HECHOS PROBADOS:

" ÚNICO.- Se aceptan y se dan por reproducidos el relato de hechos probados contenido en la sentencia de instancia, salvo la expresión "establecieron un plan de despatrimonialización" contenido en el inciso final del párrafo primero de la página 5 de la sentencia (folio 624). Y se suprime el párrafo segundo de la página 6 de la sentencia (folio 624 reverso).".

Y dictó el siguiente FALLO:

"ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Mónica Arenas Mor en nombre y representación de Jose Augusto y Segundo contra la sentencia de 26 de abril de 2021 dictada por el Juzgado Penal nº 1 de Lleida en el Procedimiento Abreviado 78/2020 y por consiguiente ABSOLVEMOS a Jose Augusto y Segundo del delito de insolvencia punible por el que han sido condenados en la instancia, con todos los pronunciamientos favorables y con declaración de las costas de oficio de la primera instancia y las de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, una vez firme, devuélvase la causa al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido cumplimiento.".

CUARTO.- Notificada en forma esta última sentencia a las partes, la representación procesal de la mercantil Saltoki Lleida, SA, anunció su propósito de interponer recurso de casación por infracción de ley, recurso que se tuvo por preparado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.- El recurso formalizado por Saltoki Lleida, SA se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:

Único.- Por infracción de ley del artículo 849.1 de la LECRIM, por considerar que en la sentencia recurrida se ha producido indebida aplicación e infracción del artículo 257.1 del Código Penal de frustración de la ejecución

SEXTO.- Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso interpuesto. La representación procesal de Segundo y Jose Augusto impugnaron dicho recurso. Tras admitirse por la Sala, quedaron conclusos los autos para señalamiento del Fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Realizado el señalamiento para el Fallo, comenzó la deliberación prevenida el día 21 de noviembre de 2023, prolongándose hasta el día de la fecha.