Sentencia Penal 765/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5657/2021 de 13 de octubre del 2023

PRIMERO.- Reordenamos los cuatro motivos del recurso para ajustarnos a la sistemática que impone la ortodoxia procesal y que obliga a analizar primeramente los motivos por quebrantamiento de forma.

El cuarto y último es el único motivo reconducible a esa modalidad. Denuncia quebrantamiento de forma del art. 851.1 y 2 LECrim, pero con una anorexia argumentativa que hace muy complicado adivinar el contenido de la queja.

La narración que la sentencia plasma como hecho probado es concisa y clara. No se detecta en ella ninguna locución con una significación jurídico-penal distinta de la vulgar y que pueda incurrir en el vicio de predeterminación.Tampoco la parte recurrente se molesta en indicar dónde ha identificado ese defecto.

Contiene la sentencia, por otra parte, un relato positivo de hechos que se reputan acreditados. No se limita a negar que hayan quedado acreditados los hechos relatados por las acusaciones. Se realiza el exigible esfuerzo por recoger los datos factuales que la prueba ha acreditado, incluidos los giros postales. Por tanto, no se puede hablar del vicio previsto en el art. 851.2 LECrim.

Si, además, advertimos que es este un alegato que no se hizo valer en apelación, tendremos cómo la única respuesta posible al motivo ha de ser su desestimación.

SEGUNDO.- El error en la apreciación de la prueba del art. 849.2º LECrim alimenta el tercer motivo de casación.

Nada tiene que ver, empero, el alegato con ese defecto casacional muy exigente en sus requisitos. No todo error en la valoración de la prueba es alegable en casación. Solo aquél basado en prueba documental literosuficiente y no contradicha por otros elementos de prueba. Ningún documento cita la recurrente para acreditar la explotación y el empleo de coacción que quiere demostrar. Solo alude a los giros postales que acreditan el envío periódico de dinero. Pero ese es dato que la sentencia no niega: figura en el factum.

La prueba personal no puede erigirse en base de una pretensión casacional canalizada a través del art. 849.2º que, además, estaría condenada al fracaso desde el momento en que hay prueba personal (declaraciones del acusado) que contradice lo que se quiere añadir en el hecho probado.

TERCERO.- El motivo primero alega violación de la tutela judicial efectiva ( art. 852 LECrim y 24.1 CE) por haber realizado la sala de instancia una valoración irracional de la prueba rechazando la pretensión de condena, en deficiencia que no habría sido corregida por la sentencia de apelación.

Nos enfrentamos a una sentencia absolutoria. Las posibilidades de impugnación en apelación están muy limitadas legalmente cuando la discrepancia versa sobre temas probatorios. Todavía más en una ulterior casación contra la sentencia desestimando la apelación.

Puede discutirse mucho sobre la inmediación como principio estructural del proceso, sus modulaciones y su valor más o menos absoluto o relativizable. El tema invita a disquisiciones, reflexiones, sugerencias y réplicas y contrarréplicas. Pero es un debate que sobrepasa lo que se trata de dilucidar aquí: si la sentencia de apelación se ha atenido a las reglas legales que desde 2015 han querido plasmar en la legalidad las secuelas y exigencias de una jurisprudencia supranacional y también constitucional que la Sala de apelación invoca con rigor. El art. 792.2 LECrim combinado con el art. 790.2.3º del mismo cuerpo legal permite afirmar que una sentencia absolutoria solo puede ser anulada en apelación por razones probatorias cuando la motivación fáctica sea irracional o arbitraria o haya omitido valorar algunas pruebas que se revelen como trascendentes.

A eso se ha atenido el Tribunal Superior de Justicia que, no solo comprueba cómo la petición de la parte (condena) era procesalmente imposible (solo cabía la anulación), sino también que la sentencia de la Audiencia Provincial contiene una motivación fáctica razonable y en absoluto arbitraria.

Ahora en casación se trata de comprobar si esa apreciación del Tribunal Superior de Justicia es disparatada e igualmente arbitraria o, por el contrario, goza de razonabilidad. La respuesta es clara: no puede decirse de forma alguna que el Tribunal Superior de Justicia esté desvariando al considerar razonables -lo que no significa necesariamente que tenga que compartirlas- las apreciaciones probatorias, expresamente justificadas, de la sentencia de instancia.

Solo si pudiésemos decir que la sentencia objeto de casación se aparta de toda lógica podría hablarse de una violación del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1º CE) que garantiza la obtención de una respuesta fundada en derecho, pero no necesariamente la respuesta que a uno le gustaría.

El motivo es inviable.

CUARTO.- Manteniéndose incólume el relato de hechos probados, resulta obvia la improsperabilidad del segundo motivo canalizado por el art. 849.1º LECrim. Solo modificando el hecho probado (lo que no cabe a través de este camino casacional) podríamos considerar aplicable el tipo penal invocado ( art. 188.1º y 2º CP). Pero es que, además, el razonamiento desplegado bajo esa leyenda se limita de forma lacónica a reprochar nuevamente la valoración probatoria. Por fin, como refiere la sentencia del Tribunal Superior, el recurso de apelación no suscitaba ningún tema de subsunción jurídica, convirtiéndose de esa forma esta cuestión en una inviable alegación per saltum.

QUINTO.- La desestimación del recurso obliga a la condena en costas de la recurrente ( art. 901 LECrim), con pérdida, en su caso, del depósito constituido.